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Modo: Corpus Pro

CATEO. EL PROPIETARIO U OCUPANTE DEL INMUEBLE A REVISAR EN DICHA DILIGENCIA PUEDE AUTONOMBRARSE COMO TESTIGO DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN EL ACTA RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2009. · Registro digital (IUS): 21842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, , Pág. 155.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de naturaleza penal de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La citada denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente en funciones del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que emitió resolución en el juicio de amparo directo penal ********** por su posible contradicción con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, bajo el rubro: "CATEO. SI EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA EL PROPIETARIO U OCUPANTE DEL INMUEBLE A REVISAR EN DICHA DILIGENCIA TIENE A LA VEZ LA CONDICIÓN DE IMPUTADO, NO PUEDE FUNGIR COMO TESTIGO DE LOS HECHOS QUE LE SON REPROCHADOS.", consultable como tesis aislada XX.2o.76 P, en la página 3109 del Tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

TERCERO. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente citar para su posterior análisis la parte medular de las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo penal ********** fundamentalmente, sostuvo:

"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación que se esgrimen para conceder el amparo impetrado, por las siguientes razones. ... El ocupante del sitio cateado es el titular de la garantía de inviolabilidad del domicilio consagrada en el normativo 16, párrafo octavo, del Pacto Federal; quien de estar presente tiene derecho a participar en la diligencia y, para salvaguardar que en los casos de excepción la intromisión de la autoridad a la morada se efectúe conforme a la orden correspondiente, tal norma de la Carta Magna lo faculta para designar dos testigos, que en un momento dado constaten los pormenores del cateo y, sobre todo, del actuar del funcionario encargado. De tal forma, los testigos propuestos se convierten en vigilantes del respeto de sus derechos y del actuar del diligenciante. Como beneficiario de la precitada tutela, evidentemente el ocupante del lugar con quien se entiende el cateo no es la persona idónea para tener la calidad de testigo en esa actuación, pues resultaría ilógico que tuviera participación para corroborar la legalidad del desempeño de los servidores en comento, ya que ante esa situación, por lo regular contraria a su voluntad, su credibilidad estaría afectada y su dicho sujeto a prueba. Esto es así, porque la presunción de legalidad en el desempeño de los practicantes del acto que se viene analizando, es en función de la buena fe de que éstos gozan por ser los primeros interesados en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Además, ser testigo en causa propia, esto es, que aparte de la intervención en la diligencia en su calidad de morador, éste atestiguara lo ahí acontecido con el ánimo de asegurar de manera efectiva que sea verdadero, constituiría un inconveniente, que se daría en la posible denuncia de irregularidades habidas en ese actuar. La interpretación gramatical de las disposiciones transcritas lleva a la conclusión que los testigos idóneos designados en los cateos deben ser sujetos distintos a los habitantes del lugar, pues de manera expresa indican que aquéllos serán propuestos por éstos o, en su ausencia o negativa, por la entidad practicante de la diligencia. Sin embargo, de la lectura integral de los numerales antes indicados, no se advierte que prohíba que el propio ocupante se designe como testigo o los que estime convenientes, y sólo, ante su rebeldía, esa facultad pasa a la autoridad que desahogue la diligencia de mérito. Igualmente, el requerimiento de que se haga al habitante en tal sentido, es al momento del inicio del desahogo de la diligencia, por lo que no puede afirmarse en ese instante que necesariamente se encuentran en el lugar las personas u objetos materia del cateo. En esas condiciones, la ejecutante del mandamiento, no puede vedar el derecho del ocupante, para autodesignarse asimismo, o bien, a otras de las personas que se encuentren en el domicilio cateado. Inclusive, resultaría ilógico sostener que tal facultad pueda otorgarse únicamente cuando exista imposibilidad de determinar, que los habitantes no sean autores de hechos delictivos; lo que dificultaría o impediría la práctica de esa actuación, al ser las únicas personas que en su momento pueden fungir como tales. Cabe resaltar, en seguimiento a lo expuesto, que en la mayoría de los casos el morador del inmueble a revisar sólo contará con la posibilidad de designar como testigos, a quienes se encuentren en el lugar cateado; luego, de no permitírsele que efectúe la designación de mérito, en los términos analizados, haría, por regla general, nugatorio el derecho a que se ha hecho mención; consecuentemente, la autoridad ejercería esa atribución, sin más, ante la imposibilidad del ocupante de hacerlo y no con motivo de su negativa. Lo predicho resulta jurídicamente ilegal, pues como se aprecia del cardinal 16 constitucional y del diverso precepto 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, la única manera de que el comisionado a la ejecución de la orden de cateo proponga a los testigos de referencia, se da cuando el ocupante se niegue a nombrarlos. Consecuentemente, si al inicio del desahogo de la orden de cateo, el morador del lugar no tiene el carácter de indiciado, no resulta ilegal la autodesignación que con tal carácter hagan los ocupantes del sitio, como ocurrió en la especie. Luego, aun cuando de su resultado derive, en su caso, la calidad de indiciado, ello no impide que suscriba el acta circunstanciada respectiva, por no existir disposición alguna en ese sentido y, en cambio se contrapondría con lo ya expuesto y al orden lógico de la diligencia. Además, de que al ocurrir la hipótesis que se analiza, esto es, que se encontrara en su poder el objeto, instrumento o productos de delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación, el Ministerio Público podrá decretar su legal retención, es decir, se actualizaría la figura de flagrancia que se describe en el numeral 193, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales; supuesto jurídico en que si bien hace que el ocupante en el desarrollo de la actuación, mas no en su inicio, tenga el carácter de indiciado, no impide que firme el acta en su calidad de testigo designado, aunque sea por él mismo, tal como ya se explicó. Sin que ello implique, que no esté en aptitud de aportar elementos de convicción para desvirtuar su probable responsabilidad. ... En ese orden de ideas, el derecho de nombrar testigos corresponde en primer lugar al ocupante y, si no resultan idóneos los que designe, verbigracia: él mismo, un incapaz, etcétera, el perjuicio que le ocasione esa decisión, de ninguna manera puede invalidar la diligencia de cateo, ya que se cumplió con lo previsto por el cardinal 16 constitucional, el que por su parte, no señala, como ya se vio, una consecuencia de tal naturaleza, por los motivos apuntados. De modo que, no se comparten las consideraciones de la tesis aislada en la que se basa lo expuesto por el impetrante de garantías y, por ende, se estiman infundados los conceptos de violación que se plantean. ..."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo penal ********** en lo que interesa, sostuvo:

"QUINTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación. Asiste razón a la disidente cuando señala que, contra lo expuesto en la sentencia reclamada, la diligencia de cateo que obra en la causa es ilegal y en modo alguno merece valor probatorio, porque no cumplió con los requisitos señalados en los artículos 16 constitucional y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, debido a que tanto ella como otro individuo que habitaban el lugar cateado intervinieron como testigos, lo cual es incorrecto, pues bajo esa circunstancia no podían fungir con tal carácter, ya que a fin de cuentas resultó ser la indiciada y, según la intención del legislador, al establecer dicha obligatoriedad para la práctica de ese tipo de actuaciones, los ocupantes del sitio inspeccionado tienen derecho a designar a las personas que habrán de presenciar su desarrollo, quedando excluidos de nombrarse a sí mismos con esa calidad, por lo que el fiscal investigador debió haber nombrado a sujetos diferentes para que atestiguaran sobre el acto y no permitir que ostentara tal calidad, cuando a la vez era inculpada, pues así se preservaría la seguridad jurídica que tanto la Carta Magna como la legislación ordinaria exigen como formalidades que deben seguirse en la realización del cateo, porque en ese caso, aquéllos podrían hacer constar si fue real e irrebatible lo asentado en la actuación y como en la especie no ocurrió así, se violaron las garantías previstas en el precepto primeramente invocado. ... La diligencia en comento persigue como finalidad básica inspeccionar un lugar determinado para localizar cosas o personas relacionadas con la comisión de un ilícito. Por otro lado, conviene puntualizar que los actos de indagación ministerial a realizarse en lugares cerrados, requieren de la anuencia judicial previa en aquellos supuestos en los que el lugar en donde se vaya a efectuar tenga la consideración de domicilio. A dicha autorización se le ha denominado ‘orden de cateo’, según lo dispuesto en los preceptos antes transcritos. Es de mencionarse que de acuerdo con esos dispositivos, tal mandamiento constituye el imperativo otorgado a la autoridad facultada para que registre y allane una morada, con el propósito de buscar personas u objetos que estén relacionados con la investigación de un delito. ... las circunstancias especiales que se deben advertir al momento de verificarse la diligencia de cateo de acuerdo con lo dispuesto en los preinsertos numerales, son las siguientes: a) Se debe llevar a cabo por el órgano y personal autorizado en la orden correspondiente; b) En el horario comprendido entre las seis y las dieciocho horas, salvo las excepciones previstas por la ley; c) Circunscribirse al lugar, objeto y personas buscadas; y, d) Verificarse ante la presencia de dos testigos. En relación con el aspecto referido en el inciso d) que antecede, que constituye el tema a dilucidar en el presente caso, es pertinente desentrañar lo siguiente: 1. Cuál fue la voluntad del Constituyente y del legislador ordinario, al implementar la necesidad de nombrar testigos durante la diligencia de cateo; y, 2. Cuál es el objeto que se persigue con el nombramiento de los referidos testigos, así como su función durante la diligencia correspondiente. En el proyecto propuesto por la comisión creada especialmente para la redacción de la Constitución de 1917, el numeral 16, en la parte conducente, era del tenor siguiente: ... En ese contexto, para poder vislumbrar cuál fue la voluntad del legislador a efecto de que al momento de llevarse la diligencia de mérito, se nombrara a dos testigos, cabe hacer referencia a la afirmación realizada durante la discusión del proyecto propuesto por la comisión encargada de relatar la Constitución de 1917, misma que es del tenor siguiente: ‘... Por eso la comisión ha creído pertinente que sea el propietario de la casa cateada quien proporcione los testigos, porque seguramente se fijará en las personas de más confianza para él y estos individuos no se prestarán gustosos a firmar un acta levantada al capricho de la autoridad que verifique el cateo, sino que sólo pondrán su firma en lo que verdaderamente les conste y acerca de lo que hubiese sido objeto preciso del cateo. Con esto se evitarán muchísimos abusos y muchos atropellos ...’. Retomando esas ideas, es dable afirmar que el nombramiento de los testigos durante una diligencia de cateo, se instituyó como una garantía en favor del gobernado con un doble propósito: que no se cometieran atropellos respecto al lugar y a las personas encontradas y que existiera certeza en relación con la forma en que habría de llevarse a cabo la diligencia. ... subsiste la intención inicial del Constituyente, al estatuirse la obligación de nombrar testigos en las diligencias de cateo, para evitar arbitrariedades y crear certidumbre jurídica en el resultado que la diligencia arroje. Lo anterior se corrobora con la evolución histórica que privó en el contenido del artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales. ... el nombramiento de los testigos a los que se refieren los artículos 16 de la Constitución Federal y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe realizarse bajo las siguientes premisas: a) Se debe otorgar la oportunidad a la persona que se encuentre en el lugar objeto de la orden, de nombrar a los testigos y sólo en el supuesto de que no acceda a ello o de no encontrarse ocupante alguno en el inmueble, dicha facultad corresponderá a la autoridad que lleve a cabo la diligencia; y, b) Dicha designación, en caso de que las circunstancias así lo permitan, deberá realizarse al momento de iniciar la diligencia de cateo (pues existen hipótesis en las que materialmente resultaría imposible hacer esa designación como se verá más adelante), levantando al concluirla un acta circunstanciada de lo que aconteció, precisamente con la intervención de los testigos designados. Como se advierte, el fin que se persigue con el nombramiento de los testigos en la diligencia de cateo, es que estén en aptitud de apreciar cómo se lleva a cabo y las incidencias que surjan, motivo por el cual si éstos no son designados en los términos requeridos, se crea incertidumbre jurídica al respecto y contraría el ánimo del legislador. ... Luego, una diligencia de tal naturaleza que no contenga los requisitos que constitucional y legalmente le son exigidos, mismos que han sido relacionados en la presente determinación, ningún valor probatorio debe otorgársele; pues al respecto el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, estatuye: ‘La inspección, así como el resultado de los cateos, harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales.’. Consideración que se ve confirmada por el párrafo final del diverso 61 del propio ordenamiento, que dice: ‘... Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. ...’. No obstante, es precisamente el rigor del Texto Constitucional el que conlleva a concluir que si una orden de cateo y su subsiguiente práctica, no respetan las formalidades que al efecto se establecen, serán contrarios al espíritu del Constituyente, el que se apoya, como se dijo, en la salvaguarda de la inviolabilidad del domicilio de los particulares. ... En cumplimiento a esa orden, los funcionarios comisionados emitieron parte informativo donde señalaron haberse entrevistado con vecinos aledaños a la casa ubicada en ********** quienes les manifestaron que a ese lugar llegan diversas personas e intercambian dinero por envoltorios que no saben su contenido; que los días de mayor actividad eran el viernes y sábado y una mujer salía a atender a los que arribaban (foja 44). El once de junio posterior, el fiscal acudió al mencionado inmueble y dio fe ocular del mismo, asentando que tenía la denominación ********** (foja 50). Derivado de lo anterior y con base en los elementos de conocimiento aludidos, en esa data solicitó se autorizara una orden de cateo con respecto al domicilio multirreferido, a la Jueza del ramo penal del Distrito Judicial de Comitán, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien actuó en auxilio por no existir homólogo federal en tal lugar para buscar narcóticos y asegurarlos, así como a las personas involucradas con éstos en caso de flagrancia (fojas de la 51 a la 56). De lo expuesto, se aprecia que la diligencia estaba dirigida a la búsqueda y localización de enervantes en el interior del inmueble e individuos vinculados con los mismos, respecto de quienes existía la posibilidad latente de ser detenidos en flagrancia y quedar sujetos a las consecuencias jurídico-procesales que se derivaran. En el cateo realizado el once de junio de dos mil cuatro, cuya acta fue transcrita en la parte considerativa del fallo reclamado, se advierte que el agente del Ministerio Público y seis agentes federales de investigación acudieron al domicilio ubicado en ********** sin número, esquina con ********** identificado con la leyenda comercial ********** en Frontera Comalapa, Chiapas; que una persona del sexo femenino ante quien se presentaron y le dijeron el motivo de su presencia, les permitió el acceso, luego les dijo que su nombre es ********** y ser la propietaria de la casa; consta en la diligencia de mérito, que el fiscal le solicitó que designara dos testigos para presenciar los hechos, manifestándole que tanto ella como su amasio ********** fungirían como tales, posteriormente se desahogó la actuación encontrándose dentro de una funda de almohada, en la recámara, diecisiete bolsas pequeñas de nylon con polvo blanco, asimismo, al levantar una sartén colgada en el área de cocina, cayó una bolsa en cuyo interior había 58 bolsas con la misma sustancia, que después fue examinada y resultó ser cocaína con un peso bruto de cuarenta y tres gramos, seiscientos ochenta y dos miligramos, y neto de veinticuatro gramos, doscientos sesenta y ocho miligramos. Con motivo de lo anterior, tanto la quejosa como su pareja fueron detenidos, por considerar el fiscal que se actualizó la flagrancia en la comisión del delito contra la salud, porque poseían esa droga con fines de venta. Debe puntualizarse que si la peticionaria del amparo resultó ser la dueña del inmueble cateado y así se lo hizo saber al órgano de indagación, desde ese momento jurídicamente se le vinculó de manera implícita con los resultados que pudiera arrojar el cateo, es decir, estaba a expensas de las consecuencias jurídicas perniciosas que se derivaran. Es decir, cabía la posibilidad de resultar con el carácter de indiciada por hechos delictivos que en flagrancia se advirtieran, como sucedió en el caso. Por ello, ante esa probabilidad latente que existía en la diligenciación del cateo, en consideración de este Tribunal Colegiado, la persona dueña u ocupante del inmueble revisado con quien se entendió la actuación, de ninguna manera podía figurar como testigo, pues según se dejó plasmado en los antecedentes previos, si la intención del Constituyente y legislador ordinario fue que para preservar la seguridad jurídica del detentador de la casa a revisar, éste o el ocupante ocasional localizado al momento de la diligencia, tengan el libre derecho a designar a dos individuos de su confianza para que funjan como testigos de los hechos, esa calidad, por una simple cuestión de lógica racional, ha de entenderse que no puede recaer en ellos mismos, pues implicaría un contrasentido la posibilidad de que el dueño del inmueble, como potencial indiciado, pueda servir de ateste para dar certeza de los sucesos que a la vez lo incriminarían y que, seguramente, en la fase defensiva negará su veracidad y tratará de desvirtuarlos. Relativo a lo expuesto, debe aducirse que un testigo es un sujeto tercero a las partes procesales (en el caso del enjuiciamiento penal, al indiciado -pasivo- y al fiscal investigador o acusador -activo-) que como resultado de los hechos que objetivamente conoció en algún momento, relacionado con el asunto a debate y objeto de su apersonamiento (acreditación del delito o circunstancias relacionadas con su falta de demostración) acude ante la autoridad de indagación o juzgamiento a dar conocimiento de los sucesos por él apreciados, sin que jurídicamente esté constreñido a sufrir las consecuencias negativas de la sanción punitiva en caso de ser procedente, la cual sólo se circunscribe al acusado. Por otra parte, el indiciado es el individuo al que se vincula directa o indiciariamente con la comisión de un delito, cuya participación podrá ser corroborada en su contra, o desvirtuada en su favor, entre otros medios de prueba, con la testimonial a cargo de terceros ajenos que van a dar noticia de lo que, con plena independencia y libertad de posición, apreciaron per se. De esa manera, técnica y procesalmente, no pueden recaer en una misma persona la calidad de indiciado y a la vez la de testigo, respecto de un hecho delictuoso en particular, pues son incompatibles. Consideración que ha de aplicarse a la diligencia de cateo analizada en el presente caso. Se estima de ese modo, pues si desde el momento en que se emitió la orden relativa para revisar el domicilio de la quejosa con el fin de localizar narcóticos, se le estaba vinculando con las consecuencias jurídicas que se derivaran, es decir, era una indiciada en potencia, por razones de seguridad legal, no era factible que interviniera como testigo, pues esta calidad, por las razones apuntadas, debía recaer en una tercera persona ajena a ella, para que con absoluta libertad e independencia de su posición diera noticia de lo sucedido y, en su momento, de ser necesario, fuera llamada a declarar a petición, ya sea del imputado o del fiscal. Ante eso, si bien en uso del derecho constitucional que posee la peticionaria del amparo se asentó que se autodesignó testigo, por los motivos aludidos, en modo alguno podía desempeñar tal calidad, por lo cual, ante esa postura y con base en las implicaciones técnicas que debió prever que ocurrirían, el fiscal tuvo que haberla exhortado a que señalara a alguien distinto y en caso de persistir en esa postura, dicha autoridad ejercer la facultad constitucional y legal que posee y nombrar a otra persona para que desempeñara tal función, lo cual no hizo, afectándose de incertidumbre la realización de dicha diligencia, lo cual, en términos del último párrafo del artículo 161 del código adjetivo de la materia y fuero, lo hace ilegal y carente de valor probatorio. Cabe acotar que igual consideración merece al hecho de que ********** haya fungido como testigo designado por la quejosa, pues en el momento ésta manifestó que era su esposo y, por ende, se entiende que vivía en el domicilio cateado (lo cual aseveró al declarar ante el fiscal), lo que también lo convertía en potencial indiciado, situación que así ocurrió, pues de igual manera fue detenido por los mismos cargos imputados a la disidente, se le sujetó a proceso y resultó condenado en primera instancia, aunque a la postre se le absolvió en apelación por insuficiencia de pruebas. En esa medida, como de autos se aprecia que en virtud del resultado de esa diligencia ilegal, se sujetó a ********** y a su amasio a rendir su declaración inicial por los supuestos hallazgos de droga en el interior de su domicilio, donde en apariencia la primera confesó su responsabilidad en la posesión con fines de venta, y el segundo corroboró esa versión, debe decirse que dichas manifestaciones al estar apoyadas en una diligencia ilegal, corren la misma suerte, así como las demás pruebas de descargo habidas en autos, de las cuales resulta innecesario efectuar su análisis. Resultan aplicables al caso, las jurisprudencias números J. 21/2007 y J. 22/2007, derivadas de la contradicción de tesis 75/2004-PS, resuelta el diecisiete de enero de dos mil siete, pendientes de publicarse, de rubros y textos: ‘INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA.’ (se transcribe); y, ‘CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA.’ (se transcribe). Consecuentemente, es de concluirse que ante las irregularidades apuntadas no puede tenerse por acreditado el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de venta, contemplado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal y, ante ello, deviene innecesario ocuparse de la responsabilidad imputada a la inconforme. ..."

De la anterior ejecutoria derivó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVI, octubre de 2007

"Tesis: XX.2o.76 P

"Página: 3109

"CATEO. SI EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA EL PROPIETARIO U OCUPANTE DEL INMUEBLE A REVISAR EN DICHA DILIGENCIA TIENE A LA VEZ LA CONDICIÓN DE IMPUTADO, NO PUEDE FUNGIR COMO TESTIGO DE LOS HECHOS QUE LE SON REPROCHADOS. Del análisis e interpretación de la exposición de motivos del Constituyente originario y del legislador ordinario federal, vertida en el proceso de creación de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, se llega a la convicción de que para tener una debida seguridad jurídica en la práctica de las diligencias de cateo se estableció un derecho en favor del dueño u ocupante del bien a catear, esto es, designar testigos que, por la confianza que les tenga, sean hábiles en dar constancia fehaciente de los hechos que sucedan en la diligencia relativa. Ahora bien, como la finalidad de dicha orden es la búsqueda de personas u objetos relacionados con algún delito, desde la emisión del mandamiento, en forma implícita se vincula al propietario u ocupante del lugar a revisar con los resultados que pudiera arrojar la actuación en comento, y quedan a expensas de las consecuencias jurídicas perniciosas que posiblemente se deriven, es decir, cabe la eventualidad de reputarles el carácter de indiciados por los probables hechos delictivos que en flagrancia se conozcan en ese momento. En ese sentido, el testigo propuesto para dicha diligencia debe ser un tercero a las partes procesales (Ministerio Público e imputado), pues será quien dará la noticia ante la autoridad investigadora o judicial acerca de los hechos que sensorialmente conoció en algún momento relacionados con el asunto a debate y motivo de su apersonamiento, sin que jurídicamente esté constreñido a sufrir las consecuencias negativas de la sanción punitiva en caso de ser procedente, toda vez que la posible imputación del delito sólo se circunscribe al acusado, por ello es que el detentador del bien involucrado en el cateo, no puede tener el carácter de testigo en dicha diligencia, porque sería incompatible con el de indiciado que puede derivarle de ella, el cual, en ejercicio de su defensa, podrá desvirtuar con los diversos medios de prueba previstos en la ley, entre ellos, el testimonio de sujetos que, en su caso, pudieron haber intervenido en el lugar cateado. En consecuencia, si en una averiguación previa, el propietario u ocupante del inmueble a revisar tiene a la vez la condición de imputado, no puede fungir como testigo de los hechos que le son reprochados, pues como se dijo, ambas condiciones son incompatibles técnica y procesalmente, y si en el acta relativa se le consideró así, ésta, como las demás probanzas que se apoyen en ella, carecen de eficacia probatoria.

"Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

"Amparo directo 930/2006. 30 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.

"Notas:

"Por ejecutoria de fecha 9 de julio de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 30/2008-PS en que participó el presente criterio."

CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia y, que por tesis, debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.

Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que, para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21842-6f7645f7/cateo-el-propietario-u-ocupante-del-inmueble-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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