COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, CUANDO SE RECLAMA COMO HETEROAPLICATIVA CON MOTIVO DEL REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL OBTENIDO POR INTERNET. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DEL QUEJOSO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES DE DISTRITO QUE INTERVINIERON EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SUSTENTARON LOS CRITERIOS EN OPOSICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. En el presente caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, quien participó con ese carácter en los conflictos competenciales de los que emana la presente contradicción, por lo que debe determinarse si tiene legitimación para formular dicha denuncia.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Del precepto transcrito se desprende, para lo que al caso importa, que están legitimadas para denunciar la contradicción de tesis respectiva, entre otros sujetos, las partes que intervinieron en los juicios de amparo en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
Ahora bien, el artículo 5o. de la misma Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de garantías el agraviado o agraviados, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros perjudicados y el Ministerio Público Federal. De acuerdo con esto, una interpretación literal del referido artículo 197-A, en la parte que interesa, llevaría a concluir que además de los servidores públicos que se especifican también las partes en el juicio de amparo tendrían legitimación para denunciar una contradicción de tesis.
En relación con ese precepto, esta Segunda Sala ha estimado que no debe hacerse una interpretación y aplicación literal de él para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provengan de los mencionados juicios, porque si el sistema de denuncia de contradicción de tesis tiene por objeto que el Alto Tribunal, a través de la sustentación de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto de él los mencionados tribunales actúen como órganos terminales, debe estimarse procedente la derivada de criterios opuestos sustentados al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer los Tribunales Colegiados, ya que de lo contrario no se cumpliría con el propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia. Lo anterior se sostuvo así en la siguiente jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. Del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prevé que la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, sus Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de garantías, se regirá por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo disposición expresa en otro sentido, se advierte que se refiere al Máximo Tribunal y a los indicados tribunales cuando son órganos competentes para sustentar jurisprudencia, lo que podrán hacer no únicamente en juicios de amparo, sino en cualquier asunto del que deban conocer, aplicando en éstos la ley indicada. En ese tenor, si bien es cierto que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia, también lo es que no debe hacerse una interpretación y aplicación literal de esas normas para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provengan de los mencionados juicios, porque si el sistema de denuncia de contradicción de tesis tiene por objeto que el Alto Tribunal, a través de la sustentación de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto de él los mencionados tribunales actúen como órganos terminales, debe estimarse procedente la derivada de criterios opuestos sustentados al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer, ya que de lo contrario no se cumpliría con el propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009, tesis 2a./J. 190/2008, página 607).
Con fundamento en la jurisprudencia anterior, debe hacerse una interpretación extensiva del artículo 197-A para concluir que también están legitimados para denunciar la contradicción de criterios los Jueces de Distrito que hubieran sido contendientes en un conflicto competencial, en razón de que guardan una situación análoga a la de las partes en los juicios de amparo en dichos conflictos y debido también a la naturaleza de éstos.
En efecto, los conflictos de competencia son los que surgen entre dos o más órganos jurisdiccionales, respecto de cuál de ellos debe conocer determinado proceso. En un conflicto competencial los tribunales o juzgados respectivos, sea cual fuere su naturaleza o grado, al negarse a conocer de un asunto, o bien, al insistir en conocerlo, enfrentan dos criterios jurídicos opuestos; por ello, dichos órganos jurisdiccionales tienen una situación similar en esos conflictos, a la de las partes en un juicio de amparo.
Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las cuestiones de competencia son de interés general y, por tanto, se rigen por el derecho público, que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los ciudadanos y con los demás Estados, y que en tales cuestiones el interés de las partes que figuren en la controversia judicial respectiva, queda relegado a segundo término, o mejor dicho, desaparece totalmente en cuanto a los efectos de la cuestión competencial que se haya suscitado, tal como se advierte de las tesis siguientes:
"COMPETENCIA, NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS DE. El artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que ordena que si las partes en el juicio estuvieren conformes con el proveído que acepte la inhibición del Juez requerido, éste remitirá los autos al tribunal requeriente y que, en cualquier otro caso, deberá enviarlos a la Suprema Corte de Justicia, no debe interpretarse en el sentido de que la inconformidad de una de las partes mantiene viva la controversia competencial, la que deberá ser resuelta por la Suprema Corte, en virtud de que no existe precepto legal que proscriba los recursos ordinarios en los casos de competencia positiva, puesto que tal restricción sólo se opera para las competencias negativas. Las cuestiones de competencia son de interés general y, por tanto, se rigen por el derecho público, que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los ciudadanos y con los demás Estados. Las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investidas, y la Suprema Corte de Justicia sólo puede ejercer la facultad decisoria que le otorga el artículo 106 de la Constitución General de la República con relación al punto concreto jurisdiccional de derecho público que le sometan las dos jurisdicciones que controviertan, para conocer de determinado juicio. En consecuencia, si en el caso el Juez requerido se manifestó conforme con la inhibitoria que le fue propuesta, la Suprema Corte debe declarar inexistente el conflicto competencial." (Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXV. Página 765).
"COMPETENCIA POR INHIBITORIA, NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS DE. Cuando ha surgido un conflicto competencial entre dos Jueces de diversos fueros (federal y del orden común), con motivo de la inhibitoria hecha valer por parte interesada dentro de diligencias de jurisdicción voluntaria que se hayan promovido ante ambas autoridades judiciales, y el Juez requerido acepta de plano la incompetencia que se le propone, en tal momento deja de existir dicho conflicto y, por consiguiente, no se está en el caso de que las autoridades que contendieron, remitan los autos de que respectivamente conozcan a la Suprema Corte, pues si la contraparte no está conforme con la determinación relativa, puede hacer uso de los medios de impugnación que la ley establezca, para que el superior jerárquico del Juez requerido y aceptante de la inhibitoria, revise su actuación y resuelva lo que legalmente procede, y sólo en caso de que se revoque la interlocutoria que hubiera dictado en tal sentido, podrá volver a renacer la controversia competencial, pues de no ser así, la parte interesada podrá recurrir en la vía de amparo la propia interlocutoria en defensa de sus intereses. El artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordena que si las partes en el juicio estuvieren conformes con el proveído que acepte la inhibición del Juez requerido, éste remitirá los autos al tribunal requeriente, y que en cualquier otro caso deberá enviarlos a la Suprema Corte de Justicia; lo que se ha interpretado en el sentido de que la inconformidad de una de las partes mantiene viva la controversia competencial, por lo que deberá ser resuelta por la Suprema Corte, pero esta interpretación no es jurídicamente aceptable, por que las cuestiones de competencia son de interés general, y por tanto, deben ser regidas por el derecho público, cuyo fin es el de reglamentar el orden general del Estado en sus relaciones con los ciudadanos y con los demás Estados. Las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de los atributos de jurisdicción e imperio de que están investidas, y la Suprema Corte de Justicia sólo puede ejercer la facultad decisoria que le otorga el artículo 106 de la Constitución General de la República, con relación al punto concreto jurisdiccional de derecho público, que le planteen las dos jurisdicciones que controviertan, para conocer de determinado asunto, de tal modo que el interés de las partes que figuren en la controversia judicial respectiva, queda relegado a segundo término, o mejor dicho, desaparece totalmente, en cuanto a los efectos de la cuestión competencial que se haya suscitado." (Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXV. Página 1032).
En resumen, si se toma en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que el artículo 197-A de la Ley de Amparo no debe interpretarse literalmente para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos, sino de manera extensiva a efecto de que el Alto Tribunal, a través de la sustentación de un criterio jurisprudencial supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, entonces debe hacerse una interpretación extensiva del precepto referido para concluir que en razón de que en los conflictos de competencia los Jueces de Distrito, en cuanto contendientes, guardan una situación análoga a la de las partes en los juicios de amparo, también están legitimados para denunciar la contradicción de criterios, máxime que las cuestiones de competencia son de interés general, lo que obliga a otorgar seguridad y certeza mediante la fijación de la jurisprudencia respectiva en ese tipo de conflictos.
