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Modo: Corpus Pro

MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL, SU ASIGNACION A LOS CONTRIBUYENTES CON LOCAL FIJO, AUTORIZADA POR EL ARTICULO 29 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO VULNERA EL PRECEPTO 28 CONSTITUCIONAL, PUES NO PROPICIA LA INSTAURACION DE UN MONOPOLIO. * * * MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. NO RESULTAN INCONSTITUCIONALES LOS DERECHOS POR SU ASIGNACION Y USO PORQUE SU PAGO NO GENERE UN BENEFICIO PERSONAL AL CAUSANTE. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 110/93. · Registro digital (IUS): 81
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO COMERCIAL CASTILLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y OTRAS.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, , Pág. 63.

AMPARO EN REVISION 110/93. GRUPO COMERCIAL CASTILLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

SEPTIMO.- En el segundo agravio las recurrentes argumentan, sustancialmente, que contrariamente a lo afirmado en la sentencia recurrida, los artículos impugnados son violatorios del artículo 13 constitucional por ser privativos, al dirigirse única y exclusivamente a los contribuyentes que tengan un local fijo y realicen operaciones con el público en general, y no así a los contribuyentes que, aunque realicen operaciones con el público en general, no tengan un local fijo aunque sus ingresos pueden ser mayores, lo que contraría la garantía de igualdad y la característica de generalidad que toda ley debe poseer, así como la característica de abstracción, pues las disposiciones reclamadas tienden a desaparecer en un lapso de cinco años.

El presente agravio se considera infundado por las siguientes razones.

Este Tribunal Pleno ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que una ley es privativa y, por consiguiente, violatoria del artículo 13 constitucional, cuando falte a las características de generalidad y abstracción y al principio de igualdad garantizando por tal dispositivo de la Carta Magna por aplicarse en consideración de especie o personas determinadas y extinguirse su validez después de haberse aplicado al caso concreto y determinado de antemano. La jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen I, página 236, es del tenor literal siguiente:

"LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previene, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional."

Ahora bien, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al disponer en su penúltimo párrafo que "Los contribuyentes con local fijo tendrán la obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando se las proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedir los comprobantes respectivos, tenerlas en operación y cuidar que cumplan con el propósito para el que fueron proporcionadas ...", contrariamente a lo señalado por la parte recurrente, no establece situaciones concretas que afecten a personas determinadas y designadas individualmente, que es lo que califica la naturaleza privativa de un ordenamiento legal, sino que, por el contrario, establece las obligaciones relativas de forma general, abstracta y permanente.

En efecto, dicho dispositivo comprende a todas las personas que se encuentren o puedan encontrarse en el supuesto legal y no desaparece después de aplicarse a algún caso concreto, pues establece la obligación para toda una categoría de contribuyentes y no para un caso previsto y determinado de antemano.

El hecho de que la obligación relativa sólo haya sido establecida para los contribuyentes con local fijo y no así para aquellos que carezcan del mismo, aun cuando en términos de lo expuesto por los recurrentes también realicen operaciones con el público en general y puedan llegar a tener ingresos superiores a los primeros, no implica que el dispositivo reclamado falte a los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad, pues la obligación relativa está prevista para toda esa categoría de contribuyentes y no para casos concretos y determinados de antemano en debido respeto a esos principios; es decir, la obligación respectiva fue consignada para toda una categoría de contribuyentes y el hecho de que no se establezca para otras categorías diversas como son los que mencionan los recurrentes, a saber, los que carecen de local fijo, no trae consigo que el dispositivo legal en análisis no sea general y abstracto pues, como se señaló, comprende a toda una categoría indeterminada de personas y no a casos concretos y determinados previamente, ni puede de ello derivarse que falte al principio de impersonalidad ya que la obligación se establece para todos aquellos que se ubiquen en el supuesto legal, sin establecer diferencia alguna. El principio de impersonalidad de la ley se estimaría quebrantado cuando, precisamente, a sujetos que se encuentran dentro de las mismas condiciones o en la misma categoría no se les impusiera la obligación por estar ésta consignada para casos concretos y, en la especie, ello no se da pues la hipótesis legal ha sido prevista para toda una categoría de personas que son los contribuyentes con local fijo, independientemente de los ingresos que perciban, pues no es éste el criterio al que atendió el legislador para consignar la categoría de sujetos obligados por la norma.

