SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DERECHOS PARCELARIOS. LA OMISIÓN DE SEÑALAR EL ORDEN DE PREFERENCIA DE LOS HEREDEROS DESIGNADOS, NO PRODUCE LA NULIDAD DE LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA RESPECTIVA (APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY AGRARIA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 251/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa (agraria), en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Cuadragésimo Distrito, autoridad responsable en uno de los asuntos que originó la presente contradicción de tesis, a saber, el juicio de amparo directo 84/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en el amparo directo 84/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en lo conducente, se transcriben:
"SEXTO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el segundo de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa.
"En el precitado concepto de violación, los solicitantes del amparo sostienen que la sentencia reclamada les causa perjuicio porque en ella se declaró procedente la excepción que los demandados en lo principal hicieron consistir en ‘la falta de eficacia jurídica del testamento exhibido por los actores en lo principal, por ser una resultante de actos que contravienen la Ley Agraria vigente’; pues, en criterio de los aludidos solicitantes del amparo, al pronunciarse en ese sentido el tribunal responsable, pasó por alto que en el caso justiciable, la lista de sucesores registrada por la autora de la herencia en el Registro Agrario Nacional, dejó de tener efectos desde el momento en que, con posterioridad al registro de la comentada lista, aquélla otorgó testamento público abierto el seis de febrero de dos mil cuatro, bajo el instrumento público ********** ante el notario público número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz.
"En efecto, como se expresó líneas antes, es fundado el concepto de violación que antecede, empero, antes de expresar el porqué de esa consideración, es oportuno realizar la siguiente relación de antecedentes.
"1. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable el ocho de febrero de dos mil ocho, **********, promovieron juicio sucesorio a bienes de su extinta progenitora ********** quien fuera ejidataria del Ejido ‘**********’ del Municipio de **********, Veracruz, según el certificado de derechos parcelarios **********, relativo a la parcela ********** con una superficie de **********.
"2. Los nombrados denunciantes de la sucesión, en el hecho identificado con el arábigo cinco de su escrito inicial, manifestaron que al morir la de cujus, solicitaron al Registro Agrario Nacional, una constancia de derechos parcelarios y, en respuesta, les fue expedida la de fecha veinticuatro de agosto de dos mil siete, en donde se plasmó: ‘Nota. Existe testamento público abierto de fecha 06/02/2004, ante notario público número **********, **********, en la ciudad de Veracruz, Veracruz bajo el número de instrumento **********.’
"3. Entre sus pruebas, los aludidos denunciantes, ofrecieron las partidas de defunción de sus progenitores; sus actas de nacimiento; la precitada constancia de derechos parcelarios expedida por el Registro Agrario Nacional (a la que se hizo referencia en el arábigo que antecede); el certificado parcelario expedido a nombre de la de cujus, al que también se hizo referencia en líneas anteriores; y la copia simple del testamento otorgado por la autora de la sucesión, el seis de febrero de dos mil cuatro, ante la fe del notario público Número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz, contenido en el instrumento público **********.
"4. El ocho de febrero de dos mil ocho, se dio curso a la denuncia formulada por los nombrados hijos de la de cujus y se ordenó, por una parte, fijar en los estrados del tribunal responsable, copia del auto admisorio y, por la otra, hacer llegar ese proveído al comisariado ejidal del poblado en cuestión, para que lo publicara en la Sala ejidal; del mismo modo, se fijó en ese auto inicial, el día y la hora para que tuviera lugar la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria.
"5. Mediante ocurso presentado ante la autoridad responsable, el nueve de abril de dos mil ocho, **********, dieron contestación a la demanda interpuesta por sus hermanos cuyos nombres han quedado sentados líneas antes, oponiendo las excepciones de ‘falta de eficacia jurídica del testamento exhibido por los actores por ser una resultante de actos que contravienen la Ley Agraria vigente’ y la de ‘falta de acción y de derecho, para demandar’, ofreciendo pruebas de su parte a fin de acreditar dichas excepciones. Asimismo, reconvinieron a los denunciantes, entre otras cosas, la declaración mediante sentencia firme, de que ********** tiene mejor derecho para suceder los derechos parcelarios que pertenecieron a la de cujus, como ejidataria del poblado precisado con antelación.
