GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias, de las cuales deriva la denuncia, versan sobre la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y por el presidente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órganos jurisdiccionales que emitieron una de las ejecutorias que participan en la posible contradicción de tesis; por tanto, se cumple con el requisito de legitimación previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que dice:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el incidente en suspensión 19/2009, determinó lo siguiente:
"IV. Actos reclamados. 1. La orden de intervención con cargo a la caja de mi representada respecto de los supuestos créditos fiscales **********, mismos que no han sido notificados a mi poderdante, con todas las formalidades que señalan las leyes fiscales para tales efectos y que mi poderdante desconoce antecedente alguno de dichas resoluciones. 2. Los efectos y consecuencia (sic) de los oficios antes indicados, los cuales se traducen en la ejecución material de la intervención con cargo a la caja ... IV. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil ocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a quien por razón de turno correspondió conocer de la precisada demanda de garantías, la radicó bajo el número de juicio 1445/2008, y entre otras cuestiones, ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión relativo, a lo que dio cumplimiento por proveído de la propia data, en que además solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes previos, y asimismo, fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental relativa. ... V. El día de la celebración de la audiencia de mérito, el Juez Federal a quo concedió a la quejosa la suspensión definitiva que solicitó de los actos reclamados, consistentes en la orden de intervención con cargo a su caja, y los efectos y consecuencias que derivan de ella, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que recaiga sobre la suspensión definitiva, y no se intervenga la caja de la negociación denominada **********, ubicada en **********, de esta ciudad; aspecto éste que, como se hizo notar en el considerando anterior, no es materia del presente recurso, pero que por su importancia se resalta. Lo anterior, precisó el a quo, en el entendido de que dicha medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero para mantenerla vigente deberá la quejosa otorgar ante la autoridad exactora, dentro del término de cinco días, un monto igual a los créditos fiscales que aparece le fueron determinados a su cargo, con sus correspondientes multas y accesorios, a fin de asegurar el interés fiscal conforme a lo dispuesto por los artículos 135 y 139 de la Ley de Amparo; razonamiento que sustentó en la tesis de jurisprudencia 5/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.’ ... SÉPTIMO. Son infundados los agravios planteados por la Sociedad Anónima de Capital Variable inconforme. En efecto, expone medularmente la disconforme en su único motivo de disentimiento, que la interlocutoria impugnada transgrede en su perjuicio lo previsto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones legales: a) Porque la Jueza federal a quo ilegalmente condicionó el surtimiento de los efectos de la suspensión que le concedió respecto de los actos reclamados, a la circunstancia de que previamente realice un depósito en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación, de la entidad federativa o Municipio que corresponda, por la totalidad de los créditos fiscales determinados por la autoridad responsable, soslayando sus manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, en torno al desconocimiento de los antecedentes en que se basa la existencia de los oficios reclamados, entre los que se encuentran los créditos fiscales. b) Que si bien es verdad que al solicitar la suspensión que le fue concedida, no hizo pronunciamiento alguno respecto al excesivo monto que se le imputa, solicitó se tomara en cuenta que en los oficios reclamados, que constituyen documentos públicos con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se menciona que la justificación del nombramiento de interventor parte de la existencia de ciertos embargos en su contra, confesión de la autoridad responsable que implica que la garantía del interés fiscal ya se hallaba garantizada. c) Que el Juez Federal a quo dejó de ponderar el segundo párrafo del artículo 135 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que no se exija el depósito a que se refiere el propio precepto respecto del cobro de sumas que excedan las posibilidades del quejoso, sin que en el caso concreto haya razonado el porqué dicha hipótesis legal no se actualiza en la especie; y d) Que el Juez Federal a quo hizo una deficiente valoración de las pruebas que obran en autos para considerar la procedencia de la suspensión definitiva, porque de la aplicación de la teoría de la apariencia del buen derecho, hubiera podido apreciar que en