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GARANTIA DEL INTERES FISCAL. EL ARTICULO 144 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTE A PARTIR DE 1991, NO VIOLA EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1864/93. · Registro digital (IUS): 3279
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: METALES Y TROQUELADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, , Pág. 42.

AMPARO EN REVISION 1864/93. METALES Y TROQUELADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Es esencialmente fundado el único agravio que hace valer la recurrente, en el sentido de que, contrario a lo afirmado por la a quo, no puede considerarse que la solicitud de suspensión del procedimiento económico coactivo presentada ante la autoridad responsable constituye el primer acto de aplicación de la ley reclamada y que, por lo tanto, al no haber promovido la demanda dentro de los quince días siguientes, se deba considerar como un acto consentido, porque el primer acto de aplicación, lo constituye los requerimientos de pago y embargo que son los que le pararon perjuicio, puesto que en éstos la autoridad requirió a la contribuyente.

En efecto, el artículo 144, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación, establece:

"ARTICULO 144.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero patronales o de capitales constitutivos al Seguro Social. Si a más tardar al vencimiento del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.

"Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal, que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución".

A fojas 36 del expediente del juicio de amparo, obra el escrito presentado por el representante legal de la quejosa ante la Administración Local del Sur del Distrito Federal, Administración Local de Recaudación, según sello de recibido, del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, por el que solicita lo siguiente:

"Que con fundamento en el artículo 144, fracciones I y II (sic) del Código Fiscal de la Federación, vengo a solicitar la suspensión del procedimiento económico coactivo iniciado en contra de mi poderdante por los créditos al rubro citados. Al efecto anexo copia sellada de la demanda presentada en contra de las resoluciones que generó los créditos al rubro citados.- POR LO EXPUESTO: A ESA ADMINISTRACION, atentamente pido: UNICO.- Suspender el procedimiento económico coactivo otorgando el plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal derivado de los créditos al rubro citados".

Así mismo, a fojas 38 a 53 de los autos del juzgado, obran los mandamientos de ejecución, órdenes de requerimiento de pago y embargo, así como las actas respectivas, referentes a los créditos fiscales Z-33931 al Z-33934, todos estos documentos de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres; en los cuales los mandamientos de ejecución expresamente consignan:

"Distrito Federal a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres.- En virtud de que este crédito, notificado en fecha 92/12/07 no fue pagado ni garantizado dentro del plazo legal correspondiente y por consecuencia, se ha hecho exigible, con fundamento en los artículos 65, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación y 111 apartado A, fracc. XI del Reglamento Interior de la S.H.C.P., requiérase de pago al deudor con el apercibimiento que de no hacerlo en el acto de la diligencia, se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para hacer efectivo el crédito y sus accesorios legales.

"Para el cumplimiento de lo manifestado, se designa al ejecutor C. Rubén Díaz.- Con fundamento en el artículo 13 del código citado, se habilita hasta las (en blanco) horas del día (en blanco) para que practique la diligencia".

Las documentales transcritas tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según lo previsto por el artículo 2o., de la ley de la materia.

Ahora bien, con independencia de que la solicitud presentada por la quejosa, de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, ante la Administración Local del Sur del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se haya formulado con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, no constituye un acto de aplicación en su perjuicio, de ese dispositivo legal, que la habilite para reclamar su inconstitucionalidad, como en contrario lo consideró la juez de Distrito, en virtud de que la mera solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución por parte del particular, ningún perjuicio le ocasiona y, por tanto, tal solicitud no afecta en sí misma su interés jurídico, máxime si se tiene en consideración que en la propia solicitud no pidió que se le concediera el término de cuarenta y cinco días para garantizar el interés fiscal, sino el de cinco meses.

Además, aun cuando la agraviada haya conocido el artículo 144 reclamado cuando interpuso el juicio de nulidad en contra de los créditos fiscales motivo de los mandamientos de ejecución, e incluso desde la vigencia del precepto legal, no puede considerarse que expresamente lo haya consentido, por no combatirlo desde que tuvo conocimiento del mismo, dado que dicho precepto legal es de carácter heteroaplicativo, pues con su sola vigencia no causa perjuicio alguno, sino que requiere de un acto concreto de aplicación en el que tal perjuicio se actualice y, por ende, mientras no se produzca el acto de aplicación el particular no tiene interés jurídico alguno para reclamarlo. Por tanto, le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que combatió el artículo 144 hasta que la autoridad lo aplicó en su perjuicio en el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y embargo. No obstante que el precepto legal combatido tenga el carácter de heteroaplicativo, como ya se dijo, lo cierto es que en el presente caso no se actualiza la causal de improcedencia analizada por la juez de Distrito, prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la agraviada no consintió los actos de aplicación en su perjuicio del artículo reclamado que, como afirma la recurrente, fueron las órdenes de requerimiento y embargo, el mandamiento de ejecución y las actas relativas, pues aun cuando no se cite en tales actos, como fundamento de los mismos, el artículo impugnado, este dispositivo se aplica en dichos actos en perjuicio de la agraviada.

