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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA. CARGA DE LA PRUEBA DE ESE CARÁCTER CUANDO SE OPONE COMO EXCEPCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 974/2008. · Registro digital (IUS): 21396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 1787.

AMPARO DIRECTO 974/2008. **********

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación son infundados.

En efecto, la quejosa aduce, en síntesis, que la Junta responsable tiene la obligación de respetar las formalidades esenciales del procedimiento y resolver conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, amén de que sus resoluciones deben estar dictadas de forma fundada y motivada; y sin embargo, el laudo reclamado carece de dichos requisitos.

Es infundado lo alegado, porque del expediente laboral se observa que el inconforme intervino en el juicio natural como demandado; fue emplazado, se le dio oportunidad para comparecer a contestar la demanda oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes y ofreció las pruebas conducentes; por lo que es evidente que la Junta de origen cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis P. LV/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 34 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 53, mayo de 1992, de la que es del tenor literal siguiente:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derecho, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Además, de dicho fallo impugnado se observa que la Junta responsable citó como fundamento los artículos 20 y 123 constitucionales; 9o., 84 y 784 de la Ley Federal del Trabajo; artículos 1o., 5o., 87 y 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y artículos 3, fracciones IV, XIX y 12 de las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto.

Con ello se apegó a la jurisprudencia número doscientos sesenta, aprobada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página ciento setenta y cinco del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Asimismo, el agraviado esgrime que la Junta responsable determinó en el laudo reclamado que el instituto ofreció como pruebas "1. La presuncional legal y humana. 2. La instrumental. 3. La confesional a cargo de la actora (desechada). 4. La inspección (desechada).", pero que lo anterior es falso y violatorio de garantías porque aquélla no tomó en cuenta la instrumental, en cuanto a que desechó los incisos a), b), d) y f) de la prueba de inspección ofrecida por el patrón, por no ser hechos controvertidos, y los incisos i), j) y k), por no ser materia de la litis; y tuvo a la parte actora haciendo propia la aludida inspección respecto de los incisos c), e), g) y h), que se admitieron.

Que la inspección en comentario se ofreció para desahogarse con vista en el listado de firmas de débito correspondientes a los periodos del "01/ene/2005 al 15/ene/2005; 16/ene/2005 al 31/ene/2005; 01/feb/2005 al 15/feb/2005; 16/feb/2005 al 28/feb/2005; 01/mar/2005 al 15/mar/2005; 16/mar/2005 al 31/mar/2005; 01/abr/2005 al 15/abr/2005; y 16/abr/2005 al 31/abr/2005"; y en el expediente personal número 138202, para demostrar: "... c) Que aparece en la columna plaza 87730 ... e) Que aparece en la columna CF40004 ... g) Que aparece en la columna subnivel 5. h) Que aparece bajo la clave P01 2,612.02 ..."

Por lo que agrega que la inspección, al haber sido hecha propia por la trabajadora, es eficaz para tener por acreditado que ésta siempre se ha desempeñado en una categoría de confianza, en atención a que la clave "CF" se refiere a confianza; lo cual no fue analizado por la Junta de origen de manera exhaustiva y hace que el laudo sea incongruente.

De igual forma, el inconforme esgrime que la autoridad responsable otorgó valor probatorio a los comprobantes de pago, de los cuales se desprende que la clave de puesto es CF40021, refiriéndose "CF" a que desempeña un puesto de confianza, con lo que queda plenamente acreditado que la actora en el principal desempeñaba un puesto de confianza.

Y que la Junta de origen sólo valoró la prueba instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, con las cuales concluyó que el puesto que desempeñaba la hoy actora no es de confianza, y la confesional a cargo de la actora, así como de la inspección, pruebas que fueron desechadas.

Los anteriores argumentos son infundados por las siguientes razones:

Del expediente laboral se observa que por escrito de veintisiete de septiembre de dos mil siete, el instituto quejoso ofreció como prueba la inspección que menciona; y en audiencia de esa misma fecha se observa que la Junta responsable acordó:

"... asimismo, se tiene a la parte actora haciendo suya la inspección 4, respecto de los incisos c), e), g) y h), ofrecida por la demandada, por lo que al hacer suya la actora dicha prueba, el desahogo de la inspección antes citada resultaría ociosa ..." (foja 318).

Sin embargo, dicha prueba, aunque la hizo propia la trabajadora y por tal motivo fue innecesario su desahogo, no tiene el alcance que el quejoso pretende, pues no debe perderse de vista que en la demanda laboral manifestó que las actividades que llevaba a cabo eran administrativas; y aunque haya reconocido que en el listado de firmas de débito aparece "CF40004", a que se refiere la inspección, lo cierto es que dicha aceptación no acredita que se trate de una empleada de confianza, y mucho menos evidencia las funciones que el instituto demandado afirmó que aquélla realizaba.

Es decir, que en el escrito de contestación de demanda el quejoso manifestó que la trabajadora:

"... siempre ha desempeñado las funciones que se encuadran dentro del artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo ... falso que la hoy actora realice funciones administrativas, secretariales y operativas en el ISSSTE, lo cierto es que tiene personal subordinado a su cargo y maneja recursos y valores propiedad del instituto demandado, supervisa y fiscaliza personal, y realiza las funciones que señala el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, amén de que su puesto es de confianza de acuerdo al catálogo de puestos del instituto demandado, siendo denominada, inclusive, su clave de puesto CF40004, y las siglas CF en el catálogo de puesto de mi representada, corresponde única y exclusivamente a los puestos de confianza, como se demostrará en su momento procesal oportuno ..."