su demanda la parte quejosa se dolió de transgresión a su garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, por desconocer todo antecedente origen de la intervención con cargo a la caja reclamada, de manera que atendiendo al señalado principio, en todo caso debió concedérsele la suspensión sin fijarle garantía alguna. Razonamientos los anteriores que sustentó en las tesis de los rubros: ‘EMBARGO COACTIVO. ES JURÍDICAMENTE APTO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL SI COLMA LOS EXTREMOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. EMBARGO PRACTICADO COACTIVAMENTE POR LAS RESPONSABLES, ES GARANTÍA SUFICIENTE PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA, QUEDANDO EN TODO CASO A CARGO DE LAS AUTORIDADES LA PRUEBA DE LO CONTRARIO.’. Es infundado el planteamiento resumido en el inciso a), porque contrario a la apreciación de la parte inconforme, basta efectuar una lectura de la resolución interlocutoria impugnada, para advertir que no es verdad que el Juez Federal a quo haya supeditado los efectos de la medida cautelar que le concedió a la circunstancia de que previamente realice un depósito en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación, de la entidad federativa o Municipio que corresponda, por la totalidad de los créditos fiscales determinados por la autoridad responsable. En efecto, en la resolución en comento textualmente adujo: ‘... Esta suspensión surte sus efectos desde luego, pero para mantener vigente la medida deberá la quejosa, dentro del término de cinco días ante la exactora, depositar en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación, un monto igual a los créditos fiscales que aparece le fueron determinados a su cargo, con sus correspondientes multas y accesorios, que se precisan en los indicados documentos, asegurando con ello el interés conforme a lo dispuesto por el artículo (sic) 135 y 139 de la Ley de Amparo.’. Como se advierte, el Juez Federal a quo dispuso que la medida cautelar que concedió a la ahora inconforme, surtía sus efectos desde luego; acepción ésta que debe interpretarse como que sus efectos comienzan a surtir inmediatamente después de que aquélla se ha concedido y no hasta que se exhiba la garantía fijada; ello es así, porque su otorgamiento implica que previamente quedaron satisfechos los requisitos de procedencia de la suspensión a petición de parte; es decir, las condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder tal medida, previstas en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En tanto que el establecimiento de la garantía, consistente en depositar en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación, un monto igual a los créditos fiscales que adujo aparece le fueron determinados a su cargo, con sus correspondientes multas y accesorios, está vinculado con un requisito de efectividad de aquella medida cautelar, contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la propia Ley de Amparo, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, pues éstos se constituyen por las condiciones que el quejoso debe cubrir para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión que le ha sido otorgada, pues a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, pues bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. De ahí que, a consideración de este cuerpo colegiado, no puede estimarse ilegal el proceder del Juez Federal a quo, en los términos anteriormente apuntados, porque ello incluso guarda congruencia con las jurisprudencias por contradicción de tesis números 43/2001 y 74/2006, sustentadas por el Pleno y (sic) Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 268 y 330 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XIII, abril de 2001 y XXIII, mayo de 2006, respectivamente, ambas materia común y Novena Época, de los siguientes rubros y textos: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’ (se transcribe) y ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).’ (se transcribe). En relación con los restantes argumentos de la Sociedad Anónima inconforme, resumidos en los incisos b), c) y d), que por su íntima vinculación se analizarán de manera conjunta, en términos de lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, debe decirse que resultan infundados para pretender modificar la interlocutoria impugnada. Para demostrar por qué se estima de ese modo, en principio conviene recordar que, aun cuando es verdad que antes de la reforma de que fue objeto el artículo 135 de la Ley de Amparo, mediante decreto de veinticuatro de abril de dos mil seis, en tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones, si bien preveía que no se exigiría el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación, entidad federativa o Municipio que corresponda, en tres diversos supuestos, a saber: a) Cuando el cobro de las sumas excedan de las posibilidades del quejoso; b) Cuando previamente se hubiere constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora; y, c) Cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago, caso en que se aseguraría el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables. Aspecto que así se justifica del contenido de aquel dispositivo legal que textualmente preveía lo siguiente: ‘Artículo 135.’ (se transcribe). Advirtiéndose de la primera de las señaladas hipótesis, que si bien anteriormente bastaba aportar elementos de prueb
