CONVENIOS EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SUBORDINAR LA FACULTAD DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE FIRMARLOS CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A LA AUTORIZACIÓN DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO LOCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE QUE GOZAN LOS INSTITUTOS ELECTORALES LOCALES. PROPAGANDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 129, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A CONTAR CON AQUÉLLA. PROPAGANDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 129, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RESPETA EL PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA EN MATERIA ELECTORAL. PROPAGANDA ELECTORAL. ES VÁLIDO QUE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES DESARROLLEN LOS PRINCIPIOS PREVISTOS SOBRE DICHA MATERIA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 102/2008 Y 103/2008. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de octubre de dos mil ocho.
RESULTANDO:
PRIMERO. Promotores. Mediante sendos escritos dirigidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en las fechas y por las personas que a continuación se indican:
Ver fechas y personas
SEGUNDO. Presentación. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
El acto reclamado en ambas acciones de inconstitucionalidad fue el artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, además en la interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática se impugnaron los artículos 51 Bis 4 fracción IV, inciso b), 52, fracción III, 129, segundo párrafo, 240 Bis y 267 de la ley antes mencionada, reformada y adicionada mediante Decreto 264, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de julio de dos mil ocho. Dichos preceptos establecen lo siguiente:
Ley Electoral del Estado de Nuevo León
"Artículo 51 Bis 4. Los partidos políticos deberán presentar ante la Dirección de Fiscalización los informes de origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:
"...
"IV. Informes de campaña:
"...
"b) Los informes de campaña serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días al de la jornada electoral; ..."
"Artículo 52. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión Estatal Electoral, para su revisión y aprobación respectiva, los siguientes informes:
"...
"III. Informes de campaña por cada una de las elecciones en que participen dentro de los noventa días siguientes al término de la jornada electoral, especificando los gastos que hubieren realizado, así como el origen y aplicación de los recursos que se hayan utilizado para tal efecto; ..."
"Artículo 81. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral:
"...
"XXXV. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con organismos electorales federales; así mismo podrá convenir con el Instituto Federal Electoral que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales del Estado de Nuevo León, previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado; ..."
"Artículo 129. ...
"La propaganda de los partidos políticos en los medios de comunicación impresos deberá estar enmarcada e inscrita en tipografía diferente a la que normalmente se utiliza en el medio de comunicación de que se trate. Además deberá contener la leyenda ‘propaganda pagada’ utilizando la tipografía y tamaño predominante del resto del texto. ..."
"Artículo 240 Bis. En la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, la interpretación de las disposiciones sustantivas y adjetivas de esta ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
"Artículo 267. Para la valoración de las pruebas la Comisión Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado, en la resolución o sentencias, respectivamente, se sujetarán a los principios gramatical, analógico, lógico, sistemático, causal o teleológico tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. ..."
En las dos acciones de inconstitucionalidad fueron señaladas como autoridades responsables la emisora y promulgadora del Decreto 264 impugnado, es decir, el Poder Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Nuevo León, respectivamente.
TERCERO. Admisión y acumulación. Mediante proveídos de veintiocho de agosto y primero de septiembre de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el procurador general de la República y por el Partido de la Revolución Democrática con los números 102/2008 y 103/2008, respectivamente, y por razón de turno, designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, y en el último de los autos mencionados se decretó la acumulación de ambas acciones, por considerar que había identidad en las normas generales impugnadas.
Por autos de primero y dos de septiembre de dos mil ocho, la Ministra instructora admitió las referidas acciones de inconstitucionalidad 102/2008 y 103/2008; ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes y requirió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su parecer en relación con las acciones intentadas; además, en el auto de dos de septiembre de dos mil ocho requirió al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde respecto de la acción de inconstitucionalidad 103/2008, promovida por el Partido de la Revolución Democrática.
CUARTO. Conceptos de invalidez. El procurador general de la República al promover su acción de inconstitucionalidad 102/2008 formuló sus conceptos de invalidez en los siguientes términos:
"Primero. Sobre la violación del artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a los numerales 41, base V y 116, fracción IV, incisos c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan:
"‘Artículo 41.’ (lo transcribió).
"‘Artículo 116.’ (lo transcribió).
"El artículo 41, base V, de la Constitución Federal, prevé que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
"Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Ley Suprema dispone que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones a nivel local, deberán gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
"Asimismo, se establece que el Instituto Federal Electoral podrá, mediante convenio que celebre con las autoridades electorales locales, organizar los procesos electorales de las entidades federativas.
