AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1978/2008. ACEROS NACIONALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este amparo directo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II, a contrario sensu y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la que se hizo un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo. Asimismo, la materia de la ley reclamada corresponde a la fiscal, comprendida dentro de la administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno, pues aun cuando no existe jurisprudencia temática sobre el particular, el asunto puede resolverse conforme a un precedente genérico aplicable al caso.
SEGUNDO. El recurso de revisión principal es oportuno.
En efecto, conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se interpondrá por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de diez días contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.
La sentencia impugnada se notificó por lista a la parte recurrente mediante publicación del veinticuatro de octubre de dos mil ocho (fojas 157, 158 y 158 vuelta del juicio de amparo directo 248/2008). Conforme al artículo 34, fracción II, de la ley de la materia, dicha notificación surtió sus efectos el lunes veintisiete siguiente.
Por tanto, el término de diez días transcurrió del martes veintiocho de octubre al lunes diez de noviembre, exceptuándose de dicho cómputo los días veinticinco y veintiséis de octubre, así como los días primero, dos, ocho y nueve de noviembre, por ser inhábiles conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la ley de la materia.
El escrito de revisión se presentó el diez de noviembre de dos mil ocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa, según consta del sello asentado en la primera foja de dicho ocurso y, por lo tanto, es oportuno (foja 2 del amparo directo en revisión 1978/2008).
TERCERO. El recurso de revisión adhesiva también se promovió en tiempo.
Al respecto, el último párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo dispone que la revisión adhesiva debe interponerse dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que la admisión del recurso se notifique a la parte que obtuvo resolución favorable.
El auto de dieciocho de noviembre de dos mil ocho, en que el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión principal, se notificó al secretario de Hacienda y Crédito Público el viernes veintiuno de noviembre de dos mil ocho, según consta en el sello asentado en el acuse de recibo del oficio señalado (foja 29 del amparo directo en revisión 1978/2008).
La autoridad recurrente es tercero perjudicada, de manera que dicha notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el lunes veinticuatro de noviembre del mismo año.(1)
Por lo tanto, el término de cinco días transcurrió del martes veinticinco de noviembre al lunes primero de diciembre de dos mil ocho, exceptuándose de dicho cómputo el sábado veintinueve y el domingo treinta de noviembre, por ser inhábiles.
El escrito de revisión adhesiva se presentó el primero de diciembre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (foja 39 vuelta del amparo directo en revisión 1978/2008). Por lo tanto, es oportuno.
Además, el recurso de revisión adhesiva es procedente, porque lo interpuso el director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en ausencia del subprocurador Fiscal Federal de Amparos, del director general de Amparos contra Leyes y del director general de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de tercero perjudicado.(2)
CUARTO. Previamente a abordar el análisis de los recursos de revisión, es conveniente destacar algunos antecedentes del presente asunto.
Para el ejercicio fiscal de dos mil tres, la persona moral Alambres Profesionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó un impuesto sobre la renta superior al impuesto al activo del mismo ejercicio. Por lo tanto, según el dicho de la peticionaria de garantías, "se generó el derecho a manifestar un saldo a favor por concepto de impuesto al activo y solicitar la devolución del impuesto pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores" (página 4 de la demanda de amparo, correspondiente a la foja 6 de los autos del juicio de garantías), en términos del beneficio establecido en el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo.(3)
No obstante, Alambres Profesionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, acordó fusionarse con la ahora recurrente, Aceros Nacionales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, subsistiendo como fusionante esta última empresa. Por tanto, la quejosa solicitó a la autoridad fiscal la devolución del impuesto al activo que prevé el mencionado artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo. Empero, la autoridad exactora emitió una resolución administrativa mediante la cual determinó que la devolución era improcedente, bajo el argumento de que el último párrafo del precepto combatido establece que el beneficio de acreditamiento y devolución del impuesto al activo es personal del contribuyente, por lo que no puede ser transmitido a ninguna otra persona, ni siquiera como consecuencia de la fusión de las personas morales.
En contra de esa resolución, la empresa fusionante promovió un juicio de nulidad, cuyo resultado fue adverso a sus pretensiones. Para combatir esa resolución, promovió un juicio de amparo directo, donde se resolvió no conceder la protección constitucional solicitada. Así pues, en contra del fallo de garantías interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.