que condujeran al ánimo del juzgador a la convicción de que el solicitante de la medida cautelar no podría, por sus posibilidades económicas reales, afrontar el depósito de la cantidad exigida, para que no le exigiera el depósito que debía llevar a cabo de la cantidad que se le cobra ante la Tesorería de la Federación, entidad federativa o Municipio que corresponda, a fin de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión; en tanto que en la segunda, que bastaba con que la parte quejosa acreditara que el crédito fiscal se hallaba previamente garantizado con un embargo en bienes del tributario por la autoridad exactora, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para que tampoco se le exigiera el señalado depósito ante las instancias aludidas. Pues ello así lo confirman los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo del Vigésimo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visibles en las páginas 456, 1290 y 1457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos X, octubre de 1992, X, octubre de 1999 y XXII, septiembre de 2005, respectivamente, el primero Octava Época y Materia Común, en tanto que los dos restantes Novena Época y Materia Administrativa, de los siguientes rubros y textos: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA PARTE QUEJOSA DEBE APORTAR ELEMENTOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR SU INSOLVENCIA ECONÓMICA, Y QUE POR TANTO SE ENCUENTRA EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DE EXIGIBILIDAD DEL DEPÓSITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). ‘INTERÉS FISCAL. PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, SE DEBE PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE ESTÁ GARANTIZADO.’ (se transcribe) y ‘EMBARGO COACTIVO. ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL COBRO DE CONTRIBUCIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Sin embargo, la enmienda de que como se dijo fue objeto este precepto mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de abril de dos mil seis, implicó, por una parte, la supresión del segundo párrafo y la modificación del primero que pasó a ser único, para establecer que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, si bien podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, ella surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda, que deberá cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal; en el entendido de que, cuando se niegue el amparo, se sobresea en el juicio o se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos. Es decir, en relación con el anterior precepto, que sólo se refería al cobro de contribuciones, el actual introdujo una novedad, pues hizo referencia, además, a los aprovechamientos; el dispositivo en comento quedó redactado, como en la actualidad permanece vigente, en los siguientes términos: ‘Artículo 135.’ (se transcribe). Ahora bien, de acuerdo a la literalidad o interpretación jurídica del precepto, privilegiada como primer método de interpretación de la norma por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es clara en cuanto a que regula la forma de garantizar el interés fiscal, no sólo tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, y derechos, conforme a la intelección del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación), sino también de aprovechamientos, por así disponerlo expresamente dicho numeral. Por ende, es por demás evidente que ya no guardan vigencia y aplicación las excepciones anteriormente referidas, porque al derogarlas el legislador dispuso que la suspensión discrecional que se conceda contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, sólo surtirá sus efectos previo el depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda, la cual tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En las relatadas condiciones, aun admitiendo, sin concederlo, que el monto de la garantía que debe depositar la Sociedad Anónima inconforme para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar que le fue otorgada, en términos de lo previsto en el señalado precepto legal, pueda o no exceder sus posibilidades, o en su defecto, que dentro de las constancias certificadas que adjuntó a su informe previo la autoridad responsable, conste acreditado que dentro del procedimiento de ejecución de los créditos fiscales que le fueron determinados, que pretenden hacerse efectivos a través de la intervención con cargo a la caja de su negociación, se le haya embargado esta última; es decir, la negociación de la impetrante para pretender garantizar el pago