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Modo: Corpus Pro

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL LIMITAR LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO A LOS SUPUESTOS EN QUE EL VALOR DEL INMUEBLE NO EXCEDA DE LA SUMA EQUIVALENTE A 12,073 VECES AL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESA ENTIDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2009. · Registro digital (IUS): 21946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 372.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno, en virtud de que el tema sobre el que versa corresponde a la materia administrativa, cuya especialidad es de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló **********, representante legal de **********, quien fue parte en el amparo en revisión 418/2008, uno de los asuntos en los que se sostienen los criterios en posible contraposición.

Cabe señalar que la personalidad del representante legal de la persona citada fue reconocida por el Tribunal Colegiado del conocimiento en la ejecutoria de la que dimana el criterio de que se trata.

TERCERO. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el trece de noviembre de dos mil ocho el amparo en revisión número 418/2008, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. En el primer agravio la quejosa arguye violación a los artículos 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, en razón de que en forma inexacta el Juez niega la protección constitucional, por estimar que la tasa 0% prevista en el párrafo tercero de la fracción I del artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal, aplicable a las adquisiciones de inmuebles por causa de muerte que no rebasen la cantidad de 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no vulnera la garantía de equidad tributaria contenida en la fracción IV del numeral 31 constitucional. Dice que no se atendió a que la adquisición efectuada por los quejosos en el inmueble ubicado en ********** fue por herencia, por lo que el hecho de que haya rebasado la cantidad de 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no es determinante porque no se trató de un acto oneroso, por lo que el estudio de la fracción I del numeral 137 del Código Financiero del Distrito Federal, debió ceñirse a dilucidar si es o no violatorio del principio de equidad y a la aplicabilidad o no de la tasa 0%. Sigue alegando que la jurisprudencia número 158/2006 en la que se apoya el juzgador, no es aplicable, dado que en la ejecutoria que le dio origen se trata la adquisición de inmuebles por un acto oneroso, y no por herencia. Son ineficaces los argumentos antes reseñados, pues de la lectura que se efectúa de la sentencia recurrida se advierte que el Juez examinó la fracción I del artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal y concluyó en que procedía la aplicación de la jurisprudencia número 158/2006, lo que resulta correcto. En efecto la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 158/2006 de la Novena Época, dictada por la Segunda Sala, de rubro: ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’, se advierte que contrario a lo sostenido por la recurrente, cobra aplicación al caso, toda vez que en ella se atendió precisamente el tema relativo a la adquisición de inmuebles por herencia. En la ejecutoria mencionada se indicó que el citado precepto legal, al establecer que en caso de adquisiciones por causa de muerte se aplicará una tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, si el valor del bien no excede, a la fecha de la escritura de adjudicación, de la suma equivalente a 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no es violatorio del principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien se da un tratamiento diferenciado al adquirir inmuebles, se justifica, considerando que quien lo obtiene por herencia no se encuentra en las mismas circunstancias que la persona que lo adquiere a través de un acto oneroso. La referida ejecutoria en la parte que interesa dice: ‘SÉPTIMO. ... Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’. De esos criterios se desprende que la equidad tributaria significa que los sujetos pasivos de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando, en consecuencia, que aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constitución General de la República fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada sujeto, debiéndose tratar por igual a iguales condiciones de capacidad económica y, al contrario, de forma desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. Cabe destacar que para poder cumplir con el principio de equidad, el legislador ordinario no sólo está facultado, sino que tiene el deber de crear categorías o clasificaciones de sujetos, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a ciertas clases o universalidades de causantes, esto es, deberán sustentarse en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, bases que podrán responder a fines económicos o sociales, razones de política fiscal o, inclusive, motivos extrafiscales. De acuerdo con tales consideraciones, debe precisarse que el artículo 137 del Código Financiero del Distrito Federal, en específico, la fracción I, último párrafo, no contraviene el principio tributario de equidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Para demostrarlo, debe atenderse a su texto, que establece: ‘Artículo 137. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmitirá la propiedad, una vez satisfechas las formalidades que establezca para tal efecto el Código Civil para el Distrito Federal, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir o liquidar la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges ... En el caso de adquisiciones por herencia, se pagará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.’. El citado precepto legal establece que en el caso de adquisiciones por herencia, se pagará una tasa del 0% (cero por ciento) del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble en cuestión no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Como es fácil de advertir, la porción normativa de que se trata permite que sólo cierta clase de contribuyentes del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a saber, los que adquieran por herencia y siempre y cuando el valor del inmueble relativo no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, paguen el impuesto relativo a la tasa del 0% (cero por ciento). Empero, a pesar de que el precepto legal en cuestión no otorga a todos los sujetos del impuesto relativo la posibilidad de aplicar la tasa del 0% (cero por ciento), esa peculiaridad no es suficiente para estimarlo inequitativo, en virtud de que tal prerrogativa, sin distinción alguna, se encuentra prevista igualmente para todos los contribuyentes antes mencionados, quienes reciben un trato idéntico atinente a esa tasa. En efecto, para establecer distinción entre situaciones tributarias iguales debe ponderarse que a todos los contribuyentes del impuesto sobre adquisición de que se trata que adquieran un inmueble por herencia y cuyo valor no exceda de lo antes indicado se les aplica la tasa del 0% (cero por ciento), es decir, se les trata de igual manera, y si en relación con éstos no existe desigualdad, no cabe sino concluir que el precepto en cuestión no es contrario al principio de equidad en materia tributaria, porque su texto forma convicción de que la citada posibilidad se encuentra prevista, por igual, para todos los contribuyentes que se ubiquen en las hipótesis señaladas. Ahora bien, la circunstancia de que el referido precepto legal no sea aplicable a todos los contribuyentes del impuesto sobre adquisición de inmuebles, tampoco implica violación a la garantía de igualdad en materia tributaria, porque se otorga el beneficio de aplicar la tasa del 0% (cero por ciento) a quienes adquieren un inmueble considerado de poco valor económico, además de que del análisis conjunto de ese normativo en relación con lo dispuesto en el artículo 309 del mismo ordenamiento, en conjunción con la exposición de motivos de las reformas que dieron origen a sus textos, se advierte que el establecimiento de la tasa del 0% (cero por ciento) obedece a un fin extrafiscal y que consiste en otorgar estímulos para dar cumplimiento al objetivo plasmado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional, relativo a que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, lo que sin duda se logra dando facilidades administrativas y proporcionando estímulos fiscales orientados a fomentar la regularización de la tenencia de la tierra de quienes se ubican en sectores sociales de más escasos recursos y que en virtud de una herencia, obtienen un inmueble de no muy alto valor. Corrobora tal afirmación lo señalado en la disposición legal y en la exposición de motivos de referencia, que a la letra dicen: ‘Artículo 309. Las personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de interés social o vivienda popular, tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% y 80%, respectivamente, con relación al impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que se generen directamente por la adquisición o regularización. Para que los contribuyentes obtengan las reducciones contenidas en este artículo, deberán acreditar que el valor de su vivienda no excede de 15 o 25 veces el salario mínimo elevado al año, según corresponda.’. Exposición de motivos ‘Asamblea Legislativa del D.F. Exposición de motivos. México, D.F., a 20 de diciembre de 1997. ... Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el quinto párrafo de su texto establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo. Este precepto constitucional, a pesar de múltiples esfuerzos no ha tenido la concreción adecuada y suficiente al efecto de acercarnos a la meta de que la vivienda digna y decorosa sea patrimonio de todas las familias. A raíz de los siniestros ocasionados por los sismos acaecidos en septiembre de 1985, las autoridades del Distrito Federal han instrumentado una serie de medidas para atender en un primer momento a todos aquellos afectados que por los mismos sismos perdieron sus viviendas, y enseguida impulsar la solución del

roblema habitacional en la ciudad. Entre estas medidas se encuentra la creación de programas y organismos, así como la asignación de recursos fiscales o la obtención de recursos Fovi, canalizados a través de la banca privada. Los recursos fiscales se han visto disminuidos sustancialmente y los recursos financieros hasta ahora han sido insuficientes para atender de manera conveniente las necesidades de vivienda en la ciudad. Otra medida que ha sido instrumentada por la autoridad del Distrito Federal es la expedición de acuerdos, de estímulos fiscales y facilidades administrativas, lo cual se ha vuelto sistemático anualmente, sin embargo, hay que contemplar algunos factores fundamentales para que esos acuerdos de estímulos y facilidades tengan una mayor jerarquía y logren mayor trascendencia y efectividad. El primer factor que debe ser tomado en cuenta es la persistencia del problema de la vivienda, particularmente la que requieren los sectores sociales de más escasos recursos económicos, así