PRESCRIPCIÓN POSITIVA. PARA QUE OPERE DICHA ACCIÓN, SÓLO SE REQUIERE ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN Y QUE ÉSTA SE EJERCIÓ EN CONCEPTO DE PROPIETARIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE PROVENGA O NO DE UN JUSTO TÍTULO PARA TRASLADAR EL DOMINIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
AMPARO DIRECTO 576/2006. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación primero y segundo son infundados, mientras que el tercero, cuarto y quinto, resultan fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.
En su primer motivo de inconformidad, los quejosos aducen que es improcedente la determinación que toma la autoridad responsable en cuanto al análisis de las violaciones procesales porque, de ser así, debería estimarse que toda violación procesal acaecida durante el desarrollo del juicio queda irreparablemente consumada, lo que no es lógico ni jurídico, pues el numeral 371 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora que se invoca, al respecto, no excluye, de manera expresa y categórica, el estudio en segunda instancia de violaciones procesales y no prohíbe que el tribunal de alzada pueda enmendar o corregirlas mediante la modificación del fallo recurrido u ordenar la reposición del procedimiento al revocar la sentencia apelada, pues ello no implica reenvío de jurisdicción alguna, como incorrectamente lo estima dicha autoridad responsable.
No asiste razón a los quejosos porque, tal como lo determinó la responsable, el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora establece que el objeto del recurso de apelación es sólo para el efecto de que se confirme, revoque o modifique la sentencia de primer grado; esto es, su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio pues, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal, no podría revocarse, para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora; por tanto, en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios, sin que por dicha circunstancia se le deje en estado de indefensión al quejoso, dado que las violaciones procesales deben reclamarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, siempre y cuando sea reiterada ante el tribunal de alzada en el escrito de expresión de agravios que sean formulados contra la sentencia de primer grado.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 8/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 8/99, que cita la autoridad responsable, publicada en la página 5 del Tomo XIII, marzo de 2001, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:
"APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."
Por tanto, con independencia de que también la autoridad emisora del acto reclamado, además de decir que no estaba facultada para analizar cuestiones procesales, lo cual, como se vio, resulta correcto, adujo que se trataba de aspectos consentidos y, por ello, resultaban inoperantes; lo que los quejosos debieron argumentar en su demanda de garantías es la transgresión en su perjuicio de esas violaciones en el procedimiento de origen, empero, atribuyéndoselas al Juez natural y no a la Sala responsable, como indebidamente se hizo.
En su segundo motivo de inconformidad, los quejosos aducen que no le asiste la razón al tribunal de apelación en cuanto a reconocerle la personalidad a la demandada porque, de las documentales con que la institución demandada pretende acreditar su personalidad, no se advierte que la fusión de Banco Internacional Inmobiliario, Sociedad Anónima a Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, haya implicado la transmisión de los bienes propiedad de la primera a la segunda, como lo es, el inmueble materia de litigio, tan es así que en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio dicho bien todavía permanece inscrito en favor de la primera institución lo que, inclusive, dicen los impetrantes, motivó que la señalaran como demandada en su escrito inicial de demanda.
Carecen de sustento estas alegaciones porque, contrariamente a lo expuesto por los inconformes, el hecho de que se hubiese fusionado Banco Internacional Inmobiliario, Sociedad Anónima a Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, esta última, que es la que subsistió (empresa fusionante), se convierte en la nueva titular de los derechos y obligaciones, de tal suerte que la extinción de la sociedad fusionada implica la pérdida de su personalidad jurídica y patrimonio a partir de dicho acto y quien adquiere esos derechos es la fusionante; por tanto, tal fusión sí implica la transmisión de los bienes propiedad de la primera a la segunda y, con ello, la empresa fusionante adquiere la propiedad de los mismos y, por tanto, se legitima para promover cualquier acción tendente a la defensa de ese derecho, como en el caso aconteció al comparecer a juicio Banco del Atlántico a contestar la demanda de prescripción adquisitiva, respecto a un bien cuyo derecho adquirió por virtud de la fusión de que fue objeto Banco Internacional Inmobiliario, Sociedad Anónima, anterior titular del mismo inmueble que se pretende usucapir.
