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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 129/2006. · Registro digital (IUS): 21732
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 2812.

AMPARO DIRECTO 129/2006. **********

CONSIDERANDO:

QUINTO. No se transcriben los conceptos de violación de la demanda de garantías por no exigirlo el artículo 77 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de garantías, ni existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además de que con dicha omisión no se deja en estado de indefensión a las partes, en atención a las consideraciones siguientes:

En lo relativo a los requisitos formales que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías deben contener, los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, textualmente establecen:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

"Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

"En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."

"Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

Una correcta y armónica interpretación de los preceptos legales transcritos permite establecer que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, así como los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo; también deberán corregirse los errores que se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; pueden examinarse en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

En esas condiciones, el hecho de que, en las sentencias que emita este Tribunal Colegiado de Circuito, no se transcriban los conceptos de violación o agravios que se hagan valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la que está sujeta su actuación, porque como ya se vio, el artículo 77 del citado ordenamiento que establece los requisitos formales que deben contener las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, no lo prevé así ni existe precepto legal alguno del que se derive esa obligación; por tanto, la falta de transcripción de los conceptos de violación o agravios no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto a la parte quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que a la tercera perjudicada o demás partes se les corre traslado con una copia de ellos, al llevarse a cabo su emplazamiento o notificación; además, al resolver la controversia planteada, el tribunal debe realizar el examen de los fundamentos y motivos en los que se sustentan los actos reclamados o la resolución que se recurre, conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre en relación con los conceptos de violación o agravios expresados para combatirlos.

SEXTO. En los conceptos de violación primero, parte final del segundo, tercero y cuarto de la demanda de amparo, aduce la quejosa ********** que los considerandos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, así como los puntos resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia reclamada, infringen en su perjuicio los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, argumentando en síntesis:

1o. Que la sentencia reclamada es violatoria de las reglas de valoración de pruebas que prevé el artículo 189 de la Ley Agraria, pues carece de fundamentación y motivación al sostener, el tribunal responsable, que la tercera perjudicada acreditó sus pretensiones en forma parcial, con lo que se aparta de la litis fijada, porque ********** jamás solicitó que se declare como sucesora legítima de los derechos que en vida tuvo su finado esposo ********** respecto de la parcela ********** con superficie de 0-74-60.63 y el 0.056% del total de los derechos de tierras de uso común, amparados con el certificado parcelario *********** y el certificado de derechos sobre tierras de uso común *********** ya que estos predios no fueron objeto de controversia ni reclamados en el capítulo de prestaciones de la demanda del juicio natural, pues el pleito original consiste en el solar urbano situado en el poblado Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, y no sobre los inmuebles mencionados, por lo que el juzgador natural se aparta de la litis fijada, excediéndose de sus atribuciones, pues con el certificado parcelario y el certificado de tierras de uso común no se demuestra la titularidad del solar controvertido.

1.1. Que resulta inconstitucional la transmisión de los derechos agrarios por sucesión de treinta y uno de enero de dos mil, mediante la cual se aprecia que ********** causó baja como titular de esos derechos y, en su lugar, causó alta con tal carácter a ********** tomando en cuenta que dicha gestión se realizó en la fecha antes indicada y el deceso de la titular de los derechos agrarios ocurrió el doce de enero de mil novecientos ochenta, de lo que se deduce que transcurrieron veinte años para realizar la transmisión, siendo que para realizarlos se establece el plazo de dos años, y al no hacerlo dentro de dicho término, tal derecho se encuentra precluido como lo disponía la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.

2o. Que no era óbice para estimar que el solar en conflicto no perteneció a su padre, si quedó plenamente demostrado que dicho inmueble forma parte del caudal hereditario, tan es así que la tercera perjudicada ********** en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, reconoció que al contraer matrimonio civil con ********** en el terreno en disputa se encontraban viviendo los finados ********** y ********** y que junto con su esposo comenzó a vivir en el solar de manera provisional; reconocimiento que perjudica a la actora en el principal, al admitir hechos o circunstancias que su contraparte le reclama como propios, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la materia.

3o. Que al declarar que es improcedente reconocer a la quejosa ********** el mejor derecho para poseer el solar en litigio, ubicado en el núcleo agrario que nos ocupa, el tribunal responsable debió atender preponderantemente a dos cuestiones: una consistente en el documento en que se apoye la reclamación; la otra, referente a cuál de las partes tiene la posesión; y si ninguna de las partes tiene derechos agrarios reconocidos, entonces debió pronunciarse al respecto y resolver a favor de quien detente la posesión, por ser quien legalmente debe poseer y usufructuar el solar en controversia, no nada más en cuanto a mantenerla en forma provisional para hacerlos valer como corresponde.

