DONACIÓN. SU REVOCACIÓN POR CAUSA DE INGRATITUD, SE DEMUESTRA MEDIANTE LA PRUEBA DE LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO O DELITO CIVIL POR EL DONATARIO EN AGRAVIO DEL DONANTE, SUS FAMILIARES, CÓNYUGES O BIENES. POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE NO ES NECESARIA LA PREEXISTENCIA DE SENTENCIA CONDENATORIA PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y el punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la presente contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en representación de uno de los órganos emisores de los criterios en contienda.
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada que a continuación se cita:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
Expuesto lo anterior, a efecto de poder determinar si se satisfacen o no los requisitos mencionados, es conveniente, en principio, traer a cuenta los antecedentes que informan los criterios presuntamente divergentes.
CUARTO. Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicción de criterios, de acuerdo con las posturas emitidas por los cuerpos colegiados contendientes, que consistieron en las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
1. El catorce de abril de dos mil nueve al resolver el amparo directo civil 136/2009, sostuvo lo siguiente:
"... Por otra parte, el quejoso reitera que le causa agravios la sentencia reclamada porque la Sala colegiada Civil responsable omitió analizar adecuadamente las probanzas aportadas y atender a los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dijo hacer valer en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, remitiéndose el inconforme a lo que el Juez natural resolvió en cuanto a la acción principal sobre revocación del contrato de cesión de derechos o de donación, según fuera determinado en el fallo inicial. Es infundado el sustanciado aserto, de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho siguientes: En principio conviene hacer énfasis en que en el presente asunto lo relativo a la existencia y eficacia del contrato de cesión de derechos de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que en la sentencia de primera instancia de tres de septiembre del dos mil ocho, el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, México, denominó de ‘donación’, y cuya revocación se demandó, quedó fuera de la controversia en la alzada. Lo anterior es así, porque ninguna de las partes en litigio se inconformó en contra de la decisión del Juez natural en cuanto consideró existente y válido ese contrato, el cual, se reitera, fue debidamente reconocido por las partes, ya que fue con base en tal consenso en que ********** sustentó su acción de revocación, y el demandado ********** a su vez contrademandó el otorgamiento y firma de la escritura respecto del inmueble a que tal contrato se refiere. Consecuentemente, para los efectos de la litis constitucional, tales aspectos resultan ajenos, puesto que, se reitera, no formaron parte de la controversia suscitada ante la responsable. Del mismo modo, conviene destacar, para los efectos subsecuentes, que según la litis natural y de alzada la acción de revocación del contrato de cesión de derechos de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se sustentó única y exclusivamente en lo que establece el artículo 2224, fracción I, del abrogado Código Civil para el Estado de México, a cuyo texto se hará referencia en seguida. Entonces, atento a esa forma en que fue planteada la litis inicial, se precisa y concluye desde ahora que no podrán ser motivo de análisis en este juicio de amparo otras circunstancias diversas que el quejoso invoca como causas de la revocación, pues además de variarse la litis se dejaría en estado de indefensión al aquí tercero perjudicado; de ahí que, tal como lo hizo la autoridad responsable, la controversia deberá ser dirimida con base en lo dispuesto por el citado precepto y apartado, y no en lo previsto por la fracción II del propio artículo, la cual establece como causa de revocación de la donación: ‘Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza’. Lo anterior debe ser así, porque la acción de revocación del contrato de donación nunca se sustentó en tales supuestos. Ahora, al tenerse a la vista la sentencia reclamada, este órgano jurisdiccional federal advierte que la Sala responsable declaró procedentes los agravios que formulara el entonces apelante y aquí tercero perjudicado ********** porque, según su apreciación, de las constancias de autos que para la ad quem merecieron valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 1.359 del código adjetivo de la materia, se desprendía que como lo hizo valer el recurrente, el Juez natural aplicó de modo inexacto lo dispuesto por la fracción I del artículo 2224 del abrogado Código Civil, pero aplicable al presente asunto, por la época en que fue celebrado el contrato base de la acción, el cual establece: ‘Artículo 2224. (se transcribe)’. Al respecto, el tribunal de alzada precisó que: una donación puede ser revocada por ingratitud, en caso de que el donatario cometa en contra del donante algún delito, aspecto que en el presente caso no ocurrió, destacó la ad quem; lo anterior, expresó, porque si bien obra