como a las personas de mayores carencias o impedimentos, como serían los ancianos, discapacitados, las mujeres o los llamados niños de la calle, así como la previsible continuación de los problemas habitacionales en los próximos años, conforme a los datos de las tendencias que se observan para el futuro en un plazo mediato. El segundo factor que se debe tomar en cuenta se refiere a la vigencia limitada a un año de estos acuerdos de estímulos y facilidades administrativas, en buena parte debido al restringido alcance de la autoridad administrativa, que debe ceñir en muchos aspectos su acción al periodo del ejercicio fiscal anual. Este factor quizás se debió a la ausencia de un organismo legislativo propio y exclusivo. ... Que ante la diversidad de los aspectos que presenta la problemática de la ciudad, uno de los principales problemas es el relativo a la vivienda; problema que por su complejidad y trascendencia ha merecido tener el trato de garantía individual, consagrada expresamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Diario Oficial del 7 de febrero de 1939, en el que declara que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo. México defiende y sostiene que el derecho a la vivienda, se debe mantener a nivel constitucional, considerando como un derecho originario del ser humano, ya que hubo diversas e importantes propuestas para suprimir esta categoría que tenemos para la vivienda y consideramos primordial, consagrándolo en nuestra Constitución Federal; precisamente en cumplimiento de este mandato constitucional, desde 1980 en diversos planes de desarrollo, se ha contemplado la problemática de la vivienda estableciendo propósitos como avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional, de que cada familia cuente con una vivienda digna y decorosa; aprovechar el efecto multiplicador que tiene la vivienda en la actividad económica para reactivar el aparato productivo y promover el empleo. Hoy, la vivienda en nuestro país, debe entenderse no sólo en el concepto neoliberal de la familia nuclear, ni mucho menos como la edificación o construcción en la que habita un grupo familiar, sino más amplia y culturalmente como el entorno que constituye el centro original de vida y permite el desarrollo armónico e integral del individuo; considerando en su familia como elementos indispensables para su identificación con el medio social, su arraigo en la comunidad y el patrimonio que constituye la base de su desarrollo económico. ... En esta alianza se establece el alcance de los conceptos: vivienda de interés social y vivienda de interés popular; o sea, aquellas que al término de su edificación tienen como valor el equivalente a 15 y 25 años de salario mínimo general vigente, a la zona de su ubicación en el Distrito Federal, que corresponde a 142 mil 830 y a 223 mil 50, respectivamente.’. De acuerdo con ello, y como se señaló con antelación, el legislador también atendió a un criterio objetivo, esto es, tomó en cuenta una situación de hecho, y atendiendo a su generalidad y abstracción, principios fundamentales de la norma, no puede ser declarado inconstitucional el precepto de que se trata, dado que se encuentra dirigido a un específico grupo de personas, como en el caso lo son las personas que adquieren un inmueble por herencia. Por tales motivos, la diferencia de trato que se da a ese grupo en las condiciones citadas por el artículo 137, fracción I, último párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, en comparación con las demás personas, es acorde al principio constitucional de equidad tributaria, dado que un contribuyente que adquiere por herencia un inmueble cuyo valor no exceda de la suma equivalente a doce mil setenta y tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal no se encuentra en las mismas circunstancias que otro que adquiere un inmueble de mayor valor pecuniario a través de un acto oneroso, pues reflejan distintas capacidades económicas, además de que quien adquiere por compraventa o permuta o por cualquier acto de transmisión de la propiedad de carácter oneroso revela la riqueza suficiente para hacerse de él, disponiendo, por lógica, de la cantidad de dinero necesario para realizar la adquisición, mientras que quien adquiere por herencia lo hace con independencia de su propia riqueza, pues la adquisición deriva de la ley o de la voluntad del correspondiente testador, por lo que no necesariamente dispone de recursos económicos suficientes para destinarlos al pago del tributo, lo que justifica el trato diferente a través del precepto legal a que se ha venido haciendo referencia. Es corolario que el trato preferencial que otorga el artículo 137, fracción I, último párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal a cierta clase de adquirentes de bienes inmuebles, se encuentra plenamente justificado, pues además de las razones expuestas, el tratamiento diferente se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles por compraventa y aquellos que adquieren por herencia, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones dispares, puesto que la adquisición de bienes por herencia, ha sido gravada por el legislador de manera diversa, como en su momento fue a través de la Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados, de carácter federal y las correspondientes en las legislaciones locales, lo que denota un trato específico que otorgó la Ley sobre la Transmisión de Bienes Hereditarios. Por consiguiente, el criterio que en lo sucesivo deberá regir con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es el que a continuación se redacta con el