AYUNTAMIENTOS. EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE PREVÉ EL SISTEMA ELECTORAL POR EL CUAL LOS SÍNDICOS QUE LOS INTEGRAN DEBEN SER AQUELLOS ELECTOS ÚNICAMENTE MEDIANTE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ES INCONSTITUCIONAL, POR EXCLUIR EL ACCESO AL CARGO A TRAVÉS DEL VOTO MAYORITARIO RELATIVO. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, AL FUSIONAR EN ESA INSTITUCIÓN A LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS, ES INCONSTITUCIONAL. DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS PODERES PÚBLICOS FEDERALES Y LOCALES DEBEN CREAR LOS ÓRGANOS IDÓNEOS Y NECESARIOS PARA SU PROTECCIÓN EFECTIVA. ORDEN JURÍDICO LOCAL. MÉTODO PARA COLMAR LAS LAGUNAS CONSTITUCIONALES EXISTENTES EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS DE SU ÁMBITO COMPETENCIAL. PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 105 BIS, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL REGULAR EL PERIODO DE INICIO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE LOS CANDIDATOS QUE PRETENDAN CONTENDER EN LAS ELECCIONES, ES CONSTITUCIONAL. PARTIDOS POLÍTICOS. LOS ARTÍCULOS 311 Y 312 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE PREVÉN LOS PLAZOS PARA RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONTRA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS, SON CONSTITUCIONALES. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. CONDICIONES A LAS QUE ESTÁ SUJETA LA REALIZADA CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULA LA FORMA EN QUE DEBEN DIFUNDIRSE LOS PROMOCIONALES RELACIONADOS CON LOS INFORMES ANUALES DE LABORES ES CONSTITUCIONAL. SUPLENCIA DE DIPUTADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN XV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE PREVÉ UN SISTEMA QUE PERMITE REEMPLAZAR AL DIPUTADO ELECTO SEGÚN EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA POR UNO DEL MISMO PARTIDO ELECTO SEGÚN EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL.
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 76/2008, 77/2008 Y 78/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DEL TRABAJO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de septiembre de dos mil ocho.
RESULTANDO:
PRIMERO. Promotores. Mediante sendos escritos dirigidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en las fechas y por las personas que a continuación se indican:
29 de abril de 2008
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República.
9 de mayo de 2008
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República.
11 de mayo de 2008
Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y Ricardo Cantú Garza, en su calidad de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo.
SEGUNDO. Presentación. Las dos primeras acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, y la tercera en el domicilio particular del servidor público autorizado para recibir promociones fuera del horario cotidiano de labores.
El acto reclamado en la primera de las acciones de inconstitucionalidad fue el decreto de reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado "La Sombra de Arteaga" el treinta y uno de marzo de dos mil ocho; y en las dos restantes, el diverso decreto de reformas a la Ley Electoral de la misma entidad federativa, publicado en el mismo órgano de difusión el once de abril del mismo año.
En los tres casos fueron señaladas como autoridades emisora y promulgadora de la Constitución y de la ley impugnada, respectivamente, el Congreso y el gobernador, ambos del Estado de Querétaro.
TERCERO. Antecedentes. El procurador general de la República en las acciones 76/2008 y 77/2008 no relató antecedente alguno, pero el Partido del Trabajo, en la acción de inconstitucionalidad 78/2008, narró lo siguiente:
a) Los días trece de noviembre de dos mil siete y catorce de enero de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
b) El artículo sexto transitorio del primer decreto en cita, establece el deber de las Legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de adecuar su legislación aplicable a más tardar en un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto, debiendo observar, en su caso, lo previsto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
c) El día primero de octubre de dos mil ocho la Comisión Especial para la reforma electoral en el Congreso del Estado de Querétaro, aprobó con cinco votos a favor y tres en contra, el dictamen con proyecto de decreto que reformaba, derogaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro;
d) Sometido al Pleno del Congreso del Estado de Querétaro, éste lo aprobó en los siguientes términos: "Artículo único. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, para quedar como sigue: ...";
e) Al publicarse la ley en cita se aprobaron algunas normas que son inconstitucionales.
