QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INSTRUIRSE COMO JUICIO CUANDO SE ADVIERTA QUE EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE CONTRA EL ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO SEA UN DIVERSO JUICIO DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA DETERMINACIÓN SE HAGA AL PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE QUEJA O AL RESOLVER ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 227/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se refiere a la materia administrativa, una de las especialidades de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el auto de quince de junio de dos mil nueve (fojas 6 y 7).
TERCERO. El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dos, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Los agravios son ineficaces. Para otorgar el amparo de la Justicia Federal, el Juez Segundo de Distrito consideró, esencialmente, que si la autoridad responsable desestimó los argumentos expresados en el recurso de queja, debió en todo caso instruir dicho recurso como juicio de nulidad en términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, sin que se opusiera a ello el hecho de que en el primer punto de la resolución reclamada, se hubiese declarado procedente la queja, puesto que al estimarse infundados los argumentos expuestos por el recurrente, lo que realmente resolvió la Sala fue que el recurso era improcedente porque no existía incumplimiento de sentencia firme. La autoridad recurrente, en su carácter de tercero perjudicada, aduce que el Juez a quo interpretó inexactamente lo dispuesto en el último párrafo del dispositivo legal que invocó, porque, según la inconforme, de la lectura de esa norma se advierte que sólo es factible instruir la queja como juicio de nulidad en el supuesto de que aquélla se considere notoriamente improcedente, lo cual no ocurrió en el caso, toda vez que la responsable consideró el recurso de queja procedente e infundados los agravios hechos valer. A fin de resolver si fue o no correcta la interpretación del artículo 239-B, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se estima pertinente transcribir, además de ese párrafo el primero, la fracción I, incisos a) y b), y las fracciones III, IV y V, del mismo precepto: ‘Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas: I. Procederá en contra de los siguientes actos: a) La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia. b) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el plazo previsto en ley-c) ... III. En caso de que haya repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la resolución repetida y la notificará al funcionario responsable de la repetición, ordenándole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene el acto o lo repita, para que proceda jerárquicamente y la Sala le impondrá una multa de treinta a noventa días de su salario normal, tomando en cuenta el nivel jerárquico, la reincidencia y la importancia del daño causado con el incumplimiento. IV. Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, señalando la forma y términos precisados en la sentencia, conforme a los cuales deberá cumplir. V. Si la Sala resuelve que hubo omisión total en el cumplimiento de la sentencia, concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo. En este caso, además se procederá en los términos del párrafo segundo de la fracción III de este artículo. ... A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución definitiva, se le impondrá una multa de veinte a ciento veinte días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Existiendo resolución definitiva, si la Sala o sección consideran que la queja es improcedente, se ordenará instruirla como juicio.’. Ahora bien, aunque es cierto que en el último párrafo de la disposición legal, transcrita en lo conducente, se alude a la queja improcedente y no a la queja infundada, que fue como la consideró la Sala responsable en el acto reclamado, debe estimarse, empero, que el legislador utilizó el adjetivo ‘improcedente’ para referirse a aquella queja que no ha resultado eficaz, es decir a la que ha resultado infundada por no haber prosperado los argumentos que se hicieron valer en ella, mas no quiso aludir con tal adjetivo a aquellas quejas cuya procedencia no está prevista en ninguno de los supuestos referidos en los incisos a), b) y c) de la fracción I, que son en estricto rigor las quejas que pueden conceptualizarse como improcedentes, dado que, al no estar prevista su procedencia, no sólo no se entra al examen de los argumentos, sino que ni siquiera se admiten y se desechan de plano, y lo mismo acontece con aquel recurso que, aun prevista su