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Modo: Corpus Pro

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1763/98. · Registro digital (IUS): 5569
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HERRAMIENTAS TRUPER, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, , Pág. 71.

AMPARO EN REVISIÓN 1763/98. HERRAMIENTAS TRUPER, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-La autoridad recurrente presidente de la República aduce en su primer agravio, que la sentencia que se revisa infringe lo dispuesto por los artículos 77, fracción III, de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al faltar al principio de congruencia que debe regir el dictado de una resolución, toda vez que en el resolutivo segundo se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la sentencia; sin embargo, en el aludido considerando se hace el estudio de las causales de improcedencia propuestas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, pero no se precisan los motivos por los cuales se otorgó el amparo y menos se determina contra cuáles autoridades se concede la protección de la Justicia Federal, lo que torna la sentencia en incongruente y carente de la debida motivación que debe contener.

Es fundado el agravio que se hace valer, ya que de la lectura del resolutivo segundo de la sentencia recurrida (transcrito a fojas 21 de esta ejecutoria), se advierte que el Juez Federal al conceder el amparo a la quejosa remite a lo razonado en el considerando cuarto del propio fallo, en el cual, efectivamente, no se realizó el estudio del fondo del asunto, pues éste se contiene en el considerando quinto de la misma resolución. En efecto, de la simple lectura de los mencionados considerandos, transcritos con antelación, se advierte que en el señalado como cuarto, el juzgador analizó la procedencia del juicio de garantías, específicamente en relación con las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables y, en cambio, en el considerando quinto se hizo cargo de conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, mismos que estimó fundados y suficientes para otorgar el amparo a la quejosa; por tanto, tomando en cuenta que el pronunciamiento de las sentencias de amparo y, por ende, su correcta formulación, constituyen una cuestión de orden público, ya que es la base para el debido cumplimiento del fallo, procede que este órgano jurisdiccional corrija la incongruencia planteada y precise que el amparo concedido en el punto resolutivo segundo, se rige por los razonamientos y efectos señalados en el considerando quinto del mismo fallo.

Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios contenidos en las tesis que a continuación se insertan:

"SENTENCIAS DE AMPARO, INCONGRUENCIAS EN LAS.-Si con la lectura de la sentencia combatida, se ve que efectivamente se comete en ella la incongruencia de que se habla en el agravio examinado, con la circunstancia de que únicamente de parte de cierta autoridad responsable se considera confesado el acto reclamado, y sólo contra ésta se estima procedente el otorgamiento de la protección constitucional, como los considerandos de una sentencia cualquiera, son los que rigen su correspondiente parte resolutiva y no al contrario, debe subsanarse la incongruencia en cuestión, ajustando la parte resolutiva del fallo a su referida parte considerativa, para el efecto de conceder al quejoso la protección constitucional, sólo por cuanto a la conculcación del derecho reclamado." (tesis publicada en la página 873, Segunda Sala, Tomo CXXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación).

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.-Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas, dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que pueda depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." (tesis del Tribunal Pleno número CXXXII, publicada en la página 180, del Tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

SEXTO.-En el segundo agravio argumenta el jefe del Ejecutivo Federal recurrente que la sentencia sujeta a revisión transgrede lo dispuesto por los artículos 76 y 77, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que el Juez de Distrito indebidamente consideró que el artículo 24, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, resulta contrario a lo previsto en los preceptos 49 y 73 constitucionales y, como consecuencia, a la garantía de legalidad que consagra el numeral 16 de la misma Ley Fundamental, en razón de que, según agrega, es falso que la facultad concedida en la fracción V del artículo 39 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sólo pueda ser ejecutada por el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pues de dicha disposición se advierte que la atribución para emitir Normas Oficiales Mexicanas se confiere de manera genérica a la dependencia señalada, sin precisar el qué, quién, dónde y cuándo de esa situación jurídica general, hipotética y abstracta, por lo que debe considerarse que corresponde al reglamento que expidió el jefe del Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, constitucional, el precisar esos supuestos; y que, por tanto, contrariamente a lo razonado por el Juez Federal, el presidente de la República al expedir el ordenamiento reglamentario reclamado, no transgrede su cometido constitucional, sino que complementa la facultad que el Congreso de la Unión otorgó a la dependencia señalada, proveyendo en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley.