CUARTO. Violaciones constitucionales. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se consideran violados fueron los siguientes:
Procurador general de la República, expediente 76/2008
6o., 16, primer párrafo, 35, fracción I, 41, primer párrafo, y base cuarta, fracción IV, 115, fracción I, 116, fracciones II, último párrafo, y IV, incisos a), c) y d) y 133.
Procurador general de la República, expediente 77/2008
16, primer párrafo, 41, fracción V, último párrafo, 116, fracción IV, incisos c) y d) y 133.
Partido del Trabajo, expediente 78/2008
1o., 9o., 14, 16, 17, 35, 36, 40, 41, 99, 116, fracción IV y 133.
Las disposiciones legales que fueron impugnadas en las acciones de inconstitucionalidad son las siguientes:
Procurador general de la República, expediente 76/2008
De la Constitución Política del Estado de Querétaro:
1. Autorización para que los candidatos de la lista plurinominal suplan la ausencia definitiva de los suplentes de los diputados propietarios: artículo 17, fracción XV.
2. Facultad del Congreso del Estado para autorizar, por mayoría calificada, que el Instituto Estatal Electoral convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice las elecciones locales: artículo 32, párrafo segundo.
3. Reunión en una sola dependencia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de Acceso a la Información Pública: artículo 33, párrafo primero.
4. Asignación del cargo de síndico Municipal al regidor de representación proporcional del partido que hubiera obtenido la primera minoría en la elección: artículo 35, fracción III, párrafo primero.
Procurador general de la República, expediente 77/2008
De la Ley Electoral del Estado de Querétaro:
1. Facultad del Congreso del Estado para autorizar, por mayoría calificada, que el Instituto Estatal Electoral convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice las elecciones locales: artículo 101, segundo párrafo.
Partido del Trabajo, expediente 78/2008
De la Ley Electoral del Estado de Querétaro:
1. Características de los informes anuales de labores del gobierno del Estado: artículo 5 Bis, último párrafo.
2. Características del informe que los partidos políticos deben rendir al Instituto Estatal Electoral sobre el proceso de selección interna de candidatos: artículo 105 Bis, segundo párrafo.
3. Plazos para resolver los medios de impugnación en contra de los procesos de selección interna de candidatos: artículos 311 y 312.
QUINTO. Admisión y acumulación. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la primera acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República con el número 76/2008 y, por razón de turno, designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento.
Por auto siete de mayo de dos mil ocho, la Ministra instructora admitió la referida acción de inconstitucionalidad 76/2008, y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su parecer en relación con la acción intentada.
Mediante acuerdos de presidencia de doce de mayo del mismo año, se ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por el propio procurador general de la República, como por el Partido del Trabajo, las cuales fueron identificadas con los números 77/2008 y 78/2008, respectivamente, y tomando en consideración que en las tres acciones existe relación entre las normas generales impugnadas, se ordenó remitir el expediente a la citada Ministra y hacer la acumulación correspondiente.
Por auto de trece de mayo siguiente, la Ministra instructora admitió las referidas acciones de inconstitucionalidad y dispuso los mismos trámites mencionados para los asuntos acumulados, y adicionalmente dio vista al procurador general de la República con el contenido de la acción de inconstitucionalidad 78/2008, promovida por el Partido del Trabajo, a fin de que expusiera su parecer acerca de los conceptos de invalidez en ella propuestos.
SEXTO. Temas planteados. El procurador general de la República al promover su acción de inconstitucionalidad 76/2008 formuló en cinco capítulos sus conceptos de invalidez, en los cuales desarrolló argumentos en relación con los siguientes temas y disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro:
1. Autorización para que los candidatos de la lista plurinominal suplan la ausencia definitiva de los suplentes de los diputados propietarios: artículo 17, fracción XV.
2. Facultad del Congreso del Estado para autorizar, por mayoría calificada, que el Instituto Estatal Electoral convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice las elecciones locales: artículo 32, párrafo segundo.
