CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO.
AMPARO EN REVISIÓN 2083/2002. GRUPO INDUSTRIAL BACARDÍ DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Para mayor entendimiento del asunto, es pertinente destacar que de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 14/2002-VI, que remitió el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de este ordenamiento, se advierten los siguientes antecedentes:
1) Por escrito de veintiuno de mayo de dos mil uno, Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía ordinaria mercantil de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras prestaciones, la nulidad absoluta e inexistencia jurídica de la asunción de obligaciones, formándose el expediente 327/2001, del índice del Juzgado Quincuagésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal.
2) Mediante escrito de diez de julio de dos mil uno, Bárbara Alejandra Mendoza Cano, en su carácter de apoderada de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, dio contestación a la demanda, acompañando para justificar esa personalidad el instrumento notarial 70,461 (setenta mil cuatrocientos sesenta y uno).
3) Por escrito de trece de agosto de dos mil uno, Lázaro Tapia Álvarez, en su carácter de autorizado de Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió incidente de falta de personalidad respecto de Bárbara Alejandra Mendoza Cano, quien compareció por la demandada Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
4) En respuesta a lo anterior, por escrito de veintidós de agosto de dos mil uno, se dio contestación al incidente de falta de personalidad, ofreciéndose como prueba la instrumental pública consistente en el tercer testimonio de la escritura número 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), en donde consta la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, del catorce de marzo de dos mil, tan sólo por cuanto hace al otorgamiento de un poder general en favor de Manuel Alejandro Rubiralta Díaz y la ratificación de diversos poderes entre los que se encuentra el otorgado a Bárbara Alejandra Mendoza Cano.
5) Por sentencia interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil uno, el Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, declaró improcedente el incidente de falta de personalidad interpuesto por la parte actora Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable.
6) Contra la resolución antes mencionada, la actora interpuso recurso de apelación dando origen al toca 2744/2001, el cual fue fallado por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el tres de diciembre de dos mil uno, la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, siendo su punto resolutivo del tenor siguiente:
"PRIMERO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha veinte de septiembre de dos mil uno ..."
Precisado lo anterior, es pertinente señalar que la recurrente aduce que la sentencia que combate viola en su perjuicio los artículos 77, fracción II y 78 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en los numerales 222, 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento antes mencionado, pues refiere que el Juez de Distrito no atendió a las constancias de autos, sin embargo, dicho argumento resulta ineficaz, toda vez que omite precisar cuáles fueron las constancias cuyo análisis o valoración se omitió, lo que es necesario para que este Tribunal Colegiado estuviera en aptitud de emitir un pronunciamiento al respecto, de lo contrario si la tercero perjudicada, al recurrir la sentencia emitida por el Juez de Distrito, señala que no se atendió a las constancias de autos sin precisar en qué consiste con exactitud la omisión, ello reviste el carácter de ineficaz porque no basta realizar una expresión de carácter general, siendo necesario que en todo caso se precise la omisión, para que se esté en posibilidad de emitir un pronunciamiento al respecto, máxime que en términos del artículo 78 antes mencionado en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron que fueron objeto de la resolución reclamada.
Por otra parte, la recurrente aduce que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió sobre la base de que se omitió resolver respecto de todos los agravios pero, contrario a ello, señala que sí existe pronunciamiento sobre todos y cada uno de los argumentos que la quejosa expuso en su recurso de apelación.
Empero, tal afirmación resulta infundada pues, como acertadamente lo resolvió el Juez Federal, la Sala responsable, al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, no estudió todas las cuestiones que le fueron planteadas en el escrito de expresión de agravios, siendo correcto se concediera a Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que, previo el estudio de todos los agravios, resuelva lo que en derecho corresponda.
