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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 971/2008. · Registro digital (IUS): 21807
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 1326.

AMPARO DIRECTO 971/2008. **********

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesario realizar la transcripción tanto de la sentencia reclamada como de los conceptos de violación relativos, pues este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo que obliga a sobreseer en éste, impidiendo así analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; sobre todo, porque el estudio de las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por constituir una cuestión de orden público, debe realizarse de manera preferente, lo aleguen o no las partes, según lo dispone el último párrafo del precitado numeral 73 de la ley invocada.

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 158 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, parte VIII, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

De la propia manera, es aplicable la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, correspondiente a mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

En efecto, en la especie se actualiza una causa de improcedencia del juicio de garantías, como es la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, la cual deriva del hecho de no haber sido emplazado al juicio de garantías el tercero perjudicado, a saber, padre del occiso ********** por el delito de homicidio, por el cual se condenó al quejoso en la sentencia reclamada, y a cuyo agraviado, en dicho fallo, le fueron reconocidos derechos sobre el pago de la reparación del daño por un monto de $63,674.00 (sesenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos); y cuya falta de emplazamiento se debió a una causa atribuible a dicho peticionario de garantías.

Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil siete se requirió al quejoso de referencia para que proporcionara el domicilio del tercero perjudicado, en acatamiento a lo previsto en el ordinal 178, en relación con la fracción II del diverso 166 de la Ley de Amparo (foja 10 vuelta); en diverso auto de veinticinco de septiembre de dos mil siete se tuvo al quejoso señalando como domicilio de aquél, el ubicado en ********** por tanto, se ordenó emplazarlo a través del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; a su vez, la Sala del conocimiento ordenó su emplazamiento a través de requisitoria que giró al Juez de Mixto Primera Instancia del Distrito Judicial de Coalcomán, Michoacán, en auxilio de las labores de la alzada, se realizara la diligencia de mérito (foja 20).

Por proveído del siete de noviembre de dos mil siete, se tuvo al Magistrado de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, informando del resultado del emplazamiento, en el sentido de que no fue posible emplazar al tercero perjudicado, por los motivos que asentó la actuaria judicial a quien se encomendó practicar el emplazamiento, debido a que por información de ********** -persona con quien habló por radio- asentó que ********** desde hace varios meses que no vive ahí, pero que desconocía el domicilio donde pueda localizársele, porque por la inseguridad que se vive en el poblado mucha gente salió de ese lugar; con lo anterior se dio vista al quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 178, en relación con la fracción II del diverso 166 de la Ley de Amparo (foja 30).

Paralelamente, en acatamiento a lo ordenado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de este propio circuito, en proveído de trece de noviembre de dos mil siete, solicitó a la autoridad responsable ordenara a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio, girando para tal efecto oficios al vocal del Registro Federal de Electores, administradora local de Recaudación, tesorero general del Estado de Michoacán y director de Desarrollo Urbano, para que le informaran si en dichas instituciones se encontraba registrado algún domicilio donde pudiera ser localizado el citado ********** (fojas 38 a 41); dependencias que mediante los oficios correspondientes (fojas 43 a 52) le informaron que en las bases de datos no se encontró registro alguno donde permita establecer el domicilio del mencionado **********

Así las cosas, y ante la imposibilidad material de realizar el emplazamiento multimencionado, en proveído de trece de diciembre de dos mil siete, el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ordenó emplazar por edictos al tercero perjudicado, del que se desprende que, en lo conducente, determinó:

"... Ordenándose emplazar por edictos al tercero perjudicado. Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre del año 2007 dos mil siete. Por recibido el oficio número ********** de fecha 11 de los corrientes, que remite la Secretaría de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el cual se manda agregar a sus antecedentes. Asimismo, como lo solicita el órgano de control constitucional siguiendo los lineamientos establecidos por la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, se ordena emplazar por edictos al ciudadano ********** quien tiene el carácter de tercero perjudicado, dentro del juicio de amparo número ********** promovido por la defensora de oficio de ********** en contra de la ejecutoria dictada por esta Sala en el toca número ********** formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, el acusado y su patrocinadora, en contra de la sentencia condenatoria, pronunciada en la causa criminal número ********** instruida al citado encausado, por la comisión de los delitos de homicidio, violación y privación ilegal de la libertad, cometidos el primer ilícito, en agravio de ********** y, los restantes antisociales, en detrimento de ********** consecuentemente, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le emplaza con la demanda de garantías aludida, para que dentro del término de diez días comparezca al Tribunal Federal de referencia a defender sus derechos. Hágase la publicación del edicto relativo a costa del impetrante de garantías por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, otro en uno de los periódicos diarios de mayor circulación de la República mexicana y en los estrados de esta Sala, debiéndose comunicar el presente proveído al Tribunal Federal a fin de justificar el cumplimiento inicial a su encomienda. Notifíquese ..." (foja 57).

En proveído de veintiocho de febrero de dos mil ocho, el entonces Tercer Tribunal Colegiado, en el que se acordó que el quejoso a través de su defensora de oficio recogió los edictos con los que se notificará al tercero perjudicado (foja 102).

