CONSENTIMIENTO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. NO SE ACTUALIZA PORQUE LA QUEJOSA SE HAYA ACOGIDO AL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES PARA EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS EN LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2004). ESTÍMULOS FISCALES. EL CONOCIMIENTO DE LA BENEFICIARIA SOBRE LOS TÉRMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN PARA EL USO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS EN LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN, NO IMPLICA SU CONSENTIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2004).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, resolvió el amparo en revisión **********, sosteniendo, en lo que interesa conocer, lo siguiente:
"QUINTO. Síntesis del segundo concepto de agravio expuesto por la autoridad responsable hoy recurrente. En el concepto de agravio identificado con el ordinal segundo, la recurrente afirma que:
"- Lo señalado por la Juez de Distrito para desestimar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en cuanto a que: ‘En el caso, del análisis integral de las constancias del expediente de amparo, no se advierte prueba demostrativa alguna que evidencie que la quejosa consintió de manera expresa el contenido específico de la norma que impugna en el presente asunto, relativa al pago de derecho de vigilancia que tienen los beneficiarios de los estímulos fiscales, por el monto del 4% sobre el beneficio concedido. Ello es así, porque la peticionaria del amparo promovió el presente juicio de amparo en contra de las disposiciones que prevén el pago del derecho de vigilancia, consagrado en los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, con motivo del pago que efectuó del entero correspondiente. Lo que denota que la ahora quejosa no ha consentido la norma que impugna, dado que su pago fue realizado el veintiséis de mayo de dos mil ocho y la demanda de garantías la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el trece de junio de la anualidad mencionada, esto es, dentro de los quince días hábiles siguientes al primer acto concreto de aplicación. Lo expuesto con antelación es apto para señalar que, contrario a lo argumentado por la responsable, la quejosa no ha consentido la norma reclamada, ni tampoco se advierte que hubiese realizado manifestación alguna que implicara su consentimiento con dicho acto, de ahí que no se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo’; es incorrecto.
"Que contrario a lo sostenido por la a quo, sí existió un consentimiento expreso por parte de la quejosa.
"Sobre el tema, la recurrente aduce que:
"- Las normas reclamadas no pueden ni deben disociarse del decreto que más adelante se acota, ya que forman en conjunto, un marco normativo, mientras que tales normas establecen una obligación como lo es el pago de derechos y forman parte del estímulo, siendo ilógico pensar que el beneficio se concede sin algún requisito u obligación que cumplir.
"- Cuando la impetrante se acogió al beneficio contenido en el decreto, aceptó las obligaciones establecidas en la ley tendentes a acceder al estímulo, de ahí que el juicio de amparo es improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, invocado en otras líneas.
"Asimismo, la recurrente sostiene que la Juez de Distrito al emitir el pronunciamiento que en el segundo concepto de agravio refuta, no analizó ni interpretó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’
"Consideraciones sustentadas por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida, con base en las que desestimó la actualización de la causa de improcedencia propuesta en el informe con justificación correspondiente y reiterada en la revisión. La a quo, para desestimar la actualización de la causa de improcedencia referida, consideró que:
"- La hipótesis legal escudriñada se actualiza cuando la conformidad se manifiesta de manera inequívoca, lo que responde al principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que se haga uso del juicio de amparo para sustraerse ilegalmente de los efectos de una conducta que la quejosa exteriorizó libre y espontáneamente.
"- Del análisis integral de las constancias del expediente de amparo, no se advirtió prueba alguna que evidenciara que la quejosa consintió de manera expresa el contenido específico de la norma impugnada, relativa al pago de derechos de vigilancia que tienen los beneficiarios de los estímulos fiscales, por el monto del 4% sobre el beneficio concedido.
"- Eso porque la peticionaria del amparo promovió el juicio de amparo en contra de las disposiciones que prevén el pago del derecho de vigilancia, establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, con motivo del pago que efectuó, lo que hizo notar que no consintió la norma ya que el pago fue realizado el veintiséis de mayo de dos mil ocho y la demanda de garantías la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el trece de junio del año mencionado, esto es, dentro de los quince días hábiles siguientes al primer acto concreto de aplicación.
"Eficacia del segundo concepto de agravio. Es medularmente fundado el concepto de agravio.