Es fundado el agravio que ha quedado resumido con antelación.

En primer término, es necesario recordar que para declarar como inconstitucional el artículo reglamentario reclamado, el Juez Federal, medularmente, razonó que se acreditaba la violación a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16, en relación con los preceptos 49 y 73, todos de la Constitución Federal, tomando en cuenta que en términos de lo que dispone el artículo 39, fracción V, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión depositó en la "secretaría" la facultad para expedir las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que dicha atribución sólo puede ser ejecutada por el titular de la dependencia, ya que se trata de facultades exclusivas y, por tanto, si el Ejecutivo Federal en el reglamento interior faculta al director general de Normas para expedir acuerdos de carácter general que de manera sensible restringen la esfera jurídica de los gobernados, ello implica que dota de facultades legislativas a una autoridad administrativa, lo que trasciende su cometido constitucional.

Ahora bien, resulta indispensable destacar que en el capítulo de actos reclamados de la demanda de garantías, la quejosa expresamente combatió, tanto los artículos 5o., fracción XV y 17, fracción I, del anterior Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil novecientos noventa y tres y su reforma; como los numerales 5o., fracción XVI y 24, fracción I, del actual reglamento interior de la citada dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por cuanto, según agregó, establecen la facultad del secretario de Comercio y Fomento Industrial y del director general de Normas de expedir Normas Oficiales Mexicanas.

Por su parte, en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SCFI-1994, Instrumentos de Medición-Cintas Métricas de Acero, que reclamó la quejosa, expedida por la directora general de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se citó como fundamento, entre otros, los artículos "9o. y 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;" por lo cual debiera considerarse que tal acto demuestra la aplicación de los señalados artículos, contenidos en el ordenamiento reglamentario publicado el primero de abril de mil novecientos noventa y tres, pues en el artículo 17 de este reglamento se contenía la facultad de la directora general de Normas para expedir la norma oficial reclamada; sin embargo, es relevante que a la fecha de publicación de la citada norma oficial (veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco), ya se encontraba en vigor el actual reglamento interior de la citada secretaría, publicado en el órgano informativo oficial el dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco, cuya vigencia inició al día siguiente y en cuyos artículos 5o., fracción XVI y 24, fracción I, se contiene la facultad del titular de la dependencia para expedir acuerdos de carácter general y del director general de Normas para expedir Normas Oficiales Mexicanas; de manera que como esa situación irregular no puede atribuirse a la quejosa y, además, los citados preceptos reglamentarios en vigor, reiteran en términos similares el contenido de las anteriores disposiciones, para no dejar en estado de indefensión a la promovente, el análisis de la constitucionalidad en grado de revisión de dichas normas debe versar sobre las disposiciones anteriores y las vigentes, en tanto que establecen las mismas facultades que la quejosa estima inconstitucionales.

Resultan aplicables, en lo conducente los criterios contenidos en las tesis que a continuación se insertan:

"LEYES DEROGADAS, INVOCACIÓN DE LAS, CUANDO EXISTE PRECEPTO IGUAL EN LAS VIGENTES.-Cuando el juzgador invoca una ley derogada, no causa perjuicio si existe en la ley vigente un artículo que reproduzca al indebidamente aplicado." (tesis publicada en la página 41, del Volumen CXXV, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación).

"LEYES, APLICACIÓN DE.-El hecho de que una resolución se haya fundado en una ley en vigor para sancionar un hecho anterior a ella, no puede causar perjuicio al afectado, como lo requiere el artículo 14 constitucional, al referirse a la retroactividad en la aplicación de las leyes, si la ley derogada comprende disposiciones que aprecian y sancionan la omisión en que se haya incurrido, en la misma forma que lo hacen las disposiciones de la ley vigente." (tesis publicada en la página 204, del Tomo LII, Segunda Sala, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación).