Así, el quejoso en promoción que se recibió en aquel órgano jurisdiccional federal, el once de junio de dos mil ocho, expuso que por su situación económica estaba imposibilitado para hacer la publicación de edictos (foja 160).

Por las razones expuestas anteriormente, en el caso a estudio, no ha lugar a solicitar al Consejo de la Judicatura Federal se paguen los edictos respectivos a cuenta del erario federal, pues por circular 9/2009 del secretario ejecutivo del Pleno del citado órgano, fechada el dieciocho de febrero de dos mil nueve, se hizo del conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales, el siguiente criterio establecido por el Pleno del órgano de que se trata: cuyo rubro dice: "NO PROCEDE LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS CON CARGO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN MATERIA PENAL, EN LOS CASOS EN QUE SEA SOLICITADA POR EL INCULPADO O SU DEFENSA."; del cual se advierte que no es posible realizar el pago de los edictos con cargo al órgano técnico, pues mediante dicho documento se específica que no se cuenta con recursos para erogar dichos gastos.

En ese orden de ideas, y en razón a que en el presente asunto el tercero perjudicado no fue emplazado al juicio de garantías por una causa atribuible al quejoso, como fue el incumplimiento de recoger los edictos para su publicación argumentando que carecía de recursos económicos para proceder a su publicación y con ello lograr el emplazamiento de ********** ello ante el desconocimiento del domicilio de aquél y lo infructuoso que resultó su investigación; es de reiterar que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, por lo siguiente:

El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone:

"Artículo 30. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente.

"Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes:

"I. ...

"II. Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos el domicilio del tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles."

De lo anteriormente transcrito y destacado, se advierte que, en caso de desconocerse y no lograr la investigación del domicilio del tercero perjudicado, se le emplazará al juicio (primera notificación) por medio de edictos a costa del quejoso.

Por su parte, los artículos 5o., fracción III y 73 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: ...

"...

"b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; ..."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

Pues bien, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo previsto en los diversos numerales 30, fracción II y 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo antes transcritos, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurrió el quejoso al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero perjudicado, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, y con lo cual se actualiza la causa de improcedencia de que se trata.

Es así porque, como se advierte de las transcripciones realizadas, la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado.

Es decir, el emplazamiento del tercero perjudicado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal en el juicio de garantías, cuando dicho tercero no pueda ser emplazado en su domicilio por ignorarse éste y no haber sido posible su investigación y localización, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional.

Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero perjudicado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero perjudicado, por lo que el incumplimiento del mismo, atribuible al quejoso por la falta de exhibición de la publicación de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, se torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución.

Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa del quejoso para lograr el emplazamiento del tercero perjudicado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que, al respecto, señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del promovente del amparo, pues con su omisión, se insiste, impide se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad; razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional.

Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 16/2000-PL, consultable en la página 211, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente tenor:

"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso."

En mérito de lo así considerado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad.

Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coalcomán, Michoacán y director de Prevención y Readaptación Social del Estado con sede en esta capital, por las razones que informan la tesis de jurisprudencia que se comparte y sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 286, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, la cual dice:

"AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución."

No constituye obstáculo para la conclusión anterior, la circunstancia de que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil nueve, se haya admitido a trámite la demanda de garantías de que se trata, pues tal acuerdo no causa estado y, por lo mismo, no obliga al Pleno del Tribunal Colegiado, estando, por tanto, facultado dicho órgano pluripersonal para determinar la improcedencia del juicio de amparo, aun cuando no haya sido advertida en aquel momento.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, Tomo LXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

"PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SUS ACUERDOS DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO CAUSAN ESTADO.-Aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el auto relativo admita una demanda de amparo, considerándola presentada en tiempo, es bien sabido que estos acuerdos no causan estado, y las Salas integrantes de este Alto Tribunal están facultadas para verificar directamente si la presentación de la demanda fue o no, hecha en tiempo."

De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/78, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se invoca por ser compartida, localizable en la página 679, Tomo V, Segunda Parte-2, enero a junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO MAL ADMITIDA, DEBE DESECHARSE.-El hecho de que la presidencia del Tribunal Colegiado haya admitido la demanda de amparo directo, no es óbice para que se deseche puesto que las resoluciones de esta naturaleza no causan estado, y el tribunal en Pleno no está obligado a acatarlas, pudiendo por ello desechar dicha demanda si advierte que ésta fue ilegalmente admitida."

Aquí es importante dejar establecida, la determinación a la que arriba este Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa no recogió y/o no publicó los edictos respectivos para el emplazamiento del tercero perjudicado (ofendido en la causa penal, a quien se reconocieron derechos sobre el pago de la reparación del daño), ya que ello no impide la promoción de un nuevo juicio de garantías contra el propio acto reclamado, pues el motivo de la improcedencia actualizado en este procedimiento constitucional no es de aquellos que puedan constituir cosa juzgada.

Expliquémoslo:

El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."

De acuerdo con el numeral antes reproducido, para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y por la referencia a la fracción que le precede, se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.