"6. La indicada reconvención, se basó, esencialmente, en los hechos identificados con los arábigos tres y cuatro del escrito que la contiene, en donde los reconvencionistas sostuvieron que el testamento en que basaban sus pretensiones los denunciantes de la sucesión a bienes de la extinta **********, carecía de eficacia jurídica por haberse otorgado en contravención a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria; preceptos estos últimos que regulan claramente la forma en que se puede llevar a cabo la designación de sucesores de derechos agrarios; significando que, desde su perspectiva, la designación realizada por la autora de la herencia, transgredía los precitados artículos, entre otras razones, por designar como herederos a sus doce hijos; lo anterior aunado a que existía una lista de sucesores registrada ante el Registro Agrario Nacional, en donde se plasmó la voluntad de la de cujus de designar como tales a ********** de apellidos **********.
"7. Entre otras pruebas, los señalados reconvencionistas exhibieron la copia simple de la constancia de derechos parcelarios de fecha doce de julio de dos mil siete, en la que aparecen como sucesores, respectivamente, ********** de apellidos **********.
"8. Al contestar la reconvención, **********, por su propio derecho y como representante común de sus hermanos ********** de iguales apellidos, entre otras pruebas, ofreció el oficio **********, de diecisiete de junio de dos mil ocho, signado por el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, en donde se expresó que **********, el uno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, había designado como sus sucesores a **********, empero, que esa designación había perdido validez al existir el testamento público abierto de seis de febrero de dos mil cuatro, contenido en el instrumento **********, otorgado ante la fe del notario público Número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz.
"9. Celebrada la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, el tribunal responsable dictó sentencia en la cual, al analizar la acción principal, declaró fundada la excepción de ineficacia jurídica del testamento público abierto de seis de febrero de dos mil cuatro, otorgado por la de cujus ante el fedatario público anteriormente señalado, en el cual había señalado como herederos de su parcela ejidal, a sus doce hijos cuyos nombres han sido citados con anterioridad; basando esa decisión, en los siguientes dos aspectos torales: a) Que la forma en que debe transmitirse el patrimonio ejidal, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, se reduce a la elaboración de una lista de sucesores, en la cual consten los nombres de las personas y el orden de preferencia; y, b) Que al designar como herederos de la parcela en cuestión, a sus doce hijos, atentó en contra del principio de indivisibilidad de la parcela, tutelado por el artículo 27 constitucional.
"10. Contra la anterior decisión del Tribunal Unitario Agrario, es que la parte quejosa promovió el juicio de garantías que ahora se resuelve.
"Ahora bien, es oportuno destacar el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, los que respectivamente dicen: (resulta innecesaria su transcripción).