Al respecto, es aplicable la tesis XVI.3o.1 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1352, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:
"FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. LAS FUSIONADAS, AL EXTINGUIRSE, PIERDEN SU PERSONALIDAD JURÍDICA. De conformidad con los artículos 223 y 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sistema jurídico mexicano la fusión supone una forma de disolución sin liquidación, porque el periodo de liquidación es incompatible con el hecho de que, a virtud de la fusión la sociedad que subsiste o la que resulte de la fusión se convierte en la nueva titular de los derechos y obligaciones de las fusionadas. Si las fusionadas se liquidasen, no tendría sentido lo establecido en el referido artículo 224 que prevé su extinción para que todos sus activos y pasivos formen parte del patrimonio de un ente distinto a ellas. De tal suerte que la fusión tiene como efectos, entre otros: a) que la sociedad fusionante o la que resulte es la nueva titular del patrimonio de las fusionadas; y, b) la extinción de las fusionadas, que implica la pérdida de su personalidad jurídica y patrimonio a partir de que surta efectos la fusión. Consecuentemente, las sociedades fusionadas no conservan esa personalidad jurídica para continuar con la conclusión de sus operaciones, lo que es propio de la liquidación y, por tanto, los mandatos otorgados antes de la fusión carecen de validez, salvo que en el pacto de fusión se acuerde su eficacia por tiempo determinado o condición."
En cambio, son fundados el tercero, cuarto y quinto de los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos que, por plantearse en ellos cuestiones similares, se abordan en conjunto en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.
Tales motivos de disenso confluyen en que resulta incorrecta la determinación de la responsable al estimar que la sentencia combatida infringe en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque las consideraciones expuestas por el tribunal responsable no son conformes a la letra de la ley y acordes a su interpretación jurídica, además de constituir razonamientos que carecen de una debida fundamentación y motivación por su alejamiento de lo que realmente cabe entender del examen relacionado de los numerales aplicables al caso, y el descrédito probatorio que ilegalmente hace de los medios de convicción ofrecidos y desahogados, para demostrar los elementos que conforman la acción de prescripción adquisitiva ejercida.
Que no es válido jurídicamente lo que sostiene la autoridad responsable, al declarar infundado el tercer motivo de inconformidad, puesto que no es cierto que la "interpretación sistemática" de los numerales 976, 998, 1307, 1322 y 1323 del Código Civil para el Estado de Sonora lleva a concluir que de los supuestos de mala fe a los que aduce el citado artículo 976, el único que es apto para prescribir es el relativo al poseedor que cuenta con un título viciado que le impide poseer con derecho y no quienes comenzaron esa posesión sin contar con un acto de dominio, o con motivo del mismo, aunque sea imperfecto o viciado, porque tales consideraciones no son conformes a la letra de los preceptos por ella analizados, y menos acordes a su interpretación jurídica, ya que el hecho de que el artículo 976 no haga "referencia a la prescripción positiva", no implica que el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, no lo haga en concepto de dueño o propietario, máxime si como sucede en el caso concreto, en que además de que entraron a poseer como dueños, ejercieron hechos y realizaron actos que, de manera indiscutible y objetiva, demuestran que son los dominadores del inmueble cuya prescripción positiva demandan, así como quienes mandan, disponen del mismo y lo disfrutan para así, como dueños en sentido económico, frente a todo el mundo y de manera pacífica, continua, pública y cierta, esto es, como lo previene y exige el diverso artículo 1322 del código en consulta y objeto de estudio.
Le asiste razón a los quejosos.
El tribunal de apelación determinó que la interpretación sistemática de los artículos 976, 998, 1307 y 1323, fracción III, del Código Civil para el Estado de Sonora, lo lleva a la conclusión de que en el caso de una posesión de mala fe, ésta únicamente es apta para la prescripción positiva cuando se ejerce en concepto de dueño o propietario, sin que sea obstáculo a lo anterior, el que el artículo 976 establezca que es poseedor de mala fe el que la ejerce sin título alguno, pues dicho numeral únicamente define al poseedor de mala fe, como aquel que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, pero en ningún momento hace referencia a la prescripción positiva.
