SEGURO SOCIAL, LEY DEL. SUS ARTICULOS 114 Y 177, QUE INCREMENTAN DIVERSAS CUOTAS NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 20 DE JULIO DE 1993).
AMPARO EN REVISION 1393/94. SERVICIOS TRANSTER, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. La quejosa sostiene en su primer concepto de violación, que el decreto reclamado viola las garantías de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucional, pues el incremento del monto de sus aportaciones en los seguros de enfermedades y maternidad, e invalidez, vejez, cesantía por edad avanzada y muerte, no es proporcional ni equitativo, por cuanto se le obliga a sufragar para el pago de prestaciones que derivan de riesgos ordinarios de vida, cuya satisfacción no corresponde a los patrones, ya que no se trata de riesgos de trabajo, sino al Estado y a todos los mexicanos que deben contribuir a su sostenimiento.
Para apoyar su aseveración, la quejosa expresa básicamente los siguientes argumentos:
1. Que la Ley del Seguro Social en su texto original establecía de manera proporcional y equitativa el reparto tripartito de las cargas necesarias para sostener estos renglones del seguro social, pues tal distribución se efectuó con apoyo en cuidadosos estudios actuariales y trabajos aprobados por la Organización Internacional del Trabajo y respaldados por las experiencias obtenidas en sistemas legislativos adoptados en otras latitudes;
2. Que en dicha ley, las aportaciones a cargo de los patrones, del Estado y los trabajadores, se fijaron considerando, según se hizo constar en su exposición de motivos y como se desprende del artículo 28 de la ley, que la maternidad, las enfermedades no profesionales, la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y la muerte son riesgos a los que están sujetas todas las personas, sean trabajadoras o no, por lo que el incremento en el monto de las aportaciones por parte de los primeros carece de justificación, pues los patrones no están obligados a responder por riesgos extraños a la relación laboral que sufren incluso sujetos ajenos a ésta, como son los campesinos, no asalariados, otros sectores de la población y sus familiares;
3. Que la ley reclamada, como lo han hecho leyes anteriores, se aparta del sistema tripartito original por razones que no concuerdan con las aducidas en la exposición de motivos de la ley que implantó el régimen obligatorio del seguro social, como las que se refieren al desarrollo de la actividad industrial y a la mayor expectativa de vida de los mexicanos;
4. Que el aumento de las cuotas patronales en estos ramos del seguro social carece de sustento constitucional, pues conforme al artículo 123, fracción XIV, de la Ley Suprema, interpretado a contrario sensu, sólo corre a cargo de los patrones el seguro de riesgos de trabajo, por lo que no están obligados a sufragar los gastos de los demás seguros del régimen obligatorio;
5. Que la ley reclamada incrementa las aportaciones patronales como si correspondiera a las empresas absorber íntegramente los costos de los seguros que se analizan, sin considerar que conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 73, fracción XVII, constitucionales, corresponde al Estado la prestación del servicio público de salud y a la colectividad entera, con sus contribuciones, el sostenimiento de dicho servicio.
Es infundado este primer concepto de violación, considerando que los artículos 114 y 177 de la Ley del Seguro Social, reformados por el decreto reclamado y su artículo octavo transitorio, no violan las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.
En efecto, en principio cabe puntualizar que las cuotas del seguro social tienen el carácter de contribuciones y por lo tanto, deben observar los principios constitucionales que en materia tributaria consagra el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, según ha sido sostenido por este Tribunal Pleno, en la tesis aprobada en sesión privada de quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice:
"SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no sólo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son substituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público."
El criterio que antecede ha sido sustentado por este Tribunal Pleno al conocer de los amparos en revisión 2163/93, Transportadora Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión de nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 861/94, Cyanamid, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión de trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 512/94 Operadora Marítima TMM, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión del día trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 808/94, Servicios Ejecutivos Posadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de nueve votos en sesión del día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco; y 2196/93 Byron Jackson, Co., Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión del día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Demostrada la naturaleza fiscal de las cuotas al régimen obligatorio del seguro social, importa considerar que conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, aquéllas deben satisfacer los principios de proporcionalidad y equidad, tal como han sido concebidos por este alto Tribunal de acuerdo con las características particulares de esta clase de contribuciones, pues ya en repetidas ocasiones se ha establecido que tales garantías se examinan desde una perspectiva distinta, según se trate de impuestos, derechos, contribuciones por mejoras o, como en el caso, de aportaciones de seguridad social.
