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Modo: Corpus Pro

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1974/96. · Registro digital (IUS): 4636
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRANSTANQUES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 493.

AMPARO EN REVISIÓN 1974/96. TRANSTANQUES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- De la lectura de los agravios primero, segundo y parte del tercero, que han quedado transcritos, se aprecia que la recurrente, en síntesis, aduce que es ilegal el considerando tercero de la resolución impugnada al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la quejosa aceptó en sus términos el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al celebrar con Arrendadora Atlas, S.A., los dos contratos de arrendamiento financiero que menciona, en virtud de que si bien es cierta tal circunstancia, también lo es que ello no significa que se haya consentido dicho precepto legal, ni que éste sea el primer acto de aplicación, por lo que no debía decretarse el sobreseimiento.

Que la circunstancia de que en los "machotes" de los contratos de arrendamiento financiero elaborados por la arrendadora aparezca una cláusula en la cual se indique que ante el incumplimiento de las obligaciones de las partes, se procederá conforme al artículo 33 de la ley en comento, ello no significa de ninguna manera que hubo consentimiento ni expreso ni tácito de ese precepto legal. Por este motivo, resulta inaplicable la tesis invocada por el Juez de Distrito.

Además, aduce la recurrente que se incurre en una indebida aplicación del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque suponiendo que se hubiera consentido el precepto reclamado éste fue reformado con posterioridad a la celebración de los contratos señalados.

Son sustancialmente fundados los anteriores agravios y suficientes para revocar el sobreseimiento decretado en este apartado de la sentencia recurrida, pues a juicio de este Tribunal Pleno no ha lugar a considerar que la sociedad quejosa hubiera consentido la aplicación del precepto reclamado.

Según aparece del considerando tercero de la sentencia recurrida, que ha quedado transcrito, el Juez de Distrito estimó que se actualiza el señalado motivo legal de improcedencia porque el artículo 33 y su posterior reforma, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, fueron aceptados en sus términos por la sociedad quejosa al celebrar los contratos de arrendamiento financiero; de ahí que los actos que reclama sean derivados de otros previamente consentidos.

Contrariamente a lo que sostiene el Juez a quo, no se da el motivo legal de improcedencia de actos derivados de actos consentidos, ya que para que se dé este supuesto se requiere de la existencia de un acto de autoridad que sea consecuencia legal, forzosa o directa de otro acto que afecte los derechos o intereses del quejoso, hipótesis que en el caso no se configura por el hecho de que la quejosa hubiera aceptado el contenido de la disposición reclamada de que se trata, al firmar los contratos de arrendamiento financiero.

En efecto, dicha aceptación no constituye la expresión del consentimiento de la parte quejosa porque no se reúnen los requisitos que se precisan para configurar la reglas previstas en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, aplicable al caso de inconstitucionalidad de leyes, la cual dispone:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."

Esta regla de derecho, conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere, tratándose de una disposición legal, como en el caso, que la hipótesis que ella establece se actualice, y no solamente, sino que esta actualización cause perjuicio al quejoso, lo que no acaeció a la firma del contrato sino hasta el momento del primer acto autoritario de que se queja; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Carta Magna.

El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que, teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley de mérito, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente.

En la especie, la sociedad quejosa no estuvo en la posibilidad de acudir al juicio de amparo para plantear la inconstitucionalidad del precepto legal reclamado con anterioridad al momento en que lo hace, razón por la cual no puede impedírsele que ahora plantee su reclamo, atendiendo a que al momento de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero, donde acordó con su contratante que de conformidad con el artículo 33 de la ley reclamada, la arrendadora podía pedir judicialmente la posesión de los bienes materia del contrato, carecía de cualquier interés para acudir a la acción constitucional en la medida en que, para efectos de la Ley de Amparo, el contenido de ese precepto legal no trascendía perjudicialmente a su esfera jurídica.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 4o. y 73, fracción VI, de la ley de la materia, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular.

En segundo término, lo dispuesto por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, también lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga interés jurídico para reclamar su derecho y que éste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se dé el acto concreto de aplicación; por ello, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, entre otras cuestiones, la afectación a los intereses jurídicos del quejoso, la que no pudo darse al momento en que la quejosa celebró los mencionados contratos.

Esto es tan claro, que si con extremo rigor y al margen de la lógica, se tuviera como primer acto de aplicación del artículo reclamado la firma del contrato, tendría que llegar a considerarse que, para no consentirlo, el quejoso debía impugnarlo desde ese momento en amparo, el que tendría que sobreseerse por inafectación de su interés.