"Entonces, si la función de las autoridades electorales y la organización de las elecciones en el régimen federal se encuentran previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal y, posteriormente, dicho mandamiento se recogió en el artículo 116 de la Norma Suprema el cual prevé, en esencia, las mismas reglas para el ámbito local, las que no están desarrolladas de manera tan amplia y detallada como en el numeral 41, por ello es conveniente realizar un examen previo del primer artículo en cita, para fijar las premisas necesarias que permitan entender claramente los alcances de las instituciones que establece la segunda disposición mencionada.
"Así entonces, dada la importancia de las elecciones como forma de expresión por la cual el pueblo ejerce su soberanía, tal atribución se manifiesta a través de los comicios como una función pública a cargo del Estado a través de instituciones autónomas.
"Puesto que la voluntad ciudadana que se expresa mediante el sufragio es la única fuente legítima para crear representación y gobierno, resulta indispensable asegurar que las elecciones se lleven a cabo con transparencia e imparcialidad, en beneficio de los ciudadanos y los partidos políticos; además, no debe perderse de vista la magnitud y complejidad de los esfuerzos técnicos y administrativos inherentes al desarrollo de un proceso electoral, el cual requiere de una estructura bien organizada y de recursos que sólo el gobierno dispone.
"Consecuentemente, la operación e integración de las instituciones u órganos que han de encargarse de la organización de las elecciones, a saber: de la planeación, dirección, ejecución y control de todas las actividades implicadas en los procesos comiciales, constituyen uno de los elementos más importantes de todo sistema electoral. A dichas instituciones y órganos se les conoce como autoridades electorales.
"La forma como se constituyen las autoridades en cada sistema electoral depende fundamentalmente del proceso histórico del país de que se trate, así como de su sistema político, de su grado de desarrollo socioeconómico y de la correlación de fuerzas entre los diversos partidos existentes.
"En México, la función electoral ha estado tradicionalmente a cargo de autoridades gubernamentales. En forma básica han sido los Poderes Ejecutivo y Legislativo los que han tenido injerencia en la organización de las elecciones. También los ciudadanos y los partidos políticos participan en nuestro país en los organismos electorales, con el propósito de coadyuvar con las autoridades gubernamentales a garantizar la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad en las elecciones.
"Sin embargo, las diversas reformas constitucionales en materia electoral, y en particular, las referentes a los organismos estatales encargados de organizar los procesos electorales, los han dotado de autonomía plena para ejercer tales funciones, observando para ello los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia en sus decisiones.
"Asimismo, en este contexto, se le confirió al Instituto Federal Electoral, la categoría de organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, profesional en su desempeño, el cual contará para el cumplimiento de sus fines con una estructura compuesta con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
"En suma, el artículo 41 de la Ley Fundamental permite identificar la naturaleza y fines del Instituto Federal Electoral y, correlativamente, permite distinguir claramente a la autoridad electoral encargada de la organización de los procesos electorales, sus funciones y los principios que la rigen.
"Ahora bien, tomando en consideración la amplia gama de las funciones propias de los procesos electorales que se encomiendan a dicha autoridad electoral, apoyada en su autonomía, profesionalización, independencia en sus decisiones y funcionamiento, y en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad; puede válidamente concluirse que dada la propia y especial naturaleza del órgano electoral federal, creado ex profeso para los fines señalados, es a él al que le corresponde la organización de las elecciones federales.
"En este orden de ideas y tomando como premisa lo anterior, propio del sistema federal, puede decirse que en el ámbito local, en el que se incluyeron esencialmente similares instituciones y principios, deben operar los mismos lineamientos generales antes expuestos.
"En efecto, el artículo 116 de la Constitución Federal obliga a los Estados a garantizar en su régimen interior que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, certeza e independencia, y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, así como las autoridades jurisdiccionales en esta materia, gocen de autonomía en su funcionamiento y de independencia en sus decisiones.
"Así las cosas, la autonomía que deben tener los órganos electorales para la organización de los procesos electorales debe de ejercerse de manera independiente, sin sujeción a otro órgano y que las leyes que rigen su existencia le reconozcan el carácter de máxima autoridad en la materia. Dentro de ese tipo de autonomía también podemos distinguir la plena (cuando el órgano no está supeditado a poder alguno y, por tanto, es la máxima autoridad electoral) y la autonomía parcial (cuando algún poder tiene injerencia en el desarrollo de la función electoral); finalmente la autonomía es nula cuando el órgano electoral está supeditado a otro poder.
