ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CITE, ADEMÁS, LA FRACCIÓN II DE DICHO PRECEPTO. VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES APLICABLE TANTO A LAS QUE SE LLEVEN A CABO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO, COMO A LAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa corresponde a la materia administrativa, cuya especialidad es de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, y 21, facción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la formularon los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que sostuvo uno de los criterios en posible contraposición.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el diecisiete de enero de dos mil ocho la revisión fiscal 343/2007, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. A juicio de este Tribunal Colegiado, los anteriores agravios formulados por el administrador de la Administración Local Jurídica de Torreón, en representación de la autoridad demandada, resultan infundados, en atención a los siguientes razonamientos. Como antecedentes del caso, se obtiene que **********, en representación legal de la persona moral denominada **********, compareció ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-05-III-1-8699 de (19) diecinueve de diciembre de (2006) dos mil seis, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, por medio del cual se le impone una multa a la demandante por la cantidad de **********, derivada de la visita domiciliaria para verificar la legal expedición de comprobantes fiscales de (27) veintisiete de noviembre de (2006) dos mil seis. Seguido el juicio en sus trámites, la Segunda Sala Regional el (27) veintisiete de septiembre de dos mil siete, dictó la sentencia definitiva correspondiente, en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, al considerar en esencia, que la autoridad demandada en la orden de visita domiciliaria, no citó la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que contiene las facultades de la autoridad para requerir al particular, los datos, informes y documentos relacionados con el objeto de la visita, y que, en consecuencia, la orden cuestionada carecía de la debida fundamentación a que obligan los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional, así como que la multa impuesta era ilegal, en función de que, no se precisó la fracción del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, relativa al requisito que supuestamente incumplió la contribuyente. En efecto, las autoridades hacendarias en el primer agravio que hacen valer, aducen en síntesis, que se viola en su contra lo establecido en los artículos 50, primer párrafo, 51, fracción III y 52, fracción II, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contra lo que estima la Sala, no es necesario citar en la orden de visita, como parte de su fundamentación, la fracción II, del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, a fin de considerar que los visitadores están facultados para requerir documentación comprobatoria e información al contribuyente visitado, que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues pasó por alto que se trata de una orden de visita y no una revisión de escritorio, de lo que se sigue que, se puede concluir que la autoridad verificadora actuó apegada a derecho, pues citó los artículos 42, fracción V y 45 del Código Fiscal de la Federación, en los que se contienen las facultades de la autoridad tanto para practicar la citada visita domiciliaria como para requerir la documentación que compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como la obligación de los visitados a permitir el acceso de los visitadores al lugar objeto de la visita y mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales correspondientes. Ahora bien, se afirma que son infundados los anteriores argumentos, pues tal como lo estimó la Sala recurrida, la autoridad administrativa al ordenar la visita domiciliaria, debió citar la norma jurídica que prevé específicamente la facultad de la autoridad de requerir al contribuyente visitado los datos, informes y documentos, que tuvieran relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que lo establecido por el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, es insuficiente para determinar la facultad de los visitadores, para requerir al contribuyente que les exhiba los elementos de su contabilidad, puesto que el artículo 42, fracciones II y V del código tributario federal en lo conducente, dispone: (no se transcribe en este apartado, pues se hará posteriormente). Como puede advertirse de la transcripción que antecede, la fracción II del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, es la que prevé en forma específica la facultad de la autoridad, de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, la contabilidad, a efecto de llevar a cabo su revisión; luego, si bien es verdad, que de la orden de visita domiciliaria de (27) veintisiete de noviembre de (2006) dos mil seis, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, que obra a fojas 27 y 28 del expediente fiscal anexo, se advierte que si bien entre otros artículos, se citó el 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, no menos cierto es que la cita de tal precepto es insuficiente para fundamentar la facultad de la autoridad para requerir documentación al contribuyente, durante una visita domiciliaria a fin de verificar el cumplimiento de la expedición de comprobantes fiscales, ya que tal dispositivo legal, prevé las diversas facultades de comprobación que tienen las autoridades administrativas fiscales, las cuales por su objeto y fin son distintas unas de otras, según el núcleo verbal que las caracteriza, pues en la fracción I, se precisa la facultad de rectificar; en la II, la de requerir; en las fracciones III, V y VI, la de practicar y ordenar, en la