Efectivamente, los actos de referencia si bien no contestan expresamente la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución formulada por la quejosa, implícitamente la niegan al ordenar el requerimiento, ejecución y embargo, y al razonar la responsable en las órdenes relativas, la procedencia de efectuar el requerimiento de pago bajo el apercibimiento de embargo de bienes suficientes para hacer efectivos los créditos fiscales y sus accesorios, por no haberse cubierto ni garantizado dentro del plazo legal correspondiente, lógicamente está fundándose en el artículo reclamado y aplicado en perjuicio de la quejosa, pues de la transcripción del mismo se advierte que en él se establecen los plazos en que deben garantizarse los créditos fiscales a fin de evitar la ejecución de las resoluciones que los determinan.

Es aplicable al respecto la tesis LXI/90 de este Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 36, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa, foja 34, que establece:

"INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCION SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.- Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada".

Luego, su demanda sí fue presentada dentro de los quince días previstos por el artículo 21 de la Ley de Amparo, dado que si el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y embargo le fueron notificados el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres y presentó su demanda de garantías el veintiuno de abril siguiente, debe concluirse que está en tiempo, puesto que en materia fiscal federal de acuerdo con los artículos 255 y 258 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente de practicadas y los términos empiezan a correr a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación; además, de que deben descontarse los días 27 y 28 de marzo; 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17 y 18 de abril por haber sido inhábiles y, en consecuencia, contrario a lo considerado por la juez de Distrito, la quejosa no consintió el artículo reclamado expresa ni tácitamente. De ahí que las tesis citadas por la a quo no sean aplicables al caso concreto.

CUARTO.- Dada la conclusión a la que se arriba en el considerando que antecede, se pasa al examen de las restantes causas de improcedencia planteadas por las autoridades responsables o que se adviertan de oficio, dado que su estudio es preferente, según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En el informe rendido en representación del presidente de la República también se planteó que procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XII, del artículo 73, en relación con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona, evidentemente ha sido consentida por la demandante desde el momento en que optó por promover juicio de nulidad y no recurso de revocación en contra del crédito determinado, y por ende, se sometió a la forma y términos en que se tramitaría éste; que cuando se controvierte una norma de un procedimiento legal que el propio amparista optó ceñirse, resultan consentidos también todos aquellos artículos que tienen una vinculación estrecha con el procedimiento admitido, por lo que al haber aceptado promover juicio de nulidad, también aceptó sujetarse a las normas que lo regulan, como es el artículo cuestionado.

Dicha causa de improcedencia es infundada.

Efectivamente, debe indicarse que desde que un particular promueve juicio de nulidad o recurso de revocación en contra de la resolución que determina un crédito fiscal, y más aún, desde que tal resolución le es notificada o tiene conocimiento de ella, el afectado únicamente puede lograr que se suspenda la ejecución del crédito cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, esto es, promoviendo el juicio de nulidad o interponiendo el recurso de revocación y, en ambos casos, garantizando el crédito dentro de los términos en ese artículo previstos. Sin embargo, tal situación no actualiza en perjuicio del afectado el supuesto normativo; tanto es así que ante la notificación de un crédito fiscal el particular puede consentirlo y pagarlo, o bien, impugnarlo, pero además cubrir su importe para después solicitar su devolución en el caso de que el crédito se nulifique, o solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución o, incluso, esperar a que opere la prescripción del crédito. Para que el supuesto normativo se actualice en perjuicio del particular es necesario que se produzca un acto concreto de aplicación en el que se niegue la suspensión del procedimiento ejecutivo por no cumplirse los requisitos legales, o bien, por no haberse cumplido estos requisitos, se ordene o se proceda a hacer efectivo el crédito fiscal.

Mientras el supuesto normativo no se actualice en perjuicio de la agraviada, ésta no puede combatir la constitucionalidad del precepto legal, no obstante lo conozca y sepa que debe acatarlo a fin de evitar la ejecución del crédito, por lo que no puede entenderse consentido el precepto legal por no reclamarse desde que se notificó el crédito o se promovió el juicio de nulidad, porque aún no tenía la quejosa interés jurídico para hacerlo. Este interés surgió al actualizarse el presupuesto normativo en los actos de aplicación ya analizados y tampoco puede considerarse acto derivado de consentido, puesto que si bien la quejosa optó por promover juicio de nulidad, en vez de recurso de revisión, solicitó plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal, por lo cual de modo alguno podría atribuírsele su consentimiento respecto del contenido dispositivo del precepto impugnado.