en autos copia certificada de la averiguación previa ********** tramitada ante la mesa cuatro de la Agencia del Ministerio Público de Cuautitlán, México, por el delito de fraude, también cierto es que de la misma se desprende que el denunciante es ********** en contra de ********** esto es, fue el donatario quien denunció a su donante por el delito de fraude; en consecuencia, la conducta delictiva denunciada es atribuible en su caso al donante y no al donatario, como lo establece el artículo en cita; por tanto, agregó la Sala Civil responsable, contrario a lo sostenido por el Juzgador, en este caso no se cumplió con la hipótesis establecida en la fracción I del artículo 2224 del Código Civil abrogado. Por consecuencia, la ad quem concluyó que: en autos no quedó acreditada la comisión de un delito o la existencia de alguna conducta del donatario que pueda ser calificada como punible, y por ello, contrario a lo sostenido por el juzgador, no encontró justificado el segundo de los elementos de la acción revocación por ingratitud, reiterándose por parte de la Sala colegiada estatal que, de las copias certificadas de la referida averiguación previa se desprendió que el denunciante era el donatario, y que al ser ello así, la conducta delictiva denunciada no podía ser imputable a él, sino al donante, pues la sola presentación de la denuncia penal por fraude que realizó el demandado (donatario) en el principal, no podía considerarse en sí misma como una conducta que conllevase a la determinación de la existencia de un delito en contra del donante, sus bienes o su honra; concluyéndose, por ende, que al no actualizarse la causa de revocación, la acción intentada por **********, resultó improcedente. Ahora, contrario a lo sostenido por el quejoso, este órgano jurisdiccional federal concluye que tal determinación no es violatoria de garantías, según las propias razones en que se sustentó y a las cuales se remite expresamente en razón de la denominada economía procesal y en observancia al principio de expeditez en la administración de justicia previsto por el artículo 17 constitucional. Se adopta la precedente determinación, porque con independencia de que, previo análisis integral de la demanda de amparo formulada por ********** este cuerpo colegiado federal no advierte la existencia de un concepto de violación que se encuentre dirigido a controvertir esa consideración fundamental de la responsable, relativa a que no se actualizaron los supuestos de revocación de la donación previstos por la fracción I del artículo 2224 del abrogado Código Civil para el Estado de México, porque de la averiguación previa número ********** se advirtió por la Sala Civil que el denunciante era ********** y el denunciado ********** es decir, que la conducta delictiva de fraude, según dicha averiguación, se imputaba al donante por el donatario, lo que de suyo inactualizaba los supuestos de la indicada norma; pero, además, la Sala destacó que la sola presentación de una denuncia penal o querella no podía considerarse en sí misma como una conducta que conllevara a la determinación de la existencia de un delito en contra de la persona, los bienes o la honra del donador. Sin embargo, al tenerse en cuenta que, en sus conceptos, el quejoso señaló que la Sala Civil responsable no acató lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues no tuvo en cuenta las tesis que el Juez natural citó, relacionadas con la acción de revocación, por ingratitud, de la donación, indicándose en tales criterios que para la procedencia de dicha revocación no es necesario que la conducta asumida por el donatario deba ser calificada como punible en el juicio; ante ello, este órgano jurisdiccional precisa que es legal la decisión de la responsable, en el sentido de que la sola presentación de una denuncia o querella no puede ser calificada para los efectos de la acción pretendida por el quejoso, como una conducta que implique la comisión de un delito en contra del donante, pues se trata del ejercicio de un derecho previsto incluso por el artículo 16 constitucional, en cuanto ahí se establece la facultad de denunciar o querellarse por algún hecho que la ley señale como delito, esto es, querellarse en contra de alguna persona cuando se estimen actualizadas conductas probablemente delictivas que incidan en la esfera de derechos del denunciante, correspondiéndole a los órganos de procuración y administración de justicia del Estado, tipificar o no la conducta denunciada. Luego, si en la fracción I del artículo 2224 del abrogado Código Civil para el Estado de México, textualmente se establece que sólo procede la revocación de la donación, por ingratitud, si ‘el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante’; de ello se sigue que para la actualización de dicha causa de revocación, debe concurrir, como requisito ‘sine qua non’, la comisión de un delito, aun interpretado éste desde el punto de vista puramente civil. En el anterior contexto, indiscutiblemente carece de sustento lo alegado por el quejoso en el sentido de que por haberlo denunciado el aquí tercero perjudicado, con ello se actualizaba la comisión de un delito, y que la Sala no advirtió el criterio que sustenta la mencionada tesis