IV, la de revisar; en la VII, la de recabar y en la VIII, la de allegarse. Luego, si el objeto y fin previsto en cada una de las fracciones aludidas, es distinto uno de otro, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Federal, debe indicarse con precisión, cuál es la facultad que se ejerce y que es conferida al visitador, para que no quede a su arbitrio ejercer cualquiera de las previstas por el dispositivo legal en comento, con la consiguiente violación del domicilio del contribuyente, a quien asiste el derecho de saber con exactitud, cuál es el objeto de la visita, cuál el objeto material de la revisión y los fundamentos en los que se apoya la misma. Así las cosas, si de la orden de visita cuestionada, se obtiene que únicamente cita el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, a fin de precisar la facultad de practicar la visita para revisar los comprobantes fiscales, es evidente, que tal como lo estableció la Sala Fiscal y Administrativa, dicha orden, origen y sustento de la multa impuesta impugnada, carece de la debida fundamentación. Consecuentemente, debe considerarse ajustada al marco jurídico constitucional y de la ley secundaria, la estimación de que el acto de autoridad, orden de visita domiciliaria, debe estar debidamente fundado y motivado, en acatamiento a lo previsto por los artículos 16, párrafos primero y octavo, constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es decir, debe citarse el precepto legal que establece, la facultad de requerir los elementos que integran la contabilidad y ponerlos a disposición de los visitadores, puesto que las facultades previstas en el citado artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, son distintas en cuanto a su objeto y fin según quedó dicho con antelación; y, en el caso concreto, una es la facultad de o para (sic) practicar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales, y otra, la facultad de requerir la exhibición en el domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, la contabilidad, así como que se proporcionen datos, otros documentos o informes que se les requieran. Conforme a lo anterior, al no citar la fracción del precepto legal que faculta a la autoridad administrativa, para hacer el requerimiento aludido, es incuestionable que el acto de autoridad, no está debidamente fundado y por consiguiente, es conculcatorio de la garantía de seguridad jurídica y de legalidad prevista por el indicado artículo 16, constitucional. No se opone a la conclusión anterior, que en la mencionada orden de visita domiciliaria fuera señalado el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, señalándose además que ‘se debe permitir’ a los visitadores el acceso al establecimiento y proporcionarles todos los datos, informes y documentos que requieran, puesto que tal obligación impuesta al contribuyente, no suple la facultad de la autoridad de requerir al visitado para que exhiba esos documentos, facultad que de ejercerse, debe encontrarse debidamente fundada en el precepto legal que la establece. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 64, abril de 1993, páginas 43 y 44; y la jurisprudencia consultable con el número 183, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 126, respectivamente, que dicen: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.’. ‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural, ... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular.’. Similar criterio sostuvo este Tribunal Federal al resolver las revisiones fiscales 256/2001, 248/2001, 261/2001 y 13/2002, vistas en sesiones de veinticuatro y treinta y uno de enero, catorce de marzo y nueve de mayo de dos mil dos, respectivamente, así como en las diversas revisiones fiscales 497/2006 y 179/2006 aprobadas por unanimidad de votos en sesiones plenarias de (30) treinta de marzo y (05) cinco de julio del año próximo pasado, entre otras. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 196/2007 derivada de la contradicción de tesis 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 298 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, interpretada en sentido contrario, que a la letra dice: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN. La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén las facultades de la autoridad fiscal para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, y practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, respectivamente, cumple con la garantía de fundamentación consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relación con la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto al lugar de su realización, pues por definición la revisión de gabinete o escritorio supone que no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la invocación de la indicada fracción II no se refiere a una revisión de tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibición de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del contribuyente al que se practica la visita. Además, si se atiende a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en términos de los artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, constitucional, 38 y 43 del Código citado, ésta no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicará una auditoría en su domicilio, lo que debe señalarse así en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del referido Código, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: «VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.».’."
Dichas consideraciones fueron esencialmente reiteradas en las revisiones fiscales 3/2008 y 118/2008, resueltas en sesiones de veintiuno de febrero y once de julio de dos mil ocho, por lo que resulta innecesario transcribir la parte relativa de las ejecutorias de que se trata.