El propio representante del presidente de la República también alega que es improcedente el presente juicio de garantías en términos de la fracción XII del artículo 73, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa manifiesta expresamente que el acto de aplicación del artículo combatido fue el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, fecha en que le fueron ejecutados los requerimientos de pago y embargo y que como su demanda la presentó hasta el veintiuno de abril del mismo año, ésta resulta extemporánea pues el término feneció el quince de abril de ese año.

Tal causa de improcedencia resulta infundada, toda vez que, como se analizó en el anterior considerando, la demanda sí fue presentada en tiempo, por lo que el cómputo que efectúa la autoridad no es exacto.

Al no existir pendiente de examen ninguna causal de improcedencia planteada por las autoridades responsables o que se advierta de oficio, resulta procedente revocar la sentencia recurrida sólo en cuanto sobreseyó en el juicio respecto del precepto legal reclamado y, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, analizar el concepto de violación hecho valer en contra del artículo combatido.

QUINTO.- El único concepto de violación planteado en contra del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de mil novecientos noventa y uno resulta infundado.

Este órgano colegiado ya determinó que el precepto legal reclamado no viola el artículo 13 constitucional, al resolver los amparos en revisión 618/92 y 913/92, promovidos, respectivamente, por Compañía Distribuidora de Regalos, Sociedad Anónima y Servicios Felusa, Sociedad Anónima, fallados en sesión del doce y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, el primero, por unanimidad de quince votos de los ministros: De Silva Nava, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; impedido el ministro Lanz Cárdenas, ausentes los ministros: Magaña Cárdenas, Montes García, Castañón León y Llanos Duarte; y el segundo fallado por unanimidad de dieciséis votos de los ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Alva Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; impedido el ministro Lanz Cárdenas; estuvieron ausentes los ministros: Montes García, Llanos Duarte y Adato Green. En ambas resoluciones, en cuanto al tema debatido se estableció:

"CUARTO.- Son fundados los agravios hechos valer y suficientes para revocar la concesión del amparo, por las razones que se exponen a continuación.

"Previamente a su análisis, debe advertirse que el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, únicamente fue adicionado con un segundo párrafo, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, y que entró en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y uno, ya que el primer párrafo de dicho precepto legal no fue objeto de reforma alguna; sin embargo, de los conceptos de violación transcritos en el resultando tercero de este fallo se desprende que la parte quejosa impugnó dicho numeral en cuanto a ambos párrafos por la relación que guardan entre sí, y respecto de ellos la juez de Distrito concedió el amparo por estimarlos violatorios de la garantía de igualdad consagrada en el artículo 13 constitucional.

"Pues bien, no es exacto que el citado artículo 144 del Código Tributario Federal en sus párrafos primero y segundo contravenga el mencionado precepto constitucional, que establece como garantía específica que nadie puede ser juzgado por leyes privativas. En efecto, en primer término, debe destacarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 84, consultable en la página número 169 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, ha establecido lo siguiente:

"`LEYES PRIVATIVAS.- Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogados. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional'.

"Por leyes privativas, de acuerdo con el criterio sustentado por el más alto tribunal del país, en la tesis jurisprudencial 12/91, de rubro `ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. NO VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL', que parece publicada en la página número 32, del Tomo VII, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, deben entenderse aquellas cuyas disposiciones se extingan por su validez después de aplicarse a un caso concreto y determinado, y que se apliquen en consideración de especie o persona, o sea, que carezcan de los atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad que debe revestir toda norma jurídica.

"Ahora bien, el aludido artículo 144 del código tributario federal, en sus párrafos primero y segundo, dispone lo siguiente: (se transcribe).

"El precepto legal que se estudia no puede considerarse como privativo, puesto que su aplicación es para un número ilimitado e indefinido de personas y para todos los casos indeterminados que se encuentran comprendidos en su texto, esto es, que la norma se aplica a todos los contribuyentes en general sin distingo alguno, mientras esté vigente, y su validez no se extingue después de aplicarse a un caso concreto y determinado, de lo que se colige que, contra lo estimado por el juez de Distrito, el precepto legal de que se trata sí cumple con el requisito de abstracción de toda norma jurídica, pues como se ha visto, no hace diferenciación alguna en cuanto a las personas a quienes debe aplicarse, sino que va dirigida a todos los sujetos que se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis normativa, y la sola circunstancia de que el referido numeral establezca diversos términos para garantizar el interés fiscal, según sea el medio de impugnación que elija el contribuyente en contra del acto de autoridad que determine un crédito fiscal, a saber, cuarenta y cinco días si promueve juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y cinco meses si opta por interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad fiscal, no implica que no se cumpla con el requisito de abstracción de toda norma legal, puesto que la diferencia de plazos para garantizar el interés fiscal según el medio de defensa que haga valer el contribuyente no se aplica a una persona o personas determinadas, sino a un número indefinido de casos que no desaparecen una vez que han sido aplicados.