"En ese contexto, este tribunal advierte que, efectivamente, como consta en la copia simple de la constancia de derechos parcelarios expedida el doce de julio de dos mil siete, por el registrador integral del Registro Agrario Nacional respecto del certificado **********; el cual es visible a fojas cincuenta y uno del juicio agrario del caso, la extinta ********** designó como sus sucesores a sus hijos **********; no obstante, también se aprecian en dicho juicio agrario, los siguientes documentos: la constancia de derechos parcelarios expedida el veinticuatro de agosto de dos mil siete, por el registrador integral del Registro Agrario Nacional, respecto del certificado **********, en el cual se asentó que la nombrada de cujus, había designado sucesores en el testamento público abierto de seis de febrero de dos mil cuatro, contenido en el instrumento público **********, otorgado ante el notario público número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz (documento que es visible a foja siete del juicio agrario de que se trata); también corre agregado en el juicio de mérito, el testamento al que tantas veces se ha venido haciendo mención, mismo que es visible a fojas de la diez a la doce del comentado expediente; en cuya cláusula cuarta, se aprecia que la extinta **********, manifestó que era su voluntad designar como únicos y universales herederos en mancomún, proindiviso y a partes iguales, a sus doce hijos antes nombrados, de todos los bienes muebles, inmuebles, dinero, alhajas, cuentas de inversión, cuentas bancarias y demás que aparecieran como suyas al tiempo de su muerte, entre los cuales se encontraba la parcela ********** ubicada en el poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, con superficie de **********; a foja setenta y uno del citado juicio agrario del caso, aparece el oficio **********, de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, suscrito por el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, en el que informó al tribunal responsable, que **********, el uno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, había designado como sus sucesores a **********, pero, que esa designación había perdido validez al existir el testamento público abierto de seis de febrero de dos mil cuatro, contenido en el instrumento **********, pasado ante la fe del notario público Número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz; y la diversa constancia de derechos parcelarios expedida el diecisiete de junio de dos mil ocho, por el registrador integral del Registro Agrario Nacional, respecto del certificado **********, en donde se hizo constar que **********, había realizado designación de sucesores, en el testamento público abierto de seis de febrero de dos mil cuatro, contenido en el instrumento **********, otorgado ante el notario público número ********** de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz; documento este último que corre agregado a foja setenta y dos.
"Así las cosas, es claro que asiste razón a la parte quejosa cuando sostiene que la sentencia reclamada les causa perjuicio al haber declarado procedente la excepción que los demandados en lo principal hicieron consistir en la ‘falta de eficacia jurídica del testamento exhibido por los actores en lo principal, por ser una resultante de actos que contravienen la Ley Agraria vigente’; pues el alcance que tuvo el testamento público abierto que la autora de la sucesión otorgó en el instrumento público **********, ante el notario público número **********, de la demarcación notarial de Veracruz, Veracruz, el seis de febrero de dos mil cuatro, es que se expresó la voluntad de que la lista de sucesores depositada por la referida de cujus ante el Registro Agrario Nacional ya no surtiera efectos, ello con independencia de su validez, es decir, la intención de la extinta ********** fue dejar sin efectos la primera designación, consideración esta última que encuentra apoyo en la parte final del artículo 17 de la Ley Agraria, el cual establece la posibilidad de que la lista de sucesores pueda depositarse en el Registro Agrario Nacional, o bien, ser formalizada ante fedatario público, como ocurrió en el caso justiciable; aunado a que ese mismo precepto, señala que la lista de sucesores puede ser modificada por el propio ejidatario, apegándose a la precitada formalidad de depositarla ante la indicada institución registral o, en su caso, formalizándola ante fedatario público; especificando dicho numeral que, para el caso de ser modificada esa lista, será válida la de fecha posterior.
"Luego, si originalmente la de cujus elaboró la lista de sucesores, designando como tales a ********** (como se aprecia en la constancia visible a foja cincuenta y uno del juicio agrario del caso), empero, posteriormente, en apego al ya citado artículo 17 de la Ley Agraria, compareció ante notario público para modificar su original voluntad, decidiendo designar como herederos en mancomún, proindiviso y a partes iguales, a sus doce hijos ya nombrados, respecto de todos los bienes muebles, inmuebles, dinero, alhajas, cuentas de inversión, cuentas bancarias y demás que aparecieran como suyas al tiempo de su muerte, entre los cuales se encontraba la parcela ********** ubicada en el poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, con superficie de **********, es inconcuso que esa designación debe estimarse válida, por disponerlo así en forma expresa el artículo últimamente señalado, es decir, por ser legalmente posible que la designación de herederos se haga mediante la lista que se deposite ante el Registro Agrario Nacional, o bien, que se formalice ante fedatario público.