procedencia contra determinado acto, se interpone extemporáneamente, pues tampoco se examinan sus argumentos y se desecha de plano. Por tales motivos, resulta inexacta la afirmación de la recurrente de que sólo procede instruir el juicio de nulidad cuando se trata de quejas notoriamente improcedentes, pues pierde de vista que en ese propio párrafo se dispone que una queja es notoriamente improcedente (utilizándose aquí el vocablo en el sentido que le es propio), cuando se interpone contra actos que no constituyen resolución definitiva, caso en el cual no establece que se instruya como juicio, sino que se imponga una multa a quien indebidamente la hizo valer. Incluso, el hecho de que enseguida se diga que existiendo resolución definitiva -es decir, cuando no se esté en el caso de queja notoriamente improcedente- y la queja se estima improcedente se tramite como juicio, refuerza aún más la idea de que el legislador se refirió a las quejas infundadas cuyos argumentos resultaron improcedentes. Lo anterior, además, resulta lógico entenderlo así, pues en las fracciones III, IV y V transcritas, evidentemente se alude a las quejas que han resultado fundadas en los casos de repetición, exceso o defecto y omisión, respectivamente, y se dice cómo debe resolverse, de ahí la necesidad de que se previera también el supuesto contrario, es decir, qué debe hacerse cuando la queja no ha resultado fundada, lo que se hizo en el último párrafo del propio artículo. Claro que quedará a cargo del órgano jurisdiccional determinar en qué casos resulta procedente instruir como juicio la queja, ya que quizá no en todos, por la naturaleza de la resolución definitiva, deba procederse de esa forma, pero en este caso sí habida cuenta que la propia Sala consideró que algunos argumentos no eran motivo de queja sino de un diverso juicio de nulidad. Finalmente, debe decirse que aceptar que la apertura del juicio de nulidad sólo se genera ante quejas desechadas por improcedentes, conduciría a situaciones ilógicas, pues, por ejemplo, una queja que se hubiese interpuesto por exceso o defecto, y se desechara por improcedente ante su inoportuna interposición, no podría tramitarse como juicio ya que al no haberse admitido y resuelto se carecería de bases para saber si existió o no el exceso o el defecto alegado en la queja, siendo que precisamente el examen de fondo es lo que determina que la queja se instruya o no como juicio. En las condiciones apuntadas, al ser ineficaces los agravios procede confirmar la sentencia recurrida."
La anterior determinación se reflejó en la tesis XXIII.3o.7 A, visible en la página un mil ochocientos cuarenta y ocho, Tomo XVII, correspondiente al mes de enero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"QUEJA INFUNDADA. PROCEDE INSTRUIRLA COMO JUICIO DE NULIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 239-B, FRACCIÓN VI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Si la parte afectada ocurrió en queja, en los términos que prevé el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, y ésta resulta infundada, es procedente que se instruya como juicio de nulidad, pues aunque el último párrafo de la fracción VI del citado precepto alude a la queja improcedente y no a la queja infundada, debe estimarse que el legislador utilizó el adjetivo ‘improcedente’ para referirse a aquella queja que no ha resultado eficaz, es decir, a la que es infundada por no haber prosperado los argumentos que en ella se hicieron valer, pues es el examen de fondo lo que determina que la queja se instruya o no como juicio, ya que a través de él se advertirá si existió o no la irregularidad alegada, lo que no acontece tratándose de quejas cuya procedencia no está prevista en alguno de los supuestos contenidos en los incisos a), b) y c) de la fracción I, que son en estricto rigor las quejas que pueden conceptualizarse como improcedentes, ya que al no estar prevista su procedencia, no sólo no se entra al examen de los argumentos, sino que ni siquiera se admiten y se desechan de plano. Además, si en las fracciones III, IV y V se hace mención a las quejas fundadas en los casos de repetición, exceso o defecto y omisión, respectivamente, y se dice cómo deben resolverse, resulta lógico entender que el legislador consideró la necesidad de que se previera también el supuesto contrario, es decir, qué debe hacerse cuando la queja es infundada, lo que hizo en el último párrafo de la fracción VI del propio artículo, al establecer que deberá ordenarse se instruya como juicio, cuestión que, por cierto, será determinada por el órgano jurisdiccional, pues quizá no en todos los casos, por la naturaleza de la resolución definitiva, deba procederse de esa forma."