Por otra parte, lo argumentado en el agravio a estudio con respecto a la falta de abstracción y permanencia de los dispositivos reclamados porque tienden a desaparecer en un lapso de cinco años, se considera infundado, por una parte, porque la obligación consignada en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación no tiene un término de vigencia de cinco años, como lo afirman los recurrentes, sino que su vigencia es indefinida, estableciendo tan sólo el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos las cuotas a cubrirse por concepto de derechos por la asignación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal y por su uso en el año en que se asigne y en los cuatro subsecuentes, cuando se opte por su asignación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vez de su adquisición de los fabricantes o importadores autorizados por dicha Secretaría, lo que no significa que la obligación consignada en el artículo 29, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación tenga una vigencia de cinco años, sino sólo que, los derechos por la asignación y uso de la máquina registradora por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se opte por ello, se cubrirán durante el año en que se asigne y los cuatro subsecuentes; y, por la otra, porque la permanencia que garantiza el artículo 13 constitucional se refiere a la prohibición de que la norma legal desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, como se señala en la jurisprudencia del Tribunal Pleno que ha sido transcrita con anterioridad, pero ello no quiere decir que dispositivos legales que cumplan con los principios de generalidad y abstracción no puedan tener un término de vigencia, pues esto no contraría a tal precepto de la Carta Magna.

OCTAVO.- En el tercer agravio arguyen los recurrentes que la sentencia recurrida no se encuentra debidamente fundada y motivada al desestimar el segundo concepto de violación hecho valer en las demandas de garantías, y en el que sustancialmente se adujo que la obligación impuesta por las disposiciones reclamadas de implementar y usar las máquinas registradoras de comprobación fiscal era violatoria del artículo 16 constitucional, pues el mismo sólo autoriza a las autoridades fiscales a practicar visitas domiciliarias y a exigir la exhibición de los libros y papeles relacionados con la actividad del visitado, pero no a establecer en el domicilio de los contribuyentes máquinas registradoras, que darán margen a que se les moleste en su persona, familia, papeles y domicilio con una fiscalización permanente sin un mandamiento escrito.

Es infundado el agravio anteriormente resumido, pues los dispositivos legales impugnados no incurren en violación al artículo 16 de la Carta Magna.

En efecto, dicho dispositivo, en la parte que invocan las recurrentes, dispone:

"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos."

La interpretación del párrafo reproducido debe hacerse tomando en cuenta la garantía constitucional con la que se encuentra relacionado y que es la que doctrinalmente se ha calificado como inviolabilidad domiciliaria y que se deriva de la prohibición consignada en el dispositivo de que no se debe molestar a las personas en su domicilio, que es la regla general a la que debe atenderse. Ahora bien, del anterior precepto constitucional, en la parte transcrita, deriva como excepción a la regla general mencionada, la facultad de las autoridades fiscales para comprobar el debido acatamiento a las disposiciones en tal materia, es decir, el debido cumplimiento a la obligación que el artículo 31, fracción IV, constitucional impone a los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y esa comprobación puede hacerse aun causando molestias en el domicilio de los contribuyentes. Por tal motivo, no puede desvincularse de esta facultad de comprobación que se otorga a las autoridades fiscales, la obligación consignada en el último precepto constitucional citado a cargo de los mexicanos, pues dicha obligación es la que da origen a la facultad correlativa de la autoridad de verificación del cumplimiento de la misma.

El numeral constitucional en análisis expresamente faculta a las autoridades para practicar visitas domiciliarias en las que podrán exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero ello sólo significa que frente a la garantía general de inviolabilidad del domicilio se admitan las excepciones consignadas expresamente en el artículo 16 de la Constitución.

La interpretación relacionada de los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucional, permite concluir que frente a la obligación de contribuir a los gastos públicos se encuentra la facultad de verificación de las autoridades del debido cumplimiento a las disposiciones fiscales, facultad que al importar una molestia en el domicilio, papeles o posesiones de las personas, debe sujetarse al cumplimiento de determinados requisitos para que su ejercicio no sea arbitrario, ni entrañe una violación a la garantía establecida por el primero de los numerales citados de la Carta Magna, sujetándose, por tal motivo, a determinadas formalidades y a lo que la ley respectiva establezca. Es decir, el artículo 16 constitucional reconoce la facultad de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales que tiene la autoridad, pero establece una serie de requisitos para que en el ejercicio de la misma no se violen los derechos de la persona, sujetando las visitas domiciliarias a las formalidades prescritas para los cateos y a lo dispuesto por las leyes respectivas, de lo que deriva que su espíritu es el de que la facultad de la autoridad frente a la obligación de los particulares se realice con el debido respeto a sus derechos.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que la correcta interpretación que al artículo 16 constitucional se le debe dar es la de que reconoce expresamente la facultad de verificación de las autoridades frente a la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos pero sujeta dicha facultad al cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes respectivas para el debido respeto a los derechos de los gobernados estableciendo, en tratándose de visitas domiciliarias, los requisitos básicos de éstas.