"Sin que sea obstáculo para concluir en ese sentido, el diverso argumento del tribunal responsable en cuanto a que el hecho de que la de cujus haya designado como herederos de su parcela a sus doce hijos, atentaba contra el principio de indivisibilidad de la parcela y ello conducía a hacer ineficaz el testamento en cita, pues, en todo caso, el remedio para esa situación deriva del último párrafo del artículo 18 del ordenamiento jurídico en consulta, el cual señala que para el caso de que al momento en que fallezca el ejidatario, resulten dos o más personas con derecho a heredar (como acontece en la especie), los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte de aquél, para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales y, para el caso de que no se pongan de acuerdo, el tribunal agrario deberá proveer la venta de esos derechos ejidales en subasta pública para repartir el producto en partes iguales, entre las personas con derecho a heredar y, en caso de igualdad de posturas en la subasta, tendrá preferencia cualquiera de los herederos; de ahí que, en el presente asunto, ante la designación de herederos llevada a cabo por la autora de la sucesión, lo legalmente procedente era seguir el lineamiento indicado por el último párrafo del invocado artículo 18 de la Ley Agraria, esto es, debió determinarse que los referidos herederos gozaban del término de tres meses a partir de la muerte de su testador para decidir quién, de entre ellos, conservaría los derechos ejidales y, que para el caso de no ponerse de acuerdo, el tribunal responsable procedería a su venta en subasta pública a fin de repartir el producto que por ésta se obtuviera en partes iguales. Por su sentido y en lo conducente, resulta aplicable al caso la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página mil trescientos sesenta y siete, Tomo XV, abril de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO EN MATERIA AGRARIA. EL HECHO DE QUE EL EJIDATARIO FRACCIONE O DIVIDA SU UNIDAD DE DOTACIÓN, ENTRE DOS O MÁS SUCESORES DESIGNADOS, NO ORIGINA LA NULIDAD DE AQUÉL.’ (resulta innecesario transcribir su texto).
"De lo hasta aquí expuesto se colige que lo decidido por el tribunal responsable en cuanto a estimar procedente la excepción que los demandados en lo principal hicieron consistir en la ‘falta de eficacia jurídica del testamento exhibido por los actores en lo principal, por ser una resultante de actos que contravienen la Ley Agraria vigente’, le provocó a la parte quejosa el consecuente perjuicio que ahora debe reparársele mediante la concesión del amparo que solicitan, para los siguientes efectos:
"1) Para que el tribunal agrario deje insubsistente la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, en los autos del juicio agrario del caso;
"2) Prescindiendo de las dos razones que, a su parecer, provocaron la ineficacia del testamento otorgado por la de cujus (es decir, la relativa a que el testamento público abierto no reúne los requisitos que la Ley Agraria prevé para transmitir los derechos sucesorios agrarios y la inherente a que la designación de varios herederos vulnera el principio de indivisibilidad de la parcela) dicte nuevamente la sentencia que con arreglo a la ley y siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria resuelva las pretensiones de las partes.
"En las relatadas circunstancias, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, pues en nada variaría el sentido del presente fallo; siendo aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con la cual coincide este cuerpo colegiado, visible en la página ochenta y seis del Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (resulta innecesario transcribir su texto)."
Por otra parte, las consideraciones que sustentan la sentencia dictada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito), en el amparo directo 123/2001, en lo conducente, se transcriben:
"SEXTO. Los conceptos de violación que en el caso se hacen valer, resultan, en su unidad, sustancialmente fundados y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal que se insta, como a continuación se verá.
"Los mismos se atenderán de conformidad con el principio de que no es necesario que reúnan formalidades rígidas y solemnes, pues la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en conjunto; por lo que es dable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aun cuando no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir; ello, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia número 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto subsecuentes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (resulta innecesario transcribir su texto).