En tales situaciones, resulta incuestionable, como ya se dice, que a raíz de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero, en los que la hoy quejosa acordó con su contratante que su vínculo obligacional se regiría por el precepto ahora cuestionado, carecía de cualquier interés para acudir a la acción de garantías en la medida en que los efectos de la disposición legal reclamada no trascendían lesivamente a su esfera jurídica al momento de su otorgamiento, a pesar de pactar la cláusula vigésima cuarta relativa al precepto cuestionado, ya que al margen de que la misma pudiera o no aplicársele desde el momento mismo de la celebración del pacto contractual, lo cierto es que en dicho momento la aplicación de la ley, de existir, no produjo necesariamente un perjuicio en sus intereses, ni tampoco se tradujo en una actuación de la autoridad, lesiva de sus derechos; al contrario, la intención de la hoy quejosa seguramente giraba en torno a un beneficio que podía haber obtenido al celebrar los contratos, máxime cuando se aprecia que dicha cláusula regiría para el futuro, pues se basa en la eventualidad de incumplimiento que pudiera darse.

Cierto es que, de acuerdo con la jurisprudencia, el amparo contra leyes se ha entendido procedente aun en aquellos casos en que no interviene una autoridad como aplicadora de la ley, ni tampoco un tercero en su auxilio, siempre que sea el propio gobernado quien voluntariamente se coloque en el supuesto de la ley y que, en el presente caso, podría aducirse que el particular, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento financiero, estaba en aptitud de promover la acción de amparo.

No obstante, esta apreciación sería inexacta en la medida en que los casos a que se refieren los criterios de este Alto Tribunal atienden fundamentalmente a la necesidad del gobernado de acatar la norma impugnada, realizando por sí el acto concreto de aplicación, para evitar los perjuicios que podrían derivar de su incumplimiento, lo cual justifica la apertura del juicio constitucional sin necesidad de una intervención autoritaria.

No acontece de la misma manera en el presente caso, porque la celebración del contrato de arrendamiento financiero ordinariamente no obedece a la decisión de los contratantes de evitarse un perjuicio derivado de la falta de observancia de la norma, sino justamente lo contrario: gozar de los beneficios que el contrato puede reportarles en el momento de la celebración, de manera que no sería correcto pretender que primero celebraran el contrato y luego reclamaran la inconstitucionalidad del ordenamiento que regiría la relación jurídica contractual; lo anterior sin considerar, como ya se apuntó, que numerosas normas de dicho ordenamiento podrían surtir realmente efectos en el patrimonio de los contratantes con posterioridad a la celebración del pacto o, incluso, nunca surtirlos de no producirse ciertos acontecimientos de realización incierta.

En este aspecto, sería contrario al sentido común exigir que quienes celebren un contrato al tenor de cierta legislación, promuevan el juicio de amparo inmediatamente después de su celebración, como también lo sería igualmente pretender que, de estimarse inconstitucional un ordenamiento, los gobernados no celebraran ningún pacto regido por él, en virtud de que en ambos supuestos se estaría obstaculizando el tráfico jurídico entre particulares, a la vez que se provocaría la promoción injustificada de juicios de amparo en aquellos casos en que ni siquiera es actual el perjuicio derivado de la aplicación de la ley.

En apoyo a las anteriores consideraciones cabe citar la tesis número LXXVI/97, sustentada por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de once votos, el amparo en revisión número 250/96, promovido por Edgar Iván Colina Ramírez, aprobada en sesión del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, la cual dispone:

"ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN.- La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio."

"Amparo en revisión 250/96.- Edgar Iván Colina Ramírez.- 4 de marzo de 1997.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretario: Humberto Suárez Camacho."

En relación con las anteriores reflexiones, también cabe citar el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al resolver, por mayoría de siete votos en sesión del día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión número 375/96, promovido por Organización Azahares, S.A. de C.V., en el cual consideró lo que a la letra dice:

"En primer lugar, debe señalarse que el artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, señala:

"'Artículo 33. En los contratos de arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y, ante el incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la posesión de los bienes objeto del arrendamiento. El Juez decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre que se acompañen el contrato correspondiente, debidamente ratificado ante fedatario público y el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito de que se trate, en los términos del artículo 47 de esta ley.'

"Ahora bien, respecto del consentimiento expreso a que alude el a quo en relación a dicho precepto, el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal establece que existe:

"'... cuando se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos.'

"Esto es, un acto consentido expresamente es aquel respecto del cual no puede admitirse duda o equivocación sobre si se consintió o no.

"Al respecto, el artículo 73, fracción XI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que el amparo es improcedente:

"'Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.'