rubro y texto siguientes: ‘ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto legal, al establecer que en caso de adquisiciones por causa de muerte se aplicará una tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, si el valor del bien no excede, a la fecha de la escritura de adjudicación, de la suma equivalente a 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el tratamiento diferenciado que se da en relación con las otras formas de adquisición, se justifica de manera objetiva, considerando que quien lo obtiene por herencia no se encuentra en las mismas circunstancias que la persona que lo adquiere a través de un acto oneroso. Además, del artículo 137, fracción I, último párrafo, en relación con el 309, ambos del Código Financiero del Distrito Federal, así como de la exposición de motivos de las reformas al último precepto mencionado, se advierte que el establecimiento de la mencionada tasa 0% obedece al fin extrafiscal, basado en el artículo 4o. constitucional, relativo a que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, lo que se consigue otorgando estímulos fiscales orientados a fomentar la escrituración a quienes, por virtud de una herencia, obtienen un inmueble hasta por el valor aludido.’. Como se advierte, el tema toral de la ejecutoria fue el estudio de la distinción entre situaciones tributarias iguales y desiguales el cual debe ponderarse con base en que todos los contribuyentes del impuesto sobre adquisición de que se trata que adquieran un inmueble por herencia y cuyo valor no exceda de lo antes indicado se les aplica la tasa del 0% (cero por ciento), se le debe dar un trato de igualdad, y si en relación con éstos no existe desigualdad, no cabe sino concluir que el precepto en cuestión no es contrario al principio de equidad en materia tributaria, porque su texto forma convicción de que la citada posibilidad se encuentra prevista, por igual, para todos los contribuyentes que se ubiquen en las hipótesis señaladas. Además, este órgano jurisdiccional en concordancia con lo antes dicho, ha sostenido que el citado artículo, al prever que en el caso de adquisiciones por herencia se pagará una tasa del 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del correspondiente bien raíz no exceda de la suma equivalente a 12,073 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, respeta el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque si bien no otorga esa prerrogativa a todos los sujetos del tributo, el tratamiento diferenciado se encuentra objetivamente justificado, en primer lugar, porque el adquirente por herencia de un inmueble cuyo valor no rebase la suma indicada no se encuentra en las mismas circunstancias que otro que a través de un acto oneroso adquiere un inmueble de mayor valor pecuniario, pues en ese aspecto ambos reflejan distinta riqueza, y en segundo lugar, porque el adquirente por cualquier acto oneroso revela la capacidad contributiva suficiente para hacerse del inmueble, mientras que quien adquiere por herencia lo hace con independencia de su propia riqueza, ya que la adquisición deriva de la ley o de la voluntad del correspondiente testador; aunado a que del análisis de ese normativo en relación con lo dispuesto en el artículo 309 del Código Financiero del Distrito Federal, en conjunción con la exposición de motivos de las reformas que originaron sus textos, se advierte que el establecimiento de esa tasa obedece a un fin extrafiscal, el cual consiste en otorgar estímulos para dar cumplimiento al objetivo plasmado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional, relativo a que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, lo que sin duda se logra dando facilidades administrativas y proporcionando estímulos fiscales orientados a fomentar la regularización de la tenencia de la tierra de quienes se ubican en los sectores sociales de más escasos recursos económicos y por virtud de una herencia obtienen un inmueble de no muy alto valor pecuniario. En tales condiciones se advierte que la jurisprudencia que derivó de la ejecutoria de marras, deviene aplicable al caso, en el entendido de que una jurisprudencia es la interpretación de la ley, cuya observancia es obligatoria, ya que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito, en el sentido de confirmar el contenido de la ley, supletoria e interpretativa; también puede actuar en forma supletoria colmando los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa; o en su defecto puede ser interpretativa, explica el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador, y cuyo actuar está contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios jurisdiccionales, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Por tanto, la jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta. En esas condiciones, como se calificó, el agravio expuesto por la revisionista resulta ineficaz, pues en forma alguna se incurrió en incongruencia, ya que contrario a lo alegado en la especie cobra aplicación la jurisprudencia invocada por el Juez de amparo y a cuya observancia se encuentra obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo que a la letra dice: (no se transcribe al ser innecesario para la solución del presente asunto). En ese orden de ideas, resulta inconducente el examen de los restantes argumentos propuestos en el agravio analizado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 149/97, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintiuno, Tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (no se transcribe al ser innecesario para la solución del presente asunto)."