3.1. Que el juzgador natural desentendió el criterio de jurisprudencia de rubro: "AGRARIO. CONFLICTO PARCELARIO. POSESIÓN.", pues como atinadamente lo sostiene en el párrafo dieciocho y diecinueve del considerando noveno de la resolución combatida, al quedar plenamente demostrado que la impetrante ********** detenta la posesión real y material del solar materia de la controversia, pues desde que nació vive ahí, derivado de su calidad de hija de sus padres ********** y ********** no debió omitir en reconocer el mejor derecho; con lo que la responsable se apartó de tal criterio, al dejar a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda ante la asamblea general de ejidatarios del núcleo agrario de que se trata.

3.2. Que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer como corresponda ante la Asamblea General de Ejidatarios del núcleo agrario denominado Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, a quien corresponde, entre otras facultades exclusivas, el reconocimiento y regularización de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; pero este derecho se reclama en el juicio relacionado ********** promovido por la ahora quejosa ********** en donde reclamó, entre otras prestaciones, en los apartados C) y D), que se condene a la asamblea general de ejidatarios a reconocerle el mejor derecho para poseer y usufructuar el solar que perteneció a su finado padre ********** cuyas medidas y colindancias ahí se precisan, y se ordene su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

3.3. Que el tribunal responsable únicamente se concretizó a resolver lo relativo a las pretensiones marcadas con los incisos A) y B) del referido expediente ********** y que se refieren a la acción de nulidad de la asamblea de ejidatarios, omitiendo resolver lo concerniente al inciso C), en el que se demanda a la asamblea general de ejidatarios del poblado en cuestión el reconocimiento del mejor derecho para poseer y usufructuar el solar motivo de la controversia, por lo que la responsable omitió pronunciarse al respecto, máxime que es una de las pretensiones ya reclamadas que debió resolverse y que, sin embargo, deja a salvo los derechos de la quejosa para que los haga valer como corresponda, lo cual implicaría un nuevo juicio.

3.4. Que la asamblea general de ejidatarios del núcleo agrario, que también tiene el carácter de tercero perjudicado, carece de facultades y competencia para determinar el reconocimiento y asignación del parcelamiento económico o de hecho, y regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados, en los casos de conflicto entre ejidatarios, avecindados o posesionarios; si lo hace eso equivaldría adjudicarse las atribuciones y competencia de los Tribunales Agrarios establecidas en el arábigo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, lo que es inconstitucional.

3.5. Que a la asamblea general de ejidatarios o comuneros, según sea el caso, como órgano interno del ejido y de conformidad con los numerales 21, 22, 23, 56, 58, 59 y 61 de la Ley Agraria, efectivamente le corresponde, entre otras facultades exclusivas, determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas y reconocer el parcelamiento económico o de hecho, y regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados, únicamente en los casos de los bienes inmuebles que no estén en pleito; pero en el caso que nos ocupa, dicha asamblea ya no puede hacer tal pronunciamiento, pues existen intereses de las partes, ya que también se demandó la nulidad del acta de asamblea de veintidós de abril de dos mil, en la que se reconoció a ********** el solar en disputa; acta de asamblea que fue decretada su nulidad mediante ejecutoria del amparo directo agrario **********.

3.6. Que el tribunal responsable omitió pronunciarse en cuanto al fondo del presente asunto, máxime que se demandó a la asamblea general de ejidatarios a reconocerle el mejor derecho para poseer y usufructuar el solar que perteneció a su finado padre ********** cuyas medidas y colindancias se precisan en la demanda respectiva, de conformidad con los numerales 61 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios, siendo que en el sumario corre agregada el acta de asamblea de ejidatarios de veintidós de abril de dos mil del máximo órgano del núcleo agrario, en la que reconoció a ********** de esto dio origen el expediente ********** impugnando el reconocimiento que se hizo a favor del antes mencionado, por sentirse perjudicada por tal asignación, ya que la quejosa se encuentra en posesión de dicho predio, tal como quedó demostrado, por lo que se surte la hipótesis de que, contrario a lo sostenido por la responsable, le compete resolver el fondo del presente asunto.

