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Modo: Corpus Pro

REVOCACION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EL ARTICULO 123, ULTIMO PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE ORDENA TENERLO POR NO INTERPUESTO SIN PREVIO REQUERIMIENTO, PARA SU REGULARIZACION, ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1824/94 · Registro digital (IUS): 3625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MATERIALES PARA CONSTRUCCION RIVAS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, , Pág. 98.

AMPARO EN REVISION 1824/94. MATERIALES PARA CONSTRUCCION RIVAS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- Por falta de impugnación de la parte a la que pudiera perjudicar, esta ejecutoria no se ocupará del sobreseimiento que por inexistencia de los actos atribuidos al secretario de Gobernación, se decretó en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida.

CUARTO.- Los motivos de inconformidad transcritos son infundados.

Para mejor exposición del problema conviene transcribir el precepto del Código Fiscal de la Federación cuya inconstitucionalidad se reclama, según la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

"ARTICULO 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso.

"I.- a IV.- (...)

"Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones I a III de este precepto, la autoridad fiscal tendrá por no interpuesto el recurso. En los casos a que se refiere la fracción IV de este artículo, se tendrán por no ofrecidas las pruebas."

Ahora bien, la autoridad recurrente sostiene que el Juez Federal no debió declarar la inconstitucionalidad del transcrito precepto legal, pues debió "realizar un análisis del artículo en su contexto" y "relacionar su contenido con los demás artículos del mismo ordenamiento legal"; sin embargo, como justificación de ese planteamiento se limita a señalar que como "el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación dispone que el recurso de revocación se presentará dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada", la quejosa tuvo "tiempo más que suficiente... para cumplir con los requisitos o disposiciones establecidas en el artículo 123 del Código de referencia, pudiendo así darle seguimiento legal al recurso interpuesto sin ser condicionada a requerimiento previo al no constituirse (la sanción) en un verdadero obstáculo procesal."

Empero, la recurrente desatiende que el Juez Federal, en atención precisamente a lo establecido en el último párrafo del precepto legal reclamado, estimó que a la quejosa se le impide usar del aludido término dentro del procedimiento contencioso administrativo y de que con motivo de ese obstáculo fue como consideró violatorio de garantías a dicho artículo.

Por otras parte, la validez del documento que exhibió la quejosa para acreditar su personalidad o legitimación en el recurso administrativo, no son cuestiones que corresponda analizar a esta Suprema Corte, en tanto que, de conformidad con el artículo 83, fracción V, párrafo segundo de la ley reglamentaria del amparo, la materia del presente recurso de revisión se limita, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras; además, por los términos de la concesión, no es el caso de reservar jurisdicción a un Tribunal Colegiado.

Por otra parte, no se desconoce que en el artículo 17 de la Constitución Federal se pueden contener las garantías de seguridad jurídica que se destacan en los motivos de inconformidad, relativas a que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; que nadie puede hacerse justicia por sí; y, la de que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia; sin embargo, el Juez Federal, con independencia de que consideró vulnerado el artículo 17 de la mencionada Constitución Federal, también señaló de manera expresa que "el gobernado tiene la facultad de ejercer el derecho de acción, sin restricciones por lo que cualquier acto que le prive, impida o dificulte ese libre acceso a la jurisdicción, debe ser objeto de audiencia previa".

Es decir, el Juez Federal, al examinar el precepto reclamado, aunque lo consideró violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal, también estimó que vulneraba la garantía de audiencia, regulada en el artículo 14 de la propia Constitución. Incluso, en apoyo de sus razonamientos citó un criterio de este Tribunal Pleno con el que destacó que para satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento se debe "garantizar una adecuada y oportuna defensa frente al acto privativo, de tal suerte que su falta produce indefensión". Aún más, precisó que lo previsto en el artículo 17 de la Carta Magna "no justifica el establecimiento de una disposición secundaria violatoria de otro artículo constitucional (como lo es el 14), pues la celeridad en la impartición de justicia debe obtenerse a través de procedimientos que garanticen una efectiva defensa, y las medidas respectivas deben conjugarse en procedimientos que respeten ambas garantías".