en donde se alude que en materia civil no es necesario que la conducta asumida por el demandado deba ser calificada como punible dentro de un proceso penal, en tanto que se persiguen fines distintos entre éste y el proceso civil, ya que en el primero se busca la verdad real, mientras que en el segundo se pretende establecer una verdad legal, y que, por ello, la premisa que establece el numeral 2224, fracción I, del abrogado Código Civil, no necesariamente debe interpretarse en el sentido de que deba probarse que el donatario cometió un delito en contra del donante o sus descendientes, sino solamente acreditar la ingratitud. Lo argumentado carece de sustento porque, adverso a lo sostenido por el quejoso, el referido precepto y fracción del abrogado Código Civil en que fundó su acción de revocación, previamente transcrito, establece como una condición para la procedencia de la revocación de la donación, por ingratitud, que el donatario cometa algún delito en contra de la persona, la honra o los bienes del donante, o bien, contra sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Por tanto, al ser ello así, se concluye que es legal la resolución adoptada por la Sala Civil responsable, pues como lo destacó, el hecho mismo de formular una denuncia o querella en contra del donante no puede constituir, en sí y por sí mismo, la comisión de un delito, y menos, si, como a su vez lo destaca el quejoso, dicha averiguación nunca se integró y tampoco fue consignada ante algún órgano jurisdiccional penal, por lo que esta última circunstancia corrobora aún más la legalidad de la determinación de la autoridad responsable, en cuanto a la improcedencia de la acción de revocación, puesto que la conducta asumida por el donatario y aquí tercero perjudicado, no actualizó la ingratitud como causa de revocación, ya que, se reitera, la supracitada disposición de la legislación sustantiva abrogada, es muy clara al señalar como requisito esencial o indispensable para poder decretar esa nulidad, el acreditamiento de la comisión de un delito por parte del donatario, y que el mismo se hubiese realizado precisamente en contra del donante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, lo que tendría que demostrarse con una sentencia de condena que se hubiere pronunciado, de ahí que, se reitera, resulte apegada a derecho la apreciación de la autoridad responsable en el sentido de que la circunstancia de denunciar hechos ante la representación social no constituye un delito, por más que el mismo sea imputado al donante y ahora quejoso, sin que, por el hecho de no haberse consignado tal averiguación pudiera deducirse que se tratara de una falsa acusación o denuncia, pues como antes se precisó, la sola acción de querellarse ante el órgano persecutor de los delitos no constituye ilícito alguno. Por tanto, se sostiene, en definitiva, que lo resuelto al respecto por la autoridad responsable se encuentra apegado a derecho, pues se hace hincapié en que, como lo sostuvo la autoridad responsable, la sola existencia de una denuncia de hechos no integra la hipótesis normativa prevista por el artículo 2224, fracción I, del abrogado Código Civil para el Estado de México. Conviene precisar que similar criterio sostuvo ya este órgano jurisdiccional al resolver el treinta de septiembre del dos mil ocho el diverso amparo número 566/2008, promovido por **********. Así, se precisa a su vez que este órgano jurisdiccional federal no comparte el criterio que sustenta la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, invocada por el quejoso, con el rubro: ‘REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN POR INGRATITUD, NO ES NECESARIO QUE LA CONDUCTA ASUMIDA POR EL DONATARIO DEBA SER CALIFICADA COMO PUNIBLE EN EL JUICIO TRATÁNDOSE DE LA.’, que aparece publicada en la página 368, del Tomo XI, marzo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 130/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 262 del Tomo XXVIII, septiembre del 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’; procédase a denunciar ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible existencia de una contradicción entre lo resuelto por el mencionado órgano jurisdiccional del Vigésimo Circuito y este Tribunal Colegiado. Así, deben desestimarse todos y cada uno de los conceptos esgrimidos, vinculados con que, según el promovente del amparo se ‘acreditaron todos y cada uno de los hechos en que se hizo consistir la ingratitud’, pues lo que realmente interesa al asunto planteado es que habiéndose sustentado la acción de revocación en lo dispuesto por la fracción I del artículo 2224 del abrogado Código Civil, nunca se justificó con la copia certificada de una sentencia de condena, que el donatario hubiese cometido algún delito contra el donante, según aquellas consideraciones de la autoridad responsable que, según se precisó ya, no fueron eficientemente controvertidas ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** por su propio derecho, respecto de la resolución que reclamó de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictada el uno de diciembre de dos mil ocho en el toca número 846/2008, y su ejecución, según fue considerado en esta sentencia constitucional."