"En suma de lo expuesto, se puede concluir que los organismos electorales gozan de autonomía plena, lo que se traduce en un funcionamiento autónomo y en la independencia de sus decisiones; lo anterior implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes, ya sea de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.
"De esa gama de facultades, se pueden enunciar las que se establecen en los artículos 41, base V, y 116, fracción IV, inciso d), ambos de la Ley Fundamental, en los cuales se señala que el Instituto Federal Electoral puede celebrar convenios con los organismos estatales electorales, para que el primero organice las elecciones en las entidades federativas, sin que medie la autorización de otro ente de gobierno o de otro poder ajeno a la materia electoral.
"Cabe mencionar que la facultad antes citada -de celebrar los convenios-, no se contemplaba en nuestro régimen constitucional electoral, como se puede observar en la jurisprudencia P./J. 124/2007, visible en la página 994, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con el rubro: ‘MATERIA ELECTORAL. LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN NO PUEDEN COMPRENDER ATRIBUCIONES PROPIAS DE ÉSTE.’
"Fue hasta la reforma del 12 de noviembre de 2007 que se incluye la atribución para que los institutos, federal y locales, pudieran celebrar convenios para la organización de los comicios, sin restricción de derecho alguno.
"En este tenor, conviene señalar lo manifestado en el dictamen de las reformas en materia electoral que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos plasmaron en el proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que interesa señala:
"‘... la iniciativa propone dotar al IFE de una nueva e importante atribución: la de organizar, por convenio con las autoridades competentes, procesos electorales locales en el ámbito de las entidades federativas. Se atiende de esta forma una propuesta de varios partidos políticos y de numerosas organizaciones de la sociedad civil, así como de especialistas en la materia electoral.
"La solución ideada par los autores de la iniciativa bajo dictamen resulta adecuada en tanto permite conjugar armoniosamente la soberanía interior que la Constitución otorga a los Estados integrantes de la Federación, que se expresa ordinariamente en su capacidad para organizar y desarrollar los procesos electorales relativos a los poderes públicos en su ámbito territorial y para la integración de los Ayuntamientos, con la posibilidad de aprovechar las capacidades materiales y humanas de que el IFE dispone a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta nueva disposición constitucional hará posible, en el corto y mediano plazo, coadyuvar a reducir costos y aumentar la eficiencia y confiabilidad de los procesos electorales de orden local, con pleno respeto a la soberanía interior de las entidades federativas. ...’
"Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al dictaminar, a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la minuta del proyecto de decreto que reformó los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; y que adicionó el 134 y derogó el tercer párrafo del 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló lo siguiente:
"‘... Finalmente, se subraya la importancia de la nueva facultad que la Constitución otorga al IFE para organizar en forma integral y directa, mediante convenio y a solicitud de las autoridades locales competentes, procesos electorales de orden local en las entidades federativas. Con tal reforma se da paso a lo que podría ser, en el mediano plazo, un sistema nacional de elecciones, con ventajas evidentes en materia de confianza y credibilidad ciudadanas en los procesos comiciales, y un ahorro de recursos públicos significativo. ...’
"Ahora bien, a fin de que se actualice el supuesto normativo previsto, tanto en el numeral 41 como en el 116, ambos de la Ley Fundamental, el legislador federal regula dicha situación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; que en su parte conducente señala:
"‘Artículo 118.’ (lo transcribió).
"Por otra parte, conviene señalar lo expresado en la iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el tema que nos ocupa: (lo transcribió).
"Ahora bien, el precepto que se tilda de inconstitucional, en la parte que interesa, establece:
"‘Artículo 81.’ (lo transcribe).
"El artículo reproducido señala que, dado el caso de que el Instituto Electoral del Estado de Nuevo León, como órgano autónomo, decidiera convenir con el Instituto Federal Electoral para que éste organice la elección estatal, es requisito sine qua non la autorización previa de la Legislatura Local, la cual deberá llevarse a cabo con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
"Ante tal situación, es claro que la fracción XXXV, del artículo 81 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, vulnera los artículos 41, Base V, último párrafo, y 116, fracción IV, de la Carta Magna, por cuanto hace al principio de autonomía consagrado en los mismos, ya que el numeral impugnado exige para la celebración del convenio, la aprobación de un Poder Constituido, como lo es el legislativo de la entidad, supeditando, en consecuencia, su actuar autónomo a un poder distinto a él.