QUINTO. La parte quejosa en el juicio de amparo, quien ahora recurre en lo principal, adujo lo que a continuación se sintetiza:
En el primer agravio, la recurrente aduce que el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es inconstitucional sólo por lo que hace a la limitación de la transmisión del derecho a la devolución por fusión, y no por lo que ve a la transmisión del derecho al acreditamiento. Considera que esto es relevante porque la finalidad del artículo 9o., al establecer que el derecho al acreditamiento no puede ser transmitido a otra persona como consecuencia de una fusión, es la de evitar que las empresas obtengan beneficios fiscales indebidos mediante operaciones artificiales. No obstante, señala que no es ese su caso, puesto que la empresa que causó el impuesto sobre la renta y el impuesto al activo es la misma, y que por ese hecho tenía derecho a la devolución del último de los tributos mencionados. Así pues, la intención de la solicitud de devolución no es conseguir un beneficio fiscal indebido, sino sólo exigir un derecho que se generó independientemente de la fusión corporativa.
En cuanto a la finalidad de la norma combatida, también se afirma que ésta tiene el objeto de evitar que los contribuyentes abusen de la figura de la fusión con fines de beneficio fiscal, por lo que se limita la posibilidad de realizar el acreditamiento del impuesto al activo. No obstante, esta situación no justifica que también se limite el derecho a solicitar la devolución en el caso de una fusión, pues ese derecho no puede ser objeto de planeación fiscal.
También insiste en que la norma combatida pretende desincentivar la práctica de actos en perjuicio del fisco federal, al combinar artificiosamente atributos fiscales de diferentes personas jurídicas para eludir el pago de impuestos (como se desprende, a su juicio, de la tesis P. X/2003, de rubro: "PÉRDIDAS FISCALES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL PERMITIR QUE EN LOS CASOS DE ESCISIÓN DE SOCIEDADES SE DIVIDAN ÉSTAS ENTRE LA ESCINDENTE Y LAS ESCINDIDAS, PERO NO QUE SE TRANSMITAN LAS SUFRIDAS POR LAS FUSIONADAS A LAS QUE SURJAN O QUE SUBSISTAN CON MOTIVO DE LA FUSIÓN, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."). Sin embargo, no es esa la situación real de la recurrente, porque la fusión no fue más que un accidente que no debería afectar de ninguna manera sus derechos y atributos fiscales. En cambio, la norma combatida coarta su derecho a la devolución del impuesto al activo.
Asimismo, recordó que el tribunal a quo dijo que con la fusión no se transmiten cargas impositivas, a pesar de que sí se transmita el patrimonio de las sociedades, por lo que el precepto impugnado no viola la garantía de proporcionalidad. Sin embargo, a juicio de la recurrente, no es cierto lo argumentado por el órgano colegiado, porque en este caso la fusión tuvo lugar una vez que el saldo a favor ya había nacido, pues tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al activo fueron causados y pagados por una misma persona moral: la fusionada. La mencionada fusión se celebró posteriormente, y por esa circunstancia fue la fusionante quien solicitó la devolución, pues es causahabiente de la fusionada, que ya no existía.
Igualmente, la recurrente explica los conceptos de equidad y proporcionalidad tributaria, y destaca que el último de estos principios tiene una estrecha relación con la capacidad contributiva del sujeto del impuesto. Empero, dice que el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo provoca que el contribuyente tribute de manera desproporcionada en relación con su capacidad contributiva, porque: 1) se obliga a la quejosa a contribuir más allá de lo que realmente le corresponde y 2) la norma no se vincula con el objeto y con la base del impuesto.
Asimismo, reitera que el precepto combatido viola la garantía individual contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se resolvió que la peticionaria de garantías no tiene derecho a solicitar la devolución prevista en el artículo 9o. combatido, a pesar de que quien enteró el impuesto al activo y el impuesto sobre la renta fue la misma contribuyente (es decir, la fusionada), aunque la solicitud de devolución hubiera sido presentada por la fusionante, por ser la titular universal de los derechos de la primera.