"En tal virtud, al margen de las características jurídicas del recurso administrativo de revocación y del juicio contencioso administrativo, es inexacto, como lo estimó la juez federal, que por el solo hecho de que se establezca un plazo superior para garantizar el interés fiscal al contribuyente que opte por interponer el recurso de revocación en contra de una resolución que determine un crédito fiscal, y se señale un término inferior para el mismo efecto al contribuyente que promueve el juicio contencioso administrativo, con ello se atente contra la garantía consagrada en el artículo 13 constitucional, en tanto que el multicitado artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, en sus párrafos primero y segundo, es una disposición general y abstracta que se aplica a todos los contribuyentes sin excepción, que a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución garanticen el interés fiscal dentro de los plazos previstos por el propio dispositivo legal, según sea el medio de impugnación que elijan de acuerdo a sus intereses, y dichos plazos no están establecidos respecto de un contribuyente en particular, sino a todos aquellos que hagan valer los aludidos medios de defensa en contra del acto que determine un crédito fiscal.

"En esas condiciones, como la ley impugnada regula de manera general, abstracta e impersonal la situación jurídica de los contribuyentes que se encuentran en el supuesto de la norma y que deben garantizar el interés fiscal, sin concretarse a un caso concreto y determinado y sin que sus disposiciones se apliquen en consideración de especie o personas en particular, es evidente que no infringe lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

La anterior consideración dio origen a la tesis P. LXXXII/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres, visible a fojas 50 y 51 y que a la letra dice:

"GARANTIA DEL INTERES FISCAL. EL ARTICULO 144 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE A PARTIR DE 1991 NO VIOLA EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.- Establece el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 1991, el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto que determine un crédito fiscal para garantizar el interés fiscal cuando se impugna a través del juicio de nulidad, y el plazo de cinco meses cuando se opte por agotar el recurso de revocación. Este precepto legal no viola el artículo 13 constitucional, puesto que su aplicación es para un número ilimitado e indefinido de personas y para todos los casos indeterminados que se encuentran comprendidos en su texto, esto es, que la norma se aplica a todos los contribuyentes en general sin distingo alguno, mientras esté vigente, y su validez no se extingue después de aplicarse a un caso concreto y determinado. Por el solo hecho de que se establezca un plazo superior para garantizar el interés fiscal al contribuyente que opte por interponer el recurso de revocación en contra de una resolución que determine un crédito fiscal, y se señale un término inferior para el mismo efecto al contribuyente que promueve el juicio contencioso administrativo, no se atenta contra el precepto constitucional citado porque el dispositivo secundario es una disposición general y abstracta que se aplica a todos los contribuyentes sin excepción, que a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución garanticen el interés fiscal dentro de los plazos previstos por el propio dispositivo legal, según sea el medio de impugnación que elijan de acuerdo a sus intereses, y dichos plazos no están establecidos respecto de un contribuyente en particular, sino a todos aquellos que hagan valer los aludidos medios de defensa en contra del acto que determine un crédito fiscal".

Además, el mismo criterio se reiteró por el propio Tribunal Pleno al resolver los amparos en revisión A.R. 1035/92, quejosa Plaza Omni, Sociedad Anónima, fallado el 21 de septiembre de 1994, por unanimidad de 19 votos y el A.R. 1242/93, quejosa Industrial Kino, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el 22 de mayo de 1995,por unanimidad de 9 votos.

Se reitera en esta resolución el criterio transcrito y, con base en él, se considera infundado el concepto de violación planteado en contra del precepto legal reclamado.

De conformidad con todo lo manifestado, resulta procedente revocar la sentencia recurrida en lo que es materia de la revisión y negar el amparo solicitado por la agraviada, respecto de los actos que fueron materia de la presente revisión.

Toda vez que la recurrente también expresa agravios en contra de la negativa del amparo con respecto de los actos del administrador Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal y ejecutor Rubén Díaz, con apoyo en el artículo 92 de la Ley de Amparo, procede reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que se avoque a su resolución, para cuyo efecto deberán remitírsele los autos correspondientes.

Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida, en lo que es materia de la revisión.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Metales y Troquelados de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta resolución, que fueron materia de la revisión.

TERCERO.- Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, en los términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de la presente resolución, envíense los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno; remítase testimonio de esta ejecutoria al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de los ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente en este asunto el ministro Juan Díaz Romero.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3279-93e1ef80/garantia-del-interes-fiscal-el-articulo-144-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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