"Así las cosas, al preverse que el Instituto Electoral Local tendrá que obtener previamente la autorización del Congreso del Estado de Nuevo León para llevar a cabo la celebración de los citados convenios, rompe con el esquema constitucional establecido con posterioridad a la reforma electoral de finales del año pasado, pues de la misma no se desprende que haya sido intención del legislador constitucional establecer que los institutos locales, al momento de convenir con el Instituto Federal Electoral la organización de los comicios tengan que recabar la autorización del Congreso.
"Por tanto, si dichos organismos electorales gozan de plena autonomía para la organización, el funcionamiento y la vigilancia de las elecciones en el Estado, no tiene razón de ser que el legislador estatal haya plasmado en el precepto impugnado que dicho instituto tenga que solicitar autorización de un órgano distinto a él para organizar las elecciones con la colaboración del Instituto Federal Electoral, de ahí que la norma impugnada sea inconstitucional y se tenga que declarar su invalidez, por parte de ese Supremo Tribunal.
"Segundo. Sobre la violación del artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a los numerales 16, primer párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio rector de que los actos de autoridad sean dictados por un órgano competente para ello, y que dicho mandato sea por escrito, y en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, entendido el primero como la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por el segundo, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.
"La garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal contiene un mandato para todas las autoridades, esto es, para las de cualquier orden o nivel de gobierno, incluyendo, naturalmente, al Poder Legislativo.
"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en la página 150, tomo 157-162, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Séptima Época, cuyo rubro y texto establecen:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (la transcribió).
"De la transcripción se desprende que, por lo que hace a la fundamentación, ésta se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución Federal y la local le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con la Ley Fundamental.
"De ahí es evidente que, al prever el artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, una hipótesis contraria al mandato constitucional previsto en los artículos 41 y 116 de la Carta Magna, y por las razones explicadas en el primer concepto de invalidez, el Congreso Local se extralimita en sus funciones, contraviniendo con ello lo dispuesto por el numeral 16 de la Ley Suprema.
"En esa tesitura, al no poder existir dentro de nuestro marco jurídico la atribución antes referida, el Congreso de Nuevo León se arroga facultades ajenas a su función constitucional, contraviniendo con ello lo dispuesto por el citado precepto 16 de la Constitución Federal.
"Como consecuencia de ello, el numeral tildado de inconstitucional, de igual manera transgrede lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna, el cual, en la parte que interesa señala:
"‘Artículo 133.’ (lo transcribió).
"Como se advierte, el numeral transcrito consagra el principio de supremacía constitucional, el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
"Por tanto, si el artículo 81, fracción XXXV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, contraviene lo dispuesto por los numerales 16, 41 y 116 de la Constitución Federal, es claro que se violenta lo dispuesto por el ordinal 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
QUINTO. Conceptos de invalidez. El Partido de la Revolución Democrática al promover la acción de inconstitucionalidad 103/2008 formuló los siguientes conceptos de invalidez:
"Primero. Norma general cuya invalidez se reclama. Se considera que es anticonstitucional (sic) los artículos 51 Bis 4, fracción IV, inciso c) y 52, fracción III de la Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que a la letra señalan lo siguiente:
"‘Artículo 51 Bis 4.’ (lo transcribió).
"‘Artículo 52.’ (lo transcribió).
"Preceptos constitucionales violados. 1, 14, 16, 41 fracción V, antepenúltimo párrafo, 116 fracción IV incisos b) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los preceptos anteriores, se consideran inconstitucionales por la simple razón de que los mismos no expresan con certeza y por lo tanto faltos de legalidad principios contrarios a lo que establece el artículo 41, fracción V antepenúltimo párrafo al señalar:
"‘Artículo 41.’ (lo transcribió).
"Atendiendo a lo preceptuado en el artículo anterior, el órgano constituido por la Constitución, es decir, el Congreso de la Unión Federal al emitir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que se refiere a la fiscalización y finanzas de los partidos políticos dispuso en el artículo 83 lo siguiente:
"‘Artículo 83.’ (lo transcribió).