de su adeudo. Contrario a lo argüido por la disconforme, tales aspectos en modo alguno justifican que el Juez Federal a quo no debió haberle fijado la garantía que le estableció para que continuara surtiendo sus efectos la medida cautelar que le concedió, ni tampoco que ya se encuentren garantizados los posibles daños y perjuicios que podrían causarse al fisco federal con el otorgamiento de tal medida, porque para considerarlo de este modo, de acuerdo a lo previsto por el actual artículo 135 de la Ley de Amparo, la quejosa tiene el deber legal de efectuar el depósito del total, en efectivo, ante la Tesorería de la Federación, de la cantidad que constituya el crédito fiscal que le haya sido determinado, pues estimar lo contrario, implicaría transgredir lo previsto en el último de los dispositivos legales señalados, y como consecuencia de ello, de la intención que tuvo en cuenta el legislador al modificarlo o reformarlo. En relación con el tópico analizado, conviene citar la tesis número I.7o.A.545 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este similar comparte, visible en la página 3333 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES Y APROVECHAMIENTOS. PARA QUE SURTA EFECTOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VERIFICAR QUE SE HAYA DEPOSITADO PREVIAMENTE ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O LA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO QUE CORRESPONDA EL TOTAL EN EFECTIVO DE ESOS CONCEPTOS Y DE LAS MULTAS Y ACCESORIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR, SIN TOMAR EN CUENTA LAS EXCEPCIONES CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE LA MATERIA ANTES DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE ABRIL DE 2006.’ (se transcribe). La interpretación de la norma aludida, se corrobora con su proceso de reformas, consultable como hecho notorio para este cuerpo colegiado en términos de lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en la red intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el apartado relativo a la consulta de normas jurídicas, el cual permite conocer las causas y la finalidad de la enmienda legal, así como los valores e instituciones que pretendió salvaguardar el legislador. Sobre la pertinencia de acudir al método genético teleológico, para conocer la voluntad del legislador y los valores que quiso salvaguardar con tal enmienda legal, por analogía es aplicable, y con sus matices, la tesis número P. XXVIII/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Materia Constitucional, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ‘INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.’ (se transcribe). Se dice que esta tesis se aplica con sus matices, porque en el caso concreto no existe oscuridad o insuficiencia de la letra de la ley, sino que se acude a dicho método de interpretación, para fortalecer la exégesis de la norma. En efecto, del proceso de reformas al artículo 135 de la Ley de Amparo, se obtiene lo siguiente: Exposición de motivos. (iniciativa de 22 de abril de 2004). La iniciativa de reforma tiene el objeto de evitar la introducción de mercancías sin pagar los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias o sin cumplir los permisos o cupos establecidos por la autoridad competente para la protección de la economía nacional y que los beneficios de la suspensión de los actos reclamados sigan dañando a esta última. Esta iniciativa sólo proponía la reforma a los artículos 123, fracción II, 124, fracción II y párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Exposición de motivos. (iniciativa de veintiocho de octubre de dos mil cuatro). Además de reiterarse los fines de protección a la economía nacional referidos, se destacó que el juicio de amparo se ha usado como un medio legal para evitar el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, lo cual hace necesario su adecuación, y actualización, para que el fisco federal esté en posibilidad de exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos. Para ese fin, propuso la modificación al artículo 135 de la Ley de Amparo, para evitar el ingreso al país de mercancías que pretenden evadir el pago tanto de contribuciones como de aprovechamientos. Al respecto, señaló que el artículo 135 de la Ley de Amparo regula el otorgamiento discrecional de la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio correspondiente, pero en su redacción no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes, como los aprovechamientos y las multas, los cuales, debido a su importancia y trascendencia deben ser regulados en el artículo en comento. Con base en estos argumentos, se propuso, por un lado, la derogación del párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo y, por otro, que se incluyeran también los aprovechamientos, en los términos siguientes: ‘Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos.’ (énfasis añadido). La tercera iniciativa no se relaciona con el precepto en análisis, pues
