COMPETENCIA Y PERSONALIDAD DEL DEMANDADO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. PRELACIÓN PARA SU ESTUDIO, CUANDO AMBAS CUESTIONES SON PROPUESTAS AL INICIO DE LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES DE LA AUDIENCIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL HECHO DE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE ESPECIALICE EN UNA MATERIA DIVERSA A LA EN QUE EMITIÓ UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES, NO ES OBSTÁCULO PARA DECRETAR SU EXISTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que los criterios que se denuncian como contradictorios se refieren a la materia de trabajo, una de las especialidades de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el auto de quince de enero de dos mil nueve (foja 6).
Además, conviene precisar que también los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito realizaron dicha denuncia, según se advierte de la resolución dictada en el amparo en revisión ********** quienes en términos del artículo referido en el párrafo anterior cuentan con legitimación para ello. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que no hayan formalizado dicha determinación, es decir, no hayan remitido el oficio respectivo en el que se hiciera formalmente la denuncia, pues en la resolución de referencia existe la petición expresa de ese órgano jurisdiccional de denunciar la contradicción de tesis con lo resuelto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, la cual debe prevalecer aun cuando no se haya materializado.
TERCERO. El entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo ********** en lo que interesa estableció lo siguiente:
"SEXTO. El primer concepto de violación antes transcrito es fundado y ello hace innecesario estudiar los restantes, atentas las razones que se expondrán a continuación. Importa destacar que la Junta responsable consideró en la interlocutoria dictada el dos de septiembre de mil novecientos noventa y dos, que procedía analizar en primer término el incidente de falta de personalidad propuesto por el actor, porque, en su opinión, de resultar procedente sería ilógico estudiar el diverso de incompetencia promovido por la delegación demandada. Ahora bien, asiste razón a la quejosa al aducir que la omisión de resolver la cuestión competencial le agravia porque la responsable estaba obligada a estudiar aun de oficio aquel tema. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tanto el incidente de personalidad como el de competencia son de previo y especial pronunciamiento, atento lo dispuesto por el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo; también lo es que de una recta interpretación de los preceptos 698, 700, 701, 703, 704 y 706 del mismo ordenamiento legal, permite establecer que en la hipótesis en que esos temas se hagan valer, uno por el actor y otro por el demandado, la razón y la lógica indican que debe darse prelación al problema competencial porque ningún órgano jurisdiccional que carezca de ella puede decidir sobre los demás asuntos sometidos a su potestad so pena de nulidad; más aún si se considera que la competencia es un presupuesto procesal que debe apoderarse de oficio por las Juntas y no esperar a que lo planteen las partes; de tal manera que si, en caso como el presente, uno de los contendientes propone ese tema, es concluyente que la autoridad de referencia debe ocuparse en primer término de él y, una vez declarada su competencia, examinar la cuestión de personalidad planteada por la otra parte. Al haber procedido en ese sentido inverso la Junta responsable y omitir decidir sobre el problema de competencia propuesto por la parte quejosa, viola por su inobservancia los preceptos de la Ley Federal del Trabajo antes precisados y, en vía de consecuencia, las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación que, en favor del quejoso, consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; actualizándose así una evidente violación a las leyes del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el numeral 159, fracción XI, de la Ley de Amparo en relación con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 de la Gaceta Número 46 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y uno, que dice: ‘COMPETENCIA POR DECLINATORIA, EXCEPCIÓN DE. SU DESECHAMIENTO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (es innecesaria su transcripción); lo que obliga a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, reponga el procedimiento con el fin de que resuelva en primer término el incidente de competencia promovido por la demandada, hecho lo cual continúe con los trámites de ley correspondientes a la decisión que tome al respecto."
La anterior determinación se reflejó en la tesis XIX.1o.26 L, visible en la página ciento noventa y dos, Tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:
"INCIDENTE DE COMPETENCIA PLANTEADO POR LA DEMANDADA, DEBE SER RESUELTO PREVIAMENTE AL DE PERSONALIDAD OPUESTO POR SU CONTRAPARTE. Si bien es cierto que tanto el incidente de personalidad como el de competencia son de previo y especial pronunciamiento, atento lo dispuesto por el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo; también lo es que una recta interpretación de los preceptos 698, 700, 701, 703, 704 y 706 del mismo ordenamiento legal, permite establecer que en la hipótesis en que esos temas se hagan valer uno por el actor y otro por el demandado, la razón y la lógica indican que debe darse prelación al problema competencial porque ningún órgano jurisdiccional que carezca de ella puede decidir sobre los demás asuntos sometidos a su potestad so pena de nulidad; más aún si se considera que la competencia es un presupuesto procesal que debe abordarse de oficio por las Juntas y no esperar a que lo planteen las partes; de tal manera que si, en casos como el presente, uno de los contendientes propone ese tema, es concluyente que la autoridad de referencia debe ocuparse en primer término de él y una vez declarada su competencia, examinar la cuestión de personalidad planteada por la otra parte."