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil nueve, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"El inconforme asevera en un apartado del tercer agravio, que la sentencia recurrida es ilegal, en tanto que la a quo determinó que no procedía instruir el recurso de queja como un nuevo juicio de nulidad de conformidad con el último párrafo del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, toda vez que ese supuesto normativo sólo operaba en relación a los recursos de queja declarados improcedentes, hipótesis que a su entender no se configuró porque el recurso de queja que interpuso fue declarado procedente pero infundado, sin embargo, la Juez de Distrito perdió de vista que el ánimo del legislador al señalar el término ‘improcedente’, obedeció a un fin proteccionista conforme al cual dentro del rubro de improcedentes encuadran aquellas declaradas infundadas, ya que en ese supuesto no prosperan los argumentos que en ella se plantearon. Los razonamientos narrados son infundados por las consideraciones siguientes: El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en lo conducente, señala lo siguiente: (es innecesaria su transcripción en razón de que tal circunstancia se realizó con anterioridad). Del numeral transcrito, se advierten diversos supuestos en contra de los cuales procede el recurso de queja, mismos que se encuentran enunciados de manera específica, lo que denota que no podrán plantearse a través de ese recurso cuestiones diversas a las hipótesis contenidas en los incisos a), b) y c), que versan sobre cumplimiento de sentencias. También se desprende, que si la Sala considera que ese medio de defensa resulta improcedente, se encuentra obligada a instruirla como juicio contencioso administrativo, como podría ser por ejemplo, en el supuesto de que el actor considere que la autoridad demandada al cumplir con la sentencia de nulidad, incurrió en exceso, defecto o repetición del acto declarado nulo, sin embargo, la Sala estime (sic) que lo que realmente aconteció fue que emitió un nuevo acto que no se constriñó a lo mandado por la resolución anulatoria, en esa hipótesis, es factible que la Sala instruya el recurso como juicio, en tanto que el recurso no prosperó al no actualizarse ninguno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, aunado a que de no actuar de la manera descrita, dejaría al particular en estado de indefensión; tal imperativo obedece a la intención del legislador de garantizar que el actor tenga un medio de defensa a su alcance para controvertir el nuevo fallo dictado por la autoridad demandada en cumplimiento de diverso juicio. En ese contexto, debe estimarse que el creador de la norma al establecer que las quejas declaradas ‘improcedentes’ arrojaran la carga a las Salas de instruirlas como juicios contenciosos, no debe dar lugar a interpretar que también encuadran dentro de ese supuesto, las quejas calificadas como ‘infundadas’, en razón de que las causas por las que un recurso de queja resulta improcedente difieren de aquellas por las que resulta infundado, esto es, basta analizar los supuestos por los que procede ese medio de impugnación para establecer si es procedente o no, sin embargo, para arribar a la conclusión de que resulta infundado o fundado el recurso, es indispensable analizar los agravios que a la postre proponga el inconforme. En esa medida, el mecanismo proteccionista implementado por la legisladora en el último párrafo del artículo 239-B, en comento, no puede llegar al extremo de imponer como obligación a las Salas el instruir el recurso de queja como juicio contencioso, por la circunstancia de resultar infundada, pues aceptarlo de ese modo, implicaría analizar a través de dos medios de impugnación el cumplimiento dado por las autoridades demandadas a la sentencia anulatoria, es decir, a través del recurso de queja y del juicio contencioso administrativo, lo cual fácticamente se torna imposible, en virtud de que son diversos supuestos por los que procede uno y otro medio de defensa. En esa línea de pensamiento, se estima acertada la conclusión a la que arribó la Juez Federal de que la Sala había determinado que no constituía un efecto de la sentencia de nulidad el que se restituyera al actor en el empleo, cargo o comisión que desarrollaba en el servicio público, en virtud de que en el propio fallo habían quedado acreditadas algunas de las infracciones que se le imputaron al quejoso, de lo que se deducía que la Sala no tuvo por qué actuar de conformidad con la