"Marco legal y jurisprudencial. A efecto de esclarecer la actualización de la causa de improcedencia propuesta por la autoridad responsable ahora recurrente, es necesario tener en cuenta los temas siguientes.
"I. La naturaleza y elementos de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.
"II. El ámbito en el que el titular del Ejecutivo Federal puede ejercer la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"III. El fundamento jurídico y la naturaleza de los estímulos fiscales.
"IV. El contenido del ‘Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas que se indican’.
"V. El contenido de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, materia de reclamo en el juicio de amparo.
"En ese contexto, este Tribunal Colegiado procede a desarrollar los tópicos mencionados. (se transcribe)
"I. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe)
"En relación con la causa de improcedencia que se examina, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, al resolver el amparo en revisión 3277/98 del cual emanó la ejecutoria que integró, por reiteración, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 148/2006 de rubro: ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’, que:
"‘... De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.
"‘El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. ...’
"De las consideraciones invocadas, es de trascendental importancia rescatar que la actualización de la causa de improcedencia anunciada evita que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.
"Ahora, conforme al criterio del Alto Tribunal con relación a la causa de improcedencia que nos ocupa, éste ha sido constante en cuanto hace a los elementos que permiten identificar su actualización, que se encuentran detallados en la tesis que enseguida se invoca:
"‘ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.’ (se omite la transcripción por innecesaria).
"En la tesis transcrita se identificaron los elementos que deben verificarse para poder concluir si se actualiza o no la causa de improcedencia mencionada, a saber:
"a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad.
"b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado.
"c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento.
"II. Aparte, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación dispone, ad litteram, que: (se transcribe)
"El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación prevé una serie de facultades, en mayor o menor medida de carácter discrecional -dependiendo del supuesto específico en el que se desplieguen- concedidas al titular del Ejecutivo Federal.
"Dentro de esas facultades, se encuentra la de conceder subsidios (1) o estímulos fiscales (2) mediante resoluciones de carácter general.
"Como premisa básica, es necesario señalar que los subsidios y los estímulos fiscales no son lo mismo, ya que los primeros -que algunos doctrinarios utilizan como sinónimo de la subvención- son apoyos de carácter económico que el Estado otorga, principalmente por conducto de actos legislativos y excepcionalmente en uso de las facultades concedidas al titular del Poder Ejecutivo, a determinados sectores de la población, o a agentes que actúan en la economía, los cuales derivan, tratándose de la materia fiscal, en el cobro parcial o porcentual de una contribución.
"En relación con los estímulos fiscales, es de puntualizarse lo siguiente.
"Frente a la obligación general de tributar, se encuentran las medidas encaminadas a aminorar la carga tributaria bajo distintos esquemas, como son las exenciones, supuestos de no sujeción, reducciones de impuesto, disminución de la tasa, condonaciones, eximentes, deducciones extraordinarias o, los acreditamientos, verbigracia, cuyo fin frontal consiste en estimular y no desalentar el crecimiento de cierta categoría de contribuyentes o sector productivo de la economía nacional, o bien, favorecer o fortalecer el desarrollo de determinada actividad.
"Entre los medios que existen para materializar las medidas enunciadas, están los estímulos fiscales que, como excepción a la regla general de tributación, establecen un beneficio en materia contributiva, respecto de una o varias contribuciones, cuya implementación tiene por objeto la aplicación de una disminución -inclusive una supresión- del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible del que derive aquélla o aquéllas, de esta manera, se traducen en la reducción o supresión material de la contribución que se hubiere causado, con miras a incentivar el crecimiento y desarrollo de determinado grupo de sujetos pasivos de la relación contributiva o de ciertas actividades consideradas de interés general en la dinámica nacional.
"El estímulo fiscal depende de los elementos siguientes:
"i. La existencia de una contribución a cargo del beneficiario del estímulo, elemento que es necesario, ya que el estímulo solamente se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que operan sobre los contribuyentes.
"ii. La situación especial del contribuyente establecida en abstracto en la disposición en la que se otorgue, que al materializarse da origen al derecho de ese contribuyente para su otorgamiento.
"iii. Un objetivo de carácter parafiscal, como elemento teleológico del estímulo, que consta a su vez de un objetivo directo y un objetivo indirecto.