2. El treinta de septiembre de dos mil ocho, al resolver el amparo directo civil 566/2008, determinó lo siguiente:
"Este argumento resulta infundado, toda vez que, adverso a lo indicado por la peticionaria, el dispositivo legal en que fundó su acción de revocación, previamente transcrito, ciertamente establece como hipótesis normativa de procedencia para que pueda determinarse una revocación de donación por ingratitud, que el donatario cometa algún delito en contra de la persona, la honra o los bienes de la donante, o bien, en contra de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Al ser esto así, es claro que el criterio aplicado por la Sala responsable fue correcto, pues el hecho mismo de formular una denuncia en contra de ‘quien resulte responsable’, no pudo constituir un delito en sí mismo, y menos podría considerarse cometido en agravio de la hoy quejosa, en tanto que, como bien lo dijo el tribunal de alzada, la acción de denunciar hechos no constituye un delito, y si bien es cierto que esa denuncia de hechos trajo como consecuencia el encausamiento penal de la quejosa y de su hija ********** esa circunstancia tampoco resultó en la comisión de un delito en contra de la peticionaria del amparo o de su mencionada descendiente. Entonces, contrario a lo afirmado por la quejosa, no basta con que exista alguna forma de ‘ingratitud’, para que por ello proceda la acción de nulidad de donación, cuando la disposición legal en comento es muy clara al señalar como requisito esencial para poder decretar esa nulidad, el acreditamiento de la comisión de un delito por parte del donatario, y que el mismo se hubiese realizado precisamente en contra de la persona de la donante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Insistiendo sobre este tópico, la quejosa también señaló que la Sala responsable se abstuvo de analizar todos los medios de convicción que se aportaron, porque de haberlo hecho se hubiese percatado de que el demandado sí se querelló y formuló imputaciones directas en contra de su madre, la hoy quejosa, y de su hermana ********** como tampoco observó que la denuncia se formuló únicamente en contra de la peticionaria y de su hija, dejando de considerar, además, que el artículo 154 del Código Penal del Estado de México, contempla el tipo penal de acusación o denuncias falsas; que si bien es cierto que fue el Ministerio Público quien determinó el ejercicio de la acción penal, también es cierto que la intención del demandado, como licenciado en derecho y notario público, fue la de iniciar una averiguación previa directa en contra de la quejosa y de su hermana, que culminara, como dijo la peticionaria que finalmente sucedió, con su detención y encarcelamiento; para concluir sus iniciales argumentaciones, la quejosa señaló que si bien es cierto, como lo afirmó la Sala responsable, que la determinación de que una conducta es un delito, sólo puede ser establecida y declarada por los órganos jurisdiccionales en materia penal, también lo es que el juicio de origen fue de materia civil, y que por ello tanto el Juez primigenio como la propia Sala responsable debieron analizar la causal de revocación a la luz de la ingratitud del demandado, y no a la luz de si su conducta es típica penalmente, por la simple y sencilla razón de que carecen de facultades para ello. Lo anterior tampoco prospera, pues como ya se dijo, fue acertada la apreciación de la Sala responsable en el sentido de que el hecho mismo de denunciar hechos ante la representación social, no constituye un delito, por más que en la correspondiente indagatoria se hubiesen imputado hechos a la hoy quejosa o a su hija, o que con ello se hubiese sujetado a la peticionaria del amparo a promover un juicio de garantías para protegerse de los actos de autoridad correspondientes, pero además, si la impetrante de tutela de garantías consideró que el hecho de formular una denuncia pudo integrar el injusto de acusación o denuncias