Ahora bien, los artículos 5o., fracción XV y 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de mil novecientos noventa y tres, reformado por decreto publicado el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, disponían:

"Artículo 5o. El secretario tendrá las facultades necesarias para cumplir con las atribuciones que integran la competencia de la secretaría. De dichas facultades las siguientes no serán delegables: ... XV. Expedir los acuerdos de carácter general con base en la Ley Federal de Competencia Económica, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos cuya aplicación y vigilancia de su cumplimiento corresponda a la secretaría;"

"Artículo 17. Son atribuciones de la Dirección General de Normas: I. Formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en el ámbito de competencia de la secretaría;"

Por su parte, los artículos 5o., fracción XVI y 24, fracción I, del reglamento interior de la citada dependencia, en vigor, disponen:

"Artículo 5o. El secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: ... XVI. Expedir los acuerdos de carácter general con base en la Ley Minera, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley de Inversión Extranjera, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Correduría Pública, y demás ordenamientos cuya aplicación y vigilancia de su cumplimiento corresponda a la secretaría."

"Artículo 24. Son atribuciones de la Dirección General de Normas: I. Formular, revisar, aprobar, expedir y difundir las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en el ámbito de competencia de la secretaría;"

De los artículos transcritos se advierte que confieren al secretario de Comercio y Fomento Industrial la facultad de expedir acuerdos de carácter general con apoyo en lo que disponen diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y establecen como atribución de la Dirección General de Normas de la misma dependencia, la de formular, expedir y difundir las Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito competencial de la secretaría mencionada, atribución esta última que el Juez Federal estimó inconstitucional.

Precisado lo anterior, debe señalarse que, contrariamente a lo considerado por el Juez Federal, aun cuando los preceptos reglamentarios en comento otorgan a la Dirección General de Normas, la facultad de formular, expedir y difundir las Normas Oficiales Mexicanas que corresponden al ámbito de competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ello no vulnera los principios de reserva de la ley y de subordinación que deben observar las disposiciones reglamentarias, ni constituye una indebida delegación de facultades legislativas en favor de una autoridad administrativa.

En efecto, según se ha sostenido reiteradamente por este Alto Tribunal, el presidente de la República en ejercicio de la potestad que le concede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, está facultado para expedir las normas reglamentarias necesarias que tiendan a la ejecución de las leyes emanadas del Congreso de la Unión; de manera que esas disposiciones reglamentarias aunque desde el punto de vista material son similares a las normas expedidas por el órgano legislativo, en cuanto son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de estas últimas básicamente por dos razones, como son, la primera, en razón de que provienen de un órgano que desde el punto de vista constitucional no expresa la voluntad general, sino la de un órgano instituido para acatarla, como es el titular del Poder Ejecutivo y, la segunda, porque son, por definición, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan.

Las razones antes precisadas explican en lo general que la Ley Fundamental imponga ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre ellas, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de la ley; y, por otra, la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. En efecto, el aludido principio de reserva de la ley forma parte de uno de carácter general, como es el de legalidad, que impide que el reglamento invada materias que de manera expresa la Constitución Federal reserva a la ley formal y, en cambio, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley, constriñe al jefe del Ejecutivo Federal a expedir sólo aquellas normas que tiendan a hacer efectiva o a pormenorizar la aplicación del mandato legal, pero sin contrariarlo, modificarlo o excederlo. Así se ha considerado en diversas tesis y jurisprudencias, de las cuales a continuación se transcriben las siguientes:

"FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.-Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al presidente de la República y a los gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la división de poderes imperante en la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse el alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación." (jurisprudencia de la Segunda Sala número 47/95, publicada en la página 293, del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