Al respecto, es pertinente destacar que el veinte de septiembre de dos mil uno, el Juez natural dictó sentencia interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, tomando en consideración que la apoderada de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, pretendió acreditar su personalidad con el instrumento notarial número 70,461 (setenta mil cuatrocientos sesenta y uno), que contiene el poder general para pleitos y cobranzas, cuyo origen deriva de la cláusula sexta de la escritura número 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), en donde se autoriza a cinco profesionistas entre los que se encuentra Guillermo Cordera Perdomo, quien otorgó poder a Bárbara Alejandra Mendoza Cano, en cuyo inciso a) se establece la forma en que se ejercerán las facultades y que tratándose de las relativas a pleitos y cobranzas, y actos de administración, pueden ejercerse en forma conjunta o separada; en el inciso b) se aludía que el poder para actos de dominio y la facultad de intervenir en títulos y operaciones de crédito, debía ejercitarse en forma conjunta por dos de los apoderados; y, en el inciso c) se hacía referencia a que los apoderados podían otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas, y actos de administración o para otorgar, endosar, suscribir o intervenir en algún título u operación específica de crédito, así como revocar los poderes que hubiere otorgado la propia sociedad, estableciendo que los apoderados debían actuar en forma específica o hacerlo conjuntamente, por lo que el profesionista nombrado, sí tenía facultades para otorgar poderes, lo que era así, en razón de que el inciso c) únicamente facultaba a los apoderados a otorgar poderes en la misma forma en que ellos los tienen conferidos y hasta donde alcancen las suyas propias, mas no los obligaba a otorgar poderes en forma conjunta, de lo contrario implicaría una contravención con el inciso a), concluyendo que Guillermo Cordera Perdomo, tenía facultades para otorgar, en forma separada, poderes para pleitos y cobranzas, por tanto, resolvió que el incidente en cuestión resultaba improcedente.
Además de lo anterior, el Juez de primera instancia consideró que el propio incidentista había allegado al incidente el testimonio de la escritura número 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), con la que se tuvo por acreditado que el catorce de marzo de dos mil, se celebró una asamblea general ordinaria de accionistas del Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que expresamente quedaron ratificados los poderes de varias personas entre ellas de la profesionista Bárbara Alejandra Mendoza Cano, lo que sucedió antes de iniciarse el procedimiento de origen, por lo que, como el poder de la profesionista de mérito le fue ratificado previamente a su comparecencia a juicio, con ello se purgó cualquier vicio que pudiera haber tenido el poder impugnado, por lo que reiteró que el incidente de falta de personalidad era improcedente.
Contra la sentencia interlocutoria antes mencionada, la quejosa interpuso recurso de apelación, expresando como agravio que el Juez natural realizó una interpretación indebida del inciso c), de la cláusula sexta antes mencionada, en razón de que los apoderados de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, podían otorgar poderes a terceros sólo actuando dos de ellos en forma conjunta, por lo que era incorrecta la interpretación del Juez natural en el sentido de que el inciso debía interpretarse como que facultaba a dichos apoderados a otorgar poderes en la forma que ellos las tenían conferidas y hasta donde alcanzaren las suyas, por lo que Bárbara Alejandra Mendoza Cano, carecía de personalidad dado que el poder con el que compareció le fue otorgado por un solo apoderado de su representada en contravención a lo precisado en el inciso referido.
Además de lo anterior, la quejosa adujo como agravio que la resolución apelada es ilegal tomando en consideración que el Juez natural afirmó que con el instrumento notarial que se allegó al juicio relativo al acta de asamblea general ordinaria de la empresa, se purgaron todos los vicios que hubiese podido tener el poder notarial impugnado, dado que en dicha acta se contiene la ratificación del otorgamiento de poder a favor de Bárbara Alejandra Mendoza Cano, lo que era inexacto dado que dicho instrumento no podía purgar los vicios del instrumento notarial impugnado, en virtud de que el artículo 2574 en relación con los numerales 1794, fracción I y 1803 del Código Civil se desprendía que la falta de consentimiento como elemento de existencia da lugar a la inexistencia del contrato, por tanto, como el mandato es un contrato y al no haberse configurado consentimiento alguno, no se cumplen los elementos de existencia, siendo nulo sin que pudiese ser convalidado por las partes.
Al efecto, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien correspondió conocer del recurso de apelación, dictó resolución en la que determinó confirmar la sentencia interlocutoria impugnada, considerando que los agravios expuestos por la quejosa eran infundados por ser una reproducción de los argumentos vertidos en el incidente, además de que no controvertían en forma alguna los razonamientos expuestos por el Juez natural para declarar improcedente el incidente de falta de personalidad.