También sostuvo el tribunal de apelación, que los diversos numerales 1307, 1322 y 1323 del código en consulta, exigen para la prescripción positiva, que la posesión se ejerza en concepto de dueño, en forma pacífica, continua, pública y cierta, cuando se trata de adquirir bienes y, tratándose de inmuebles, reitera aun con mayor precisión, en el caso de posesión de mala fe, adujo el referido tribunal, que ésta debe ser en concepto de propietario, por lo que si la ley exige para que opere la prescripción positiva, que la posesión se ejerza en concepto de propietario del bien inmueble que se pretende usucapir entonces, es claro, sostuvo el tribunal de alzada, que tal y como lo determinó el a quo en la sentencia apelada, los actores deben acreditar que cuentan con justo título que les permita poseer con dicha característica, es decir, el acto jurídico verbal o escrito que produce consecuencias de derecho suficiente para ostentarse como propietarios, aunque éste sea imperfecto o viciado.
Por tanto, adujo el tribunal de segunda instancia, en el caso concreto, no se acreditó el primer elemento de la acción consistente en que los actores sean propietarios del inmueble cuya prescripción reclaman en su favor pues, de los hechos narrados en su demanda inicial, se advierte que no comenzaron a poseerlo, con motivo de un acto traslativo de dominio, aunque sea imperfecto o viciado, mediante el cual acrediten el concepto de propietarios, puesto que el hecho originador de la posesión no los legitima con tal carácter, porque manifiestan haber entrado a poseerlo porque no tenían dónde vivir y se encontraba abandonado, con maleza y sin servicios.
La anterior determinación del tribunal de apelación es incorrecta.
Los artículos 960, 976, 998, 1000, 1307, 1322, 1323 y 1325 del Código Civil para el Estado de Sonora disponen lo siguiente:
"Artículo 960. El poder físico que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre cosa corporal para su aprovechamiento total o parcial, o para su custodia, puede ser consecuencia del goce efectivo de un derecho real o personal, o de una situación de hecho. En el primer caso, se es poseedor en derecho; en el segundo, se es poseedor de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 963. Pero aun este tipo de posesión es garantizado por la ley en los casos expresos que consigna, en cuanto puede llegar a constituir un derecho o convalidar jurídicamente el hecho. Las situaciones de posesión de hecho son reguladas por el derecho, en cuanto: o bien las promueve, garantiza y les da convalidación jurídica; o bien las sanciona, exige responsabilidades a quienes las realizan y aun las somete a la acción punitiva del Estado, según hayan sido sus circunstancias constitutivas. Posee un derecho, el que de hecho goza de él; ostentándose como titular del mismo al obtener en nombre propio los beneficios inherentes a su ejercicio."
"Artículo 976. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndese por título la causa generadora de la posesión."
"Artículo 998. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción."
"Artículo 1000. La posesión se pierde: I. Por abandono; II. Por cesión a título oneroso o gratuito; III. Por la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar ésta fuera del comercio; IV. Por resolución judicial; V. Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año; VI. Por reivindicación del propietario; VII. Por expropiación por causa de utilidad pública. Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos o cuando no se ejerza por el tiempo que baste para que queden prescritos."
"Artículo 1307. Se llama prescripción positiva la forma de adquirir bienes o derechos mediante la posesión en concepto de dueño o de titular de un derecho real, ejercida en forma pacífica, continua, pública y cierta, por el tiempo que fije la ley. Tratándose de derechos reales de garantía, no se podrán adquirir por prescripción. Se llama prescripción negativa la forma de liberarse de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, o de perder derechos reales por no ejercitarse, dentro del término que la ley fije en cada caso o por disposiciones generales."