3. Reunión en una sola dependencia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de Acceso a la Información Pública: artículo 33, párrafo primero.
4. Asignación del cargo de síndico municipal al regidor de representación proporcional del partido que hubiera obtenido la primera minoría en la elección: artículo 35, fracción III, párrafo primero.
5. Violación a la garantía de legalidad y al principio de supremacía constitucional.
En la parte considerativa de la presente ejecutoria se sintetizará el contenido de los conceptos de invalidez relativos.
SÉPTIMO. Temas planteados. El procurador general de la República al promover la acción de inconstitucionalidad 77/2008 formuló en dos capítulos sus conceptos de invalidez, en los cuales desarrolló argumentos en relación con los siguientes temas y disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro:
1. Facultad del Congreso del Estado para autorizar, por mayoría calificada, que el Instituto Estatal Electoral convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice las elecciones locales: artículo 101, segundo párrafo.
2. Violación a la garantía de legalidad y al principio de supremacía constitucional.
En la parte considerativa de la presente ejecutoria se sintetizará el contenido de los conceptos de invalidez relativos.
OCTAVO. Temas planteados. El Partido del Trabajo en la acción de inconstitucionalidad 78/2008 hizo valer en tres capítulos sus conceptos de invalidez, en relación con los temas y disposiciones siguientes de la Ley Electoral del Estado de Querétaro:
1. Características de los informes anuales de labores del Gobierno del Estado: artículo 5 Bis, último párrafo.
2. Características del informe que los partidos políticos deben rendir al Instituto Estatal Electoral sobre el proceso de selección interna de candidatos: artículo 105 Bis, segundo párrafo.
3. Plazos para resolver los medios de impugnación en contra de los procesos de selección interna de candidatos: artículos 311 y 312.
En la parte considerativa de la presente ejecutoria se sintetizará el contenido de los conceptos de invalidez relativos.
NOVENO. Informe. El secretario de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, al rendir su informe en relación con la acción de inconstitucionalidad 76/2008, promovida por el procurador general de la República, manifestó lo siguiente (fojas trescientos veintitrés a trescientos veinticinco del primer tomo del expediente):
a) Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho ordenó la publicación y cumplimiento de la reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro, aprobada por el Constituyente Permanente del Estado;
b) Se promulgó por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por el alto respeto que le merecen el Congreso Local y los miembros que lo integran;
c) Recae esa obligación en el titular del Poder Ejecutivo Local en virtud de lo dispuesto en los artículos 57, fracción I, de la Constitución Política de esa entidad, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, y 22, fracción I, de dicho ordenamiento en vigor;
d) Se promulgó la reforma constitucional con estricto apego al principio de división de poderes que deriva del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 23 de la Constitución Local vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, y de conformidad con el artículo 13 de dicho ordenamiento en vigor;
e) Se ordenó la publicación de la reforma constitucional en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución Local vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil ocho, y de conformidad con el artículo 39 de dicho ordenamiento en vigor, que establece que el Congreso Estatal y los Ayuntamientos gozan de la facultad de reformar la Constitución del Estado;
f) El gobernador del Estado carece de facultades para juzgar sobre la constitucionalidad de leyes y decretos, toda vez que sólo cuenta con la atribución de hacer observaciones a éstas cuando le sean remitidas para su publicación;
g) Por seguridad jurídica, mientras una autoridad judicial competente, a través de las vías que establece la ley no declare lo contrario, todo acto de autoridad se presume que está de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Querétaro.