Ahora bien, resulta infundado el concepto de violación que se analiza porque, como ha quedado señalado con anterioridad los artículos impugnados, al incrementar las cuotas a cargo de los patrones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, no violan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, según ha sido sustentado por este Tribunal Pleno en la Tesis número XXIV, Novena Epoca, aprobada por unanimidad de once votos en sesión privada del día quince de junio de mil novecientos noventa y cinco que a la letra dice:
" Los artículos 114 y 177 de la Ley del Seguro Social, reformados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, que incrementan las cuotas a cargo de los patrones en los seguros de enfermedades y maternidad, y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, no violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues atienden a la capacidad contributiva de los patrones, la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracciones XV y XXIX, de la Constitución Federal debe determinarse a través de dos indicadores básicos, que son el salario base de cotización y el número de trabajadores, ya que con los porcentajes previstos por el legislador se logra que aquellos sujetos que paguen salarios más elevados y tengan a su servicio un número más elevado de trabajadores contribuyan en mayor medida a la prestación del servicio público de salud y seguridad social, que aquellos que paguen salarios inferiores o tengan un número menor de trabajadores. Tampoco violan el principio de equidad, pues los preceptos reclamados conceden el mismo tratamiento a todos los patrones colocados en igual situación, sin que pueda exigirse que la ley establezca cargas similares para los patrones y para el Estado, pues se trata de sujetos colocados en diversa situación, pues mientras los primeros contribuyen como obligados por los deberes que les impone la Constitución en su calidad de patrones, el segundo lo hace como encargado de la prestación del servicio público de salud y seguridad social. Además, los preceptos citados no violan los principios constitucionales de que se trata, aunque modifiquen las cuotas previstas en el texto original de la Ley del Seguro Social, que fue resultado de minuciosos estudios de orden actuarial y de recoger las experiencias obtenidas en la aplicación de otros sistemas legislativos, ya que al cambiar las circunstancias económicas, sociales y políticas que determinaron la expedición de aquélla, han debido variar las reglas conforme a las cuales deben asegurarse la operación y funcionamiento del régimen del seguro social, a través de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones."
Sobre tal tema se pronunció este órgano colegiado al resolver los amparos en revisión 508/94, Productos Industriales Goodyear, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de diecinueve votos en sesión del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; 1458/94, Perforadora Central, Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de once votos en sesión de trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 861/94, Cyanamid, Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de once votos en sesión de trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco; y 1080/94, Sonoco de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de votos en sesión de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
En estas condiciones, son infundadas las apreciaciones que expresa la quejosa en su primer concepto de violación y que han quedado resumidas en la parte inicial de este considerando, atendiendo al criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis transcrita con anterioridad.
En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado en la demanda de garantías, procede negar el amparo solicitado respecto de los artículos 114 y 177 de la Ley del Seguro Social vigente en la época de los hechos.
SEPTIMO. En el segundo agravio la quejosa recurrente, para demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, aduce, básicamente, dos argumentos:
1. Que el juez a quo realizó un análisis incompleto e inadecuado del segundo concepto de violación que se hizo valer, en virtud de que para negar el amparo respecto del artículo 79 de la Ley del Seguro Social no tomó en consideración los razonamientos vertidos en la demanda de garantías.
2. Que el artículo 79 impugnado, sí es violatorio del artículo 31, fracción IV constitucional, debido a que, aumenta las cuotas estableciendo mayores incrementos a las industrias con menor grado de siniestralidad y con actividades menos peligrosas, que a aquellas que tienen mayores índices de siniestralidad o se dedican a actividades más peligrosas, lo que rompe con los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.
Por lo que respecta al primer argumento propuesto a estudio, éste resulta fundado pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida.