fracción VI, último párrafo, del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación (cabe precisar que la responsable aludió al último párrafo de la fracción en comento, sin embargo, incurrió en una imprecisión, toda vez que debió referirse al párrafo final del numeral de mérito), en razón de que los agravios propuestos por el actor en el recurso de queja, se encontraban contemplados dentro de los supuestos de procedencia de ese recurso en los incisos a) y b), esto es, porque a entender del recurrente, la autoridad demandada incurrió en exceso y, por ende, había omitido dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, sin que se pretendiera combatir, a través de los agravios, aspectos respecto de los cuales la Sala hubiera dejado plenitud de jurisdicción a la demandada, bajo ese contexto, la Sala procedió al análisis de sus agravios por resultar su examen procedente y los declaró infundados (reverso de la foja 71 y anverso de la foja 72 del juicio de amparo). También, sostuvo la Juez del conocimiento que la Sala al emitir la sentencia anulatoria no dejó libertad de jurisdicción a la autoridad demandada para que en plenitud de sus facultades emitiera una nueva resolución, sino que la constriñó a emitir una nueva resolución pero sólo por lo que hacía a las infracciones detectadas por la Sala, lo cual evidencia que efectivamente se decretó una nulidad para efectos, cuyo cumplimiento únicamente podía ser puesto en tela de juicio, a través del referido recurso de queja, como aconteció en la especie y no por medio de diverso juicio contencioso, de modo que al declararse infundado dicho medio de impugnación la Sala no se encontraba obligada a instruirlo como juicio, en tanto que no se trataba de un nuevo acto como lo plantea el ocursante, sino que se emitió en cumplimiento de una sentencia anulatoria en la que se le dieron las directrices para acatarla, de ahí lo infundado del motivo de disenso."
La anterior determinación se reflejó en la tesis I.7o.A.630 A, visible en la página un mil ciento nueve, Tomo XXIX, correspondiente al mes de mayo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE INSTRUIRLA COMO JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO DICHO RECURSO SEA IMPROCEDENTE, PERO NO CUANDO RESULTE INFUNDADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establece en su fracción I, diversos supuestos específicos de procedencia del recurso de queja, relativos, principalmente, al cumplimiento de las sentencias de nulidad, lo que denota que no podrán plantearse a través de ese medio de defensa cuestiones diversas a las contenidas en dicha porción normativa. Ahora bien, el último párrafo del referido precepto señala que cuando la Sala o Sección del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considere que ese medio de impugnación es improcedente, se encuentra obligada a instruirlo como juicio contencioso administrativo, lo que podría suceder, por ejemplo, en el caso de que al analizar el aludido recurso estime, contrariamente a la apreciación del actor, que la autoridad administrativa al dar cumplimiento a la sentencia de nulidad no incurrió en exceso, defecto o repetición del acto, sino que emitió uno nuevo que no se constriñó a la resolución anulatoria, porque no actuar de la manera descrita dejaría al particular en estado de indefensión, dado que tal disposición obedece a la intención del legislador de garantizar que aquél tenga a su alcance un medio de defensa para controvertir la nueva determinación. No obstante lo anterior, el imperativo señalado no puede llegar al extremo de que las Salas del indicado tribunal deban proceder en la forma señalada cuando el recurso de queja resulte infundado, pues para llegar a esta conclusión es indispensable analizar los agravios del inconforme, lo que implicaría estudiar a través de dos medios de impugnación -queja y juicio contencioso administrativo- el cumplimiento dado por las autoridades demandadas a la sentencia, en virtud de que son diversas hipótesis por las que procede uno y otro."
CUARTO. Procede ahora determinar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada.
De las consideraciones transcritas en el considerando que antecede se advierte que sí existe contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados participantes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, a saber, si en términos del artículo 239-B, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, procede instruir como juicio una queja que ha sido declarada infundada.