Aduce también que el derecho a la devolución no se vincula con la fusión. Es decir, la fusionante sólo se encargó de tramitar la devolución, pero como el derecho lo generó la empresa fusionada, el hecho de que ambas empresas se hubieran fusionado es sólo un accidente que no debe restringir el derecho a la devolución. En este sentido, sostiene que con esa devolución no se perjudicaría al fisco, porque no habría diferencia entre haber fusionado la empresa antes de que se hubiera realizado la devolución a hacerlo ahora, después de celebrada ésta. Así pues, no hay diferencia entre fusionar la empresa antes de la devolución que después de ella, porque el derecho al acreditamiento y devolución se dio independientemente de la fusión.
En apoyo de sus conclusiones, cita la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ÚLTIMO PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY RELATIVA AL, ES INCONSTITUCIONAL EN TANTO DESATIENDE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA CONSAGRADOS POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TRATÁNDOSE DE FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES."
A continuación, se afirma que "es claro que una operación de fusión no tiene por qué permanecer limitada para efectos fiscales, cuando las demás ramas del derecho claramente determinan los efectos de dicha fusión que no son otros más que la causahabiencia, ya explicada en párrafos precedentes, más aún cuando el derecho que se reclama fue generado en lo particular e individualmente por la fusionada, con lo cual, carece de aplicación la disposición tachada de inconstitucional pues, por un lado, no tiene plena aplicación en la situación particular de la recurrente y por el otro, aceptar su aplicación en la esfera jurídica de mi mandante, conculca sus derechos constitucionales, pues estaría contribuyendo para con el gasto público más allá de lo que realmente le corresponde." (foja 15 del toca de revisión).
Por otro lado, en el segundo agravio, la recurrente aduce que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es violatorio de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1) establece una sanción excesiva por la existencia de una fusión, que no admite ponderación alguna y 2) deja en estado de inseguridad a la contribuyente en relación con la transmisión del derecho a la devolución.
Sobre este último punto, se afirma que el artículo 9o. puede referirse a dos supuestos: al derecho a la devolución como derecho sustantivo (que es el resultado de la comparación de saldos que arroja un saldo a favor susceptible de ser devuelto, acreditado o compensado) o como derecho adjetivo (que es el cumplimiento de una serie de trámites formales ante la autoridad competente para ejercer el derecho sustantivo de devolución). Así pues, fue incorrecta la interpretación del Tribunal Colegiado en el sentido de que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo no admite dos interpretaciones porque, como aduce la recurrente, sí puede entenderse en dos aspectos.
SEXTO. Por su parte, la recurrente adhesiva formuló los planteamientos que enseguida se reseñan:
El recurso de revisión interpuesto por la empresa quejosa debe desecharse, en atención a que sus agravios son inoperantes. Esto es así, porque unos de ellos son novedosos, otros omiten combatir los fundamentos y motivos formulados en la sentencia dictada en el juicio de garantías y unos más se limitan a reiterar argumentos hechos valer en el amparo.
Asimismo, la autoridad tercero perjudicada aduce que el tribunal a quo, en lugar de declarar ineficaz el concepto de violación relacionado con la constitucionalidad del último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, debió declararlo inoperante, debido a que la peticionaria de garantías hizo depender sus razonamientos de circunstancias particulares. Por tanto, debió aplicarse la jurisprudencia 88/2003 de esta Segunda Sala, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.", para establecer la inoperancia de los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad del precepto combatido.
De manera similar, el Tribunal Colegiado debió declarar inoperantes los conceptos de violación, ya que en la situación particular de la recurrente la concesión del amparo no podría surtir efectos. A juicio de la autoridad tercero perjudicada esto es así debido a que el mecanismo de acreditamiento y devolución que prevé el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es un beneficio financiero que se concede al contribuyente. En esta tesitura, dicho beneficio es personal del contribuyente, que en este caso fue la empresa fusionada Alambres Profesionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que no es posible su otorgamiento a una empresa distinta, como lo es la recurrente. Esta última no puede solicitar la devolución de cantidades de una entidad que dejó de existir, pues la figura de la devolución es un beneficio financiero a favor del contribuyente del impuesto, quien podía solicitarlo antes de llevarse a cabo la fusión.