Lo anterior, permite considerar que es infundado el agravio aducido por la recurrente pues, efectivamente, los agravios expuestos con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra la sentencia interlocutoria de veinte de septiembre de dos mil uno, no pueden ser considerados como una repetición de los argumentos realizados con motivo del incidente, pues si bien la objeción se hace consistir en que la apoderada legal de la empresa demandada carecía de personalidad porque quien le otorgó poder lo hizo en forma separada, siendo que dicho otorgamiento de poderes debió haber sido en forma conjunta con otro apoderado, es el caso de que los argumentos contenidos en el escrito de expresión de agravios son diversos a los planteados en el incidente, lo anterior es así, tomando en consideración que la quejosa adujo una indebida interpretación realizada por el Juez natural del inciso c) de la cláusula sexta del instrumento notarial 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), así como de su indebida apreciación en el sentido de que los vicios de dicho poder fueron purgados, controvirtiendo con ello lo resuelto por el Juez de primera instancia, por lo que debe decirse que no se está en presencia de una reiteración propiamente dicha de los argumentos planteados en el incidente.
Por lo anterior, cabe precisar que no se resolvió sobre la impugnación realizada en el sentido de que el Juez natural hizo una interpretación indebida del inciso c) de la cláusula sexta de la escritura pública 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), con la que se tuvo por acreditada la personalidad de Guillermo Cordera Perdomo al otorgar el poder conferido a favor de Bárbara Alejandra Mendoza Cano, que se contiene en la escritura 70,641 (setenta mil seiscientos cuarenta y uno), en consecuencia, es indudable que corresponde a la Sala responsable emitir un pronunciamiento al respecto, dado que toda determinación jurisdiccional debe ser clara, precisa y congruente con los planteamientos que se sometan a su consideración; por tanto, es la autoridad que emite el acto de molestia quien debe pronunciarse al respecto y no la autoridad federal, porque de ser así se estaría sustituyendo en sus atribuciones lo que no es permitido.
No obsta a lo anterior, que la recurrente aduzca que sí existe pronunciamiento sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues aun cuando la Sala responsable haya precisado que era inexacto que el Juez de primera instancia hubiera sido omiso en proceder al análisis del incidente planteado y que de la cláusula sexta del documento cuestionado se advertía que Guillermo Cordera Perdomo estaba facultado para ejercer poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales, actos de administración y de dominio, puntualizando que en el inciso a) se establecía lo referente a las facultades de pleitos y cobranzas, y actos de administración incluidas las de carácter laboral, que serían ejercidas en forma conjunta o separada; que en el inciso b) se hacía referencia al poder para actos de dominio y la facultad de intervenir en títulos y operaciones de crédito en forma conjunta por dos de cualesquiera de los apoderados; y respecto del inciso c), precisó que los apoderados podían otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, y actos de administración o para otorgar, endosar, suscribir o intervenir en algún título u operación específica de crédito, así como para revocar los poderes que hubiere otorgado la propia sociedad, puntualizando que se facultaba a los apoderados para otorgar poderes en la misma forma que ellos tenían conferidas dichas facultades, o sea, hasta donde alcanzaran las suyas y que el inciso c) no podía ser contradictorio con el a); con ello, de ninguna forma queda de manifiesto que la Sala responsable haya resuelto sobre la impugnación realizada en el sentido de que el Juez natural hizo una interpretación indebida del inciso c) de la cláusula sexta de la escritura pública 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), por lo que sí es evidente que no dilucidó dicha cuestión, siendo correcto que a ella le corresponde emitir el pronunciamiento respectivo, en donde determine sobre la interpretación que debe darse al inciso antes mencionado.