"De lo antes transcrito se desprende que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por la autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo y no al derivado de una relación entre particulares, resultado de un acto jurídico celebrado entre personas morales, donde tal circunstancia, es decir, si existió o no consentimiento, no podrá ser decidida sino sólo hasta resolverse el fondo del asunto; considerar lo contrario, implica aceptar que en la especie el consentimiento de un acto que tuvo lugar entre particulares, sería suficiente para resolver una controversia en lo esencial, adelantándose a que una de las partes opusiese excepciones y ofreciera pruebas, lo que obviamente, sería violatorio de las garantías en su perjuicio, e iría en contra de una correcta interpretación de la causal de improcedencia invocada.

"Al respecto, este Tribunal Pleno ha sostenido que para que se considere consentido un acto, es necesario que: ese acto agravie a la quejosa, se haya conocido y no se haya impugnado en los términos establecidos.

"Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia visible en las páginas 363 y 364, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Pleno, que dice:

"'ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.- La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.'

"Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley. Es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento.

"Ahora bien, en el caso de amparo contra leyes, cuando se combaten éstas como heteroaplicativas, si bien procede cuando existe el primer acto de aplicación, pero no se trata de cualquier acto de aplicación, sino del primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso.

"En tal virtud, se debe señalar que, en la especie, no se puede considerar que se haya consentido expresamente la hipótesis normativa del artículo 33 (solicitud judicial de la posesión de los bienes objeto del contrato) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al suscribir el representante legal de la quejosa ahora recurrente los contratos de arrendamiento financiero AF-30075 y AF-30152 con la empresa arrendadora Organización Los Azahares, Sociedad Anónima de Capital Variable, el primero de diciembre de mil novecientos noventa y uno, y primero de abril de mil novecientos noventa y dos.

"Ahora bien, es el caso de que en la cláusula vigésimo quinta del contrato de arrendamiento financiero número AF-30075, celebrado el primero de diciembre de mil novecientos noventa y uno entre la ahora quejosa con el carácter de arrendataria y Arrendadora Obsa, S.A. de C.V., con el carácter de arrendadora, que constituye antecedente de los actos reclamados, cuya copia obra a fojas 30 a 40 de autos, se establece lo siguiente: 'Vigésima Quinta. Jurisdicción. Para todo lo que se refiere a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que por su domicilio cualquiera otra circunstancia les corresponda (sic) o llegare a corresponder, sometiéndose primeramente a lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al acuerdo por el que se emiten reglas básicas para la operación de la arrendadora financiera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de agosto de 1990; en lo que se oponga a la naturaleza de este contrato de arrendamiento financiero, de las leyes mercantiles, los usos mercantiles imperantes entre las organizaciones auxiliares del crédito y el derecho común como disposiciones supletorias de los ordenamientos citados en caso de omisión y en lo que se opongan a la naturaleza jurídica de este contrato de arrendamiento financiero, en el orden citado; asimismo a las leyes vigentes en el Distrito Federal. Las partes convienen que la arrendadora podrá ejercer las acciones derivadas de este contrato mediante los procedimientos establecidos en la sección I, capítulo II, título séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y, tratándose de la rescisión del contrato por falta de pago puntual, al artículo 464 y correlativos del mismo ordenamiento. Asimismo, en los términos del artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al ser exigibles la obligación y ante el incumplimiento de la arrendadora, la arrendadora (sic) podrá pedir la posesión de los bienes objeto del arrendamiento.'. Así también en la cláusula vigésimo segunda del diverso contrato de arrendamiento financiero número AF-30152, celebrado el primero de abril de mil novecientos noventa y dos entre las mismas partes, cuya copia obra a fojas 67 a 74 de autos, se establece lo siguiente: 'Vigésima segunda. Recuperación de posesión. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y demás relativos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, al ser exigible cualquiera de las obligaciones contraídas por la arrendataria en favor de la arrendadora en los términos del presente instrumento y sus «anexos» ante el incumplimiento de la arrendataria a cualquiera de las mismas, la arrendadora podrá pedir judicialmente la posesión de «los bienes» objeto del contrato y en tal caso el Juez que conozca de la solicitud, decretará de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o durante el juicio, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se imponen en el numeral arriba citado.'.

"Adicionalmente, es inexacto que al suscribir el representante legal de la empresa quejosa los contratos de arrendamiento financiero mencionados, en el que se encuentran incluidas las cláusulas referidas por el a quo en la parte considerativa de la sentencia recurrida y en la que se cita el referido artículo 33, haya consentido dicho precepto, como lo aduce el Juez de Distrito del conocimiento, ya que para que hubiera consentimiento expreso era necesario que se actualizara el supuesto normativo de éste, es decir, la desposesión de los bienes dados en arrendamiento, y la conducta espontánea del quejoso implicara el sometimiento a la hipótesis normativa del precepto citado.