Ahora bien, no obstante que analizaron una misma situación jurídica, adoptaron soluciones contrarias, pues el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, concluyó que el legislador utilizó el adjetivo improcedente para referirse a aquella queja que no ha resultado eficaz, es decir, a aquella que se declaró infundada por no haber prosperado los argumentos que se hicieron valer en ella, mas no quiso aludir con tal adjetivo a aquellas quejas cuya procedencia no está prevista en los incisos a), b) y c) de la fracción I del artículo antes referido; en cambio el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó lo contrario, esto es, que el legislador estableció que las quejas declaradas improcedentes arrojan a las Salas la carga de instruirlas como juicio contencioso, pero tal circunstancia no da lugar a interpretar que también encuadran dentro de ese supuesto las quejas calificadas como infundadas, en razón de que las causas por las que el recurso de queja resulta improcedente difieren de aquellas por las que resulta infundado, pues para determinar si es improcedente hay que analizar los supuestos por los que procede ese medio de impugnación, en cambio para arribar a la conclusión de que resulta infundado o fundado el recurso, es indispensable analizar los agravios que a la postre proponga el inconforme.
En esas condiciones, el punto de derecho a resolver en la presente contradicción de tesis es el siguiente:
• Si en términos del artículo 239-B, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, procede instruir como juicio una queja que ha sido declarada infundada.
Ahora bien, conviene precisar que los asuntos analizados por los Tribunales Colegiados tiene diversos antecedentes, pues el resuelto por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se originó de una queja promovida ante la autoridad responsable y ésta declaró infundados unos argumentos al considerar que no se repitió la resolución anulada y que era inoperante un diverso argumento en el sentido de que lo que cuestionaba era materia de otro juicio de nulidad (circunstancia que originó que la Juez de Distrito concediera la protección constitucional ante la obligación de dicha responsable de instaurar el asunto como un nuevo juicio de nulidad, lo que a la postre fue confirmado por el Tribunal Colegiado). Por el contrario, el asunto analizado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito partió de la base que la totalidad de los argumentos fueron declarados infundados, es decir, que no le asistía razón al recurrente en su petición de que existía un defecto en el cumplimiento, sin que declarara inoperante algún agravio por considerarse que era materia de un diverso juicio de nulidad.
Lo expresado en el párrafo anterior no es obstáculo a la existencia de la contradicción de tesis, pues el hecho de que tuvieran un origen diferente en los aspectos accesorios o secundarios no resulta relevante en este asunto, en la medida que los Tribunales Colegiados participantes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica y, pese a ello, arribaron a conclusiones diversas, ya que lo que uno afirmó fue contradicho por el otro.
Al caso resulta aplicable la tesis número P. XLVII/2009, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y siete, Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Así también, no es obstáculo a la conclusión de que sí existe contradicción de tesis, el hecho de que el artículo 239-B, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no se encuentre vigente; lo anterior en razón de que es cierto que el único sentido de este asunto es fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentan las tesis opuestas, ello en términos del artículo 197-A, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso la definición del criterio jurídico es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de un artículo derogado, pueden encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por él, deben resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción.
Al anterior criterio resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterio que también comparte esta Segunda Sala, visible en la página veintitrés, Tomo XVIII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."
QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones siguientes.
El artículo 239 Ter, fracción I y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, establecía la procedencia del recurso de queja en los términos siguientes:
"Artículo 239 Ter. En los casos de incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala regional que instruyó en primera instancia el juicio en que se dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas:
"I. Procederá contra la indebida repetición de un acto o resolución anulada; así como cuando en el acto o resolución emitido para cumplimentar una sentencia, se incurra en exceso o defecto en su cumplimiento. No procederá respecto de actos negativos de la autoridad administrativa.
"...
"A quien promueva una queja frívola e improcedente se le impondrá una multa hasta de noventa veces el salario mínimo general diar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21985-7136bc6b/queja-prevista-en-el-articulo-239-b-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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