Ahora bien, no debe confundirse la facultad de verificación a que se ha hecho referencia, con los sistemas de registro contable que puedan llegar a ser objeto de dicha verificación. Las máquinas registradoras de comprobación fiscal no constituyen propiamente un acto de fiscalización, entendido éste como aquél a través del cual los funcionarios competentes realizan actos concretos destinados a determinar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales, a través de la revisión de libros y papeles. La implantación de las máquinas mencionadas es un mecanismo de prevención, pues en ellas quedan asentadas las diversas operaciones a que se refiere el código y reglamento reclamados y, desde luego, en el caso de que lleguen a realizarse actos de fiscalización en relación a un contribuyente, los respectivos visitadores podrán utilizar los elementos derivados de las máquinas, pero precisamente para conocer con exactitud la situación del contribuyente, lo que incluso a él resultaría benéfico si su actuación se ha ajustado a las disposiciones legales aplicables.

Debe destacarse que la implantación de las máquinas registradoras como sistema contable no permite, necesariamente, por sí solo, conocer la situación de un contribuyente, pues en tanto que son operadas por los contribuyentes o sus subordinados es posible que éstos registren con fidelidad sus operaciones, o bien omitan su registro o lo hagan incorrectamente, de lo que se sigue que mientras los funcionarios o autoridades hacendarias no efectúen actos de revisión de los datos y operaciones registradas no se da el acto de fiscalización.

El hecho de que el párrafo transcrito del artículo 16 constitucional sólo hable de visitas domiciliarias en que se exija la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, no significa que el legislador ordinario no puede establecer otros métodos de registro contable que deban aplicar los contribuyentes para determinar su situación fiscal diversos a los libros y papeles, sino que lógicamente debe entenderse que al aludir a éstos el contribuyente se refirió en forma general a la facultad de verificación de la autoridad administrativa sobre cualquier tipo de sistema contable que legalmente tengan implantados los contribuyentes. Una interpretación contraria, limitaría el sentido y alcance de esta disposición constitucional, coartando la posibilidad de que los adelantos que proporcione el avance de la ciencia se utilicen en la simplificación de los sistemas contables en beneficio de los contribuyentes y que coadyuven, a su vez, a facilitar el ejercicio de las facultades de verificación.

Por tanto, lógicamente debe interpretarse que es al legislador ordinario a quien corresponde, de acuerdo con los avances de la época, establecer tanto los sistemas de fiscalización que se estimen idóneos como aquellos métodos, como el relativo a las máquinas registradoras, que faciliten precisar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales cuando realicen actos tendientes a ello. Además el contribuyente no tenía por qué referirse a todas las maneras conforme a las cuales los contribuyentes deben registrar sus operaciones a fin de determinar su situación fiscal o de alcanzar precisión en el conocimiento de sus obligaciones, puesto que el único sentido del artículo 16 de la Constitución en el aspecto que se estudia, fue establecer situaciones de excepción frente a la garantía de inviolabilidad del domicilio que en el mismo se reconoce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución al determinar que los individuos gozarán de las garantías que en ella se establecen con las restricciones que se consignan, y los sistemas contables no constituyen una excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria por no ser el acto de verificación a que específicamente se refiere el artículo 16 constitucional, a saber, la visita domiciliaria, pues con la implantación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal no se introduce la autoridad fiscal en el domicilio de los contribuyentes a fin de verificar si se han acatado las disposiciones fiscales, ya que, como se señaló, no constituye en sí mismo un acto de fiscalización sino una obligación que aquellos deben cumplir en su domicilio.

Por consiguiente, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer la implantación obligatoria para los contribuyentes con local fijo de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, así como el artículo 29-A de su Reglamento y el numeral 53-C de la Ley Federal de Derechos, no son violatorios del artículo 16 constitucional resultando, por ello, infundado el presente agravio.

NOVENO.- En el cuarto agravio se sostiene, básicamente, lo siguiente:

1) Que el Juez de Distrito incorrectamente desestima el tercer concepto de violación, en el que se adujo que el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos violaba los requisitos de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al considerar que los derechos no requieren cumplir con tales principios, no obstante que de conformidad con el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación tienen el carácter de contribuciones y, como tales, quedan comprendidos en el dispositivo constitucional referido.