rascendió al artículo 124 de la Ley de Amparo. Dictamen origen (sesión del veintidós de noviembre de dos mil cinco). La reforma al artículo 135 de la Ley de Amparo, tiene por objeto impedir que el juicio de amparo se utilice como un medio legal para evadir, entre otros casos, el pago de contribuciones y aprovechamientos, los cuales se regulan en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pero no son los únicos, pues a guisa de ejemplo, la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 63 establece que las cuotas compensatorias son aprovechamientos en los términos de aquel precepto del ordenamiento tributario en cita. La adición al artículo 135 contrasta con el texto en vigor, pues no limita las obligaciones tributarias a las contribuciones, sino que incluye a los aprovechamientos y multas, que ahora también serán objeto de garantía. Discusión origen (sesión del veintidós de noviembre de dos mil cinco). Las iniciativas tienen por objeto impedir que el juicio de amparo se utilice como un medio legal para evadir, entre otros casos, el pago de contribuciones y aprovechamientos, además, no limita las obligaciones tributarias a las contribuciones, pues incluye a los aprovechamientos, multas y accesorios, que también son objeto de garantía. La actual redacción del artículo 135 de la Ley de Amparo, no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes, como los aprovechamientos y las multas, los cuales, debido a su importancia y trascendencia deben regularse en el precepto. Dictamen revisora (sesión del catorce de marzo de dos mil seis). El fin principal de la reforma a la Ley de Amparo, es evitar que el juicio de garantías se utilice como un medio legal para evadir, entre otros, el pago de contribuciones y aprovechamientos o el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias como efecto de la suspensión. Asimismo, los aprovechamientos se regulan en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pero no son los únicos, pues a guisa de ejemplo, la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 63 establece que las cuotas compensatorias son aprovechamientos en los términos de aquel precepto del ordenamiento tributario en cita. De estas partes del proceso de reformas a la Ley de Amparo, se advierte, que existieron tres iniciativas de distintas fechas, las cuales se condensaron en un solo dictamen, las relevantes para este caso, son las de veintiocho de octubre de dos mil cuatro y veintidós de noviembre de dos mil cinco, que propusieron, precisamente, la enmienda al artículo 135 de la Ley de Amparo. De esas iniciativas y de las partes del proceso de reformas destacadas, se aprecia que la intención del legislador estableció (sic) como fin principal evitar que el juicio de garantías sea utilizado como un medio legal para evadir, entre otros, el pago de contribuciones y aprovechamientos o el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias como efecto de la suspensión, para que el fisco federal esté en posibilidad de exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, finalidad para la cual se propuso, en un primer aspecto, modificar el precepto legal en comento que regula el otorgamiento discrecional de la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito del total en efectivo de la cantidad ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio correspondiente, pero incluyendo en su redacción a los ingresos fiscales por aprovechamientos y las multas, y puntualizando que en los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos; y, asimismo, derogar el segundo párrafo del dispositivo en cuestión que, como se dijo, establecía los diversos casos de excepción al establecimiento de la garantía en tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones. De esta manera, a consideración de este cuerpo colegiado, conforme a la intelección del artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, invariablemente que deberá continuar surtiendo sus efectos previo el depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda, el cual deberá cubrir el monto de los aprovechamientos y accesorios que se lleguen a causar, pues sólo así se garantiza el interés fiscal. Estos efectos de la norma fueron, incluso, ponderados en la fase final del proceso legislativo de enmienda al artículo 135 de la Ley de Amparo, pues en la sesión de catorce de marzo de dos mil seis, el senador **********, expresó que el efecto de la reforma sería que en todos los casos se depositara la cantidad en efectivo ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio correspondiente, aun cuando pudiera tratarse de cobros arbitrarios, razón por la cual el funcionario de mérito solicitó no que se aprobara el dictamen correspondiente en ese preciso momento, sino que se reservara para un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21857-cf89cd6b/garantia-del-interes-fiscal-es-innecesario-el-deposito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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