"En ellos aduce la gestionante de amparo, medularmente, que la resolución que constituye el acto ahora reclamado, transgrede en su perjuicio y en el de sus representados, el contenido de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el tribunal responsable indebidamente estimó acreditada la acción de nulidad de testamento público abierto, deducida en lo principal por la aquí tercero perjudicada **********, e improcedente la reconvención por ella incoada, relativa a la preferencia que, en su concepto, le asiste para heredar los derechos parcelarios de la finada madre de ambas que en vida respondió al nombre de **********, para lo cual, arguye, no hizo una valoración de las pruebas aportadas a juicio a verdad sabida, como lo ordena el artículo 189 de la Ley Agraria, cuando que, desde su óptica, debe respetarse la última voluntad de su extinta progenitora manifestada en el testamento controvertido, donde la instituyó ‘... como sucesor preferente ...’, el que, añade, se elaboró ante notario ‘con la intención de que fuera lo más válido y legal posible ...’; además, apunta, que si bien es verdad que **********, actual tercero perjudicada, figura como sucesor preferente en el registro de lista de sucesión, de diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, también lo es que ‘... la última voluntad de la autora de la sucesión fue destituirla y en su lugar instituir a ********** como sucesora preferente de los multicitados derechos ...’, mediante la confesión de la disposición testamentaria tildada de nula; pretendiendo, en esta tesitura, se le concede el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que se le restituya en el uso y goce de las garantías individuales que, afirma, en el caso resultan transgredidas.
"Asiste razón a la quejosa en los conceptos de violación que, en síntesis, han quedado enunciados; empero, antes de darles respuesta, en la medida planteada, y para mejor comprensión del asunto, este Tribunal Colegiado Federal estima de trascendencia, dado el sentido que se otorgará a la presente ejecutoria, efectuar las siguientes precisiones:
"Inicialmente, oportuno es mencionar que, lo no previsto en la Ley Agraria, en materia sustantiva, será dilucidado mediante la aplicación supletoria a ésta, del Código Civil Federal, tal como se desprende del contenido del numeral 2o. del primero de los ordenamientos legales en cita, que textualmente dispone: (resulta innecesaria su transcripción).
"Dicho lo anterior, y tomando en consideración que la acción principal deducida en el controvertido de origen, versa sobre la nulidad del testamento público abierto, otorgado por quien en vida respondió al nombre de **********, consignado en la escritura pública **********, de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante la fe de **********, notario público ********** adscrito a la Notaría Pública Número ********** de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Nayarit, con residencia en la ciudad de Tuxpan, se hace imprescindible referir a la forma en cómo la institución de la sucesión se encuentra reglamentada en el Código Civil Federal.
"Así pues, entre otros dispositivos legales, y en lo que interesa, debe hacerse mención a los que a continuación se transcriben: (resulta innecesaria su transcripción).
"Aquí, es de significarse que, respecto de la institución cuestionada, Rafael Rojina Villegas, en su obra intitulada: ‘Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones’, tomo II, Editorial Porrúa, trigesimoprimera edición, páginas doscientos ochenta y siete, doscientos ochenta y nueve, doscientos noventa y dos, trescientos cincuenta y tres, trescientos sesenta y nueve, y de la trescientos ochenta y cinco a la trescientos noventa, desarrolla los contenidos que se enuncian:
"1. Que el autor de la herencia desempeña un papel activo como testador al dictar sus disposiciones de última voluntad, asumiendo, en ese sentido, la función de un legislador respecto de su patrimonio, y que salvo los casos de interés público en los que la ley declara la nulidad de las disposiciones o condiciones testamentarias, se puede afirmar que la voluntad del testador es la suprema ley en la sucesión testamentaria;
"2. Que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, a sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma; definición de la que el tratadista en consulta, deduce los elementos subsecuentes:
"El testamento es un acto jurídico unilateral, puesto que, si bien, el Código Civil Federal lo define como un ‘acto’, aunque no dice que sea ‘jurídico’ y ‘unilateral’, naturalmente, participa de tales características, porque es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho y, porque sólo interviene una manifestación de voluntad; así, proporciona la definición de acto jurídico que se inserta: ‘Manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando la norma jurídica ampare esa manifestación de voluntad’; y de ésta, derivan los matices siguientes: a) Una manifestación de voluntad, caracterizada como un acto volitivo; b) La intención de producir consecuencias de derecho; c) Que la norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad; y, d) Que tenga un objeto, o sea, producir consecuencias de derecho.
