REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO; TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la presentó el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual está legitimado para formular denuncias de contradicción de tesis, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver, el once de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el amparo en revisión 1765/93, en lo esencial son las siguientes:
Que de conformidad con los artículos 588 y 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el remate o adjudicación de un bien se compone de dos etapas: la primera consistente en una aprobación provisional en la que se adjudica el bien rematado, y la segunda corresponde a una aprobación definitiva cuando el juzgador declara cumplida la condición de la consignación del precio del remate exhibido por el comprador o adjudicatario, por lo que sólo hasta que el juzgador tiene por exhibido el precio del remate procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en los términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.
La parte conducente de la ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es la que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Los conceptos de agravio transcritos anteriormente, los cuales se estudian en conjunto por su íntima vinculación, son inoperantes.
"En efecto, en primer lugar, procede establecer que si bien existen algunas diferencias entre la resolución aprobatoria del remate de un bien inmueble al mejor postor y la que adjudica aquél en favor del ejecutante ante la ausencia de postores, particularmente derivadas de que ambas resoluciones se pronuncian en procedimientos diversos y porque son distintas las personas a quienes, en cada caso, se adjudica el bien rematado, también lo es que tales diferencias son irrelevantes para considerar que la determinación referida en segundo lugar no se encuentra en la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que: ‘tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben’, y, ello es así, habida cuenta que las consecuencias jurídicas que producen ambas resoluciones son las mismas, es decir, adjudicar a una persona distinta del ejecutado la propiedad del bien de que se trate, poniendo fin al procedimiento del remate; de lo que resulta inconcuso que las dos resoluciones se rigen por la misma disposición contenida en el precepto transcrito y, por tanto, las dos son combatibles por la vía del amparo indirecto, siempre y cuando, se aclara, constituyan la resolución definitiva.
"...
"De esta manera si el artículo 588 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que (se transcribe); y además el artículo 589 del mismo ordenamiento adjetivo, dispone que (se transcribe); debe estimarse en base a la interpretación fundada en la secuencia lógica de los supuestos de dichos preceptos (que en lo conducente son aplicables a la adjudicación que en la especie se ventila), que en realidad el legislador hace alusión en el primer precepto a una aprobación provisional del remate o adjudicación y, en el segundo, alude a una aprobación definitiva del remate o adjudicación; porque aun cuando el acto jurisdiccional que materialmente concluye la almoneda adjudica al mejor postor o al ejecutante la propiedad del bien rematado, tal adjudicación sólo es provisional, porque no es susceptible de surtir efectos jurídicos mientras se encuentre supeditada al cumplimiento de la condición a que quedó sujeta, esto es, a la consignación del precio por el comprador o adjudicatario, en el plazo que el Juez señale, y no será sino hasta el momento en que el juzgador considere que se cumplió con tal condición, que la aprobación pueda estimarse con el carácter de definitiva. Por ende, procede estimar que la aprobación de un remate o de una adjudicación, sólo queda firme (definitiva) por virtud del auto que declara consignado en precio en el plazo señalado al efecto, puesto que antes de ese momento procesal, está sometida la aprobación (provisional), por el código adjetivo, a una resolución judicial que los aprobará o desaprobará en definitiva y únicamente esta última resolución es la que puede producir perjuicios irreparables que justifiquen la interposición del juicio de garantías. ..."
Las citadas consideraciones dieron origen a la tesis del siguiente tenor:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIII, febrero de 1994
"Tesis: I.5o.C.117 K
"Página: 410
"REMATE O ADJUDICACIÓN. PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL AUTO QUE LOS APRUEBA EN DEFINITIVA. Debe estimarse con base en la interpretación fundada en la secuencia lógica de los artículos 588 y 589 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en realidad el legislador hace alusión en el primer precepto a una aprobación provisional del remate o adjudicación y, en el segundo, alude a una aprobación definitiva del citado remate o adjudicación; porque aun cuando el acto jurisdiccional que materialmente concluye la almoneda adjudica al mejor postor o al ejecutante la propiedad del bien rematado, tal adjudicación sólo es provisional, dado que no es susceptible de surtir efectos jurídicos mientras se encuentra supeditada al cumplimiento de la condición a que quedó sujeta, esto es, a la consignación del precio por el comprador o adjudicatario, en el plazo que el Juez señale, y no será sino hasta el momento en que el juzgador considere que se cumplió con tal condición, que la aprobación pueda estimarse con el carácter de definitiva. Por ende, procede estimar que la aprobación de un remate o de una adjudicación, sólo queda firme (definitiva) por virtud del auto que declara consignado el precio en el plazo señalado al efecto, puesto que antes de ese momento procesal, está sometida la aprobación (provisional), por el código adjetivo, a una resolución judicial que los aprobará o desaprobará en definitiva y únicamente esta última resolución es la que puede producir perjuicios irreparables que justifiquen la interposición del juicio de garantías.
"Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"Amparo en revisión 1765/93. **********. 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera Ocampo. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 170/99, en sesión de seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, estimó lo siguiente:
Que el artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que al declararse fincado el remate el Juez mandará que dentro del término de los tres días siguientes y previo el pago de la cantidad ofrecida de contado, se otorgue a favor del rematante la escritura de venta correspondiente, por lo que en concepto del Tribunal Colegiado tal pronunciamiento del juzgador, que declara fincado y aprobado el remate tiene carácter definitivo al no prever el mencionado código un acto posterior a tal aprobación, con lo cual se actualiza el supuesto previsto en el artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, de tal forma que procede el juicio de amparo indirecto en contra del citado pronunciamiento.
La parte conducente de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, es la que a continuación se transcribe:
"... De acuerdo con lo anterior, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, en este particular se actualiza el supuesto previsto en el artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, precisamente en alusión a que, según se esclareció, aquella resolución que declaró fincado el remate fue pronunciada en definitiva e implícitamente implica su aprobación, toda vez que el artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México dispone que al declarar fincado el remate el Juez mandará que dentro del término de los tres días siguientes y previo pago de la cantidad ofrecida de contado, se otorgue a favor del rematante la escritura de venta correspondiente, conforme a la ley en los términos de su postura para que se le entreguen los bienes rematados; de ahí que sin duda la resolución reclamada es la que propiamente al declararlo fincado aprobó el remate en definitiva, precisamente porque la referida legislación civil aplicada por la autoridad responsable no prevé el dictado de un acto posterior de tal aprobación, ni así lo determina. Incluso, se agotó el recurso de apelación correspondiente, que tuvo como resultado la resolución combatida en el juicio constitucional. ..."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de los siguientes rubro y texto:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, octubre de 1999
"Tesis: II.2o.C.191 C
"Página: 1236
"AMPARO INDIRECTO. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 783 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México dispone que al declararse fincado el remate el Juez mandará que dentro del término de los tres días siguientes y previo pago de la cantidad ofrecida de contado, se otorgue a favor del rematante la escritura de venta correspondiente conforme a la ley, y en los términos de su postura, para que se le entreguen los bienes rematados; de ahí que si tal resolución constituye el acto reclamado, en la que propiamente la declaración de fincamiento implica la aprobación del remate en definitiva, precisamente porque la referida legislación civil aplicada por la responsable no prevé el dictado de un proveído posterior relativo a dicha aprobación, ni así lo determina, ante ello es patente que en este particular se actualiza el supuesto previsto en el artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a que, según se esclareció, la resolución que declara fincado el remate implícitamente comprende su aprobación, la cual es impugnable en amparo indirecto, si en definitiva la Sala resolvió el recurso de apelación intentado contra el auto que declaró fincado el citado remate.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
"Amparo en revisión (improcedencia) 170/99. **********. 6 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González."
QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 6/99, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, estimó:
Que el auto que declaró fincado el remate a favor de los ejecutantes respecto de un inmueble, no debe entenderse como el último en que se apruebe el remate, esto es así, dado que la resolución que aprueba el remate para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es aquella en la que el Juez realiza el examen de las constancias de los autos, relacionadas con la fase de ejecución de sentencia, y sólo en el supuesto de que no advierta irregularidad alguna, hará la declaratoria de carácter definitivo sobre la adjudicación de los bienes, y en contra de la cual procede el amparo.