Ahora bien, el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo dispone:

"Artículo 9o. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.-Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento."

Dicho precepto legal establece claramente que la calidad de confianza de un empleado depende de la naturaleza de las funciones.

Y enseguida proporciona un listado de las funciones que son de confianza, como las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Por lo que es inconcuso que el patrón tenía la carga procesal de acreditar que las funciones realizadas por la actora tienen la naturaleza requerida para ser considerada, como de confianza, es decir, que eran de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización en los términos exigidos por la ley.

Sin embargo, no ofreció prueba alguna de la que se evidencien las funciones que la tercera perjudicada llevaba a cabo, y que éstas fueran de confianza, descritas en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, pues dicha calidad no depende de la denominación que se le dé al puesto, sino que deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que la empleada realizó al ocupar el cargo.

La misma circunstancia ocurre con los recibos de pago en comentario (fojas 92 a 117), de los cuales, si bien se advierte que en el rubro de "clave de puesto" constan las siglas "CF40021", lo cierto es que no contienen la descripción de las funciones que el instituto demandado afirmó que la actora llevaba a cabo y que, a su decir, son de confianza; por lo que dichos documentos tampoco acreditan las excepciones y defensas opuestas.

Por lo que si dichas funciones no fueron acreditadas en el sumario, es inconcuso que, como lo resolvió la Junta responsable, debe considerarse que la actora es trabajadora de base.

Es aplicable la tesis I.1o.T.414 L, aprobada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 556 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época, que es del tenor literal siguiente:

"-Si el actor se dice despedido injustificadamente y reclama el cumplimiento de su contrato de trabajo, o sea la reinstalación en el puesto que desempeñaba en el momento de ser despedido, y por su parte el patrón se excepciona manifestando que por ser trabajador de confianza fue despedido y pone a su disposición las prestaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al demandado la carga de la prueba para demostrar que las labores desarrolladas por el actor tienen las características de las funciones consideradas como de confianza y que con toda precisión establece el artículo 9o. del citado ordenamiento legal, a menos que el propio demandante expresamente reconozca tal calidad en su demanda de no acreditar dicha circunstancia, no puede prosperar la excepción opuesta y debe considerarse que el despido es injustificado y condenarse a la reinstalación solicitada."

En otro apartado, el instituto agraviado aduce que es ilegal que la Junta responsable haya determinado que, con fundamento en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, al patrón le correspondía la carga de la prueba en cuanto al tipo y/o naturaleza de plaza que la parte actora ocupó; que si en los hechos 1 y 5 del escrito de demanda refirió que ingresó a laborar como empleada de base, y que sus funciones correspondían a tal "estatus" laboral (base), de conformidad con lo previsto en el reglamento de las condiciones generales de trabajo y de las condiciones generales de trabajo, mismas que ofreció como prueba documental y que fueron debidamente perfeccionadas dentro de la secuela laboral.

Por lo que, continúa diciendo el quejoso, esa manifestación es una confesión expresa y espontánea de la laboralista en lo relativo al reconocimiento de la validez de ese reglamento laboral y lo que dentro del mismo se prescribe, y resulta evidente que al condicionar que su calidad de trabajador de base se adjudicó la fatiga procesal y, por consiguiente, tenía la obligación de demostrarlo; sin que ofreciera prueba alguna para evidenciar que es empleada de base, ya que del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo y de las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se advierte que se ubique en los supuestos descritos para la procedencia de sus acciones.

Que no obstante lo anterior, al analizar las pruebas ofrecidas por la tercera perjudicada la autoridad responsable resolvió que el demandado no demostró que aquélla fuera trabajadora de confianza, perdiendo de vista que ésta no acreditó que fuera empleada de base, por lo que el laudo reclamado es ilegal.

Es infundado lo alegado, porque el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:

"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo ... VII. El contrato de trabajo ..."

De lo anterior se evidencia que, en atención al espíritu protector del legislador hacia la parte obrera, se establecieron las cargas probatorias con obligación del patrón cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y que, en todo caso, corresponderá a aquél probar su dicho cuando exista controversia sobre las condiciones en que se celebró el contrato de trabajo, precisamente por ser el patrón quien cuenta con más y mejores elementos de prueba.

Por consiguiente, en estricta aplicación de dicho precepto legal, si existió controversia en cuanto a la calidad del puesto desempeñado por la trabajadora, es inconcuso que el quejoso es quien tenía la obligación procesal de justificar su dicho y no la actora.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.T.414 L, aprobada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 556 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época, transcrita en párrafos que anteceden, del rubro: ""

Bajo ese contexto, se concluye que el laudo reclamado no es violatorio de garantías, y lo procedente es negar la protección de la Justicia de la Unión.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ********** en contra del acto de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de veinte de mayo de dos mil ocho, dictado en el expediente laboral número ********** seguido por ********** en contra del quejoso.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, María de Lourdes Juárez Sierra, y la licenciada Teresa Sánchez Medellín, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada de Circuito, en términos del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, siendo relatora la segunda de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 3, fracciones II a V, XIII y XIV, inciso c), 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21396-ee76cd01/trabajadores-de-confianza-carga-de-la-prueba-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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