En efecto, según se advierte de la demanda de garantías, la quejosa en el segundo concepto de violación, adujo la inconstitucionalidad del artículo 79 de la Ley del Seguro Social, por ser violatorio del artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, al haber incrementado desproporcionalmente e inequitativamente las primas que en porcentajes del salario de cotización deben pagar las empresas por el seguro de grado de riesgos, en virtud de que se aumentó en mayor medida a aquellas empresas con actividades menos peligrosas y con grados de riesgos menores que aquellas otras con actividades más peligrosas y con grados de riesgos mayores.
Ahora bien, tales argumentos no fueron examinados por la juez a quo en los términos planteados, sino que para negar el amparo solicitado respecto del artículo impugnado atendió a cuestiones diversas no propuestas por la quejosa según se desprende del considerando cuarto de la sentencia recurrida.
Y en este sentido, resulta fundado el argumento que se analiza.
No obstante lo anterior, procede confirmar la sentencia recurrida aunque por diversos motivos, ya que resulta infundado el concepto de violación referido, cuyos razonamientos coinciden, en esencia, con el segundo argumento hecho valer en el agravio que se examina.
Ciertamente, para examinar la cuestión propuesta por la recurrente interesa transcribir a continuación, primero, la tabla prevista por la ley que deroga el decreto reclamado y, luego, reproducir la tabla en vigor:
Ver tabla
Ahora bien, este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que el artículo 79 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de mil novecientos noventa y tres, no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias al aumentar las primas de cotización en el seguro de riesgos de trabajo estableciendo mayores incrementos porcentuales para las empresas colocadas en clases y grados de riesgos inferiores y menores incrementos para las empresas de clase y grado de riesgo superiores, en virtud de que, dichos incrementos aseguran, que la cuota que finalmente debe cubrirse y que es la que debe analizarse a la luz de los principios mencionados, aumente en medida al mayor grado de riesgo y mayor salario base de cotización (elementos conforme a los cuales debe medirse la proporcionalidad en esta especie de contribuciones), pagando por otra parte, la misma cuota todos los patrones colocados en la misma situación.
Los razonamientos que anteceden han sido sustentados en la Tesis Jurisprudencial número 6/1995, Novena Epoca, aprobada por unanimidad de once votos en sesión privada del día quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto, dicen:
"SEGURO SOCIAL, LEY DEL. SU ARTICULO 79 VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 1993, QUE INCREMENTA LAS CUOTAS EN EL RAMO DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. El artículo 79 de la Ley del Seguro Social, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de julio de mil novecientos noventa y tres, que aumenta las primas de cotización en el seguro de riesgos de trabajo estableciendo mayores incrementos porcentuales para las empresas colocadas en clases y grados de riesgo inferiores y menores incrementos para las empresas de clase y grado de riesgo superiores, no viola las garantías de proporcionalidad y equidad, pues las primas que resultan de tales incrementos aseguran, por una parte, que las cuotas aumenten según sea mayor el grado de riesgo y mayor el salario base de cotización - elementos conforme a los cuales debe medirse la proporcionalidad de esta especie de contribuciones- y por otra, que paguen la misma cuota los patrones colocados en la misma situación; sin que sea posible considerar de manera aislada el incremento que sufra la prima por virtud del decreto de reformas, ni tampoco atender únicamente al impacto que el mismo produce en la prima anterior, pues el sistema de incrementos observados por el legislador sólo disminuyó los márgenes de distancia entre los grados de la tabla de cotización, pero las tasas se conservan dentro de los límites que marcan los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, ya que independientemente de que los incrementos porcentuales se hayan realizado en la proporciónespecificada las cuotas que finalmente deben cubrirse observan una clara relación con el grado de riesgo y el salario de cotización y examinadas entre sí conservan diferencias claramente significativas entre quienes están colocadas en clases y grados de riesgo inferiores y los que se encuentran en los superiores."