Asimismo, la autoridad recurrente puntualiza que esta Segunda Sala ha emitido un precedente donde se resolvió que el último párrafo del artículo 9o. la Ley del Impuesto al Activo no viola el principio de proporcionalidad tributaria. Es decir, precisa que en el amparo en revisión 493/2004 se estableció que los derechos al acreditamiento y a la devolución previstos en el artículo 9o. combatido son personales del contribuyente y no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. Ese fallo se basó en la jurisprudencia 48/2003 (aplicada por analogía), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte, con el rubro: "PÉRDIDAS FISCALES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIRLAS ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LAS SUFRE Y QUE DICHO DERECHO NO PUEDE TRANSMITIRSE A OTRA PERSONA NI COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."
Igualmente, considera que son aplicables al caso, por analogía, las jurisprudencias 1a./J. 83/2002(4) (donde se concluyó que no es desproporcional el hecho de que no se permitiera a la fusionante transmitir las pérdidas de la fusionada, pues ésta ha dejado de existir) y 2a./J. 93/2002(5) (en la que se reconoció que el derecho a la devolución es personal e intransferible, aun cuando se lleve a cabo una fusión).
SÉPTIMO. El presente recurso es improcedente, ya que no reviste las características de importancia y trascendencia necesarias para que este Alto Tribunal esté en aptitud de abordar su estudio.
Al respecto, el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos que se deben reunir para que sea procedente el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, de la siguiente manera:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
Esta disposición se reitera en la Ley de Amparo, pues en el artículo 83, fracción V, se dice:
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución."
Asimismo, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido cuáles son los requisitos para la procedencia del mencionado recurso en la jurisprudencia 149/2007, que es del siguiente tenor:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."(6)
A partir de estas normas y su interpretación jurisprudencial se desprende que basta con que uno de los requisitos de procedencia no se actualice para que el recurso se estime improcedente.
Ahora, si bien es cierto que el escrito de expresión de agravios está debidamente firmado, el recurso es oportuno, la parte promovente se encuentra legitimada para interponerlo y en la sentencia se interpretó la constitucionalidad de una ley; también lo es que el presente recurso no reviste características de importancia y trascendencia.
En este sentido, debe precisarse que el acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, regula la procedencia del recurso de revisión que se interpone para impugnar sentencias de amparo directo y, entre otras cuestiones, precisa qué se debe entender por importancia y trascendencia para efectos de ese medio de impugnación, como se aprecia de la siguiente transcripción:
"Primero. Procedencia
"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:
"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.
"...
"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
"...
"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; ..."
Conforme a lo dispuesto en estos preceptos, el presente recurso no cumple con el requisito de trascendencia e importancia porque, como se demostrará a continuación, los agravios formulados por la quejosa, ahora recurrente, son inoperantes.
En primer lugar, son inoperantes los agravios donde se aduce que:
• El artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo es contrario a la Constitución sólo por lo que ve a la limitación del derecho a la devolución por fusión, pero no en lo relativo al acreditamiento.
• La finalidad del precepto combatido es evitar que las empresas hagan operaciones fraudulentas de fusión, al combinar los atributos fiscales de una empresa que generó impuesto sobre la renta y otra que generó impuesto al activo. Sin embargo, éste no es el caso de la recurrente, pues fue la misma empresa (es decir, la fusionada) quien generó y enteró tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al activo. Por tanto, no es su intención engañar al fisco, sino meramente pretende hacer valer su derecho a la devolución.
• Es impreciso que con la fusión no se transmitan las cargas impositivas, porque en este caso la fusión tuvo lugar después de que el saldo a favor ya había nacido y fue la fusionante quien solicitó la devolución, en su carácter de causahabiente de la fusionada.
• El precepto combatido viola la garantía de proporcionalidad tributaria, porque no atiende a la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, ya que se obliga a la quejosa a contribuir más allá de lo que realmente le corresponde.
• El derecho a la devolución no se vincula con la fusión, pues quien enteró el impuesto al activo y el impuesto sobre la renta fue la misma contribuyente (la fusionada), aunque la solicitud de devolución fue formulada por la fusionante en su carácter de causahabiente de la primera. No hay diferencia entre fusionar a las empresas antes de la devolución o después de ella, porque el derecho al acreditamiento y a la devolución se generó independientemente de la operación de fusión.
Esto es así, debido a que no combaten las consideraciones de la sentencia combatida, sino que, por el contrario, la parte recurrente se limita a reiterar lo que ya había manifestado en sus conceptos de violación e, incluso, profundiza en lo que ahí había planteado.