"Artículo 1322. La posesión necesaria para adquirir bienes o derechos reales debe ser: I. En concepto de dueño, si se trata de adquirir bienes, o en concepto de titular de un derecho real, si se trata de adquirir este derecho; II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública; V. Cierta."
"Artículo 1323. Los bienes inmuebles y los derechos reales sobre inmuebles, susceptibles de prescripción positiva, se adquieren con los requisitos mencionados; I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de dueño o de titular del derecho real, con buena fe, y de manera pacífica, continua, cierta y pública; II. En cinco años, cuando los inmuebles o derechos reales hayan sido objeto de una inscripción de posesión; III. En diez años, cuando se posean de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario o de titular del derecho y se ejerce en forma pacífica, continua, pública y de manera cierta; IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante más de tres años, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en su poder."
"Artículo 1325. Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia."
La figura jurídica de la posesión en el derecho positivo mexicano, tal y como se prevé en el artículo 960 del Código Civil para el Estado de Sonora, antes transcrito, se refiere al poder físico que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre una cosa corporal, para su aprovechamiento total o parcial, o para su custodia; puede ser consecuencia del goce de un derecho real o personal, o de una situación de hecho; en este último caso, la posesión es regulada por el derecho, el cual las promueve, garantiza y da convalidación jurídica, o por otra parte, las sanciona, exige responsabilidades a quien las realiza y las somete a la acción punitiva del Estado.
El concepto general de posesión que se establece en nuestro código civil tutela la posesión de derecho pero también la posesión de hecho, aun y cuando ésta no provenga de un acto traslativo de dominio pues, en el caso de la posesión de mala fe, ésta debe entenderse como un poder de hecho que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre la cosa corporal, en forma pública, pacífica y por el tiempo requerido por la ley para prescribir.
Es así, porque de la interpretación de los preceptos legales antes transcritos, se llega a concluir que para que una posesión pueda producir prescripción, no se exige que quien la ejerce a título de dueño tenga como causa necesaria una transmisión del legítimo dominador de la cosa pues, como ya se dijo, al prever el propio código la posesión de mala fe, entendida ésta tanto la ejercida por el que entra sin título alguno para poseer, como la que ejerce quien inicia los actos posesorios con conocimiento de los vicios de su título y que le impiden poseer con derecho (artículo 976) y, por otra parte, al preverse, además, en nuestro código sustantivo civil la pérdida de la posesión por abandono y despojo, entre otros supuestos (artículo 1000, fracciones I y V), así como la adquisición de la propiedad por prescripción adquisitiva a virtud de una posesión de mala fe (artículo 1323, fracción III); de todo ello se concluye que nuestra legislación sustantiva civil sí establece la posibilidad de adquirir la posesión y propiedad de inmuebles mediante vías de hecho diversas a los actos traslativos de dominio, como el caso donde el sujeto, al ver abandonado un inmueble, entra a poseerlo física y materialmente, sin título pero con ánimo de dueño, circunstancias que válidamente pueden ser causa generadora de su posesión, originando la prescripción positiva o usucapión; de lo que se infiere que en el Código Civil para el Estado de Sonora se prevé la prescripción positiva, virtud de un hecho jurídico, como lo es el despojo con o sin violencia, esto es, que la causa generadora de la prescripción positiva sí puede ser el acto realizado por los quejosos.
En tal virtud, resulta inexacto también que, conforme al artículo 1322, fracción I, del código en consulta, para adquirir la posesión con derecho se requiera acreditar el título apto para prescribir, sino que, conforme a lo literalmente establecido en dicho precepto, se requiere que la posesión sea en concepto de dueño, si se trata de bienes o, en concepto de titular, si se trata de un derecho real, sin perjuicio de que el hecho señalado por la actora como generador de su posesión no sea lícito puesto que, como ya se expuso en líneas precedentes, al establecer el propio código como causas de pérdida de la posesión las vías de hecho y, asimismo, la posibilidad de adquirir la propiedad mediante la prescripción, aun cuando se trate de un predio que se ha poseído de mala fe (ejercida sin derecho), luego, contrariamente a la determinación del tribunal revisor, no es obstáculo para tener por causa generadora de la posesión un hecho como el del caso de que se trata, donde los actores manifestaron haber entrado en posesión del inmueble, materia del litigio, porque se vieron en la imperiosa necesidad de poseerlo, en virtud de que no contaban con algún lugar dónde vivir y éste se encontraba abandonado, invadido de maleza, en un descuido total y sin servicios públicos, es decir, iniciaron la posesión mediante despojo, sin violencia, pero con ánimo de dueños.
