VISITA DE VERIFICACIÓN. EL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 78 A 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, REALIZADO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES SUSCEPTIBLE DE CADUCAR, CONFORME AL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY PROCEDIMENTAL REFERIDA, DE NO CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que el tema sobre el que versa corresponde a la materia administrativa, cuya especialidad es de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que resolvió uno de los asuntos en el que se sustenta uno de los criterios en posible contraposición
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 438/2008-7418, con fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Antes de resolver el tercero y último de los agravios formulados por el recurrente, resulta conveniente hacer una relación de los antecedentes más importantes del presente asunto. Mediante oficio **********, de diecinueve de marzo del dos mil cuatro, el director general de Aeronáutica Civil de la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó la práctica de una visita de verificación técnico-administrativa con el objeto de inspeccionar la totalidad de las instalaciones de la parte quejosa, las condiciones de seguridad de la aviación civil, su infraestructura, inversiones y la calidad del servicio que presta (folio 74 del expediente). Dicha visita se realizó del uno al tres de abril del dos mil cuatro, en la que se levantó acta circunstanciada con la comparecencia del ingeniero **********, en representación de la empresa visitada (folio 74 del expediente). Por oficio número **********, de veintidós de noviembre de dos mil siete, el mencionado director de aeronáutica civil notificó a la quejosa el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio seguido en su contra, en atención a las irregularidades detectadas en la visita y asentadas en el acta respectiva (folios 74 a 92 del expediente). Mediante escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil siete en la Dirección General de Aeronáutica Civil de la citada secretaría, la quejosa solicitó a la autoridad administrativa declarara la caducidad del procedimiento, toda vez que, entre la realización de la visita de verificación y la iniciación del procedimiento de sanción, transcurrió en exceso el plazo previsto para dictar la resolución correspondiente a la visita (folios 93 a 107 del expediente). A tal petición recayó la resolución contenida en el oficio **********, de veintitrés de enero de dos mil ocho, en que el servidor público mencionado decidió que no era procedente declarar la caducidad del procedimiento (folios 108 a 117 del expediente). Inconforme con tal decisión, la quejosa interpuso recurso de revisión administrativa, cuya resolución constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa (folios 118 a 148 del expediente), a través de la cual la autoridad responsable mencionó, en los considerandos de dicha resolución, las razones por las cuales no se actualizaba la institución de la caducidad alegada por la quejosa, aunque finalmente, y de manera contradictoria, en el único punto resolutivo desechó el recurso por falta de interés jurídico de la promovente del amparo, argumentando para ello, precisamente, que no había operado la caducidad. Expuesto lo anterior, es necesario tener en cuenta las consideraciones en que se basó la a quo para conceder el amparo a la quejosa. En el último considerando de la sentencia recurrida, la Juez de Distrito consideró que la resolución reclamada no se encontraba debidamente fundada y motivada, pues aun cuando la autoridad citó los fundamentos y motivos que la condujeron a desechar el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, no existe una adecuación entre las razones expuestas y los preceptos legales citados. De la interpretación a los artículos 16, 17, 18, 57, 60, 62 a 70, 72, 74 y 82 de la Ley Federal de Procedimiento (sic) la a quo concluyó que en los procedimientos iniciados de oficio, como el de visita de verificación técnico-administrativa, la autoridad debe dictar, forzosamente, la resolución que corresponda en el plazo de tres meses. Estableció que de tales preceptos también se desprende que la autoridad debe declarar la caducidad del procedimiento en los casos en que transcurran treinta días contados a partir de que haya finalizado el plazo para dictar la resolución correspondiente al procedimiento de visita. Por tanto, la Juez sostuvo que era ilegal que la autoridad omitiera pronunciarse en una resolución acerca de los resultados obtenidos en el procedimiento de visita de verificación, ya que de otra forma no operaría la institución jurídica de la caducidad, pues se dejaría al arbitrio de la autoridad el momento en que debe emitir dicha resolución. Más adelante, la a quo aclaró que de los artículos analizados se advertía la existencia de dos procedimientos distintos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El primero, de verificación, establecido en los artículos 62 a 69 de la citada legislación, y el segundo, de sanción, previsto en los numerales 70 al 80 de tal ordenamiento. A partir de tal premisa, la Juez concluyó que antes de iniciar el segundo procedimiento, la responsable tuvo que haber emitido resolución en el primero; lo que no había acontecido en el caso concreto. Para corroborar tal aserto, la Juez mencionó que las visitas de verificación constituyen procedimientos seguidos en forma de juicio, pues tienen por finalidad comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y su realización debe respetar las formalidades previstas en las normas conducentes, razón por la cual deben finalizar con el dictado de una resolución. Como apoyo a su argumento, la juzgadora invocó la tesis I.13o.A.131 A, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. LA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 62 A 69 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 80 DE LA LEY DE AEROPUERTOS, CONSTITUYE UN PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO QUE DEBE CULMINAR CON EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN.’