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 324/2006, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil seis, sostuvo en la parte conducente de su fallo, en síntesis, que:

"QUINTO. Ahora bien, para el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías, cuyo estudio omitió el juzgador de amparo, no se respetará el orden numérico en que fueron planteados sino el que permita la lógica y el método judicial. Así, la quejosa aduce en síntesis lo siguiente: En el tercer concepto de violación aduce que el artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del ordenamiento legal en cita, viola el principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque distingue entre las adquisiciones de inmuebles por causa de muerte cuando el valor del bien rebasa la cantidad de 12,073 (doce mil setenta y tres) veces el salario mínimo general vigente, de aquellas que no superan esta cantidad sin que exista una causa objetiva y razonable para ello, pues hace depender dicha distinción de un elemento ajeno al tributo como lo es el monto económico referido. Que el referido artículo 137, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer una tasa 0% para el caso de las adquisiciones por causa de muerte que no rebasen la cantidad de 12,073 (doce mil setenta y tres) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, transgrede el principio de equidad tributaria debido a que limita su aplicación al caso de las adquisiciones por causa de muerte que no excede el monto económico determinado, esto es, establece una distinción entre las adquisiciones por causa de muerte que no rebasa tal cantidad y aquellas que si la superan sin que exista una causa objetiva y razonable, por lo que dicha limitación al carecer de justificación deviene inconstitucional. Que del contenido de los artículos 135 y 137, fracción I, párrafo tercero, del Código Financiero del Distrito Federal se advierte que el legislador decidió establecer dos tasas diferentes, una para la hipótesis general -de carácter progresivo- y otra para una hipótesis especial -de carácter proporcional-. Que ello es así, toda vez que la tasa prevista en el referido artículo 135, ha de ser aplicada de forma general y sin distinción alguna a todas las adquisiciones de bienes inmuebles que efectúen los gobernados (ello sin detrimento de las extensiones previstas en el artículo 136 del mismo ordenamiento legal); mientras que la tasa prevista en el artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del multirreferido ordenamiento sólo ha de ser aplicada en el caso de las adquisiciones que reúnan los siguientes requisitos: que el motivo de la adquisición sea por causa de muerte y que el valor del inmueble no rebase el importe de 12,073 (doce mil setenta y tres) veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Que de lo anterior se advierte que el legislador atendiendo a un criterio meramente económico ha dado un trato diferente a personas que actualizan el mismo hecho imponible, adquisición de un inmueble por causa de muerte, lo que evidentemente viola el principio de equidad tributaria al no existir una causa objetiva y razonable que dé origen al trato diferenciado entre gobernados que adquieren inmuebles por herencia, en atención al valor del inmueble adquirido. El concepto de violación es fundado, en atención a lo siguiente: A fin de analizar dicho argumento, es necesario tener presente el contenido del artículo 137, fracción I, párrafo tercero, del C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21946-4e368ebe/adquisicion-de-inmuebles-por-herencia-el-articulo-137 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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