falsas, es evidente que, en primer lugar, esa falsedad de la acusación o denuncia necesitaba ser probada, y en segundo término, este Tribunal Colegiado no puede dejar de advertir que el ilícito mencionado no se encuentra considerado por la ley penal como un delito que pueda ser cometido en contra de particulares, en tanto que el artículo 154 a que se refiere la peticionaria es parte del subtítulo tercero, ‘delitos contra la administración de justicia’, del Código Penal del Estado de México, por lo que la hoy quejosa o su descendiente no podrían ser consideradas como sujetos pasivos de un delito cuyo bien jurídico tutelado lo es la administración de la justicia; finalmente, el propio artículo antes mencionado, en su párrafo segundo, determina que solamente se procederá en contra del autor del delito cuando exista sentencia ejecutoriada o auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional que hubiese conocido del injusto falsamente imputado, lo que en la especie no ha sido acreditado con medio de convicción idóneo. Por consecuencia, lo razonado y resuelto al respecto por la Sala responsable fue correcto, pues la sola existencia de una denuncia de hechos no integró la hipótesis normativa prevista por el artículo 7.642, fracción I, del Código Civil del Estado de México, y menos aún pudo dar lugar a la integración del delito previsto en el artículo 154 del Código Penal, si en el juicio de origen no se acreditó la falsedad de la acusación o denuncia en los términos previstos por este numeral. En este orden de ideas, carece de sustento jurídico el alegato de que las acciones del demandado no debieron ser analizadas a la luz de si su conducta imputada al demandado resultaba penalmente reprochable, sino ‘a la luz de la ingratitud de **********’, por cuanto, como se ha visto, la disposición legal en que se fundamentó la acción intentada se refiere precisamente a que debe acreditarse la comisión de un delito en contra de la donante, de sus bienes, ascendientes, descendientes o cónyuge, para que así pueda proceder la acción de revocación de donación por causa de ingratitud; de modo tal que, no basta con la demostración de acciones que pudieran considerarse ‘ingratas’, para que por ello debiera proceder la acción intentada, si los extremos propios de la misma no fueron acreditados. En el segundo de sus motivos de inconformidad, la quejosa se refirió a que si la Sala responsable estimó que no correspondía a un Juez Civil determinar si los hechos imputados al demandado resultaban constitutivos de un delito, entonces debió precisar qué era lo que le correspondía determinar al juzgador con relación a la causal de revocación contenida en el artículo 7.642, fracción I, del Código Civil del Estado de México, particularmente en lo relativo a la ingratitud, y que si es un hecho confesado por el enjuiciado el que se ha negado a entregar a la quejosa la posesión del inmueble objeto de la revocación, a pesar de que la peticionaria ostenta un derecho real de usufructo vitalicio sobre el mismo, si ese hecho no constituye un delito, conforme lo señaló la Sala responsable, en la opinión de la quejosa, resulta innegable que ese comportamiento evidencia una ausencia de gratitud que la Sala responsable no consideró en su sentencia. Abundando sobre lo anterior, la peticionaria dijo que el demandado es notario público del Estado de México, y que no obstante ello desconoció el alcance jurídico de una escritura pública que contiene el usufructo vitalicio a favor de la quejosa sobre el inmueble motivo de la donación, y que ello, a consideración de la Sala responsable, no puede estimarse como un acto de ingratitud, porque para dicha autoridad, dijo la quejosa, el agradecimiento no tiene nada que ve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22021-19fe48aa/donacion-su-revocacion-por-causa-de-ingratitud-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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