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** determinó lo siguiente:
"QUINTO. No se precisan los antecedentes del acto reclamado, al haber sido referidos correctamente en el fallo sujeto a revisión. En una parte de sus agravios, plantea el inconforme que la sentencia recurrida es ilegal en atención a que contrario a lo que estimó el Juez de Distrito, debe resolverse primero el incidente de personalidad que hizo valer, no así el de competencia interpuesto por la demandada, ya que se pasó por alto el principio que reza ‘donde la ley no distingue el juzgador no debe hacerlo’, por ello, si la ley dispone que deben tramitarse como cuestiones de previo y especial pronunciamiento la nulidad, competencia, personalidad, acumulación, así como excusas; sólo la tercera debe resolverse de plano, en tanto las restantes en veinticuatro horas. Con base en lo anterior, concluye el recurrente que no existe base legal para que la responsable, como el a quo, estimen que es de estudio previo el incidente de competencia, pues están controvirtiendo el texto expreso de la ley. Tiene razón el inconforme, aunque para arribar a esa conclusión deba suplirse la deficiencia de sus planteamientos, tal como lo autoriza el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tal como se indica en la sentencia impugnada, la competencia es un presupuesto procesal, entendido éste como la satisfacción de determinados requisitos de admisibilidad y condiciones previas para que se pueda constituir y desarrollar válidamente una relación jurídico procesal; no obstante, también lo es la personalidad, por encuadrar en el concepto antes anotado. La competencia como presupuesto procesal, debe ser estudiada de oficio, desde la presentación del escrito inicial. Es evidente que la Junta responsable al haber admitido a trámite la demanda laboral, consideró en un primer momento que es competente para conocer de la controversia de origen. También oficiosamente determinó que el actor (sic) tiene legitimación procesal; es decir, al conocer de la controversia se pronunció sobre ambos presupuestos procesales. Ahora bien, los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo disponen: ‘Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley.’. ‘Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas.’. ‘Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá.’. De acuerdo con los numerales en comento, las partes pueden impugnar en la vía incidental, entre otros, los presupuestos procesales referentes a la personalidad y la competencia, pese a que la responsable se haya pronunciado al respecto en el auto inicial. Es importante destacar que tanto la Junta como el Juez de Distrito, centraron el debate en determinar qué incidente debe analizarse primero, si el de personalidad opuesto por el recurrente, o el de competencia que hizo valer la demandada aquí tercera perjudicada. Se determinó en ambos casos que es de mayor trascendencia fallar el de competencia en primer lugar. No obstante, al margen de lo acertado o no de los planteamientos del a quo en cuanto a qué presupuesto procesal hay que estudiar primero, el de competencia o personalidad, no debe perderse de vista, que en nuestro orden constitucional impera la garantía de legalidad, de la cual deriva un principio jurídico que viene al caso traer a colación, y que se sintetiza en determinar que las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido en ley, certeza jurídica que no ha sido respetada por la responsable al omitir fallar el incidente de personalidad propuesto por el inconforme en la audiencia de ley, bajo el argumento de que previamente debe fallarse el de competencia. En efecto, el Juez de Distrito supedita la resolución del incidente de personalidad opuesto por el recurrente, a que se falle previamente el de competencia propuesto por la demandada; es decir, da diversas razones del porqué debe ser de tal manera, pero pasa por alto, que el legislador no lo previó de tal manera, pues basta imponerse del contenido de los numerales anteriormente transcritos, para advertir con meridiana claridad que el incidente de personalidad como el de competencia son de previo y especial pronunciamiento; es decir, deben resolverse antes del dictado del laudo. Pero el legislador fue sumamente puntual en establecer que cuando el incidente de personalidad se hace valer en una audiencia, debe substanciarse y decidirse de plano, expeditez que no se presenta cuando se hace valer también en una audiencia un incidente de competencia, ya que su resolución se posterga, al tenerse que señalar dentro de las veinticuatro horas siguientes, fecha para una audiencia en la que deba fallarse el incidente. Por su idea jurídica, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 31/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193 del Tomo XIV, de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO SE REALICEN DEBERÁN RESOLVERSE DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE LEY. Si se toma