Por tanto, no cabe sino concluir que la presente denuncia cumple con el requisito de legitimación, ya que la formuló el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, quien fue parte en los conflictos competenciales de donde emana la presente contradicción. Al respecto, esta Segunda Sala comparte la tesis 1a. CXXVIII/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 719, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES QUE INTERVINIERON COMO CONTENDIENTES EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES SE SUSTENTARON LOS CRITERIOS EN OPOSICIÓN. Del artículo 197-A de la Ley de Amparo se advierte que están legitimados para denunciar la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito: los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios hubieran sido sustentados. Así, si los criterios contendientes se sostuvieron al resolver diversos conflictos competenciales, resulta evidente que los Jueces que figuraron como contendientes en ellos están legitimados para denunciar la contradicción de tesis, al actualizarse el último de los supuestos previstos en el aludido precepto."
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2008, en sesión de seis de febrero de dos mil nueve, en lo que interesa, consideró lo siguiente:
"... CUARTO. Previamente a declararse la competencia a favor de un Juez de Distrito, es menester hacer las siguientes precisiones:
"En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 36 de la Ley de Amparo, precisando lo siguiente:
"a) Cuando conforme a las prescripciones de esa ley, sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado;
"b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; y,
"c) Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la misma regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.
"Las dos primeras reglas enunciadas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro.
"La tercera regla prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde resida la autoridad.
"Las notas diferenciales de las reglas de competencia establecidas por el artículo en cita, se analizaron en la tesis 3a. XLIX/93, del índice de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, bajo el rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." (se considera innecesario transcribir el texto).
"A continuación procede determinar si la ley fue reclamada como autoaplicativa o heteroaplicativa, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, resulta aplicable a fin de establecer la competencia respectiva; sin que ello implique que este Tribunal Colegiado deba determinar la naturaleza de la norma, ni pronunciarse acerca de la procedencia del juicio de amparo.
"En el apartado correspondiente a los antecedentes del asunto, la quejosa señaló en lo conducente, lo siguiente:
"‘Antecedentes del acto reclamado: 1. El suscrito quejoso encontrándome en mi domicilio, sito en circuito circunvalación poniente no. 4-B, ciudad Satélite, Naucalpan Estado de México, C. P. 53100, solicité vía correo electrónico (medios electrónicos) con fecha 14 de agosto del 2008 un documento denominado «reporte de crédito fiscal» mismo documento que como ya señalé recibí por vía electrónica al ingresar a la página www.burodecredito.com.mx, misma página que es el portal de la hoy señalada como tercera perjudicada. 2. Con esa misma fecha, la hoy señalada como tercera perjudicada, me hizo llegar vía correo electrónico, el aludido documento denominado «reporte de crédito especial», momento en el que me enteré (por medios electrónicos como ya se señaló) que diversas de (sic) instituciones de crédito y casas comerciales, sin mi autorización habían intercambiado información de mi historial crediticio con la tercera perjudicada "Trans Unión de México, S.A. de C.V." Sociedad de Información Crediticia (Buró de Crédito) sin mi consentimiento, violentando con ello mi derecho a la privacidad, derecho tutelado por el artículo 16 constitucional. 3. En la fecha indicada en el antecedente número uno del presente apartado, es que me entero con la emisión del reporte ya referido por parte de la hoy señalada como tercero perjudicada Sociedad de Información Crediticia denominada Buró de Crédito, que se basó para ello en una ley emitida por las autoridades señaladas como responsables para hacer pública y tener en sus registros información confidencial propia del suscrito. No obstante, debe quedar claro, que no estoy señalando que la tercera perjudicada es la que aplicó el acto de autoridad que por esta vía se combate, sino que, por el contrario, sólo se señala por el suscrito que tuve conocimiento del acto de aplicación de la ley mediante la emisión del reporte de crédito por parte de la tercero perjudicada, pero que, se reclama su primer acto de aplicación a las autoridades señaladas como responsables, ya que fueron ellas mediante el proceso legislativo las que al actualizarse el primer acto de aplicación invadieron y transgredieron mi esfera jurídica en concreto, mi derecho a la privacidad. Lo anterior es así, debido a que jamás he autorizado ninguna persona ni física ni moral ni a ninguna autoridad para que obre en su poder información confidencial del suscrito y menos aún, para que la haga pública o la comparta con terceros siendo menester reiterar, que dicha sociedad de información crediticia, lo hace bajo el amparo de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en su carácter de heteroaplicativo, misma ley que en este momento, se tilda de inconstitucional, por los motivos que se harán valer más adelante; señalando así mismo, que este (sic) fue la forma que me enteré del primer acto de aplicación ...’