Dicho razonamiento, se corrobora con la transcripción de la parte que interesa de la sentencia del juicio de amparo en revisión 6/99:
"Es infundado el segundo agravio, que combate la sentencia recurrida, por haber decretado el sobreseimiento respecto del acto reclamado, consistente en la sentencia emitida el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que resolvió el recurso de apelación contra el auto emitido el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, que declaró fincado el remate a favor de los ejecutantes respecto del inmueble que describe; por no ser la última resolución, ni por ende, ser reclamable en amparo directo.
"En efecto, dicho auto, como se advierte de la foja 236 del juicio de amparo indirecto, se emitió en la tercera almoneda, verificada en el juicio natural, cuando se fincó el remate a favor de los ejecutantes respecto del inmueble embargado, **********
"Desde luego que tal resolución, no por el hecho de haber realizado la mención expresa en el sentido de que ‘declara fincado’, deba entenderse como aquella última en que se aprueba el remate.
"Esto es así, dado que la resolución que aprueba el acto mencionado, es aquella en la cual el Juez realiza el examen de todas las circunstancias de que se impregna la fase de ejecución de sentencia que nos ocupa, y sólo en el supuesto de que no advierta irregularidad alguna, hará la declaratoria de mérito; de lo contrario dictará las medidas que estime pertinentes a subsanarlas. La resolución que da lugar al acto reclamado, en modo alguno encuadra en los supuestos de mérito.
"En cambio, si (sic) colma los extremos comentados la diversa resolución de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, que aun cuando de forma incorrecta se denominó sentencia de adjudicación (f. 238), en realidad es la que aprueba el remate decretado en acuerdo previo ya referido de veintitrés del propio mes y año."
Cabe aclarar que de los antecedentes del referido fallo, se advierte que en esa última resolución de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, se: "adjudicó en forma definitiva el bien inmueble en favor de la parte actora y estableció las condiciones y consecuencias sobre las cuales se ejecutaría".
Dichos razonamientos, originaron la tesis aislada que a continuación se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, diciembre de 1999
"Tesis: II.1o.C.184 C
"Página: 769
"REMATE. SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN. ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO. De acuerdo con el artículo 114 en su fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el auto que declara fincado el remate, no debe entenderse como una resolución que aprueba el remate, que es aquella en donde el Juez realiza el examen de todas las circunstancias que concurren en la fase de ejecución de sentencia, y sólo en el caso de que no advierta alguna irregularidad, hará la declaratoria aprobando o reprobando el remate; decretando en su caso la adjudicación de los bienes, la cual puede ser combatida mediante el juicio de amparo biinstancial.
"Amparo en revisión 6/99. ********** 20 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Librado Fuerte Chávez. Secretario: Víctor Manuel Méndez Cortés."
El criterio del citado tribunal lo reiteró en la ejecutoria de treinta de octubre de dos mil tres al resolver el amparo en revisión 229/2003.
SEXTO. Las consideraciones que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 271/2005, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cinco, son las que a continuación se sintetizan:
Que según el artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, se deberá aprobar el remate dentro de los tres días siguientes, de que tenga lugar, siempre y cuando el comprador exhiba el importe del remanente, pues de no hacerlo, se debe tener sin efecto la venta y se procederá a nueva subasta, por tanto, la resolución en que se tiene o no por exhibida la cantidad de dinero remanente, es la que pone fin al remate y, consecuentemente, la que debe estimarse que en definitiva aprueba o no el remate, para los efectos de interponer juicio de amparo indirecto en su contra.
La parte conducente de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, es la que a continuación se transcribe:
"QUINTO. No se analizarán las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida ni los agravios externados por la parte recurrente dirigidos en su contra, dado que este tribunal, de oficio, advierte que cobra actualidad una causa de improcedencia, que por ser de orden público, su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con lo establecido por la jurisprudencia número 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, Parte VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, del rubro y texto:
"‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.’
"...
"No pasa inadvertido para este tribunal, que el artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, habla de que se deberá aprobar el remate dentro de los tres días siguientes al remate; sin embargo, esa determinación está condicionada o sujeta al hecho de que el comprador exhiba el importe del remanente, pues de no hacerlo, el segundo párrafo de dicho numeral dispone que se debe tener sin efecto la venta y se procederá a nueva subasta lo que implica que esa aprobación esté sujeta o condicionada a tal evento.