El secretario de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, al rendir su informe en relación con la acción de inconstitucionalidad 77/2008, promovida por el procurador general de la República manifestó lo siguiente (fojas una a la veinticuatro del segundo tomo del expediente):
1. Facultad del Congreso del Estado para autorizar, por mayoría calificada, que el Instituto Estatal Electoral convenga con el Instituto Federal Electoral que éste organice las elecciones locales: artículo 101, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
a) La Legislatura del Estado de Querétaro, como las de las demás entidades federativas, goza de la más amplia facultad para regular la estructura y funcionamiento de las instituciones públicas locales, sin más límite que lo que expresa y específicamente esté previsto en la Constitución Federal.
b) El ente responsable de organizar los procesos electorales en el Estado de Querétaro goza de autonomía constitucional y cuenta con las facultades que la Legislatura del Estado con base en las disposiciones constitucionales relativas le concede a través de la ley de la materia.
c) La Ley Electoral establece los principios según los cuales se organiza y funciona la autoridad electoral local, y no permite a ninguna otra autoridad o instancia intervenir en su funcionamiento y en la toma de sus determinaciones. La reglamentación aludida implica establecer, entre otras disposiciones de orden, los principios normativos según los cuales el ente encargado de organizar las elecciones dentro del Estado, ejercerá las funciones que le han sido encomendadas, entre ellas, determinar los principios según los cuales se podrán celebrar los convenios a que hacen referencia los artículos 41 y 116 constitucionales.
d) La Constitución Federal si bien prevé la existencia de los convenios entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales Locales, no determina los principios según los cuales se celebrarán, por ello debe estimarse que el artículo 116 no excluye, ni establece limitante a la competencia de las Legislaturas de los Estados para intervenir en la autorización para que la autoridad electoral local celebre los convenios de colaboración con el Instituto Federal Electoral.
e) La celebración de los convenios de colaboración a que se hace mención, implica, entre otras, la posibilidad de que se disminuyan facultades que le corresponden al Estado, se impongan gastos con cargo al presupuesto público o se alteren las normas que regulan la celebración y calificación de los procesos electorales.
f) En casos similares se establecen disposiciones reglamentarias que garantizan que quienes intervengan en el mencionado acuerdo de voluntades dejen a salvo y no vulneren intereses superiores del Estado de manera tal que con la celebración de dichos acuerdos se logre su objeto y se mantenga a salvo la totalidad de los intereses del Estado.
g) Los Estados, en ejercicio de su autonomía, con base en el artículo 124 constitucional, pueden hacer todo aquello que no tienen prohibido; en lo relativo a su organización, lo que no está vedado lo tienen permitido. No existe en la Constitución Federal una prohibición para los poderes y órganos públicos del Estado para intervenir para dar validez a los convenios que el Instituto Electoral Local celebre. Los artículos 117 y 118 constitucionales, que establecen las prohibiciones absolutas y relativas a los Estados, no disponen nada al respecto; por esa razón debe entenderse que ellos, en ejercicio de su autonomía, gozan de facultades para hacerlo.
h) Es necesario considerar que las disposiciones que contempla la Carta Magna Local, cuya reforma corresponde al Constituyente Permanente, son de observancia obligatoria para el Poder Legislativo Local, de manera tal que éste sólo puede reglamentar las disposiciones constitucionales.
i) Si la Constitución Local ordena que para que pueda celebrarse un convenio entre el ente responsable de las elecciones locales, se requiere que la Legislatura del Estado de manera previa autorice dicha celebración mediante acuerdo tomado con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, es obligatorio para el Poder Legislativo preservar dicha disposición en la ley secundaria por ser mandato superior e ineludible.
j) También es de considerar que el legislador está obligado por mandato constitucional a garantizar que dichos convenios puedan celebrarse, sin intervenir más allá de lo establecido por el Constituyente Permanente que limita a la Legislatura del Estado a la aprobación para que se celebre el convenio, mas no intervenir en la organización de los procesos electorales.
k) La celebración de un convenio implica para el Estado de Querétaro, la posibilidad de que se le afecte en las funciones que legalmente le corresponden o que las obligaciones que en ellos se contraigan pueden incidir en el presupuesto del Estado, por lo que es de suponerse que para evitar una actuación irreflexiva o irresponsable, debe intervenir la Legislatura del Estado para aprobar el convenio que se celebre. No existe impedimento constitucional para que los Estados exijan el requisito de su aprobación por parte de su correspondiente legislatura.
l) La disposición atacada garantiza que "Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales" y no la limita, cumpliendo con ello con lo establecido por la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal.