Son inatendibles los anteriores motivos de desacuerdo, en atención a las consideraciones siguientes:

Los sintetizados con los números 1o. y 1.1., son inatendibles, porque se encuentran encaminados a combatir actos de la autoridad responsable que se produjeron en una sentencia anterior dictada por el tribunal responsable el cuatro de agosto de dos mil cinco, en contra de la cual la ahora quejosa ********** no promovió, en su oportunidad, juicio de amparo; de manera que, sin haberse impugnado, debe entenderse que éstos fueron consentidos, de tal manera que el derecho a reclamarlos en un amparo posterior se encuentra precluido, porque las cuestiones litigiosas resueltas en esa anterior sentencia, que no fueron impugnadas con toda oportunidad mediante la interposición del juicio de amparo directo, habrán quedado firmes sin posibilidad de impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento.

Así es, en los conceptos de violación que se hacen valer en el presente juicio de garantías, en lo esencial, la peticionaria del amparo se queja de que:

-El tribunal responsable, apartándose de la litis fijada, decreta que la actora ********** acreditó sus pretensiones en forma parcial, porque ésta jamás solicitó que se declare como sucesora legítima de los derechos que en vida tuvo su finado esposo ********** respecto de la parcela ********** con superficie de 0-74-60.63 y el 0.056% del total de los derechos de tierras de uso común, amparados con el certificado parcelario ********** y el certificado de derechos sobre tierras de uso común ********** pues estos predios no fueron objeto de controversia ni reclamados en el capítulo de prestaciones de la demanda del juicio natural.

-La transmisión de los derechos agrarios por sucesión de treinta y uno de enero de dos mil, resulta inconstitucional, tomando en cuenta que dicha gestión en la que ********** causó baja como titular de esos derechos y, en su lugar, causó alta con tal carácter ********** se realizó en la fecha antes indicada y el deceso de la titular de los derechos agrarios ocurrió el doce de enero de mil novecientos ochenta, por lo que transcurrieron veinte años cuando para realizar la transmisión se establece el plazo de dos años, por lo que había precluido tal derecho, como lo disponía la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.

A fin de determinar lo inatendible de los señalados argumentos expuestos por la parte quejosa, se estima conveniente destacar, a manera de antecedentes, que en la ejecutoria dictada el catorce de julio de dos mil cinco por este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en autos del juicio de amparo ********** promovido por la también quejosa ********** cuyo testimonio obra a fojas 1085 a 1210 del juicio natural, en la parte que interesa al presente estudio, se consideró textualmente:

"Sexto. ... la constancia e inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión, en los que la actora basa su pretensión, aun cuando son aptas y suficientes para tener por demostrado que ********** fue ejidataria y designó como su único sucesor a ********** así como que éste fue ejidatario del núcleo agrario Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, con sus derechos vigentes, resultan ineficaces para acreditar la titularidad del solar urbano materia de la controversia, cuyo régimen jurídico es distinto al de las tierras parceladas ejidales y comunales; además, con ellas no se demuestra la identidad entre dichos documentos y el predio litigioso, es decir, que los derechos que amparan las documentales en comento correspondan precisamente a aquel cuya restitución se pretende, por su falta de idoneidad para demostrar tal extremo. Ello es así, porque además de lo razonado por la responsable en el considerando séptimo de la sentencia reclamada, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada el ocho de septiembre de dos mil cuatro, por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo agrario número ********** promovido por la también ahora quejosa ********** en el sentido de que el finado ********** en su carácter de sucesor preferente, no realizó el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio a su favor dentro del plazo de dos años siguientes al fallecimiento de la autora de la herencia, precluyendo su derecho para solicitarlos en el término legal establecido, por lo que, al incurrir en el supuesto previsto por el artículo 85, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria abrogada, perdió sus derechos agrarios sucesorios ante la falta de gestión de su reconocimiento dentro del término legal que disponía la norma citada; circunstancia que incide en la eficacia jurídica de dichos documentos para acreditar los hechos que con ellos se pretendieron probar. Por un lado, no es cierto lo afirmado por la responsable de que, tanto la actora en el principal como la tercera llamada a juicio, admitieron que el solar urbano reclamado es el mismo a que se refieren las documentales relativas al certificado de derechos agrarios número ********** a nombre de ********** cuyos derechos adquirió mediante transmisión por sucesión ********** exhibidas por la actora como base de sus pretensiones; cuenta habida que, contrario a dicha afirmación del escrito por el que la tercera llamada a juicio se opuso a las pretensiones de su contraparte y entabló demanda reconvencional, se advierte que la ahora quejosa siempre argumentó que los derechos defendidos respecto del solar en disputa se encuentran amparados con el certificado de derechos agrarios número ********** expedido a nombre de ********** es decir, si bien ambas partes se refieren al mismo solar en disputa, los certificados de derechos agrarios en los que sustentan su pretensión de reconocimiento de derechos por sucesión y su mejor derecho a la posesión del inmueble son distintos. Por otro, tal como lo aduce la parte quejosa, para pronunciarse al respecto en el sentido que lo hizo, el tribunal responsable no tomó en cuenta que en autos del juicio natural obran distintas pruebas documentales con las que se encuentra demostrado que la constancia de vigencia de derechos y la inscripción por transmisión de derechos por sucesión expedidas a favor de ********** se refieren a una parcela y no a un solar urbano; tal es el caso de la lista de sucesión para la expedición de certificados de derechos agrarios, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y tres (folio 942) y el acta de asamblea general de ejidatarios del poblado Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, celebrada el trece de octubre de dos mil uno, para la delimitación, destino y asignación de tierras (folios 422 a 575); ambos documentos exhibidos a requerimiento del tribunal responsable por el director en jefe del Registro Agrario Nacional y el delegado estatal de dicha dependencia, respectivamente; así como padrón o catálogo de ejidatarios de fecha nueve de mayo de dos mil uno (folios 394 a 405), exhibido por la tercera llamada a juicio; y certificado parcelario número ********** expedido a favor de ********** el dieciocho de febrero de dos mil dos (folio 37), exhibido por la propia actora. En el caso, la responsable se abstuvo de analizar las referidas pruebas documentales en su integridad, ya que de estos documentos se desprende que el certificado de derechos agrarios número ********** en cuya inscripción de transmisión por sucesión, la actora en el juicio ********** basa sus pretensiones, se refiere a una parcela ejidal y no a un solar urbano, además, del primero de ellos (lista de sucesión) se advierte que, en su parte inferior izquierda, se refiere a un terreno ejidal con superficie de 60-00-00 hectáreas; en el segundo (acta de asamblea de trece de octubre de dos mil uno), en el inciso C) del punto octavo de la orden del día con el número 143, en la hoja 39 (folio 460), se reconoció a ********** sus derechos sobre la parcela ********** con superficie de 00-74-60.637. Con el tercero de estos documentos (padrón o catálogo de ejidatarios), en su página 5 (folio 398), se advierte con el número 248 a ********** con el certificado ********** mientras que del tercero (certificado parcelario número ********** de dieciocho de febrero de dos mil dos), se desprende que fue expedido a favor de ********** de conformidad con el acta de asamblea de fecha trece de octubre de dos mil uno y que ampara la parcela identificada con el número ********** del ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, con superficie total de 0-74-60.63 setenta y cuatro áreas sesenta punto sesenta y tres centiáreas, con las medidas y colindancias siguientes: (transcribe). Luego, con las documentales antes detalladas se corrobora que en la inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión, de treinta y uno de enero de dos mil, así como la constancia de vigencia de derechos expedida el diez de julio de dos mil uno, que se analizan, en concordancia con la jurisprudencia número 2a./J. 21/2002 emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país de rubro: ‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÉL, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y SEGURIDAD DOCUMENTAL, HACEN PRUEBA PLENA.’, citada por el tribunal responsable como fundamento de su decisión en la sentencia combatida, hacen prueba plena para acreditar que ********** se encuentra inscrito en calidad de ejidatario del poblado Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, derivado del certificado de derechos agrarios ********** y que tales derechos se encuentran referidos a la parcela ejidal identificada con el número ********** sin embargo, son insuficientes por sí solas para acreditar la titularidad del solar urbano litigioso, sino se encuentran corroboradas con algún otro elemento de prueba idóneo para demostrar, por una parte, que el solar en controversia forma parte de la masa o caudal hereditario de los derechos sucesorios cuyo reconocimiento se pretende y, por otra, la identidad entre los mencionados documentos base de la acción ejercida por la actora en el principal y el inmueble del que pretende su restitución. Al respecto, en autos del juicio natural obra el dictamen en materia de topografía de fecha veintiséis de noviembre de dos mil tres, rendido por el perito Hilario Roque Nieves designado en común de las partes, debidamente ratificado (folios 317 a 325 y 334), con motivo del desahogo de la prueba pericial ofrecida por la tercera llamada a juicio ********** prueba que resulta insuficiente para tener por acreditada la certeza de la identidad entre los mencionados documentos fundatorios de la acción y el solar controvertido, porque si bien en el dictamen se determina que el solar en conflicto se encuentra ubicado en el camino de terracería que conduce a los poblados de Teozintla-Nanzintla, al sur del poblado de Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, así como su superficie total de 6,274.217 metros cuadrados y las medidas y colindancias que ahí se precisan, las cuales coinciden en su orientación con las que señalan las partes en sus escritos de demanda, principal y reconvencional, y sus respectivas contestaciones, de lo que se infiere que se trata del solar que habitan los contendientes y que es materia de la litis del juicio natural. No obstante, en el indicado dictamen pericial no se explican los datos o elementos técnicos que razonadamente permitan la identificación entre la inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión exhibida por la actora y el solar urbano litigioso, porque del análisis integral que de éste se hace, se advierte con toda claridad que el estudio de las cuestiones técnicas a que se refieren los interrogatorios presentados por las partes para el desahogo de dicha probanza se limitan a la inspección física del solar litigioso para determinar su ubicación dentro del poblado de Jocutla, Municipio de Quechultenango, Guerrero, su superficie total y sus medidas y linderos, así como determinar la construcción de tres viviendas (casas) existentes dentro del inmueble y la superficie y ubicación de cada una de ellas; sin embargo, el aludido dictamen no aporta datos técnicos que expliquen razonadamente los elementos que identifiquen el solar controvertido con los documentos exhibidos por la actora como base de la acción. Lo expuesto permite concluir que, al determinar que las documentales base de la acción que nos ocupan son suficientes e idóneas para acreditar la titularidad del inmueble en disputa, la autoridad responsable no actuó con apego a derecho, porque de las consideraciones en que se apoyó para emitir juicio valorativo de las pruebas documentales aportadas por la parte actora se advierte que su apreciación es contraria a los hechos de la demanda y su contestación, del escrito de oposición de la tercera llamada a juicio, así como de las reconvenciones y sus respectivas contestaciones, en relación con los restantes elementos de prueba existentes en el juicio natural y, por ende, dicha valoración resulta contraria a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia; con ello infringió en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, al no estudiar las pruebas que existen en el juicio de origen en su totalidad y en su integridad; consecuentemente vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. ... al demostrarse la inconstitucionalidad de la sentencia combatida, lo procedente es conceder a la quejosa ********** el amparo solicitado a efecto de que el Tribunal Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que ... realice la valoración de las pruebas documentales y confesional a que se refiere la presente ejecutoria de manera congruente con la litis fijada con los escritos de demanda, reconvención y sus respectivas contestaciones, ajustando su actuación a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, y resuelva la controversia del juicio de origen ********** como en derecho corresponda, pero siempre fundando y motivando debidamente su resolución. ..." (folios 1085 a 1210).