Ahora bien, en la revisión fiscal 218/2007, resuelta en sesión de trece de septiembre de dos mil siete, el citado Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Los agravios vertidos son infundados, conforme a las siguientes consideraciones. Como antecedentes constan en el expediente 4281/06-05-02-1, los siguientes: **********, por su propio derecho promovió demanda de nulidad mediante la que pidió se invalidara la resolución contenida en el oficio 324-SAT-10-2-2718 de treinta de junio de dos mil seis, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, derivada de la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales contenida en el oficio 324-SAT-10-1-2551 de veintitrés de junio de dos mil seis, dictada por la misma autoridad (fojas uno a siete). La autoridad demandada produjo contestación mediante escrito de dieciocho de septiembre de dos mil seis, mediante la cual sostuvo la legalidad de la resolución impugnada. La Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó sentencia el veinticuatro de octubre de dos mil seis, por la que estimó que la parte actora probó su acción y declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas sesenta y cinco a setenta y dos). Inconforme con la sentencia mencionada, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, del que conoció este Tribunal Colegiado y registró en su índice con el número 476/2006; dictó ejecutoria el doce de abril de dos mil siete, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, porque el acto de autoridad estaba debidamente fundado y motivado al señalar el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y se ocupara la Sala de resolver sobre los restantes conceptos de nulidad no estudiados y dictara la sentencia que en derecho procediera (fojas noventa a ciento veintiuno). En cumplimiento de la ejecutoria antes citada, la Sala dictó sentencia el veintiséis de abril de dos mil siete, en la que estimó que la parte actora probó su pretensión y declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas ciento veintidós a ciento treinta). Los agravios propuestos, en síntesis, son los siguientes: Que se violan en perjuicio de la recurrente los artículos 50, primer párrafo, 51, fracción II y 52, fracción III, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por su indebida interpretación y aplicación, al omitir analizar debidamente los argumentos encaminados a refutar el segundo concepto de anulación; que esto es así, al razonar que en la orden de visita se omitió establecer la fracción II, del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad demandada a requerir la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales; que lo incorrecto del razonamiento radica en que, en el presente caso, se está en presencia de una visita domiciliaria y no de una revisión de escritorio, por lo que en la orden 324-SAT-10-1-2551 de veintitrés de junio de dos mil seis, se citó entre otros artículos el 42, fracción V, en relación con el 45 y 49, del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 85, fracción I y 86, fracción I, del mismo ordenamiento legal, en cuyos preceptos legales se contienen las facultades de la autoridad para practicar visitas domiciliarias, solicitar se exhiba la documentación que compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, por tratarse de una facultad implícita. Cita las tesis del rubro ‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL VISITADOR AUTORIZADO EN LA ORDEN RESPECTIVA PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.’; ‘VISITAS DOMICILIARIAS. FACULTAD DE LOS VISITADORES PARA SOLICITAR DOCUMENTACIÓN E INFORMES.’. Asimismo cita las tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de los rubros siguientes: ‘COMPETENCIA PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN CONTABLE A LOS SUJETOS PASIVOS VISITADOS. LA TIENEN LOS AUDITORES DESIGNADOS EN LA ORDEN DE VISITA.’; ‘REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. PUEDEN FORMULARLOS AUDITORES DESIGNADOS EN LA ORDEN DE VISITA.’ y ‘COMPETENCIA PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN CONTABLE A LOS SUJETOS PASIVOS VISITADOS. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA TIENEN LOS VISITADORES DESIGNADOS EN LA ORDEN DE VISITA.’. Agrega la recurrente, que acorde a la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del rubro ‘VISITA DOMICILIARIA. EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEBE CONSTAR EN LA PROPIA ORDEN.’, se deriva que los visitadores pueden requerir libros y papeles al contribuyente visitado, siempre y cuando se haga constar de ese modo en la orden de visita respectiva, lo que aconteció en la especie, ya que la administradora local de Auditoría Fiscal de Durango, ordenó al visitado proporcionara todos los datos, informes y documentos que los visitadores le requirieran y estuvieran relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales; supuestos que corresponden a lo previsto por el artículo 42, fracción II, en relación con la fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, máxime que la autoridad demandada no realizó ningún requerimiento de datos, documentos e informes a fin de llevar a cabo la revisión de la contabilidad. Cita la tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, titulada ‘VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. EN SU DESARROLLO ÚNICAMENTE DEBEN SEGUIRSE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’. También refiere la disconforme, que en similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al fallar las revisiones fiscales 340/2006, 451/2006 y 78/2007. Los argumentos precedentes son infundados, en la medida de que el artículo 42, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año dos mil seis, disponía: (no se transcribe en este apartado, pues se hará posteriormente). De su contenido se aprecia que las autoridades fiscales tienen, entre otras facultades de comprobación, la de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para llevar a cabo la revisión de la contabilidad, para que proporcione datos y otros documentos o informes, no sólo en las oficinas de las autoridades fiscales, sino también en el domicilio del contribuyente, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados; esto es así, porque el enunciado ‘Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, ...’, alude al domicilio de los sujetos mencionados. Sin que esto excluya la facultad de pedir y exigir a los mismos sujetos, hagan la exhibición en las oficinas de la autoridad hacendaria. Luego, si la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales contenida en el oficio 324-SAT-10-1-2551 de veintitrés de junio de dos mil seis, consultable a fojas veintisiete y veintiocho, es para que se lleve a cabo en el domicilio del contribuyente **********, sito en **********, se sigue que para acatar y respetar la garantía de legalidad traducida en una debida fundamentación y motivación del acto de autoridad, e incidir válidamente en la esfera jurídica del gobernado, es necesario citar con precisión el precepto legal que le faculte para ello; y si en el caso, la recurrente aduce que la fracción II, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación sólo se refiere a la visita domiciliaria no de escritorio, es que deviene infundado el argumento relativo, sin que obste que la autoridad hacendaria haya citado el artículo 42, primer párrafo, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, porque la facultad prevista en esta fracción, consigna un núcleo verbal distinto a la fracción II, ya transcrita, que contempla el verbo requerir, lo que es previo al verbo verificar de la fracción V, es decir, el primero es condición para la existencia del segundo; de ahí que resulten inaplicables las tesis invocadas por la recurrente. En otro orden de ideas, de la orden para la práctica de la visita domiciliaria a efecto de verificar la expedición de comprobantes fiscales, se aprecia que se citó el domicilio del contribuyente, es decir, para llevarla a cabo en el mismo; tan es esto así, que se autorizó a varios visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, con sede en Victoria de Durango, Durango, para actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separada. Adicionalmente, por las razones expuestas, no se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, que dice la recurrente, es en el sentido de que no es necesario citar en la orden de visita domiciliaria para verificar el correcto cumplimiento en materia de expedición de comprobantes fiscales, el precitado artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque en la orden relativa se citaron los artículos 42, fracción V, 49 y 45 del mismo ordenamiento legal, y que de éstos está implícita la facultad para requerir la documentación en que se haga constar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Así pues, es de concluir que todo acto de autoridad, para incidir en la esfera jurídica del particular gobernado, debe observar cabalmente lo previsto en el artículo 16, constitucional, en el caso específico, para ordenar la visita domiciliaria a efecto de verificar la expedición de comprobantes fiscales, es decir, debe fundar la facultad o atribución que le es conferida por la ley de la materia, a efecto de requerir la contabilidad, que proporcionen documentos, datos o informes. Al respecto, el precepto constitucional en cuestión exige que todo acto de molestia debe dimanar de autoridad competente; y también señala que debe cumplir con el principio de legalidad que otorga al gobernado la mayor protección dentro de nuestro orden jurídico; además la garantía de legalidad se contiene en la expresión fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento y su eficacia reside en el hecho de que a través de ella se protege todo el sistema de derecho objetivo de la Nación, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más minucioso. En efecto, la fundamentación legal consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el precepto constitucional de referencia, deben basarse en una norma general; es decir, que ésta prevea el precepto que le otorgue competencia o facultad para emitirlo, así como el que contenga la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. Este concepto de fundamentación de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en sus bienes jurídicos, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; ello es así, porque conforme a dicho principio, las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia debe estar previsto en un cuerpo legal, y no puede derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución que se irrogue. La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia, impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: a) Que el órgano del Estado del que tal acto provenga, esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; b) Que el propio acto se prevea en dicha norma; c) Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; y, d) Que en el citado acto se contengan expresamente los preceptos específicos que funden su competencia y la causa legal de su proceder. En ese orden de ideas, la fundamentación legal a que se refiere la garantía de legalidad, debe comprender tanto la competencia como la causa legal del proceder de la autoridad, y no sólo esta última, pues cuando la primera parte del artículo 16 constitucional refiere que funde y motive la causa legal del procedimiento, no sólo es en cuanto a la causa legal del procedimiento, supuesto que debe existir la concurrencia indispensable de la fundamentación tanto de la compe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21321-5ccb0926/orden-de-visita-domiciliaria-para-verificar-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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