m) La disposición atacada, materia del concepto de invalidez del que se informa, no es una disposición exclusiva en su género. Todo convenio que celebra una autoridad, por cuanto a que implica la posibilidad de contraer obligaciones o responsabilidades, está sujeto a la aprobación de un cuerpo colegiado; tal es el caso de los tratados que celebra el presidente de la República, los cuales requieren la aprobación de la Cámara de Senadores (artículos 76, fracción 89, fracción X y 133); los convenios que celebran los Estados para arreglar entre sí sus problemas de límites, requieren de la aprobación de esa misma Cámara (artículo 46), en ambos casos disposiciones de la Constitución General de la República, así como los casos de contratación de empréstitos u otorgamiento de avales por el gobernador del Estado (artículo 17, fracción XI, en relación con el artículo 14 y al artículo 22, fracción IX). Los arreglos o convenios de límites territoriales concertados entre los Ayuntamientos o los que el titular del Ejecutivo celebre con los de otros Estados (artículo 17, fracción XVII), en ambos casos de la Constitución Local.
n) Debe tenerse presente que en un estado de derecho el ejercicio de toda facultad o atribución que se confiere a un poder, órgano o ente público, está sujeto a su regulación a través de la ley. Que la función de hacerlo corresponde al órgano legislativo sin más límite que los casos sujetos a regulación en virtud de un Texto Constitucional específico.
o) Respecto de los criterios sostenidos en este apartado del informe existe el siguiente criterio jurisprudencial: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS."
p) La reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga una nueva facultad al Instituto Federal Electoral para organizar en forma integral y directa, mediante convenio, y a solicitud de las autoridades locales competentes, procesos electorales de orden local en las entidades federativas, es decir, la facultad de celebrar convenios se le otorgó al Instituto Federal Electoral pero la decisión de celebrar o no tales convenios es exclusiva de los Estados, ya que son las autoridades locales competentes las que tendrán que solicitar si es que así lo desean celebrar convenio con el Instituto Federal Electoral para que organice procesos electorales.
q) La fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no determina cuál es el procedimiento o las reglas a que se deban sujetar los Estados para celebrar el convenio con el Instituto Federal Electoral, ni tampoco hace alguna prohibición en el sentido de que las Legislaturas de los Estados sean quienes puedan aprobar la celebración del convenio.
r) En virtud de lo anterior y toda vez que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no determinó quiénes eran las autoridades locales competentes para celebrar dichos convenios, es que se promulgó el artículo 101 de la ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro que faculta al Instituto Electoral de Querétaro para celebrar convenio previa aprobación de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
s) En esa virtud, por cuanto a que la celebración de un convenio implica para el Estado de Querétaro la posibilidad de que se le prive de funciones que legalmente le corresponden o que las obligaciones que en ellos se contraigan puedan incidir en el presupuesto del Estado, es de suponerse que para evitar una actuación irreflexiva o irresponsable, debe intervenir la Legislatura del Estado para aprobar el convenio que se celebre. No existe impedimento constitucional para que los Estados, por existir la misma razón, exijan el requisito de su aprobación por parte de la Legislatura del Estado. Por lo cual es improcedente el primer concepto de inconstitucionalidad referido.
El secretario de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, al rendir su informe en relación con la acción de inconstitucionalidad 78/2008, promovida por el Partido del Trabajo manifestó lo siguiente (fojas una a la veinticuatro del segundo tomo del expediente):
1. Características de los informes anuales de labores del Gobierno del Estado: artículo 5o. Bis, último párrafo.
a) Es infundada la reclamación de invalidez del artículo 5o. Bis, penúltimo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en atención a los siguientes razonamientos: Conforme al artículo 134 constitucional la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración publica y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
b) Esa información no podrá directa o indirectamente generar la percepción o inferencia de que tal o cual servidor público en lo personal ha tenido logros importantes, o que su gestión es eficiente o eficaz, sino que por el contrario, deberá difundirse de manera institucional, únicamente con fines informativos, educativos o de orientación social, en congruencia con el derecho fundamental de las personas a ser debidamente informadas de la actividad gubernamental.