en consideración que de conformidad con la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 761 a 763 de la Ley Federal del Trabajo, el incidente de falta de personalidad es un incidente de previo y especial pronunciamiento que necesariamente debe ser tramitado dentro del expediente principal en donde surgió la controversia y que cuando sea promovido dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, resulta inconcuso que la objeción a la personalidad de alguna de las partes en el juicio laboral debe resolverse de plano, oyendo a las partes en la audiencia de ley, a efecto de evitar dilaciones procesales innecesarias y con la única condición de que en la resolución correspondiente, la Junta de Conciliación y Arbitraje exprese las razones jurídicas que haya tomado en cuenta para resolver en los términos en que lo haya hecho. Lo anterior se encuentra robustecido con el texto de la exposición de motivos de la reforma procesal a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, del que se desprende que el espíritu del legislador al incorporar tal reforma fue, entre otros, el de agilizar la tramitación de los procedimientos, apoyándose para ello en los principios de inmediatez y concentración procesal, motivo por el cual consideró pertinente que las objeciones que se hagan valer en relación con la personalidad de las partes en la audiencia de ley, deberán ser resueltas de plano en la misma pieza de autos, oyendo a las partes en ese momento, sin que para el caso se requiera de la tramitación de incidente formal alguno.’. De acuerdo con lo anterior, si la Ley Federal del Trabajo, no dispone expresamente que los incidentes de competencia se deban fallar antes que otros, como sí se indicó textualmente respecto del de personalidad cuando es planteado en la audiencia de ley, es evidente que están fuera de contexto los argumentos de la sentencia recurrida con los que se pretende sostener lo contrario, al contar la ley laboral en análisis con disposición expresa sobre el momento procesal oportuno en que debe ser fallada una incidencia de tal naturaleza. Luego entonces, si el artículo 17 constitucional, prevé la garantía individual de impartición de justicia dentro de los plazos que fijen las leyes, y la legislación laboral analizada prevé que el incidente de personalidad opuesto por el inconforme dentro de la audiencia de ley, celebrada en el expediente de origen, el ocho de agosto de dos mil cinco, debe resolverse de plano, resulta evidente la transgresión del citado precepto constitucional, pues a la fecha ha omitido fallar tal cuestión incidental, bajo el argumento de que los autos no guardan estado por estar pendiente la resolución del diverso incidente de competencia opuesto por la demandada, lo que como se vio es ilegal. De acuerdo a lo anterior, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, y en su lugar, conceder al inconforme el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al margen del estado procesal que guarde el incidente de competencia planteado por la demandada, falle inmediatamente el incidente de personalidad opuesto por ..., a través de su apoderado, en la audiencia de ley celebrada el ocho de agosto de dos mil cinco. Atento el sentido del fallo, es innecesario pronunciarse sobre los restantes motivos de disenso, ya que la conclusión sería la misma. No pasa inadvertido que el a quo apoyó su determinación de negar al recurrente la protección constitucional solicitada, en la tesis XIX.1o.26 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 192 del Tomo XV-I, de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘INCIDENTE DE COMPETENCIA PLANTEADO POR LA DEMANDADA, DEBE SER RESUELTO PREVIAMENTE AL DE PERSONALIDAD OPUESTO POR SU CONTRAPARTE. Si bien es cierto que tanto el incidente de personalidad como el de competencia son de previo y especial pronunciamiento, atento lo dispuesto por el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo; también lo es que una recta interpretación de los preceptos 698, 700, 701, 703, 704 y 706 del mismo ordenamiento legal, permite establecer que en la hipótesis en que esos temas se hagan valer uno por el actor y otro por el demandado, la razón y la lógica indican que debe darse prelación al problema competencial porque ningún órgano jurisdiccional que carezca de ella puede decidir sobre los demás asuntos sometidos a su potestad so pena de nulidad; más aún si se considera que la competencia es un presupuesto procesal que debe abordarse de oficio por las Juntas y no esperar a que lo planteen las partes; de tal manera que si, en casos como el presente, uno de los contendientes propone ese tema, es concluyente que la autoridad de referencia debe ocuparse en primer término de él y una vez declarada su competencia, examinar la cuestión de personalidad planteada por la otra parte.’. Por las razones expuestas con anterioridad, este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por ello, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