Ahora bien, haciendo eco del criterio jurisprudencial sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual será invocado con posterioridad, la regla general imperante es que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto.

Empero, existen casos de excepción a dicha regla, en tanto la cosa juzgada no se actualiza únicamente cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto y que no puedan ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.

Doctrinalmente se define la cosa juzgada como el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias.

En sentido material, es una verdad legal.

Desde un punto de vista formal o procesal, se ha sostenido que la cosa juzgada implica la imposibilidad de impugnación de una sentencia.

Conforme al punto de vista material o de fondo, la autoridad de la cosa juzgada alude al carácter irrebatible o inmodificable de la decisión jurisdiccional a que se ha llegado.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 354, 355, 356 y 357, preceptúa:

"Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley."

"Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria."

"Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

"I. Las que no admitan ningún recurso;

"II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

"III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante."

"Artículo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer.

"La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso."

La referencia que hace el legislador ordinario a "verdad legal" y a "sentencia ejecutoria", sugiere que la cosa juzgada, desde un punto de vista material, se identifica con el carácter inmutable de la decisión, es decir, con la eficacia que puede tener en el tiempo el fallo correspondiente que, por regla general, tiene que ver con el fondo del litigio en jurisdicción ordinaria.

Así las cosas, la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente.

Cabe puntualizar que las resoluciones de amparo que sobreseen en el juicio, por su propia naturaleza no analizan el fondo del asunto, de modo que la Suprema Corte de Justicia, en su integración anterior, emitió diversas tesis en el sentido de que un fallo de sobreseimiento no constituye cosa juzgada que impida la promoción de un nuevo juicio, salvo los casos de excepción mencionados en los que el motivo de improcedencia se funde en circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo, de manera insuperable.

Así, para determinar si una sentencia de amparo directo que sobresee en el juicio adquirió o no la naturaleza de cosa juzgada, es necesario acudir al punto de vista material o de fondo, ya que esa decisión, por su propia naturaleza, tiene el carácter de ejecutoria sin posibilidad de impugnación.

En la especie, como se dejó asentado, cuando se ordena el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, pero no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, por incumplirse con un presupuesto procesal, lo que a su vez incide en que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional.

Sin embargo, como puede observarse, al resolverse de ese modo, no se atiende a circunstancias objetivas por virtud de las cuales deba considerarse agotado el tema sobre la procedencia o no del juicio de garantías contra determinado acto de autoridad, como sucede cuando se concluye que dicho acto reclamado se ha consumado de forma irreparable, que ya cesaron sus efectos o incluso que el quejoso lo consintió en forma tácita o expresa, sino, se repite, lo único que impidió el pronunciamiento de fondo del asunto se refiere al incumplimiento de un presupuesto procesal que desde luego puede ser purgado en un ulterior juicio constitucional.

En no pocos casos, en que la parte quejosa no atiende el mandato de la autoridad de amparo para recoger, publicar y exhibir las publicaciones de los edictos ordenados para emplazar al o los terceros perjudicados, aduce que ello se debe a la falta de recursos económicos para costear la publicidad del llamamiento a juicio mencionada; sin embargo, es claro, la circunstancia anotada pende de factores variables como la falta de fuentes de empleo o la inexistencia de bienes para hacer frente a tal obligación, entre otras cosas, por lo mismo, no la convierten en una situación insuperable o permanente; por el contrario, bien puede acontecer que en un tiempo determinado, el quejoso pudiera verse favorecido en el aspecto económico y, por lo mismo, en época diversa no tuviera ya ningún impedimento para costear la publicación de los edictos, y pudiera proporcionar a la autoridad de amparo los elementos materiales a su alcance para desahogar el presupuesto procesal de mérito y, se pueda resolver entonces sobre el fondo de la cuestión planteada.

Pensar en contrario, es decir, que por el hecho de no haber podido el quejoso sufragar los gastos de la publicación de los edictos en un preciso y determinado momento, le quede vedada la posibilidad para ejercer la acción constitucional contra la sentencia condenatoria con la que concluyó el proceso penal en donde figuró como procesado, sería tanto como hacer selectivo el juicio de garantías, en el caso, sólo para aquellos que al momento de ordenarse el emplazamiento del tercero perjudicado por medio de edictos, tenga una situación económica solvente y desahogada que les permita cumplir, ipso facto, con el deber que les impone la ley, lo cual no es factible, pues el juicio de amparo, como institución jurídica, no hace distingo entre los gobernados, menos atiende a cuestiones económicas en sus reglas de procedencia.

En un diverso orden de ideas, cabría añadir que el origen de la determinación incumplida por el quejoso (publicación de edictos) y por lo cual se le sancionó con el sobreseimiento decretado en el juicio, se refiere precisamente al desconocimiento del domicilio del o los terceros perjudicados; sin embargo, esta situación también puede ser susceptible de desvanecerse con el transcurso del tiempo, y apare

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21807-0832d111/sobreseimiento-por-omision-del-quejoso-de-recoger-publicar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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