"Lo anteriormente señalado, da cuenta de que el órgano reformador llamado Congreso del Estado de Nuevo León al pretender regular en la Ley Electoral del Estado en comento, en el artículo 51 Bis 4, en lo referente a las prerrogativas económicas entregadas a los partidos políticos, estableciendo que los mismos deberán presentar ante la Dirección de Fiscalización los informes de origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; en el caso que nos ocupa en las campañas, dice ‘... deberán presentarse a mas tardar dentro de los sesenta días siguientes al de la jornada electoral’, y posteriormente en su artículo 52 fracción III ‘Informes de campaña por cada una de las elecciones en que participen, dentro de los noventa días siguientes al término de la jornada electoral, especificando los gastos que hubieren, así realizado así como el origen y aplicación de los recursos que se hayan utilizado para tal efecto;’
"Si bien es cierto que el Congreso del Estado de referencia, atendió a lo que las propias leyes federales le encomiendan, que es crear un órgano interno que se encargue de la fiscalización de los partidos políticos también es cierto que al formar parte de los órganos electorales debe de atender a los principios rectores de la materia como son independencia, certeza, legalidad, objetividad los cuales no son tomados en cuenta y/o no se tiene el debido cuidado para modificar y dejar clara una norma de carácter general, pues en el momento de su aplicación nos inducen a caer en el error.
"Es evidente, que el órgano reformador cometió un gravísimo error faltando a la objetividad y certeza que deben regir dentro de la materia electoral al plasmar distintos términos refiriéndose al mismo acto, es decir en un artículo nos habla de que los informes de campaña se deberán entregar dentro de los sesenta días después de terminada la jornada electoral y en otro nos habla que se debe presentar el informe de campaña noventa días después de la jornada electoral, lo cual nos deja en un estado de incertidumbre, falta de certeza e indefensión llevándonos a caer en lo ilegal al no saber con certeza cual es el tiempo con el que contamos exactamente para la presentación de nuestros informes. Motivo por el cual, se debe ordenar al Congreso del Estado de Nuevo León que compagine los tiempos en que se deben presentar los informes, dando así una verdadera congruencia, certeza, y certidumbre que debe de haber en todo acto electoral.
"No obstante lo anterior, mi representado manifiesta su interés en señalar la presente irregularidad que en este acto se combate, dado que es de vital importancia de quien recurre que las cosas se estipulen completamente claras, en una ley que rige todas sus actividades electorales en el Estado además porque le importa que sus informes a presentar sean de la mejor forma.
"Segundo. Norma general cuya invalidez se reclama. Se considera que es anticonstitucional el artículo 81, fracción XXXV de la Ley Electoral del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que a la letra señala lo siguiente:
"‘Artículo 81.’ (lo transcribió).
"Preceptos constitucionales violados. 1o., 14, 16, 41 fracción V, 116, fracción IV, inciso b), c) y d) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El convenio al que se refiere el párrafo anterior tiene plena relación con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, último párrafo de nuestra Carta Magna, que señala lo siguiente:
"‘Artículo 41.’ (lo transcribió).
"De lo anterior, podemos decir que en la Constitución Federal se establece la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral se encargue de la organización de los procesos electorales locales, siempre que los Institutos Estatales Electorales así lo soliciten, lo cual se relaciona con el artículo 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala lo siguiente:
"‘Artículo 116.’ (lo transcribió).
"En efecto, el artículo 81 fracción XXXV de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que en este acto se combate por el presente ocurso es inconstitucional, en razón de que exige mayores requisitos a los establecidos en nuestra Carta Magna para que se pueda celebrar un convenio entre el Instituto Federal Electoral y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para que el primero se encargue eventualmente de la organización de las elecciones en el Estado de Nuevo León.
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo exige que la autoridad electoral local lo solicite al Instituto Federal Electoral en los términos que establezca la legislación aplicable.
"Es decir, se debe regular la forma en que se tomará la decisión de solicitar al Instituto Federal Electoral que se encargue de la organización de la elección, así como el contenido del mencionado convenio, pero la coordinación debe depender en todo momento exclusivamente del Instituto Federal Electoral y la Comisión Estatal, y no quedar supeditada a lo que disponga la Legislatura Local, éste es precisamente un requisito adicional que no exige nuestra Carta Magna. Argumentos que se encuentran debidamente fundamentados en lo dispuesto por el artículo 116 fracción IV, inciso b), al señalar:
"‘Artículo 41.’ (lo transcribió).
"La fracción normativa combatida en la especie resulta violatoria de la Constitución Federal, ya que se trastoca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21308-74987a3b/convenios-en-materia-electoral-el-articulo-81-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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