En cumplimiento de la mencionada ejecutoria dictada en el juicio de amparo número ********** el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII, el cuatro de agosto de dos mil cinco, dictó sentencia en autos del juicio agrario número ********** y su acumulado ********** en la cual, en sus considerandos séptimo y octavo, resolvió lo siguiente:

"Séptimo. En el expediente ********** reclamó lo siguiente: ‘El reconocimiento como sucesora legítima de los derechos que correspondieron a su esposo ********** dentro del ejido Jocutla, Municipio de Quechultenango, de esta entidad federativa. ...’ La actora en el principal basó su pretensión de reconocimiento de derechos sucesorios y del mejor derecho para poseer el solar materia de la litis, en las documentales públicas consistentes en la inscripción de transmisión de derechos agrarios por sucesión expedida por el Registro Agrario Nacional, derivados del certificado de derechos agrarios ********** en la que certifica que ********** causó baja como titular de esos derechos y, en su lugar, causó alta con tal carácter ********** así como con la constancia de vigencia de derechos del diez de julio de dos mil uno signada por el delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Guerrero, en la que asienta que ********** se encuentra inscrito en su calidad de ejidatario del poblado Jocutla, Municipio de Quechultenango, de esta entidad federativa, derivado del certificado de derechos agrarios ********** sin sucesores registrados. En observancia a la ejecutoria que se cumplimenta, con las probanzas aludidas, sólo se acredita que ********** fue ejidataria y designó como su único sucesor a ********** y que éste fue ejidatario del poblado Jocutla, Municipio de Quechultenango, de esta entidad federativa, con sus derechos vigentes. Sin embargo, resultan ineficaces para acreditar la titularidad del solar en litigio, cuyo régimen es distinto al de las tierras ejidales y comunales; además, con ellas no se demuestra la identidad entre dichos documentos y el predio en pleito. En efecto, con las documentales expedidas a favor de ********** se refiere a una parcela y no a un solar urbano; tal es el caso, de la lista de sucesión para la expedición de certificados de derechos agrarios, de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja 942) y el acta de asamblea general de ejidatarios del núcleo agrario Jocutla, del Municipio y entidad feder

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21732-a63ea348/conceptos-de-violacion-los-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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