Por tanto, si bien es cierto que conforme a los artículos 1322, fracción I y 1323, fracciones III y IV, del Código Civil del Estado, para la prescripción positiva se requiere demostrar la causa generadora de la posesión, y que ésta se ejerció en concepto de propietario, también lo es que la causa generadora de la posesión que se exige acreditar por nuestra legislación, se trate exclusivamente de un título apto para trasladar el dominio, si se toma en cuenta que la exigencia de "justo título" que se contemplaba en el Código Civil Federal de 1884, según la cual se requería para que operara la prescripción positiva, que la posesión se originara en un acto que fuese bastante para adquirir el dominio, en la actualidad, los Códigos Civiles del país, entre ellos el sonorense, en su artículo 1322, fracción I, sustituyó aquel requisito, por el de "concepto de propietario" que implica el ánimo o intención y ostensible comportamiento del detentador del bien, como propietario del mismo, aun cuando se carezca de título justo pues, se insiste, en la posesión de mala fe, puede no existir tal justo título, sino solamente la situación de hecho mediante la cual el poseedor entra en posesión del inmueble en calidad de dueño, sin título o derecho para ello y, en este caso concreto, no se requiere probar para el éxito de la acción, la existencia de un título traslativo de dominio.
En este contexto, resulta claro que, conforme a nuestra legislación, no es necesario que para acreditar la prescripción positiva se exija acreditar haber entrado a poseer por medio de un título traslativo de dominio pues, como ya se dijo, tratándose de la posesión de mala fe, puede no existir tal título, sino solamente la situación de hecho mediante la cual el poseedor entra en posesión del inmueble en calidad de dueño, sin título o derecho para ello pues, en el caso de la posesión de mala fe, ésta debe entenderse como un poder de hecho ejercido en forma directa y exclusiva sobre la cosa corporal, en forma pública, pacífica y por el tiempo requerido por la ley para prescribir.
Es corolario de lo anterior que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, en reparación de las garantías de seguridad jurídica y legalidad, deba concederse el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, dicte otra, en la que, reiterando lo que no fue materia de la concesión, determine que, en el caso concreto, por tratarse de una posesión de mala fe, para que prospere la prescripción positiva, no se requiere acreditar que se entró a poseer por medio de un título traslativo de dominio o justo título, pues ésta debe entenderse como un poder de hecho que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre la cosa corporal, en forma pública, pacífica y por el tiempo requerido por la ley para prescribir, hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda.
Al resultar fundados los conceptos de violación analizados, se torna innecesario el estudio de los diversos motivos de inconformidad en los que se aduce que no se analizaron debidamente las pruebas testimoniales y documentales con las cuales se pretende acreditar la posesión sobre el inmueble en disputa, atendiendo a la eventualidad de que en la nueva sentencia que se dicte en cumplimiento de esta ejecutoria puedan, en su caso, ser reparadas las infracciones que se hacen valer en el mismo; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VI, Materia Común, página 85, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo sumario, a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 80 y 190, de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto reclamado del Primer Tribunal Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil seis, terminada de engrosar el once de abril siguiente, dentro del toca civil de apelación 417/2005.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de gobierno y en la estadística de este tribunal; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados Eugenio Gustavo Núñez Rivera y Armida Elena Rodríguez Celaya, así como el licenciado Martín Antonio Lugo Romero, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo, según autorización de la Comisión de Carrera Judicial, acordada en sesión de veintisiete de marzo de dos mil siete.
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21548-2cc9dc0e/prescripcion-positiva-para-que-opere-dicha-accion-solo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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