"En otras palabras, podría señalarse que al firmar los contratos antes mencionados se aplicó el precepto combatido, pero esa aplicación no es en perjuicio, pues éste se actualiza, efectivamente, no con motivo de la firma de ese contrato, sino con motivo del auto del Juez por virtud del cual se otorga la posesión del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero al arrendador y en contra del cual se viene inconformando.

"A mayor abundamiento, debe señalarse que no se están controvirtiendo los preceptos que regulan los elementos esenciales del contrato de arrendamiento financiero, sino diverso artículo en los que (sic) se regulan cuestiones adjetivas procesales derivadas del incumplimiento del contrato.

"Por todo lo anterior y toda vez que para acreditar que existe consentimiento expreso de la ley, se debe demostrar que el particular realizó una conducta espontánea o manifestaciones de voluntad inequívocas que impliquen un sometimiento a la misma, y en la especie, de acuerdo con los términos en que se celebraron los contratos relativos, no existe dicha conducta, ni tampoco se acredita, como lo señala la recurrente, que se hayan aplicado los preceptos combatidos con anterioridad, al que se señala en la demanda de garantías, consistente en el acuerdo de quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictado por el Juez Vigésimo Segundo Civil del Distrito Federal, no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues no puede decirse que los actos inexistentes sean consentidos; al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia visible en la página 367 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Pleno, que dice:

"'ACTOS CONSENTIDOS INEXISTENTES.- Si en autos no aparece que antes del acto de aplicación reclamado por la quejosa ya se hubiera aplicado la disposición legal reclamada, no puede ser operante la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no puede decirse, conforme a lo antes expuesto, que los actos reclamados sean consentidos ni derivados de otros consentidos.'

"Así pues, resultan fundados los agravios y, por tanto, procede revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito."

En estas condiciones, resulta obligado declarar que los agravios hechos valer son fundados y suficientes para desvirtuar las razones en que se apoyó el Juez de Distrito al resolver en el sentido en que lo hizo; por consiguiente, se impone el examen de la inconstitucionalidad propuesta en relación con el contenido del artículo 33 de la ley reclamada.

En las relatadas circunstancias, conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Tribunal Pleno procederá más adelante al análisis de los conceptos de violación que el Juez de Distrito omitió examinar, mismos que han quedado transcritos en el resultando tercero de este fallo.

QUINTO.- En otro aspecto, en la parte relativa de su tercer concepto de agravio, la recurrente aduce, sustancialmente, refiriéndose al considerando quinto de la sentencia recurrida, que la resolución que se combate erróneamente supone que la privación del uso y goce de los bienes dados en arrendamiento mediante el embargo, son simples actos de molestia y que la privación sólo es temporal y no definitiva ni irreparable.

Que la tesis que señala el Juez de Distrito no es aplicable al caso ya que, contrariamente a lo estimado por él, sí estamos ante actos irreparables, ya que privar de plano de la posesión de los bienes concedida al arrendatario financiero, sin haber sido oído ni vencidoen juicio, implica el desconocimiento de derechos adquiridos, cuya privación sólo puede darse cumpliendo con el requisito de previa audiencia que señala el artículo 14 constitucional.

Que lo mismo acontece con la privación de bienes mediante el embargo, a pesar de que la sentencia impugnada señala que el acto de aplicación del numeral 1392 del Código de Comercio, no lesiona en perjuicio de la quejosa la garantía de audiencia, lo que resulta inadecuado, máxime que la privación de los derechos de posesión y de propiedad no son simples actos de molestia, sino verdaderos actos de privación irreparables.

También aduce la recurrente que, contrariamente a lo sostenido, está claro que una correcta interpretación de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, afectación que no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones.

Además, aduce que, en el caso del embargo, el derecho de goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados de que se priva al afectado, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable aunque se cancele el embargo y se devuelvan los bienes, por lo que no es verdad que el mismo sea reparable, porque el demandado tenga la oportunidad de ofrecer pruebas y hasta de ser absuelto, ya que el embargo es un acto de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, ya que sus efectos no pueden repararse en el juicio ejecutivo mercantil, por lo que la garantía de audiencia destaca por su primordial importancia, la cual se traduce en una garantía de seguridad jurídica que impone a las autoridades la obligación de cumplir con una serie de formalidades, a la que se agregan, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

Son infundados los anteriores razonamientos que constituyen el tercer agravio en estudio, por lo que a continuación se explica.

Efectivamente, de la lectura del quinto considerando de la sentencia recurrida, se aprecia que la negativa de amparo respecto del artículo 1392 del Código de Comercio, básicamente se apoyó en que la garantía de audiencia no es transgredida por el precepto en cuestión.

El acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo, con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso.

Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste.

Por el contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida.

Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía.

La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4636-c46d6562/consentimiento-expreso-de-una-ley-no-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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