2) Que el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos no puede cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, en virtud de que los contribuyentes no se benefician con algún servicio que preste el Estado o con el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, por tanto, no hay base alguna de la cual partir para su cobro, sin que pueda tampoco aplicarse una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante, pues dicho capital también es inexistente. Se afirma que, además, el precepto legal citado establece un sistema ambiguo, contrario a los principios de proporcionalidad y equidad, al no especificar un criterio fijo conforme al cual las autoridades hacendarias puedan hacer la determinación concreta de la importancia relativa de cada negociación, dejando así a su arbitrio la determinación discrecional de la cuota a cubrir por los causantes.

En relación al primer planteamiento, debe señalarse que de la lectura de la sentencia recurrida, transcrita en el considerando segundo de la presente resolución, deriva que, contrariamente a lo afirmado por las recurrentes, el Juez del conocimiento no desestimó el tercer concepto de violación planteado por las peticionarias de garantías por considerar que el artículo reclamado de la Ley Federal de Derechos no debía cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, sino que desestimó tal concepto de violación porque, partiendo de que sí debe satisfacer tales requisitos, pero con un sistema diverso al de los impuestos en atención a su naturaleza jurídica, los derechos establecidos en el precepto impugnado sí acataban tales principios tributarios al establecer cuotas fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, lo que lleva a desestimar tal planteamiento y a determinar que la jurisprudencia que se invoca en el agravio en análisis fue debidamente acatada por el Juez de Distrito en tanto en la misma se establece que los derechos también deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, de lo cual partió el Juez del conocimiento en la sentencia recurrida conforme a lo anteriormente expuesto.

Por lo que se refiere al argumento sintetizado en el inciso 2) anterior, este Tribunal Pleno determina que es infundado por las siguientes razones:

El artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos establece:

"Las máquinas registradoras de comprobación fiscal a que se refiere el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán lugar al pago de derechos, conforme a las siguientes cuotas:

"I.- Por la Asignación $3'000,000.00.

"II.- Por uso en el año en que se asigne $200,000.00.

"III.- Por uso en los cuatro años subsecuentes, por año $450,000.00.

"El mantenimiento de las máquinas registradoras de comprobación fiscal estará a cargo de los contribuyentes a quienes se les asignen dichas máquinas.

"Los contribuyentes que adquieran directamente las máquinas registradoras de comprobación fiscal, no estarán obligados al pago del derecho a que se refiere este artículo."

Como se advierte, las máquinas registradoras de comprobación fiscal dan lugar al pago de dos derechos distintos: uno por la asignación de las máquinas y, otro por su uso.

Ahora bien, el artículo 2, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación dispone que los "Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados."

El establecimiento de los derechos por la asignación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal procede en virtud de un servicio que proporciona el Estado en sus funciones de derecho público, como lo es el asignar las máquinas mencionadas, y, de igual manera, proceden los derechos por su uso, ya que dichas máquinas constituyen bienes del dominio público de la nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley General de Bienes Nacionales que señala que los bienes del dominio privado pasarán a formar parte del dominio público cuando sean destinados, entre otros casos, "a alguna de las actividades que se equiparan a los servicios públicos o de hecho se utilicen en estos fines".

Debe precisarse que todo servicio prestado por el Estado en sus funciones de derecho público, así como que todo uso de un bien del dominio público de la nación, genera el beneficio del servicio recibido y de la utilización del bien, aun cuando el servicio se solicite u obtenga y el bien se use en cumplimiento a una obligación legal, concretamente de carácter tributario, como sucede en el caso de los derechos reclamados pues existe la obligación a cargo de los contribuyentes con local fijo de adquirir las máquinas registradoras de comprobación fiscal cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se las proporcione, de tal suerte que el pago de los derechos por la asignación y el uso de las máquinas implica el beneficio del servicio recibido, asignación de la máquina, y del uso de la misma, aun cuando tal beneficio se refleje, por lo que toca al causante en lo particular, sólo en el cumplimiento de la obligación de acatar las disposiciones fiscales a fin de contribuir a los gastos públicos como lo exige la fracción IV del artículo 31 constitucional, y se traduzca en coadyuvar con el Estado en su facultad de verificar el cumplimiento de esa obligación; ello porque para que se genere el derecho basta con que se reciba el servicio o se utilice el bien, sin que resulte indispensable que lo anterior proporcione al causante un beneficio, entendido como una ganancia o provecho individual desde el punto de vista económico, jurídico o personal, pues no lo exige así ningún precepto de la Carta Magna, por lo que independientemente de que se genere o no un beneficio de esta naturaleza, de ello no puede derivarse que no existe base alguna de la cual partir para el cobro de los derechos respectivos, pues existe el beneficio consistente en el uso del bien y el servicio recibido satisfaciéndose los requisitos de proporcionalidad y equidad al atenderse, por una parte, al costo que para el Estado tiene el servicio que presta pero en función del interés general y, por la otra, mediante el establecimiento del mismo derecho por un servicio igual o similar y un derecho distinto para servicios diferentes.