. Con base en las consideraciones precedentes, la a quo sostuvo que si la autoridad responsable omitió dictar resolución en el procedimiento de visita de verificación administrativa que se practicó a la quejosa, entonces, el acto reclamado, consistente en la resolución que desechó el recurso de revisión administrativa, y dejó firme la negativa a declarar la caducidad del procedimiento, se encontraba indebidamente fundado y motivado. Consecuentemente, a juicio de la Juez, el amparo debía ser otorgado para el efecto de que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución en la que determinara si fue correcto o no que no se hubiera decretado la caducidad del procedimiento administrativo, para lo cual, dijo, la autoridad no debía incurrir en las violaciones detectadas, sino que debía considerar lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 57, 60 y 82 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de que, de insistir en que no procede declarar la caducidad del procedimiento, tendría que motivar correctamente esa decisión para que la quejosa estuviera en posibilidad de objetarla con conocimiento de causa. De lo expuesto se advierte que en la sentencia recurrida la Juez sostuvo diversas conclusiones para conceder a la quejosa el amparo, entre ellas, y se destaca por el tema que más adelante habrá de tratarse, que la visita de verificación es un procedimiento seguido en forma de juicio que debe concluir, forzosamente, con una resolución en la que la autoridad administrativa se pronuncie respecto de lo observado en la visita; por ello, y aunque no lo mencionó expresamente, en su concepto, operó la caducidad del citado procedimiento, pues entre la realización de la visita de verificación (del uno al tres de abril del dos mil cuatro) y la iniciación del procedimiento administrativo de sanción (veintidós de noviembre de dos mil siete), transcurrió en exceso el plazo de tres meses previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para dictar la resolución respectiva, ya que ésta, finalmente, no se emitió. Para controvertir las consideraciones apuntadas, el recurrente sostiene, fundamentalmente, que es inexacto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo regule las visitas de verificación como un procedimiento administrativo autónomo y, por tanto, que deba emitirse una resolución en la que la autoridad administrativa se pronuncie sobre el resultado de la visita; de ahí que no sea aplicable al caso concreto el artículo 17, primer párrafo, de ese ordenamiento, que establece el plazo genérico de tres meses para que las autoridades emitan una resolución, ni mucho menos el diverso 60, último párrafo, que prescribe que los procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Por otro lado, la autoridad aclara que el objeto de la visita de verificación es hacer constar, en el acta que al efecto se levante, los hechos suscitados y las irregularidades observadas, sin que en algún momento el legislador haya establecido la obligación de la autoridad de emitir una resolución; por tanto, a diferencia del procedimiento administrativo sancionatorio, el trámite de una visita de verificación culmina con el levantamiento de un acta circunstanciada que no afecta al conjunto de derechos de un particular. De lo expuesto se advierte que el problema a dilucidar en esta sentencia consiste en determinar si las visitas de verificación administrativas, como la que se practicó a la quejosa, deben o no concluir con una resolución en que la autoridad se pronuncie acerca de la información asentada en el acta de visita, pues mientras que la a quo sostuvo que sí, y a partir de esa conclusión resolvió, implícitamente, que operó la caducidad del procedimiento de verificación en términos de lo dispuesto en los artículos 17, primer párrafo, y 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad recurrente sostiene una posición contraria. Para tal efecto, conviene tener en cuenta algunas particularidades acerca del procedimiento administrativo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en relación a la institución de la caducidad, para lo cual debe atenderse a lo dispuesto en el título tercero denominado ‘Del procedimiento administrativo’, en específico a los artículos 12, 14, 16, fracción X, 17, 57 y 60 del citado ordenamiento, que dicen lo siguiente: ‘Título tercero. Del procedimiento administrativo.’. ‘Capítulo primero. Disposiciones Generales.’. ‘Artículo 12. Las disposiciones de este título son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa.’. ‘Artículo 14. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.’. ‘Artículo 16. La administración pública federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: ... X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley.’. ‘Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual co
stancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.’. ‘Capítulo décimo. De la terminación.’. ‘Artículo 57. Ponen fin al procedimiento administrativo: I. La resolución del mismo; ... IV. La declaración de caducidad; ...’. ‘Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley. La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción. Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.’. Las dos primeras normas transcritas establecen que las disposiciones que contienen el título en comento son aplicables tanto a la actuación de los particulares frente a la administración pública federal como a aquellos tendentes al desarrollo de la función administrativa y, además, que el procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a petición de parte. El artículo 16, fracción X, prevé que en su relación con los particulares, la administración pública federal tendrá como obligación, entre otras, la de dictar en el plazo fijado por la ley la resolución expresa tanto en las peticiones que le sean formuladas como en los procedimientos iniciados de oficio, siempre que esa decisión afecte a terceros. El artículo 17 prevé, en la parte que interesa, que, salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo o se ordene otra cosa, la dependencia u organismo descentralizado que conozca del procedimiento deberá dictar su resolución dentro del plazo de tres meses y, de no hacerlo, se entenderá que resuelve en sentido negativo para el particular, es decir, que opera una negativa ficta. Finalmente, el artículo 57, fracciones I y IV, prevé que ponen fin al procedimiento, entre otras, la resolución que al efecto se emita, o bien, la declaración de caducidad; mientras que el artículo 60 dispone que se entenderá que han caducado los procedimientos instaurados de oficio y, por ende, se archivarán las actuaciones, una vez que hayan transcurrido treinta días contados a partir de aquel en que feneció el plazo que tenía la autoridad para dictar su resolución. En resumen, el título cuarto de la ley mencionada establece las reglas comunes aplicables a los diversos procedimientos administrativos, tales como la obligación de la autoridad de emitir resolución expresa dentro del plazo fijado por la ley, el cual, salvo disposición en contrario, es de tres meses y, en caso de que omita dictarla, se entenderá que resuelve en sentido negativo para el interesado; que ante la inactividad procesal operará la caducidad, la que, tratándose de procedimientos iniciados de oficio, se actualizará una vez que hayan transcurrido treinta días contados a partir de aquel en que hubiera fenecido el plazo que tenía la autoridad para dictar su resolución y, finalmente, que el procedimiento puede concluir con la resolución correspondiente, o bien, con la declaración de caducidad. Ahora, en el mismo título tercero, pero en el capítulo décimo primero, denominado: ‘De las visitas de verificación’, los artículos 62 a 69, establecen lo siguiente: ‘Capítulo décimo primero. De las visitas de verificación.’. ‘Artículo 62. Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.’. ‘Artículo 63. Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.’. ‘Artículo 64. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.’. ‘Artículo 65. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de la presente ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.’. ‘Artículo 66. De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.’. ‘Artículo 67. En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del visitado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, Municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.’. ‘Artículo 68. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.’. ‘Artículo 69. Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación.’. La lectura de los artículos citados revela que para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, las autoridades administrativas podrán efectuar visitas de verificación ordinarias o extraordinarias; que para practicar dichas visitas, los verificadores deben contar con orden escrita que contendrá, entre otras cosas, la firma autógrafa de la autoridad emisora, la precisión del lugar o zona a verificar, el objeto de la visita, sus alcances y los preceptos legales que sirvan de fundamento. También se desprende que las personas relacionadas con el establecimiento a verificar, deberán permitir el acceso y facilitar la labor de los verificadores; que al iniciar la visita, tales funcionarios se identificarán con la credencial que ampare la función que desempeñan, así como con la orden expresa de visita, de la cual deberán dejar copia al visitado. El artículo 66 prevé que de toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos y que de ese documento se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, mientras que el artículo 67 establece los datos que toda acta debe contener. El artículo 68 dispone que los visitados podrán formular observaciones y ofrecer pruebas durante la diligencia respecto de los hechos asentados en el acta, o bien, por escrito dentro del plazo de cinco días siguientes a aquel en que se hubiera levantado el acta. Finalmente, el artículo 69, prevé que las autoridades podrán verificar bienes, personas y vehículos de transporte, para lo cual deberán cumplir con las formalidades previstas para las visitas de verificación. De lo expuesto se colige que las visitas de verificación se encuentran reguladas en el mismo título en que el legislador estableció las reglas generales del procedimiento administrativo, y que su finalidad es que la autoridad administrativa constate y asiente en el acta respectiva si el visitado cumple o no con las disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables. También es de destacar que dentro del capítulo relativo a las visitas de verificación, el legislador no estableció, expresamente, la obligación para las autoridades de emitir una resolución en la que se pronuncien acerca del resultado de la visita, y éste es, como se recordará, el punto medular que genera la controversia que se resuelve, pues mientras que la a quo consideró que tal omisión generó la caducidad del procedimiento seguido en contra de la quejosa, el recurrente sostiene que no existe el deber de emitir tal resolución. La solución de tal debate, por otra parte, implica el análisis de lo dispuesto en el título (sic) cuarto y quinto de la ley en estudio, denominados: ‘De las infracciones y sanciones administrativas’ y ‘Medidas de seguridad’, en específico de los artículos 70, 72, 74, 77, 79, 80, 81 y 82, que dicen: Título cuarto. De las infracciones y sanciones administrativas. Capítulo único. ‘Artículo 70. Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas y podrán consistir en: I. Amonestación con apercibimiento; II. Multa; III. Multa adicional por cada día que persista la infracción; IV. Arresto hasta por 36 horas; V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.’. ‘Artículo 72. Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que éste dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.’. ‘Artículo 74. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado.’. ‘Artículo 77. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de todas ellas. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda.’. ‘Artículo 79. La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se c
ntarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, desde que cesó si fuere continua.’. ‘Artículo 80. Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad administrativa se interrumpirá la prescripción hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso. Los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excepción y la autoridad deberá declararla de oficio.’. ‘Título quinto. Medidas de seguridad. Capítulo único. ‘Artículo 81. Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se establecerán en cada caso por las leyes administrativas.’. ‘Artículo 82. Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas.’. Los preceptos transcritos establecen el tipo de sanciones administrativas por incumplimiento a las leyes de esa materia, y el procedimiento que debe llevar la autoridad para su imposición, para lo cual se debe notificar al infractor con el objeto de que en el plazo de quince días exponga lo que a su defensa legal convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas que considere convenientes. También prevén que una vez oído el infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, dentro de los diez días siguientes la autoridad deberá dictar resolución por escrito, la que deberá notificar al interesado de manera personal o por correo certificado. Además, disponen que cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución que al efecto emita, la autoridad determinará la multa correspondiente a cada infracción de manera separada y deberá especificar el total obtenido de la suma del conjunto, lo mismo sucederá cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, pues en la resolución se les impondrá la sanción correspondiente de forma independiente. Por otra parte, los artículos transcritos prevén que la facultad sancionatoria de la autoridad prescribe en el plazo de cinco años, que deberá computarse de manera continua desde el día en que se cometió la falta o infracción, en caso de ser una conducta consumada, o bien, desde que cesó, si es continua. El mencionado plazo será interrumpido cuando el infractor impugne los actos administrativos hasta que la resolución que dé fin al procedimiento no admita recurso. Finalmente, por lo que respecta a las medidas de seguridad, las normas transcritas establecen su definición, y disponen que las autoridades, a partir de los resultados obtenidos en las visitas de verificación o en su informe, podrán decretarlas a fin de que el visitado corrija las irregularidades observadas. De lo antes narrado queda claro que la finalidad del procedimiento previsto en el título cuarto transcrito es, precisamente, sancionar a aquel gobernado que haya incurrido en alguna infracción a las disposiciones administrativas que le son aplicables y que su inicio puede derivar de los resultados obtenidos en la visita, tan es así que el artículo 77 remite a la información asentada en el acta circunstanciada para poder individualizar las sanciones aplicables. Pues bien, una vez que se ha dado noticia del contenido de las normas analizadas, e interpretándolas de manera coherente, es fácil concluir que la determinación a la que llegó la Juez en el sentido de que la autoridad administrativa, antes de iniciar el procedimiento sancionatorio en contra de un particular, debe dictar una resolución expresa en la que se pronuncie sobre el resultado de la visita de verificación, es errada en la medida en que deriva de una interpretación aislada de los numerales transcritos. El desarrollo de tales visitas constituye, indudablemente, un procedimiento administrativo que lleva a cabo la autoridad con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas de orden administrativo, pero no tiene el carácter de un procedimiento seguido en forma de juicio que deba concluir con una resolución expresa en que la autoridad se pronuncie acerca del resultado de la visita. Dicho procedimiento inicia con la orden en que la autoridad competente precisa diversos datos e instruye al verificador para su realización y concluye con el acta circunstanciada que al efecto se levante. En realidad, y contrario a lo expuesto por la Juez, no existe obligación para las autoridades de emitir, antes de iniciar el procedimiento sancionatorio, una resolución acerca del resultado de una visita, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, porque el legislador no previó esa obligación en el capítulo respectivo; y si no lo hizo, no fue por descuido, sino porque el acto que concluye el procedimiento de visita de verificación es la emisión de la mencionada acta circunstanciada. En segundo término, ya que, de conformidad con el artículo 16, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades tienen obligación de dictar resolución expresa en los proc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21954-c47acff6/visita-de-verificacion-el-procedimiento-regulado-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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