Lo anterior es así, sobre la base de que corresponde a la autoridad responsable pronunciarse respecto de la interpretación que debe darse al inciso c) de la cláusula sexta de la escritura pública 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), pues al existir agravio en el sentido de que el Juez natural hizo una interpretación indebida en ese aspecto, a ella corresponde dilucidar dicha cuestión, de lo contrario este órgano colegiado estaría prejuzgando sobre la cuestión de personalidad, lo que no le es permitido al ser esto una facultad exclusiva de la Sala responsable.
Por tanto, no puede emitirse un pronunciamiento respecto a si en realidad Guillermo Cordera Perdomo tenía la obligación de otorgar el poder contenido en la escritura 70,641 (setenta mil seiscientos cuarenta y uno), conjuntamente con otro de los apoderados referidos en la escritura 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), porque ello dependerá de la interpretación que al efecto realice la Sala responsable del inciso c) de la cláusula sexta de la escritura antes mencionada, al no poder sustituirla en su actuación, ni prejuzgar sobre la personalidad de quien compareció a nombre de la demandada Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, que fue cuestionada ante la potestad común.
En consecuencia, si el incidente de falta de personalidad promovido por Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, se sustentó en el inciso c) de la cláusula sexta de la escritura 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), en donde se establece que los apoderados podrán otorgar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, y actos de administración o para otorgar, endosar, suscribir o intervenir en algún título u operación específica de crédito, así como revocar los poderes que hubiera otorgado la sociedad, con la sola limitación de que en tales casos debían actuar conjuntamente dos cualquiera de ellos, obteniendo al efecto una resolución desfavorable a lo pretendido y si en los agravios se adujo la forma en que debía entenderse la cláusula sexta inciso c) antes mencionados, indudablemente era obligado que la Sala responsable emitiera un pronunciamiento al respecto para de esta forma cumplir con la congruencia que debe revestir toda resolución jurisdiccional.
De igual forma, si la Sala responsable no atendió a lo expuesto en el agravio, referente a la indebida apreciación de que los vicios del poder fueron purgados con la ratificación de poderes contenida en la escritura 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), tiene la obligación de resolver lo conducente, limitándose a la materia de la litis, es decir, a lo expuesto en el incidente de falta de personalidad y al contenido de la contestación de dicho incidente, así como a lo expuesto en los agravios y en la contestación a éstos, para de esta forma poder arribar a la convicción si en realidad con la escritura antes mencionada se convalida cualquier vicio que pudiera tener el instrumento notarial 70,461 (setenta mil cuatrocientos sesenta y uno), con el que se acreditó la personalidad al dar contestación a la demanda.
En tal virtud, si la autoridad responsable, al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, omitió pronunciarse en forma expresa sobre el argumento de la quejosa en el sentido de que la ratificación de poderes contenida en la escritura 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), no podía purgar los vicios del instrumento notarial impugnado, invariablemente la protección federal debe concederse para el efecto de que se subsane esa omisión, en donde se deberá abordar el análisis de todos los planteamientos vertidos al respecto; lo anterior es así, sobre la base de que sólo de esta forma se podrá determinar si dicho instrumento es suficiente para convalidar los vicios del poder con el que se acreditó la personalidad al contestar la demanda, momento en el que se tienen que aportar todos los elementos con los que se demuestre la facultad para actuar a nombre de otro.
En tales condiciones, si la Sala responsable omitió pronunciarse respecto de la interpretación que debe darse al inciso c) de la cláusula sexta de la escritura 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), no puede considerarse que el instrumento con el que se acreditó la personalidad tenga plena validez y que, en consecuencia, sea innecesaria la ratificación a que se refiere el instrumento notarial 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), por tanto, si se incurrió en omisión de analizar tanto lo relativo a la interpretación del inciso c) como a la ratificación de poderes contenida en el instrumento antes mencionado, es correcto que la protección federal se conceda para el efecto de subsanar tales omisiones, porque únicamente de esta forma se podrá determinar si en realidad Bárbara Alejandra Mendoza Cano cuenta con facultades para intervenir en el juicio natural a nombre de Grupo Industrial Bacardí de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Sin que sea correcto examinar a fondo los agravios formulados con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria del veinte de septiembre de dos mil uno, que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora son inoperantes pues, en todo caso, ello será resuelto por la Sala responsable, de lo contrario este Tribunal Colegiado estaría sustituyendo a la autoridad que emite el acto de molestia lo que no es permitido, correspondiendo a ella calificar los agravios respectivos.