En efecto, como se determinó con anterioridad, la cuota por la asignación de la máquina constituye un derecho por un servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Tratándose de estos derechos, los requisitos de proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 31, fracción IV, constitucional, se satisfacen atendiendo, por un lado, al costo que para el Estado tiene el servicio que presta de manera tal que se establezca un derecho acorde con tal costo, pero sin perder de vista que los servicios que presta el Estado se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares y, por ello, el derecho, como precio del servicio, no puede entenderse como en derecho privado de manera que corresponda exactamente al costo del servicio, y, por el otro lado, se impone establecer el mismo derecho para un servicio igual o análogo y un derecho distinto para un servicio diferente. Es aplicable la tesis relacionada a la jurisprudencia publicada con el número 40 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, visible en las páginas 92 y 93, que dice:

"DERECHOS FISCALES".

"Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos."

El derecho por la asignación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal reclamado se establece en una sola cuota de $3'000,000.00, y ello cumple los requisitos de proporcionalidad y equidad, pues el valor que para el Estado tiene la prestación del servicio es el mismo, independientemente del tipo y precio de la máquina, de lo que se sigue que al fijarse una misma cuota como derecho por un servicio igual se satisface el requisito de equidad y al no resultar excesiva dicha cuota en relación al costo del servicio, se satisface también el requisito de proporcionalidad.

Por lo que se refiere a los derechos por el uso de bienes del dominio público de la nación, se da cumplimiento a la proporcionalidad tributaria cuando se atiende al costo que para el Estado tiene permitir el uso del bien, costo que deba determinarse atendiendo al valor del bien, al demérito que sufre con el uso y demás elementos que influyan en el costo, así como al tipo de bien de que se trate y a la importancia del mismo para la nación, pues al igual que sucede con los derechos por la prestación de servicios, la cuota que se fije por el uso de bienes de la nación no puede determinarse como en derecho privado de modo que exista una correspondencia exacta entre el costo por permitir el uso y la cuota pues el interés general y nacional está por encima del particular; y respecto de la equidad, se impone para su debido respeto fijar el mismo derecho por el uso del mismo bien o de un bien análogo, y un derecho diferente por el uso de un bien distinto.

Ahora bien, al artículo 53-C reclamado establece un derecho por el uso durante el año de la asignación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, y otro derecho por cada año de uso, durante los cuatro subsecuentes. Lo anterior es proporcional y equitativo, pues el bien respecto del cual se otorga el uso es el mismo, análogo o muy similar ya que se trata de máquinas registradoras de comprobación fiscal. Por tanto, los derechos por el uso de las máquinas registradoras de comprobación fiscal cumplen con el requisito de proporcionalidad por no resultar excesivos en relación al costo que para el Estado tiene permitir su uso. Asimismo, el derecho que se examina satisface el requisito de equidad porque se trata de un mismo bien o de bienes muy similares o análogos.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que es infundado lo argumentado por las recurrentes con respecto a que se deja al arbitrio de las autoridades locales hacendarias la determinación discrecional de la cuota a cubrir, lo que favorece un sistema ambiguo contrario a los principios de la proporcionalidad y equidad, pues el artículo 53-C de la Ley Federal de Derechos, transcrito con anterioridad, establece las cuotas fijas a cubrir por concepto de derechos tanto por la asignación, como por el uso de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuotas que de conformidad con lo analizado satisfacen los requisitos de proporcionalidad y equidad establecidos por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

Finalmente debe señalarse que los preceptos legales reclamados no obligan a los contribuyentes, en términos de lo expuesto por la parte recurrente en el agravio a estudio, a adqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/81-a36482d9/maquinas-registradoras-de-comprobacion-fiscal-su-asignacion-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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