"-Según ha sostenido este Alto Tribunal en numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, constitucional, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las Constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos; mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida." (tesis de la Segunda Sala número LXX/95, publicada en la página 284, del Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO.-El artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal ha establecido en favor del presidente de la República, la que se ha denominado facultad reglamentaria, al disponer que debe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, según la han reconocido la jurisprudencia y la doctrina mexicanas; en la inteligencia de que al ejercitar la función reglamentaria, el Ejecutivo realiza materialmente una función legislativa, aunque formalmente debe considerarse de orden administrativo, toda vez que da normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y permanente, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Por lo mismo, es inexacto que la función legislativa esté reservada de modo exclusivo al Congreso de la Unión ya que, constitucionalmente, el Ejecutivo está facultado para ejercitarla, al hacer uso de la facultad reglamentaria, y dentro de los límites propios de ésta, que por tener como finalidad el desarrollo de las normas establecidas en la ley reglamentaria, no puede contrariar éstas, pero sí adecuarlas a las múltiples situaciones que pueden quedar regidas por ellas." (tesis publicada en la página 1762, del Tomo CXXV, Cuarta Sala, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación).

En aplicación de esos criterios, debe considerarse que los preceptos reglamentarios reclamados, en cuanto en ellos se faculta al secretario de Comercio y Fomento Industrial para expedir acuerdos de carácter general con base en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el director general de Normas se deposita la atribución para expedir Normas Oficiales Mexicanas, no resulta violatorio de los principios de reserva de la ley, ni del de subordinación jerárquica, ni del principio de separación de poderes que consagra el artículo 49 constitucional, toda vez que si bien es cierto que el numeral 73, fracción X, de la propia Ley Fundamental, establece como competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de comercio, también lo es que dicha facultad no ha sido invalidada en la especie, ya que fue, precisamente, en ejercicio de esa atribución que el órgano legislativo federal expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; ordenamiento legal que en materia de metrología regula, entre otras cuestiones, el establecimiento del Sistema General de Unidades de Medida, el señalamiento de los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida y el fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas por las dependencias de la administración pública federal.

Ahora bien, del estudio integral de la ley federal mencionada, en su texto en vigor a la fecha de expedición de los ordenamientos reglamentarios reclamados, se advierte que en sus artículos 1o., 2o., 3o., fracción XI, 39, fracción V y 40, fracciones I a IV, VI, VIII, IX, XII, XIV, XV y XVIII, disponía:

"Artículo 1o. La presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.-Siempre que en esta ley se haga mención a la ‘secretaría’, se entenderá hecha a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: I. En materia de metrología: a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida; b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida; d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados; e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración; f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico en la materia; y g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología.-II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública federal; c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas por las dependencias de la administración pública federal; d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas; e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de la administración pública federal; f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia."

"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ... XI. Normas Oficiales Mexicanas: las que expidan las dependencias competentes, de carácter obligatorio sujetándose a lo dispuesto en esta ley y cuyas finalidades se establecen en el artículo 40.-Las dependencias sólo podrán expedir normas o especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares, lineamientos y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio, en las materias a que se refiere esta ley, siempre que se ajusten al procedimiento establecido y se expidan como Normas Oficiales Mexicanas;"

"Artículo 39. Corresponde a la secretaría: ... V. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en las áreas a que se refieren las fracciones I a IV, VI, VIII, IX, XII, XIV, XV y XVIII del artículo 40 de la presente ley;"

"Artículo 40. Las Normas Oficiales Mexicanas tendrán como finalidad establecer: I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales; II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales; III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor; IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad ... VI. Los métodos de prueba y/o procedimientos para comprobar las especificaciones a que se refiere este artículo y el equipo y materiales adecuados para efectuar las pruebas correspondientes, así como los procedimientos de muestreo (hoy derogada) ... VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación; IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta ley ... XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario ... XIV. Los requisitos y procedimientos que deberán observarse en la elaboración de normas mexicanas y en la certificación del cumplimiento de las mismas (hoy derogada) XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país ... XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47."

Como se advierte de los numerales transcritos, la facultad para expedir Normas Oficiales Mexicanas en las áreas que se precisan en los diversos incisos del artículo 40 del mismo or

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5569-b206df68/facultad-reglamentaria-del-presidente-de-la-republica-principios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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