La anterior determinación se reflejó en la tesis XXVIII.9 L, visible en la página dos mil setecientos cuatro, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"INCIDENTES DE PERSONALIDAD Y COMPETENCIA. CUANDO AMBOS SON PLANTEADOS DENTRO DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, LA JUNTA DEBE PRONUNCIARSE PREVIAMENTE RESPECTO DEL PRIMERO ANTES QUE DEL SEGUNDO. De los artículos 761 a 763 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las partes pueden impugnar, como incidentes de previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la personalidad y la competencia, las cuales deben resolverse antes del dictado del laudo; y cuando dentro de una audiencia se haga valer el incidente de falta de personalidad, debe sustanciarse y decidirse de plano, esto es, en la misma pieza de autos de manera inmediata e integral. Expeditez que no se presenta cuando en la propia audiencia se promueve el incidente de competencia, ya que su resolución se posterga al tenerse que señalar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, fecha para una audiencia en la que deba resolverse sobre ella. En tal virtud, si la Ley Federal del Trabajo no dispone expresamente que los incidentes de competencia deban fallarse antes que otros, como sí se indicó en cuanto al de personalidad, es evidente que cuando a la Junta se le presenta tal hipótesis debe pronunciarse previamente respecto del incidente de personalidad antes que el de competencia, por existir disposición expresa al respecto."
CUARTO. Procede ahora determinar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada.
De las consideraciones transcritas en el considerando que antecede se advierte que sí existe contradicción de tesis, pues ambos Tribunales Colegiados analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, a saber, el orden de prelación en que deben estudiarse los incidentes de personalidad y competencia cuando ambos son planteados dentro de la audiencia trifásica en un juicio laboral; además, adoptaron soluciones contrarias, pues el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito concluyó que se debe estudiar en primer término la competencia; en cambio, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito determinó que es la personalidad.
De igual forma, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias y provienen del examen de los mismos elementos, pues ambos tribunales analizaron, uno en un juicio de amparo directo y otro en un amparo en revisión, el orden de prelación de estudio de la falta de personalidad y competencia, propuestos en un juicio laboral.
En esas condiciones, el punto de derecho a resolver en la presente contradicción de tesis es el siguiente:
• Cuál es el orden de prelación de estudio respecto de las cuestiones de incompetencia y falta de personalidad del demandado, propuestas en la audiencia trifásica en un juicio laboral, la primera por el demandado y la segunda por el actor.
No es obstáculo a lo anterior el hecho de que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 199/2008-SS, resuelta en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, por mayoría de cuatro votos, haya determinado que la contradicción de tesis sea inexistente cuando un Tribunal Colegiado que inicialmente era de competencia mixta se especializa en una materia diversa a la en que emitió la tesis en contradicción, lo que evidencia que ya no será competente para resolver asuntos en la materia en que emitió el citado criterio jurisprudencial y, consecuencia de ello, que ha dejado de sustentar el criterio contendiente, además de que no volverá a pronunciarse en el sentido en que lo ha hecho; sin embargo, en una nueva reflexión sobre este tema esta Sala abandona tal criterio por las razones siguientes:
El artículo 197-A, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo estatuye:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias."
Del artículo antes transcrito se advierte que la finalidad de la contradicción de tesis estriba en tratar de eliminar las situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica que suscita la posible divergencia en la interpretación judicial del derecho derivada de la actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito, al ser órganos jurisdiccionales terminales en sus respectivas circunscripciones territoriales.
Por ello, las "condiciones de procedencia" y las denominadas "cuestiones de técnica jurídica" de la contradicción de tesis deben interpretarse restrictivamente (al ser reglas de excepción), habida cuenta que están supeditadas a que dicha institución cumpla su finalidad dentro del sistema jurídico mexicano, que consiste en evitar que las posibles diferencias existentes en la interpretación judicial del derecho derivada de la actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito afecten, en último término, la esfera jurídica de los particulares (certeza, seguridad jurídica en la aplicación del derecho y tutela judicial efectiva).