"...
"Luego, a través de dicha resolución se aprobó pero provisionalmente el remate o adjudicación, dado que no era susceptible de surtir efectos jurídicos mientras se encontraba supeditada al cumplimiento de la condición a que quedó sujeta, esto es, a la consignación del precio por el comprador y no fue hasta el momento en que el Juez consideró que se cumplió con tal condición, esto es, a través del proveído que dictó el trece de diciembre de dos mil cuatro, antes aludido, que la aprobación adquirió el carácter de definitiva, siendo ésta la única que pudo y debió ser reclamada en amparo indirecto.
"En consecuencia, si la parte quejosa hoy recurrente señaló como acto reclamado la resolución a través de la cual se aprobó provisionalmente el remate, es incuestionable que contra ésta, se torna improcedente el juicio de garantías, por no ser a la que se refiere el último párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo."
De esas consideraciones derivó la tesis aislada que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, junio de 2007
"Tesis: XIX.2o.A.C.49 C
"Página: 1156
"REMATE O ADJUDICACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DECLARA CONSIGNADO EL PRECIO SEÑALADO POR EL JUEZ AL EFECTO (APROBACIÓN DEFINITIVA) PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Del contenido del artículo 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas se advierten dos aspectos, uno relativo a la aprobación provisional del remate o adjudicación y, otro, a una aprobación definitiva de éstos. El acto jurisdiccional que materialmente concluye la almoneda adjudicando al mejor postor o al ejecutante la propiedad del bien rematado, sólo es provisional, dado que no es susceptible de surtir efectos jurídicos mientras se encuentra supeditada al cumplimiento de la condición a que quedó sujeta, esto es, a la consignación del precio por el comprador o adjudicatario, en el plazo que el propio Juez señale, y no será sino hasta el momento en que el juzgador considere que se cumplió con la condición de consignar el remanente del valor del bien rematado, que la aprobación puede estimarse con el carácter de definitiva. Por tanto, la aprobación de un remate o adjudicación sólo queda firme (definitiva) por virtud del auto que declara consignado el precio en el plazo señalado al efecto, puesto que antes de ese momento procesal, está sometida a una resolución judicial que los aprobará o desaprobará en definitiva, es entonces la resolución en que se tiene o no por exhibida la cantidad de dinero la que pone fin al remate y, consecuentemente, la que por sus efectos vinculantes y condicionantes debe estimarse que finalmente aprueba o no el remate, siendo ésta a la que se refiere el último párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, respecto de la cual procede el juicio de garantías, pues la interpretación que debe darse a esta hipótesis legal, participa de la misma intención que el legislador plasmó al redactar el artículo 46 de la citada ley reglamentaria, al establecer que son sentencias definitivas las que deciden el fondo del asunto; definitividad de la que hablan una y otra disposición que no debe entenderse, en el sentido de que no procedan medios de defensa ordinarios en su contra, sino que se ocupen de resolver el punto de controversia respectivo en forma definitiva y firme.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.
"Amparo en revisión 271/2005. ********** y otro. 22 de septiembre de 2005. Mayoría de votos. Disidente: José Luis Mendoza Pérez. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Jesús Garza Villarreal."
SÉPTIMO. Las consideraciones que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 187/2006, en sesión de veintidós de junio de dos mil seis, son las que a continuación se sintetizan:
Que con apego al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de remates, respecto de los actos posteriores a la resolución en la que se aprueban o desaprueban, procede el amparo indirecto, hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no puede ser aquella en la que se requiere al adjudicatario del bien la exhibición del remanente "del precio del mismo"; sino la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento.
Tales consideraciones se corroboran con la siguiente transcripción de la parte considerativa de la sentencia del juicio de amparo 187/2006:
"Señalado lo anterior, se reitera que el agravio hecho valer por el recurrente es infundado, ya que si bien de los antecedentes del acto reclamado que señaló en su demanda de garantías se desprende que el acuerdo combatido fue emitido después de que la responsable dictó resolución en la que aprobó el remate llevado a cabo en el juicio especial hipotecario aludido por el quejoso; sin embargo, contrario a lo que aduce, es inexacto que por ese solo hecho el acuerdo reclamado deba considerarse emitido después de concluido el procedimiento de ejecución de sentencia, y por ende, aun cuando tenga el mismo fin goce de autonomía e independencia para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial.