Por consiguiente, como el Juez de Distrito consideró que el precepto impugnado vulnera la garantía de audiencia, el análisis de los agravios se constreñirá, en principio, a resolver ese problema en atención a que sobre ese concreto aspecto esta Suprema Corte ya sostiene un criterio específico.

En los mencionados motivos de inconformidad se argumenta que la Ley reclamada no vulnera la garantía de audiencia por la circunstancia de que en ella no se establezca la figura de "la prevención para requerir a los particulares", además de que, de hacerlo, "se traduciría en un retraso injustificado en los procedimientos administrativos".

Empero, sobre el particular, el Tribunal Pleno, al examinar lo dispuesto en el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, determinó que la garantía de audiencia "puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. En el primero, se comprenden los medios establecidos en el propio texto constitucional para dar cumplimiento a la garantía; es decir, la existencia de juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; el segundo, lo constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía que es el evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas; los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales las que garanticen lo anterior".

En concordancia con lo anterior, estableció que el "juicio contencioso administrativo debe crear las condiciones que faciliten al gobernado aportar los elementos en que se funda para sostener la ilegalidad de la resolución administrativa. Una de estas condiciones la constituye la prevención para regularizar la demanda".

Por consiguiente, estimó que la falta de esa condición o requisito dentro del procedimiento contencioso administrativo "se aparta de los principios fundamentales que se garantizan a través del debido proceso legal, pues al establecer una consecuencia desproporcionaba a la omisión formal en que incurre el gobernado, rompe el equilibrio entre las partes e impide al particular defenderse en contra del acto administrativo, de aducir y probar en contra de su ilegalidad". De ese modo, el Tribunal Pleno precisó que la consecuencia de "tener por no presentada la demanda de nulidad (debido a una omisión del interesado), rompe el equilibrio entre las partes y resulta desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el demandante, por lo que viola el artículo 14 constitucional".

El criterio relativo se sostuvo en las ejecutorias siguientes:

Amparo en revisión 316/92, promovido por Metalúrgica Alemana, Sociedad Anónima, resuelto el veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de diez votos.

Amparo en revisión 390/93, promovido por Gamesa, Sociedad Anónima, resuelto el veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de diez votos.

Amparo directo en revisión 416/92, promovido por Telefonía y Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de once votos.

Amparo directo en revisión 776/93, promovido por María del Refugio Burgos Pulido, resuelto el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de once votos.

Amparo directo en revisión 1137/92, promovido por Artes Gráficas G y G, Sociedad Anónima, resuelto el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, por mayoría de once votos.

Amparo directo en revisión 933/94, promovido por Blit, Sociedad Anónima, resuelto el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por mayoría de nueve votos.

Amparo directo en revisión 978/94, promovido por Paulina García Sainz Bengolea, resuelto el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por mayoría de ocho votos.

En esas condiciones, como la sanción prevista en el precepto reclamado, de tener por no interpuesto el recurso de revocación por la circunstancia de no haber acompañado los documentos necesarios impide -como lo precisó el Juez Federal-, que en el procedimiento contencioso administrativo se otorgue al gobernado, a través de la figura de la prevención, la oportunidad para subsanar sus omisiones y, por consiguiente, de aportar los elementos en que se funda para sostener la ilegalidad de una resolución administrativa.

Así, es lógico que la situación prevista en la norma legal reclamada, por ser idéntica a la prevista en el examinado artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, también vulnera, en perjuicio de la quejosa, la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por consiguiente, sin necesidad de examinar los distintos motivos de agravio, procede confirmar la sentencia que concedió el amparo y la Protección Constitucional solicitados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Materiales para Construcción Rivas, S.A. de C.V., en contra de los actos y por las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, excepción hecha de la autoridad mencionada en el considerando tercero.

Notífiquese; con testimonio de esta sentencia y demás constancias pertinentes, vuelvan los autos al lugar de su procedencia; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán; el Ministro Díaz Romero estuvo ausente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3625-cb8db734/revocacion-en-el-procedimiento-administrativo-fiscal-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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