c) La interpretación gramatical del citado artículo 134 nos permite extraer, para determinar el alcance de la prohibición, los elementos siguientes:
• Que se trate de actos de propaganda;
• Que sea bajo cualquier modalidad de comunicación social;
• Que la difundan poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno;
• Que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
d) Debemos entender que es posible e incluso obligatoria la difusión (no propaganda) de las acciones de gobierno cuando se hagan con carácter institucional y cuyos fines sean informativos, educativos o de orientación, sin violentar el mandato constitucional. La norma constitucional sí distingue entre la que implique promoción y la que es un acto de difusión como obligación implícita y en ocasiones explícita de la autoridad.
e) Conforme al artículo 5o. Bis reclamado, los mensajes aludidos no violan lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, ya que, en términos del párrafo que se comenta, tendrían las siguientes características:
• Serían actos de difusión de un acto celebrado en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales, en específico la rendición de los informes de labores de gestión, cuyo objeto es hacer llegar a la población el estado que guarda la administración pública, pormenorizando las acciones realizadas y los resultados de la cuenta pública.
• Tendrán carácter institucional y con fines exclusivamente informativos.
• No implicaría, ni sería posible la promoción personalizada de cualquier servidor público.
• Los mensajes serán informativos a efecto de que la ciudadanía se entere del cumplimiento de una obligación republicana, basada precisamente en el principio de rendición de cuentas que caracteriza a los regímenes democráticos modernos.
f) En ningún momento la norma local pretendió establecer una excepción a la Norma Superior constitucional, por el contrario, se refiere a una actividad informativa que no debe confundirse con la propaganda señalada por el artículo 134 constitucional, por tratarse de la difusión de la información relativa la rendición de informes, establecida en ordenamientos constitucionales y legales. El precepto aludido aclara justamente que no se refiere a la hipótesis del 134 constitucional y la reglamenta para mayor claridad.
2. Características del informe que los partidos políticos deben rendir al Instituto Estatal Electoral sobre el proceso de selección interna de candidatos: artículo 105 Bis, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
a) Respecto del concepto de invalidez identificado como segundo, se sostiene la constitucionalidad del artículo 105 Bis, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y, por tanto, que es infundada la invalidez que se demanda en atención a lo siguiente: Primeramente, la acción de inconstitucionalidad se presenta para demandar la invalidez de normas que vulneren lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo establecido por leyes federales, por tanto, la argumentación fundada en supuestas violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta irrelevante e improcedente. Corrobora esta afirmación la siguiente tesis jurisprudencial: "NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
b) Respecto de las supuestas violaciones a los preceptos transcritos, los impugnantes alegan que la obligación relativa a que en una fecha determinada (tres días hábiles anteriores) los partidos políticos deberán informar la modalidad y procedimientos para la elección de candidatos, violenta lo establecido en los artículos constitucionales citados, y pretende condicionar lo ya establecido en la norma interna de cada uno de los partidos políticos lo cual genera duda e incertidumbre.
c) Al respecto se debe decir que la Ley Electoral está por encima de la normatividad partidaria, atendiendo al principio elemental de jerarquía de las normas. Por otra parte, el artículo 41 constitucional que los impugnantes invocan, establece claramente, en su fracción I, primer párrafo, que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Luego entonces, se sostiene la constitucionalidad de la norma impugnada, por estar apegada a lo establecido en el precepto constitucional citado.
d) Asimismo, alegan que existe una contradicción entre lo dispuesto por el primer y segundo párrafos del artículo impugnado, ya que por una parte el primer párrafo establece que: los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta ley, en los estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político; y en el segundo párrafo se establecen obligaciones por encima de las disposiciones partidarias.
e) Al respecto, es preciso señalar que la Ley Electoral del Estado de Querétaro claramente establece una distinción enunciativa de las disposicione
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21405-e29c3a1c/ayuntamientos-el-articulo-35-fraccion-iii-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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