"De lo anterior se pone de manifiesto que la quejosa reclamó la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, como heteroaplicativa, en virtud de la información crediticia realizada vía electrónica al ingresar a la página www.burodecredito.com.mx, el catorce de agosto de dos mil ocho.
"La situación anterior encuadra en la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando dispone, que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.
"Para corroborar la postura a la que se arriba es necesario puntualizar, en primer lugar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 141/2004-PS, precisó lo siguiente:
"‘... que el propósito del legislador al establecer las reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuadamente y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva.’
"Luego, si la quejosa adujo que conoció el acto de aplicación de la norma a través de una consulta crediticia realizada vía internet, es claro que su ejecución puede tener lugar en cualquier parte de la República Mexicana.
"En efecto, el internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas.
"Al respecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en su artículo 3o. establece las siguientes definiciones:
"‘Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
"‘...
"‘VIII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión, tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados o cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario;
"‘...
"‘X. Red pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos y terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal;
"‘XIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos; ...’
"De las anteriores definiciones puede constatarse que el internet es una red abierta, ejecutable en cualquier parte de la República Mexicana (incluso del mundo).
"Ahora bien, si la quejosa reclama la inconstitucionalidad de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, señalando que se le aplicó con motivo de una solicitud crediticia (a través de la institución denominada ‘Buró de Crédito’, vía internet), en el domicilio ubicado en ‘circuito circunvalación poniente no. 4-B, ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México C.P. 53100’, debe conocer el Juez de Distrito que previno, pues el primer acto de aplicación, se actualizó según lo refiere la quejosa, en el lugar en que se hizo la solicitud vía internet.
"En tal virtud, si en amparo indirecto se reclama como acto el consistente en la inconstitucionalidad de una ley, a través del primer acto de aplicación, y dicho acto, acorde a lo sostenido por el impetrante de garantías, comenzó a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, es de concluirse que el mencionado acto es de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de amparo lo es el Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno.
"En conclusión, si quien previno del juicio de garantías, fue el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México residente en Naucalpan de Juárez, corresponde a éste conocer del asunto, máxime si la consulta por internet se realizó en un domicilio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
"Cabe insistir, que este Tribunal Colegiado no se pronuncia respecto de si la ley reclamada de inconstitucional es de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, pues ello corresponde al Juez de Distrito competente."
B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 11/2008, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil nueve, en lo que interesa, consideró lo siguiente:
"... A fin de dilucidar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer de la demanda de garantías presentada por el quejoso Alanís Gómez Danny Fernando, en el que señaló como acto reclamado la promulgación, expedición discusión, aprobación, refrendo y publicación de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en lo general y respecto de sus artículos 5o., 6o., 12, 18, fracción I, 19, fracciones II, V, VI, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 38 y 42, debemos mencionar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se le (sic) presenten, mediante la aplicación del derecho.
"La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual presentan la ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no puede ejercer dominio en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente.
"Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio.
"Sobre tal base, es conveniente mencionar el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que nadie puede ser molestado sino por virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente.
"Esta distribución de competencia, no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial propiamente dicha y la de control constitucional.
"Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de:
"a) Competencia por territorio.
"b) Competencia por materia.
"c) Competencia por grado.
"d) Competencia concurrente.
"De la clasificación anterior que define la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio.
"La competencia territorial es la que se atribuye entre los diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales.
"A guisa de ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual, es delimitada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 57/2006.
"Al respecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo, establece textualmen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21656-dea57fd1/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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