Para demostrar esta afirmación, conviene precisar cuáles fueron los conceptos de violación formulados en el juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, así como sintetizar cuáles fueron las consideraciones torales que sustentan en el fallo que ahora se recurre.
En la demanda de garantías, la ahora recurrente afirma que el caso que regula el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo pretende evitar que las empresas que son objeto de una operación de fusión obtengan beneficios fiscales indebidos, pero dice que ese no es su caso.
Asimismo, define qué es la proporcionalidad tributaria y señala que es un concepto ligado a la capacidad contributiva, que se mide restando los gastos reales de un contribuyente a sus ingresos. En este sentido, considera que la ley impugnada no permite al contribuyente deducir los gastos necesarios para obtener sus ingresos. Por lo tanto, la ley es inconstitucional por gravar sobre una base que no mide su capacidad contributiva.
Además, aduce que la limitante impuesta por el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo para acceder a un saldo a favor viola la garantía de proporcionalidad tributaria. Es decir, la norma deja de reconocer la capacidad contributiva del sujeto del tributo, porque no hay una razón válida que justifique esa limitante en el caso de las fusiones.
La peticionaria de garantías también explica que sólo impugna el precepto indicado en relación con la prohibición de que la empresa fusionante obtenga la devolución del saldo a favor, pero no en lo que ve a la compensación, y cita, en apoyo de sus conclusiones, la tesis aislada XVI.2o.5 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ÚLTIMO PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY RELATIVA AL, ES INCONSTITUCIONAL EN TANTO DESATIENDE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA CONSAGRADOS POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TRATÁNDOSE DE FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES."
Por otra parte, dice que no desconoce algunos precedentes de este Alto Tribunal en cuanto a que las normas que establecen que algunos derechos tributarios son personales del contribuyente y no se pueden transmitir por fusión, pero considera que éstos se refieren al derecho a la compensación, mas no al derecho a la devolución.
En atención a estos conceptos de violación, relativos a la inconstitucionalidad del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, el Tribunal Colegiado primeramente determinó que ese precepto sí había sido aplicado a la quejosa por la autoridad responsable.
A continuación, el órgano a quo estableció que la Sala responsable interpretó correctamente el precepto combatido, que en su último párrafo establece expresamente que en caso de fusión, la sociedad fusionada no puede transmitir a la fusionante su derecho a la devolución del impuesto al activo, en virtud de que ese derecho es personal del contribuyente.
El Tribunal Colegiado también precisó que el artículo impugnado prevé una limitante a la transmisión del derecho al acreditamiento del impuesto al activo, esto es, se impide que una empresa pagadora del impuesto sobre la renta, al fusionarse con otra empresa pagadora del impuesto al activo, pueda solicitar la devolución de este último tributo por el hecho de que el impuesto sobre la renta hubiera excedido al activo. Por este motivo, el llamado "derecho a la devolución" no admite una forma distinta de interpretación, pues el precepto tildado de inconstitucional establece literal y expresamente que el derecho a la devolución no puede ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión.
Acto seguido, el órgano jurisdiccional a quo puntualizó que aun cuando en la demanda de garantías la quejosa dijo que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo era violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias establecidas en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que no formuló argumento alguno con el que se pretendiera demostrar que el artículo impugnado transgredía la garantía de equidad tributaria. Por lo tanto, sólo se procedió al análisis del precepto impugnado en cuanto a si era violatorio o no del principio del proporcionalidad tributaria, a la luz de los argumentos formulados en la demanda.
En el fallo combatido se precisa qué es el principio de proporcionalidad tributaria, y se dice que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo, que se traduce en su potencial real para contribuir al gasto público. También se recapitula lo alegado por la quejosa en su escrito de demanda, en el sentido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21673-13f562fa/agravios-inoperantes-en-la-revision-son-aquellos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE IMPUGNAN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, LA MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO A ALGUNA DE LAS PARTES O A SUS (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTÁN LEGITIMADOS EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR ELEMENTOS AJENOS A LA MANIFESTACIÓN OBJETIVA DE RIQUEZA QUE CONSTITUYE EL H (AMPARO EN REVISIÓN)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESP (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis