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Modo: Corpus Pro

EMBARGO. LA NEGATIVA DEL JUEZ NATURAL DE ORDENAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS E HIDALGO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2009. · Registro digital (IUS): 22179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 431.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidas a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios anunciada.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el veintiuno de mayo de dos mil nueve el amparo en revisión civil 136/2009 (se transcribe el considerando tercero), estimó:

"TERCERO. Dado el sentido del presente fallo, resulta innecesario transcribir la parte considerativa de la resolución recurrida y los agravios que en su contra se hicieron valer, porque no serán objeto de estudio, en virtud de que este tribunal, de oficio, advierte que se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público y debe decretarse en el momento en que aparezca probada. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 2a./J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 262, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.’ (se transcribe). En efecto, este tribunal advierte que en este caso se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción IV del numeral 114, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El quejoso señaló como acto reclamado la resolución interlocutoria de diez de diciembre de dos mil ocho, recaída al recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecinueve de noviembre de la misma anualidad, relativo al juicio ejecutivo mercantil 43/2008, promovido por **********, aquí recurrente, contra **********. De las constancias que informan los autos del expediente 43/2008, remitido por la responsable al rendir su informe con justificación, al cual se le otorga pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por mandato del numeral 2o. de este último ordenamiento, se advierte que mediante ocurso presentado ante el Juez natural el veinticinco de noviembre del año próximo pasado, el aquí inconforme interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, dentro del cual se le dijo que con respecto a la inscripción de la diligencia de embargo, se estuviera a lo acordado por auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, máxime que no se advertía imposibilidad alguna para que él procediera a efectuar la inscripción solicitada por sí mismo, de conformidad al artículo 30 de la legislación mercantil; recurso que fue admitido por proveído de veintisiete de noviembre del año anterior al que transcurre. La responsable emitió la interlocutoria respectiva que ahora constituye el acto reclamado, en la que determinó que la revocación planteada era improcedente, en esencia, porque el proveído que le afectaba no era el recurrido, sino uno anterior de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, que debió haber impugnado, y al no hacerlo, puso en evidencia su conformidad con las consideraciones expuestas en el mismo para negarle la inscripción del embargo solicitada. Como puede advertirse, la decisión impugnada se emitió dentro del juicio de origen. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos emitidos dentro del juicio pueden combatirse en amparo indirecto, cuando producen sobre las personas o las cosas, una afectación de imposible reparación, que se actualiza cuando afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que no pueda repararse aun obteniendo resolución favorable en el juicio; características que no reviste el acto reclamado, en el que la responsable se pronunció acerca de la improcedencia del recurso de revocación planteado contra un acto que remitió a otro, en el que se negó ordenar la inscripción de un bien embargado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, habida cuenta que sólo produce efectos intraprocesales, sin atentar algún derecho sustantivo. Efectivamente, si se atiende a las consecuencias de la resolución reclamada que se dictó en el recurso de revocación, es claro que el auto impugnado adquirió firmeza y si éste remitió al peticionario, ahora inconforme, a una diversa que denegó la inscripción del embargo trabado en el juicio de origen, es incuestionable que la afectación que pudiera surgir sólo involucraría derechos adjetivos o procesales, a saber, el que consigna el artículo 526 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de aplicación supletoria al Código de Comercio, según lo prevé el cardinal 1054 de este ordenamiento, que dice: ‘De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad, librándose al efecto por duplicado, copia certificada de la diligencia de embargo; uno de los ejemplares, después del registro se unirá a los autos y el otro quedará en la expresada oficina.’. De modo que al no afectar alguno de los derechos del hombre y del ciudadano tutelados por la Constitución Federal, el amparo promovido en contra del precitado acto emitido dentro del juicio deviene improcedente. Apoya las consideraciones precedentes la tesis 189, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, que dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). En mérito de lo expuesto, debe puntualizarse que este tribunal no comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida en la tesis XXII.2o.1 C, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, página 661, que a la letra dice: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO EN EL REGISTRO PÚBLICO.’ (se transcribe). Lo anterior, tomando en consideración que del texto de esa tesis se desprende que el propio emisor reconoce que la negativa de inscripción de un embargo produce efectos meramente procesales, mientras que la imposibilidad de reparación se hace depender de que la sentencia que llegare a dictarse en el juicio no se ocupará de los temas relativos al embargo y su inscripción, puntualizando que aun cuando le fuera favorable la referida sentencia, no le restituiría el derecho preferente para el pago de su crédito derivado de la inscripción preventiva de embargo, frente a otros registrados con posterioridad, además de hacer nugatorio su derecho a tener garantizado de inmediato el pago de las prestaciones reclamadas. Como puede advertirse, el criterio orientador al que acudió el tribunal a fin de verificar la procedencia del amparo contra actos ejecutados dentro del juicio, se aparta de lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis citada con antelación, habida cuenta que atendió, en esencia, a que los temas de que se trata no serían abordados en la sentencia definitiva, con lo que se soslayó que esa circunstancia no puede servir de parámetro para dilucidar cuándo se está frente a actos en juicio de imposible reparación, atento a lo establecido en la tesis P. LVII/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, que es del tenor siguiente: ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). No es óbice para lo anterior, la consideración de ese tribunal, atinente a que aun cuando el quejoso obtuviera sentencia favorable, en casos como el de la especie, no le restituiría en la situación privilegiada que, por el solo acto de la inscripción preventiva, le confiere la legislación civil respecto del derecho preferente de pago, pues al margen de que de la tesis transcrita emana que la restitución está vinculada con la transgresión a una garantía individual, mientras no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio natural, donde se reconozca la exigibilidad del crédito, el derecho de pago es una mera expectativa."

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, el amparo en revisión civil 9/97, consideró:

"QUINTO. Los anteriores motivos de desacuerdo se estudian en forma conjunta atendiendo a la estrecha vinculación que guardan entre sí, y resultan fundados. Esto es así, por lo siguiente. Por una parte tenemos que el artículo 107, fracción III, inciso b), de nuestra Carta Magna, señala:

"‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotado los recursos que en su caso procedan ...’

"A su vez, el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone:

"‘El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’

"Por otra parte, que sobre el tema de ‘actos de ejecución de imposible reparación’, a que aluden las anteriores disposiciones, el presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rendir sus informes relativos a los años de 1929 y 1941, expuso, respectivamente, y en lo conducente:

"‘¿Cómo deben interpretarse, por lo tanto, esas palabras empleadas por la ley, de «actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación», nuevas, por cierto, en nuestro juicio de amparo? La Sala estima que la ley quiso, por razones de orden público, como ya se dijo, que el amparo no procediese contra todos los actos del procedimiento; pero previó que dentro de éste, podría tratarse de ejecutar actos de importancia que ya consumados, sería inútil esperar a que se pronunciara la sentencia definitiva, porque sería físicamente imposible repararlos; a esta clase de actos, excepcionales, quiso aludir la Constitución, en la fracción IV a que se viene haciendo referencia ...’

"Y, ‘... Cuando la Constitución se refiere a los actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entiende una reparación en la sentencia que pone término al juicio, en otros términos; todo lo que sea reparable en la sentencia, no es susceptible de amparo ante Jueces de Distrito; todo lo que no pueda repararse en la sentencia, es susceptible de este amparo. La Constitución se refiere a una especie de actos que en el curso del juicio se consideran consumados, porque de ellos no puede volverse a ocupar la sentencia definitiva ... y, por lo mismo, irreparables, susceptibles de amparo ante Juez de Distrito, pero cuya naturaleza se altera cuando se les señala como causas de amparo directo que debe prepararse y proponerse como cuando se trata de sentencias definitivas; con lo cual queda prácticamente derogada la fracción IX y sólo subsiste el amparo directo; cosa que no ha sido el propósito del Constituyente ...’

"Además, en relación con este tópico, tenemos que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su ejecutoria de seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, publicada de fojas 69 a 91 del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y mediante la cual resolvió el amparo en revisión 6/95, de G.S. Comunicaciones, S.A. de C.V., interrumpió la jurisprudencia publicada bajo el rubro: ‘PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, sostuvo las siguientes consideraciones:

"‘Una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. Sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales ... Son varias las razones para restringir o moderar el criterio jurisprudencial de mérito. Entre las fundamentales, tienen relevancia las siguientes ... En primer lugar, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, al establecer que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, que también pueden tener ejecución de imposible reparación ... En segundo lugar, el criterio jurisprudencial que se reexamina, sí se impone de modo absoluto, es contrario a la experiencia, en cuanto ésta demuestra que una violación jurídica procesal puede ser tan transcendente como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir las garantías individuales de modo irreparable ... El desarrollo lógico a partir de la aceptación acorde con la Constitución y la experiencia de que las violaciones dentro del juicio de tipo «adjetivo» o «intraprocesal», también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro del juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio, mediante las reformas de 1988). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo ...’

"Y por último: El ordinal 1392 del Código de Comercio, en lo conducente, dice:

"‘Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo se proveerá auto, con efectos de mandamientos en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y costas ...’

"Los dispositivos 522 y 526 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo establecen:

"‘522. Decretado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, el actuario requerirá de pago al deudor y no verificándolo éste en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas si se tratare de juicio ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia.’. ‘526. El embargo sólo subsiste en cuanto los bienes que fueron objeto de él basten a cubrir la suerte principal y costas, incluidos los nuevos vencimientos y réditos hasta la total solución, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario.’

"Y los artículos 3043, fracción II y 3044, primer párrafo, del ordenamiento civil federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, previenen:

"‘3043. Se anotarán previamente en el Registro Público ... II. El mandamiento y el acta de embargo, que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor.’

"‘3044. La anotación preventiva, perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquella y, en su caso; dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación.’

"De lo anterior se desprende: Que de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 114, fracción IV, de la ley de la materia, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Que una correcta interpretación de dichos numerales conduce a estimar que la ley quiso que el amparo no procediese contra todos los actos del procedimiento, sin embargo, previó que dentro de éste, podría tratarse de ejecutar actos de importancia que ya consumados, sería inútil esperar a que se pronunciara la sentencia definitiva, porque sería físicamente imposible repararlos en virtud de que de los mismos no se ocuparía dicha sentencia, es decir, no serían susceptibles de reparación en esta última, y a esta clase de actos, excepcionales, quiso aludir la Constitución en la fracción invocada. Que dentro de tales actos de imposible reparación deben comprenderse no sólo aquellos que afectan derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales sino que, también de manera excepcional, deben considerarse aquellos que encierran violaciones de carácter formal, adjetiva o procesal, dado que una violación jurídica procesal puede ser tan trascendente como una violación material, pero la determinación de esa afectación debe realizarse con toda objetividad, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. Que en el juicio ejecutivo mercantil, el embargo realizado sobre bienes del deudor, tiene como finalidad el garantizar el pago de las prestaciones reclamadas por el acreedor, y el que se verifique sobre bienes inmuebles debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Y que dicha inscripción dé preferencia al acreedor para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior, o bien, sobre cualquier adquisición del inmueble o derecho real a que se refiere la anotación que se haya verificado con posterioridad a la fecha de aquélla. Bajo esta perspectiva, es manifiesto que los autos de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, y veintidós de enero del año en curso, mediante los cuales el Juez Cuarto de lo Civil de Pachuca, Hidalgo, previa solicitud formulada por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 716/96, rehusó girar la orden para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del mandamiento y acta de embargo que tuvo verificativo sobre bienes inmuebles del demandado en dicha controversia, y le desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha determinación, implican actos que, por un lado, afectan de manera trascendental, derechos adjetivos o procesales de la parte actora, en virtud de que contravienen lo dispuesto en el artículo 3043, fracción II, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que señala que el mandamiento y acta de embargo que se haya hecho efectivo sobre bienes inmuebles debe ser inscrito preventivamente en el Registro Público de la Propiedad, e impiden que se actualice en favor del acreedor y de manera inmediata, el derecho preferencial para hacer efectivo su cobro a que hace referencia el numeral 3044 del invocado ordenamiento civil, y por otro, son de imposible reparación, cuenta habida que la sentencia definitiva que llegare a dictarse ya no se ocuparía de los mismos, toda vez que de ser adversa a los intereses del actor, es evidente que por el propio sentido de la misma, no se abordarían esos temas, y aun cuando le fuere favorable, no le restituiría en la situación privilegiada que, por el solo acto de la repetida inscripción preventiva, le confiere la legislación civil sustantiva en consulta respecto del derecho preferencial al pago de sus reclamaciones frente a la existencia de otros créditos o adquisiciones relacionados con el inmueble y registrados con posterioridad a la fecha en que se efectúe su inscripción, máxime que al obligársele a que espere las resultas del juicio, además de hacer nugatorio su derecho a tener por garantizado de inmediato el pago de las prestaciones reclamadas, estaría sujeto a la posible inscripción de otro crédito o adquisición relacionado con el mismo inmueble sobre el que se trabó el aludido embargo, perdiendo así aquel derecho preferencial, pues la sentencia, aun favorable a sus intereses, no podría pronunciarse sobre este aspecto. Ahora, esa irreparabilidad de manera alguna se desvirtúa con el hecho de que la parte quejosa pueda estar en condiciones de pedir a la autoridad responsable la inscripción del aludido embargo, puesto que si esto fue precisamente lo que aquélla le solicitó y a la postre determinó que ésta emitiera el acuerdo de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que constituye uno de los actos reclamados, negándose a ordenar la inscripción del embargo por los motivos que señaló en dicho proveído, es lógico que en esa nueva petición reiterará ese criterio. Sólo resta decir, que la tesis 24/92, visible en la foja 219 del Tomo I, relativo a la jurisprudencia por contradicción de tesis, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, invocada por el a quo en el auto materia de revisión, y emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido superada por este mismo en su ejecutoria de seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuyos datos de publicación y algunos de los argumentos que se sostuvieron en la misma se citaron con antelación, razón por la que aquel criterio es inaplicable a este caso. Esto pone de manifiesto que el Juez constitucional actuó inadecuadamente al desechar la demanda de garantías traída a colación, invocando como causal de improcedencia de la misma la ya analizada, y por añadidura, que el auto recurrido sí agravia al inconforme, por consiguiente, para resarcir a éste de los daños ocasionados con ese proceder, en el caso se impone revocar ese auto, y ordenar al citado funcionario federal para que de no advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia diverso al examinado en esta ejecutoria, dé entrada a la referida demanda de amparo."

El fallo transcrito dio origen a la tesis siguiente:

"No. Registro: 197,966

"Tesis aislada

"Materia(s): Civil

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"VI, agosto de 1997

"Tesis: XXII.2o.1 C

"Página: 661

"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A ORDENAR LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO EN EL REGISTRO PÚBLICO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio es procedente en la vía indirecta contra los autos en donde, por una parte, se niega ordenar la inscripción en el Registro Público del mandamiento y acta de embargo verificados sobre inmuebles del demandado en el juicio ejecutivo mercantil y, por otra, se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra de esa determinación, pues son actos que, por un lado, afectan de manera trascendental derechos adjetivos o procesales de la parte actora, en virtud de que contravienen lo dispuesto en el artículo 3043, fracción II, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que señala que el mandamiento y acta de embargo que se haya hecho efectivo sobre bienes inmuebles debe ser inscrito previamente en el Registro Público de la Propiedad, e impiden que se actualice en favor del acreedor y de manera inmediata, el derecho preferencial a que hace referencia el numeral 3044 del invocado ordenamiento civil sustantivo, para hacer efectivo su cobro y, por otro, son de imposible reparación, cuenta habida de que la sentencia definitiva que llegare a dictarse ya no se ocuparía de ellos, toda vez que de ser adversa a los intereses del actor, es evidente que por el propio sentido de la misma no se abordarían esos temas, y aun cuando le fuera favorable, no le restituiría en la situación privilegiada que, por el solo acto de la inscripción preventiva, le confiere la legislación civil en consulta respecto del derecho preferente al pago de sus reclamaciones frente a la existencia de otros créditos o adquisiciones relacionados con el inmueble y registrados con posterioridad a la fecha en que se efectúe su inscripción, máxime que al obligársele a que espere las resultas del juicio, además de hacer nugatorio su derecho a tener por garantizado de inmediato el pago de las prestaciones reclamadas, estaría sujeto a la posible inscripción de otro crédito o adquisición relacionado con el inmueble sobre el que se trabó el embargo, perdiendo así aquella condición preferencial, pues la sentencia, aun favorable a sus pretensiones, no podría pronunciarse sobre este aspecto.

"Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.

"Amparo en revisión 9/97. *********. 10 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretario: Gerardo Torres García."

QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de esta denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órgano

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22179-0206fdd9/embargo-la-negativa-del-juez-natural-de-ordenar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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