"Es así, dado que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita estableció en la regla específica que, tratándose de remates el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra la resolución en que se aprueben o desaprueben estos, supuesto a que se refiere el párrafo tercero de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo; empero, no debe acotarse la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia sólo a esa hipótesis cuando la propia sentencia ordena el trance y remate de un bien, pues sostenerlo así, se pasaría por alto lo establecido por el legislador en el párrafo segundo de la fracción y artículo mencionados, en razón de que, dentro de dicho procedimiento existen otras actuaciones judiciales dictadas con posterioridad al periodo de remate, que si bien son autónomas e independientes a dicho periodo en sí mismo, deben considerarse que forman parte del procedimiento previsto en las legislaciones ordinarias que tienen como fin lograr la ejecución de una sentencia ejecutoriada, actuaciones que para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, les resulta aplicable el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.
"Sostener lo contrario, esto es, que el amparo biinstancial procede contra cualquier acto dictado con posterioridad al periodo del remate -resolución en la que se apruebe o desapruebe éste- porque ésta es la ‘última resolución’ dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, con independencia de que tenga el mismo fin, sería tanto como dejar de observar la regla que para la procedencia del juicio de amparo indirecto prevé el párrafo segundo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual es genérica y distinta a la prevista en el párrafo tercero de la fracción y artículo citados, misma que es específica al periodo de remate; hipótesis que pueden aplicarse en forma independiente dependiendo del estado procesal en que se encuentre el procedimiento de ejecución de sentencia; además de que se pasaría por alto uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó tales reglas, pues se daría pauta para que el juicio de amparo biinstancial resultara procedente contra cualquier actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia después de aprobado o desaprobado el remate, sin que fuera la resolución que declarara por cumplida expresa o tácitamente la sentencia o la determinación de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplimentarla.
"La anterior consideración en ningún momento es contradictoria a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 citada en párrafos anteriores, pues dentro de la regla específica señalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el procedimiento de ejecución de sentencia conforme a lo previsto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, existen dos supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial, como enseguida se señala:
"a) El primero, previsto en el párrafo tercero, contra la resolución que apruebe o desapruebe el remate, en el cual podrán hacerse valer las violaciones que se cometan en dicho periodo; hipótesis que debe acotarse sólo al periodo de remate y que es factible su actualización cuando en una sentencia se resuelva rematar algún bien o que por la naturaleza y consecuencias jurídicas de la misma a fin de darle cabal cumplimiento forzosamente deba llevarse a cabo el embargo y subasta de un bien; y,
"b) El segundo, señalado en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, supuesto en el cual también pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; hipótesis que puede actualizarse en dos casos, uno, cuando para el cumplimiento de una sentencia no tenga que subastarse un bien, y dos, cuando se trate de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia una vez concluido el periodo de remate, cuando éste es consecuencia inmediata de la sentencia a ejecutar como sucede en el caso de los juicios hipotecarios promovidos con el objeto de obtener el pago del crédito; sin que pueda decirse que en este supuesto el interesado no esté en posibilidades de promover juicio de amparo biinstancial contra la resolución que apruebe o desapruebe el remate, ya que son hipótesis distintas y no se excluyen una de otra.
"Por tanto, si en caso (sic) el acuerdo reclamado en el que el Juez responsable después de que quedó firme el auto en el que aprobó el remate, requirió al adjudicatario del bien para que exhibiera el remanente del precio del mismo, es inconcuso que dicha determinación fue emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia y, como lo consideró el Juez de Distrito, no es la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento, pues por ésta, conforme a lo decidido por el Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias aludidas, debe entenderse la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita que se ha dado cumplimiento total a la sentencia o declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, hipótesis en la cual; hipótesis a la cual (sic) no se adecua el acuerdo combatido. ..."
Los anteriores razonamientos dieron origen a la tesis aislada del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, febrero de 2007
"Tesis: XXIII.3o.17 C
"Página: 1612
"AMPARO INDIRECT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21748-a015b965/remate-la-resolucion-definitiva-impugnable-en-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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