En esa tesitura es incorrecta la conclusión de que un Tribunal Colegido de Circuito abandona el criterio que estableció cuando cambia de especialidad respecto de la materia en la cual sostuvo aquél, ya que no está en posibilidades de reexaminar su criterio e incluso modificarlos, pues independientemente de ello, la tesis sustentada conserva su valor objetivo en el sistema jurídico. Sostener lo contrario sería ilógico, pues se llegaría al absurdo de que tal criterio se momificara o congelara, ocasionando que cuando otro Tribunal Colegiado o los sujetos legitimados plantearan alguna contradicción con el criterio momificado o congelado siempre se resolvería que aquélla sería inexistente, sin tomar en cuenta que éste puede resultar orientador, cuando se trate de una tesis aislada e, incluso, de ser jurisprudencia, obligatorio para los Juzgados de Distrito y tribunales del orden federal o común, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, lo que generaría incertidumbre jurídica.
QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a las consideraciones siguientes.
El tema de fondo de este asunto está vinculado con dos presupuestos procesales en el juicio laboral, a saber, competencia y personalidad; por ello, es conveniente precisar el sustento jurídico constitucional de aquéllos. Así, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye:
"Artículo 14. ...
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
De la anterior transcripción se advierte que constitucionalmente se reconoce el principio de que en todo juicio se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Una de esas formalidades es la concerniente al análisis de los presupuestos procesales.
Al respecto, los presupuestos procesales son los supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede ser iniciado válidamente, y deben, por ello, concurrir en el momento de formularse la demanda, a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso. Entre otros presupuestos procesales se encuentran la competencia del órgano jurisdiccional y la personalidad de las partes.
En relación con este tema, debe precisarse que algunos presupuestos procesales se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional, como la competencia y la personalidad; otros, en los que para su análisis, necesariamente debe existir petición de la parte interesada, como por ejemplo la caducidad, prescripción, entre otros; y, finalmente, hay otro tipo de presupuestos en donde en primer término el órgano jurisdiccional debe analizarlos en forma oficiosa, coexistiendo también la facultad de las partes de cuestionarlos, ya sea a través de alguna excepción o de un incidente, en este supuesto se encuentran la competencia y la personalidad.
Ahora bien, deben distinguirse los presupuestos procesales absolutos o insubsanables y los relativos o saneables, entendidos los primeros como aquellos que de actualizarse, generan la nulidad del proceso o de diversas actuaciones; mientras que los segundos se caracterizan porque pueden convalidarse, ya sea por ratificación del interesado o por no impugnarse oportunamente tal cuestión.
Toda vez que la presente contradicción de tesis se relaciona con los presupuestos procesales de competencia y personalidad, conviene precisar qué se entiende por éstos. Por competencia debe entenderse la suma de facultades que la ley otorga a una autoridad para resolver un asunto determinado. Así, existe competencia legislativa, judicial y administrativa, entre otras. La competencia judicial es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Por su parte, la personalidad tiene relación con la representación legal o convencional que ostenta el demandante o demandado y puede invocarse contra las personas que promueven como albacea, apoderados, representantes, entre otros.
Por otro lado, la competencia, por regla general, es un presupuesto procesal absoluto o insubsanable, pues lo actuado en un juicio por un Juez incompetente es nulo o por lo menos la gran mayoría de sus actuaciones; así lo revelan las legislaciones procesales laborales, civiles, administrativas, entre otras; a excepción de la materia penal, en la que, en algunos supuestos, la incompetencia no genera la nulidad de las actuaciones procesales.
Por su parte, la personalidad es un presupuesto procesal relativo o subsanable, pues en primer término existe la obligación del órgano jurisdiccional de analizar en forma preliminar (implícita o expresamente) si quien comparece a juicio a nombre de otro tiene esa calidad; empero, en el supuesto de que dicha calificación sea errónea, es decir, que no se justifique la personalidad, tal deficiencia puede subsanarse ya sea porque la contraparte la reconozca expresamente o porque no la cuestione en el momento procesal oportuno.
Por lo que respecta al procedimiento laboral, la forma de invocarse (oficio o a petición de parte) y el trámite de las cuestiones de competencia, se encuentran previstos por los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales estatuyen:
"Artículo 701. La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21601-8b9bc830/competencia-y-personalidad-del-demandado-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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