En este sentido se pronunció este Tribunal Pleno, al resolver los recursos de revisión 508/94, Productos Industriales Goodyear, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de diecinueve votos en sesión de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; 2163/93, Transportadora Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión de nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 861/94, Cyanamid, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión de trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 1201/94, Coclisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión del día trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco y 512/94, Operadora Marítima TMM, Sociedad Anónima de Capital Variable, por mayoría de nueve votos en sesión de trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Por lo demás, el sistema de incremento empleado en este caso por el legislador no puede reputarse por sí mismo contrario a los principios constitucionales en análisis, pues bien puede acontecer que el legislador emplea tal sistema en búsqueda de consagrar un reparto más homogéneo de las cargas públicas, lo que se puede obtener, en ciertos casos, imponiendo precisamente incrementos mayores a las cuotas menos altas e incrementos menores a las que ya son elevadas, para lograr de esa manera disminuir las diferencias existentes entre un nivel y otro de tributación sin hacer excesivamente gravosa la carga fiscal.
No contradice esta apreciación la afirmación de la quejosa, de que los principios de justicia tributaria exigirán que para todas las clases y todos los grados de riesgo se establecieran incrementos iguales, pues siendo diversa la capacidad contributiva de los patrones situados en grados de riesgo y clases diferentes, no podía pretenderse que el legislador dispusiera un aumento igual para todos, pues ello significaría desconocer el impacto que la reforma produciría en la situación de los contribuyentes obligados al pago de las primas previstas en la tabla que se examina.
Y en este sentido, procede negar a la quejosa el amparo que solicita respecto del artículo 79 de la Ley del Seguro Social vigente en la época de los hechos.
Por último, respecto de los actos de aplicación reclamados no procede reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en virtud de que dichos actos no se impugnaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, respecto de lo cual se determinó lo contrario, por lo que la negativa del amparo debe abarcar también los actos de aplicación de los artículos impugnados.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías respecto del decreto reclamado en la parte que reforma los artículos 19 fracción III, 32, 33, 37 fracción IV, 44 primer y último párrafos, 45, 46, 65 fracciones I, II y III, 83 fracciones I y II, 118 primer párrafo, 122 último párrafo, 128, 160 primer párrafo, 161, 183-G primer párrafo y 240, fracción XXI de la Ley del Seguro Social, en términos del considerando tercero de esta resolución; así como respecto de los artículos 80, 257 fracción III; la denominación del Título Sexto y de su Capítulo Tercero y los artículos 276, 278, 280 y 283; las adiciones a los artículos 9 bis, 19, con un último párrafo, 19-A, 218 bis, 240, con una fracción XXII y 253 con una fracción 1 bis, y la derogación de los artículos 81, 162 y 163 todos de la Ley del Seguro Social reclamada.
TERCERO.- Con la salvedad del punto resolutivo anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a SERVICIOS TRANSTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución en lo que se refiere a los artículos 79, 114 primer párrafo y 177 de la Ley del Seguro Social reclamada.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen, y en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero (ponente), Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, en el sentido de modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio de garantías respecto del decreto reclamado en la parte que reforma los artículos 19 fracción III, 32, 33, 37 fracción IV, 44 primer y último párrafos, 45, 46, 65 fracciones I, II y III, 83 fracciones I y II, 118 primer párrafo, 122 último párrafo, 128, 160 primer párrafo, 161, 183-G primer párrafo y 240, fracción XXI de la Ley del Seguro Social, en términos del considerando tercero de esta resolución; así como respecto de los artículos 80, 257 fracción III; la denominación del Título Sexto y de su Capítulo Tercero y los artículos 276, 278, 280 y 283; las adiciones a los artículos 9 bis, 19, con un último párrafo, 19-A, 218 bis, 240, con una fracción XXII y 253 con una fracción 1 bis, y la derogación de los artículos 81, 162 y 163 todos de la Ley del Seguro Social reclamada, y con la salvedad del punto resolutivo anterior, negar el amparo a la quejosa, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución en lo que se refiere a los artículos 114 primer párrafo y 177 de la Ley del Seguro Social reclamada. Por mayoría de diez votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero (ponente), Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, se resolvió negar el amparo a la quejosa también en relación con el artículo 79 de la Ley del Seguro Social reclamada; el señor Ministro Aguirre Anguiano votó en contra y por la concesión del amparo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3237-d1c386d6/seguro-social-ley-del-sus-articulos-114-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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