Por lo anterior, no resultan aplicables los criterios de jurisprudencia citados bajo los rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", que refiere la recurrente, porque ante la omisión de estudio de agravios en que incurrió la Sala responsable, no puede en este amparo abordarse su análisis declarándolos inoperantes, porque debe tenerse presente que ello es una facultad de la autoridad que emitió el acto, en donde ciñéndose a la litis debe determinar lo conducente.
Al respecto, cabe destacar que los criterios de jurisprudencia citados, son del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo."
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES.-Carece de razón, conceder el amparo, para el único efecto de que la responsable se haga cargo de uno de los motivos de inconformidad cuyo análisis omitió, si se advierte que en los agravios expresados ante la autoridad responsable el apelante no impugnó los argumentos torales en que se basó la sentencia del primer grado y que por tal motivo, aun reparado el agravio, la resolución que se emitiera continuaría siendo desfavorable a los intereses del quejoso."
Como se puede advertir, los criterios de jurisprudencia antes precisados cobran vigencia cuando en los juicios de amparo se considere fundado un argumento por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal planteamiento no es apto para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, siendo obligado en este supuesto que el concepto aducido aun cuando sea fundado se declare inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría resultando ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y de la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional; por tanto, cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común y sea necesario el empleo del arbitrio jurisdiccional, es evidente que dichos criterios no son aplicables.
Sobre esa base, el tribunal de amparo puede pronunciarse, con efectos limitados a una negativa de amparo, respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de instancia, cuando existe razón en los planteamientos vertidos en los agravios por omisión de la autoridad responsable, lo que no puede realizarse cuando se deban dilucidar aspectos de fondo, puesto que esto ocurre ante situaciones evidentes que no influyan en el sentido del fallo, mas no cuando para decidir el punto sea necesario el uso del arbitrio jurisdiccional, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación de normas o de contratos, porque en este supuesto invariablemente corresponde a la autoridad responsable ocuparse del análisis de tales cuestiones omitidas, de lo contrario se incurriría en una indebida sustitución de la autoridad común; de ahí que la declaración de que un concepto de violación es fundado pero inoperante únicamente es posible ante una clara y evidente solución del asunto pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional.
Esto es, sólo puede considerarse un argumento fundado pero inoperante, ante situaciones evidentes que no trasciendan al fondo del asunto, mas no cuando se pretenda decidir aspectos de fondo que requieren del uso del arbitrio judicial, como sucede en el caso, en donde es necesario que se realice la interpretación respecto del inciso c), de la cláusula sexta de la escritura 63,440 (sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta), así como de la trascendencia de la ratificación de poderes a que se refiere el instrumento notarial 76,972 (setenta y seis mil novecientos setenta y dos), lo que es propio de la autoridad responsable.
Por tanto, debe concluirse que si la autoridad responsable no abordó el análisis de la totalidad de los agravios formulados con motivo del recurso de apelación en uso de su arbitrio judicial, el acto reclamado viola en perjuicio de la quejosa garantías constitucionales dado que ello es contrario a una técnica jurídica procesal y a los principios rectores de las resoluciones judiciales como la de que se trata, la que obliga a exponer invariablemente los razonamientos en que una autoridad apoya sus determinaciones para declarar fundados, infundados o inoperantes los agravios que le son invocados, de manera que la sentencia que no se apega a esto, desatiende la garantía de legalidad tutelada en artículo 14 constitucional.
En tales condiciones, ante lo infundado e ineficaz de los agravios expuestos por el recurrente, lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 90 y 91 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Molienda Azucarera Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Armando Cortés Galván, Neófito López Ramos y María Soledad Hernández de Mosqueda, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
Nota: Las tesis citadas de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES.", aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima y Octava Épocas, Volúmenes 187-192, Cuarta Parte y Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, páginas 81 y 137, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18174-58225e1a/conceptos-de-violacion-fundados-pero-inoperantes-deben-declararse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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