INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.
AMPARO EN REVISION 653/94. CUPRUM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios que se hacen valer.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 73, de ese último ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de quien solicita el amparo.
Ahora bien, en el presente asunto, la quejosa impugnó como acto destacado, dentro de los treinta días siguientes a partir de su entrada en vigor, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Seguro Social, de donde se deduce, consideró que tales normas legales tienen el carácter de autoaplicativas, esto es, que por su sola entrada en vigor le causan un perjuicio real a su interés jurídico, sin necesidad de que exista un acto de aplicación por parte de la autoridad.
En tales condiciones, el juzgador estuvo en lo correcto al considerar que no se probó la afectación al interés jurídico de la persona moral quejosa, en atención a que el único elemento de convicción que ofreció durante el juicio fue la copia certificada del testimonio de escritura pública por la cual Salvador Vargas Guajardo, en su carácter de delegado especial de CUPRUM, Sociedad Anónima de Capital Variable, acudió a protocolizar un acta de otorgamiento de poderes y facultades en favor del promovente Edwin Massa González, toda vez que con ello sólo se acreditó la existencia legal de la sociedad quejosa y el otorgamiento del poder al promovente del amparo, pero con dicho documento no puede tenerse por acreditado la afectación a su interés jurídico que le reparen las disposiciones legales reclamadas.
En efecto, como la propia recurrente lo reconoce, la Ley del Seguro Social, establece una serie de obligaciones a las personas físicas o morales, vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, a efecto de otorgar beneficios de seguridad social a los trabajadores. Luego entonces, para acreditar su interés jurídico, debió probar, por cualquier medio, que actualmente es sujeto de las normas impugnadas, en su caso, que tiene trabajadores a su servicio.
Precisado lo anterior, es infundado lo aducido por la recurrente en su único agravio en cuanto afirma que el a quo al señalar que las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social en sus informes justificados no establecen que al momento se hayan aplicado a la quejosa las reformas a la ley impugnada, admitió con ello que su representada se encuentra en los supuestos de la Ley del Seguro Social, ya que como persona moral está obligada a cumplir con dicha ley, con lo que está demostrado su interés jurídico. Lo anterior es inexacto puesto que la referencia del Juez con respecto a que las autoridades del Seguro Social en su informe justificado establecen que hasta el momento no se le han aplicado a la quejosa las reformas a la ley reclamada, fue únicamente para dejar claro que como las leyes autoaplicativas también pueden ser impugnadas dentro de los quince días siguientes a partir del primer acto concreto de aplicación, tampoco estaba demostrado este otro supuesto.
En cuanto a lo argumentado por la recurrente en el sentido de que como el Juez de Distrito consideró que el interés jurídico se puede probar por los diferentes medios previstos por la ley, debió tenerlo por acreditado mediante la prueba de presunción legal, por ser la quejosa una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y que por lo tanto está obligada a cumplir con la Ley del Seguro Social. Al respecto, esta Suprema Corte ha considerado que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, como se sostuvo en la primera tesis relacionada con la jurisprudencia número mil treinta, visible a foja mil seiscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto es "-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones.".
Además, cabe señalar que con la manifestación de "decir verdad", de que tiene su registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se acredita el interés jurídico que tenga la quejosa para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario, como ya se dijo, que se aporten pruebas fehacientes de ese interés, por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley, en virtud de que no basta tenerlo por acreditado con el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, sino que debe demostrarse que la ley reclamada lesiona sus intereses jurídicos. Siendo de advertir que el concepto de interés jurídico está íntimamente ligado al de perjuicio, pues si un acto de autoridad no causa éste, no puede existir aquél para integrar válidamente la acción de amparo contra dicho acto, ya que hay interés jurídico, cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, a exigir de la autoridad determinada conducta, positiva o negativa como consecuencia lógica, existe como correlativo el deber de la autoridad de realizar tal conducta; la noción de perjuicio supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese.
En tales condiciones, por haber resultado infundados los agravios en estudio, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por CUPRUM, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra de los actos y autoridades, que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el señor Ministro José Manuel Villagordoa Lozano.
Firman el presidente de la Sala con el Ministro ponente y la secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2137-fc8e3539/interes-juridico-afectacion-del-debe-probarse-fehacientemente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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