"Es un acto personalísimo, revocable y libre. Lo primero, en virtud de que no puede desempeñarse por conducto de representante, antes bien, debe ser ejecutado directamente por el interesado; esto es, el testador en persona es quien debe manifestar su voluntad, instituyendo herederos y legatarios, asignando cantidades y distribuyendo bienes, por lo que no puede encomendar a un tercero dichas facultades; lo segundo, en función de que, en cualquier momento puede variar su voluntad plasmada en el testamento, sin que sea posible que el testador celebre pacto o convenio por el cual renuncia a la facultad que tiene de revocar el acto de referencia, pues tal pacto no sólo cuando implica renuncia, sino restricción o modificación, es inexistente por imposibilidad jurídica; y lo tercero, toda vez que no puede el testador obligarse por contrato o convenio a no testar, o a hacerlo bajo ciertas condiciones, o bien, a trasmitir por testamento sólo parte de sus bienes y reservar otra para sus herederos legítimos.
"Deber ser ejecutado por persona capaz.
"Tiene por objeto la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte o la declaración y cumplimiento de deberes.
"3. Que el testamento como supuesto jurídico del derecho hereditario, es de fundamental importancia para la sucesión que se opera por voluntad del de cujus y, en esa medida, su papel queda limitado sólo a la sucesión testamentaria y debe combinarse con la muerte del testador para que produzca sus consecuencias jurídicas;
"4. Que en la sucesión testamentaria, el testador sí es un sujeto del derecho hereditario cuya conducta jurídica se encuentra regulada no sólo para dictar válidamente su testamento, sino también para definir hasta dónde alcanza el poder de su voluntad, por reconocimiento de la norma, y en qué aspectos debe subordinarse a disposiciones prohibitivas o imperativas que lo obligan a disponer en cierta forma de sus bienes;
"5. Que la muerte del autor de la herencia es el supuesto principal y básico del derecho hereditario, y a él se refieren múltiples consecuencias que, además, se retrotraen a la citada fecha, aun cuando se realicen con posterioridad, de ahí que, tal acontecimiento determina la apertura de la herencia y opera la transmisión de la propiedad y posesión de los bienes a los herederos y legatarios;
"6. Que los requisitos para que pueda existir una transmisión hereditaria, son de diversa índole, unos, relativos a las condiciones de existencia y validez del testamento, cuando se trata de una sucesión testamentaria y, otros, concernientes a la capacidad del heredero o legatario; por tanto, para que una herencia se transmita es menester, si existe testamento, que este acto jurídico reúna todos los requisitos tanto de existencia como de validez y, además, que haya capacidad en el heredero y legatario para recibir la herencia; y,
"7. Que los elementos esenciales del testamento, son, a saber: a) Manifestación de voluntad, misma que debe hacerse por el testador en forma clara y expresa, es decir, no se aceptan manifestaciones tácitas que se pretenda deducir de hechos, ni tampoco mediante señas o monosílabos contestando a las preguntas que se le hagan, cuando se encuentre imposibilitado para declarar claramente su voluntad; y, b) Objeto, puede consistir en la institución de herederos y legatarios o en la declaración y cumplimiento de ciertos deberes o ejecución de determinados actos jurídicos; por consiguiente, el testamento tiene un objeto variado, diverso y, en esta medida, no es menester que se reúnan estos distintos aspectos del objeto en el testamento, bastando con que exista alguno de ellos para que exista.
"Además de los acotamientos que preceden, debe puntualizarse que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21862-dd1efc6d/sucesion-testamentaria-de-derechos-parcelarios-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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