"La aplicación del estímulo fiscal se traduce en un crédito o bien, en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor respecto de una contribución a su cargo.
"Los estímulos fiscales pueden ser:
"1. Generales o específicos, clasificación que dependen de la universalidad o particularidad de la o las contribuciones respecto de los que operan; y,
"2. Federales o locales, según el ámbito de competencia del que provienen y en el que tienen efectos.
"III. Por otra parte, es de referirse que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas, fundamentalmente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, por tanto, son normas subordinadas, de donde se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios específicos, el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma.
"Dentro de las facultades concedidas al presidente de la República en el artículo 89, fracción I, antes citado, no se incluyen exclusivamente ordenamientos reglamentarios, sino también al conocido como decreto, el cual es definido como ‘toda resolución o disposición de un órgano de Estado sobre un asunto o negocio de su competencia, que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, y que requiere de cierta formalidad (publicidad), a efecto de que sea conocida por las personas a las que va dirigido’.
"IV. En el caso, el contenido del decreto emitido por el entonces presidente de la República, de ocho de noviembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce del mismo mes y año, es el siguiente: (se transcribe).
"El decreto citado tenía como finalidad esencial sentar las bases para promover y extender los beneficios del acceso a la red de los medios de pago electrónicos a empresas pequeñas y medianas, así como fomentar la utilización y cultura del uso de tales medios de pago, tanto entre los establecimientos como entre los consumidores para generar paulatinamente incentivos tendentes a alentar la formalización de la economía; lo que incidiría en la creación de condiciones necesarias para el desarrollo de las empresas y su transformación frente al ritmo vertiginoso de los cambios en la tecnología y la revolución digital, en que se hiciera un menor uso de efectivo evitando con ello robos a comercios e individuos, menores costos de transacción y, en el control y fomento de las transacciones realizadas en la economía formal, entre otros objetivos.
"El decreto transcrito contenía un estímulo fiscal que se otorgaría a las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, prestadoras del servicio de adquirente de tarjetas de crédito y de débito, así como eventualmente, de monedero electrónico -entendiéndose exclusivamente para los efectos del decreto, por servicio de adquirente aquél que incluyera la aceptación, compensación y liquidación de operaciones realizadas con las tarjetas referidas o de monedero electrónico, emitidas por terceros o por el propio prestador de tal servicio, con independencia de que la compensación o liquidación se realizaran directamente o a través de empresas procesadoras constituidas para ese fin- que manifestaran su intención de prestar dichos servicios a las pequeñas y medianas empresas y que participaran como fideicomitentes en la constitución de un fideicomiso irrevocable cuyo objetivo era la instalación, sin costo alguno, de terminales punto de venta para procesar pagos a través de medios electrónicos en aquellas que, con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, no contaran con dispositivos para procesar pagos por medios electrónicos en ninguno de sus establecimientos o locales.
"De lo antes detallado obtenemos que una de las consecuencias que generaría a las personas morales que con motivo del decreto participaran en el fideicomiso con el carácter de fideicomitentes, era el de obtener un estímulo fiscal que se traduciría, conforme a lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero, en el acreditamiento de su importe contra el impuesto sobre la renta a su cargo, las retenciones efectuadas a terceros por dicho impuesto, así como contra el impuesto al activo -actualmente derogado-, el impuesto al valor agregado y las retenciones efectuadas por este impuesto, que debieran enterarse en las declaraciones de pagos provisionales, definitivos o en la declaración anual, pero sin que tal acreditamiento diera lugar a devolución o compensación alguna.
"No escapa a la atención de este Tribunal Colegiado que diversas disposiciones contenidas en el decreto fueron posteriormente desarrolladas, principalmente en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, sin embargo, se estima innecesario ahondar respecto de este tópico ya que es innecesario para efectos de verificar los puntos que deben esclarecerse en esta sentencia.
"Con relación al decreto que se analiza, también cabe destacar que en su artículo transitorio segundo disponía que, a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria contara con elementos para vigilar la correcta aplicación de los estímulos ahí establecidos, las personas morales que adoptaran lo dispuesto en él, debían presentar al órgano desconcentrado aludido, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su entrada en vigor, una relación en la que constara el nombre y el domicilio de los contribuyentes con establecimientos, locales y otros lugares en los que con anterioridad a la fecha de que se trata, se hubieran instalado terminales punto de venta para procesar pagos a través de medios electrónicos, así como el número de terminales punto de venta instaladas en cada uno de esos lugares.
"V. Los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, textualmente disponen:
"El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos en su texto en vigor así como al momento en que sucedieron los hechos, dispone que los beneficiarios de estímulos fiscales deben pagar por concepto de derechos de vigilancia una cuota equivalente al 4 % sobre el monto del beneficio que se les haya concedido, salvo que en las disposiciones en las que se concedan esos estímulos se establezca una tasa diferente, que no excederá del por ciento mencionado.
"El mismo precepto dispone que en las propias disposiciones en las que se establezcan los estímulos fiscales, o en sus reglas de aplicación, se señalará la forma y el lugar en que los beneficiarios de los mismos harán el pago de los derechos de vigilancia correspondientes.
"Para terminar, el artículo 27 establece que para los efectos de ese numeral, no se considerarán estímulos fiscales las devoluciones de impuestos indirectos y a la importación, incluyendo los certificados de devolución de impuestos a las exportaciones de productos manufacturados en el país.
"Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Derechos prevé los conceptos que no se considerarán en la base para calcular los derechos en cuestión:
"- El importe de los estímulos que se concedan de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"- El importe de los estímulos cuando en la disposición en que se otorguen, se exima expresamente del pago de tales derechos.
"Cabe agregar que la Ley Federal de Derechos, antes denominada Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 1982, entró en vigor el uno de enero de mil novecientos ochenta y dos en términos de su artículo primero transitorio.
"Asimismo, que el artículo 27 en sus dos párrafos iniciales conserva su texto original y fue adicionado con un tercer párrafo acorde con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, mientras que el artículo 28 conserva su contenido primigenio sin modificaciones.
"Análisis de las circunstancias específicas prevalecientes. La parte quejosa reclamó en el juicio de amparo: (se transcriben).
"El acto de aplicación en que se apoyó la quejosa para reclamar las disposiciones normativas referidas ut supra, se hizo consistir en los pagos realizados el veintiséis de mayo de dos mil ocho, mediante declaraciones generales de pago de derechos, en las que se anotó en el campo de ‘descripción del concepto’, lo siguiente: ‘De estímulos fiscales (art. 27)’. Lo que quedó acreditado con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa en el sumario, a las que se les otorga el valor probatorio previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo tal como lo dispone su artículo 2o.
"Además, del acervo probatorio agregado en autos del juicio de garantías, se advierte que la parte quejosa, entre otras, intervino en el contrato de fideicomiso privado celebrado de manera irrevocable, por una parte, por las instituciones enlistadas en el anexo A del contrato, representadas por las personas ahí mencionadas y, por otra, por J. P. Morgan, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, J. P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, representada por su apoderado legal y delegado fiduciario. El contrato es de fecha diecisiete de junio de dos mil cinco y, al haber sido exhibido por la parte quejosa y no objetado por las autoridades responsables, hace prueba plena con apoyo en los artículos 197 y 210 del ordenamiento adjetivo citado -en el párrafo que antecede-, aplicado supletoriamente a la ley de la materia.
"Al fideicomiso se le denominó ‘Fideicomiso F/00185 para extender a la sociedad los beneficios del acceso a la infraestructura de los medios de pago electrónicos (FIMPE)’.
"En el capítulo de antecedentes del contrato de fideicomiso, específicamente en el identificado con el numeral I, se hizo referencia del ‘decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas que se indican’, expedido por el presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil cuatro. En la cláusula décimo quinta del contrato de fideicomiso, se estipuló que: ‘Décimo quinta. Impuestos. Cualesquiera y todos los impuestos, derechos o contribuciones ya sean presentes o futuros que sean pagaderos con relación a la celebración, entrega, cumplimiento, registro o terminación del presente contrato de fideicomiso y de todos aquellos documentos que deban celebrarse o suscribirse con relación al mismo, serán a cargo de la parte obligada conforme a la legislación aplicable. La fiduciaria no tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que no fueren a su cargo ...’
"En el fideicomiso intervino ‘Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa.’, firmando **********.
"Como puede verse, con motivo del ‘Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas que se indican’, se celebró el contrato de fideicomiso privado aludido; y, en él intervino como fideicomitente Banco Inbursa, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, circunstancia que además se infiere de los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad por el representante de la parte quejosa, en la demanda de amparo, en particular en la parte que dice: ‘... En virtud de que mi mandante cumplía con los requisitos para acogerse al estímulo fiscal concedido en el referido decreto, pues prestó los servicios que en el mismo se señalan durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, aplicó el acreditamiento previsto en el decreto en cuestión en dichos ejercicios ... (el subrayado es de este órgano jurisdiccional).’
"Así, es un hecho probado que la quejosa participó en el fideicomiso y se acogió al beneficio fiscal establecido en el decreto supracitado, lo cual se robustece con las documentales aportadas en el juicio, consistentes en los acuses de recibo de las solicitudes de autorización para acreditar el estímulo fiscal por las inversiones efectuadas en las terminales punto de venta, según lo dispuesto en los artículos décimo y decimoprimero del decreto de que se trata, documentales que al haber sido exhibidas en copia certificada por la parte quejosa, tienen el valor probatorio previsto en los artículos 197 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.
"Teniendo como base las premisas señaladas, lo que sigue es el estudio de los elementos que deben verificarse, en confrontación con aquellos prevalecientes en el asunto, para poder determinar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.
"El primero de ellos consiste en que el acto reclamado exista, el cual también está sujeto a que el sujeto de que se trate lo conozca, ya que no puede expresarse el consentimiento de un acto, ya sea expreso o tácito, cuando no se conoce.
"En el presente asunto, es indudable la existencia de los preceptos específicamente reclamados, ya que forman parte de una ley que, por ende, fue publicada en el medio de difusión oficial por antonomasia como lo es el Diario Oficial de la Federación.
"Cabe puntualizar que es un principio general de derecho que opera en este caso, el que dice: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
"Respecto del punto que se examina, es de agregarse que el decreto mencionado contiene un estímulo fiscal, ya que así se señala particularmente en éste y se confirma con su contenido integral, puesto que el acreditamiento de los importes relacionados con las inversiones realizadas por los fideicomitentes al fideicomiso, evidentemente son consecuencia de aquél, contenido en el decreto emitido con fundamento en el artículo 89, fracción I, constitucional.
"En tanto que el otorgamiento del estímulo fiscal, per se, obedeció al ejercicio de la facultad concedida al titular del Ejecutivo Federal en el artículo 39, fracción III, del código tributario federal.
"Por tanto, si el decreto al auspicio del cual se celebró el contrato de fideicomiso, contiene un estímulo fiscal, por haberse beneficiado con éste, a la quejosa le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, en lo que atañe a que: ‘Los beneficiarios de estímulos fiscales, pagarán por concepto de derechos de vigilancia una cuota equivalente al 4% sobre el monto del beneficio concedido ...’, por tratarse de una disposición normativa de carácter general y abstracta, difundida además por conducto del Diario Oficial de la Federación, contra la cual no existe alguna determinación en razón de la que se haya desincorporado de la esfera jurídica de la aquélla, en concreto. Esto con independencia del momento en que haya dado cumplimiento a la norma.
"Sin que, se reitera, pudiera alegar la impetrante que desconocía la existencia de la carga que establece la norma, atento a las consideraciones antes detalladas.
"El segundo de los elementos relatados, que estriba en que el acto cause un agravio a la parte quejosa, ya que si no fuera así ésta no hubiera estado legitimada para accionar la instancia constitucional -precisamente porque constituye un requisito sine qua non conforme lo previsto en el artículo 107, fracción I, constitucional, reglamento (sic) en el numeral 4 de la Ley de Amparo-, también se satisface, sin que tal elemento exija mayor demostración, ya que la sola lectura del artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, en el que se establece el porcentaje relativo a la cuota que debe cubrir el beneficiario de un estímulo fiscal; pone de relieve la existencia de una carga contributiva. Sin que se soslaye que en el juicio de amparo tambi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21827-1c4ce555/consentimiento-como-causal-de-improcedencia-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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