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LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 262/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20859
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 740.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 262/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución y el envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formuló el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Las consideraciones vertidas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de doce de noviembre de dos mil siete, la queja número 101/2007, en la parte que interesa, son las siguientes:

"... El agravio resulta infundado. Es así, pues si bien en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, las sentencias que concedan la protección constitucional, tienen el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, en virtud de lo cual, las cantidades indebidamente pagadas, cuya devolución se ordena, deben actualizarse, para tener un poder adquisitivo razonablemente análogo al de la respectiva obligación pecuniaria, en el momento en que aquél tuvo derecho a percibirla, también lo es que los alcances restitutorios de la ejecutoria, necesaria e indefectiblemente deben materializarse sobre derechos del gobernado legítimamente tutelados. En efecto, el contenido del artículo 80 de la ley en consulta no es irrestricto ni absoluto, pues está supeditado, a su vez, al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de garantías, conforme al cual, el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad, necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros, no puede ser alterada. Esta noción del orden público, aplicado (sic) a los procedimientos de ejecución de los fallos de la Justicia Federal, implica que los alcances restitutorios de una ejecutoria, necesaria e indefectiblemente deben materializarse sobre derechos de los gobernados legítimamente tutelados. Luego, si el artículo 64, tercer párrafo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir de dos mil cuatro, establece que los recargos se calcularán sobre el total de las contribuciones o aprovechamientos previamente actualizados en términos del artículo 63 del propio código, y éste se refiere exclusivamente a créditos fiscales, no a los montos de las devoluciones a cargo del Distrito Federal, como lo preveía el texto vigente en dos mil tres (artículo 50 B), ello indica que la actualización no está prevista legalmente y que, por tanto, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, que se traduce en la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, no debe incluir actualización, a partir del uno de enero de dos mil cuatro porque, se insiste, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse respecto de aquellas prerrogativas legalmente tuteladas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 184/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil siete, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.’ (se transcribe). En cuanto al argumento del recurrente relativo a que el alcance del artículo 80 de la Ley de Amparo, que propone, se ajusta a la tesis P. XXVII/2003 de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL VALOR DE UN BIEN INMUEBLE, EL MONTO A CUBRIR SERÁ EL QUE RESULTE DE ACTUALIZAR EL VALOR QUE TENÍA, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ EL ACTO RECLAMADO HASTA LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’, cabe señalar que no le asiste razón. Ello es así, porque en dicha tesis se determina que en virtud de que la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles establecen el procedimiento para actualizar el monto de las obligaciones pecuniarias que con motivo del fallo protector debe entregarse al gobernado, para esos efectos, por igualdad y equidad de razón, se debe aplicar el artículo 7o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; esto es, en dicha tesis se determinó actualizar cantidades con base en un texto legal vigente, y en el caso, el recurrente, pretende que en cumplimiento al artículo 80 de la Ley de Amparo, las cantidades cuya devolución se ordena, se actualicen con base en un precepto legal derogado, de ahí lo infundado del argumento. Por último, resulta infundado el argumento relativo a que si conforme al artículo 63 del código en comento las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica de un ‘impuesto’, y en la sentencia de amparo se ordenó a las autoridades responsables devolver las contribuciones pagadas, ello indica que deben ser actualizadas y adicionadas con intereses, desde que se realizó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución. Se estima lo anterior, pues la circunstancia de que el artículo 63 del Código Financiero del Distrito Federal, establezca que las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización, en este caso, la de un impuesto, por sí misma, no lleva a concluir que tiene derecho a ellas, por el periodo que comprende de dos mil cuatro a dos mil siete. OCTAVO. ... Ahora bien, para determinar si procede el pago de intereses del periodo que comprende los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, es necesario transcribir el texto de los numerales 51 y 57, párrafos primero y octavo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes en los años dos mil dos y dos mil tres, y el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del año dos mil cuatro, a que alude la quejosa: ‘Artículo 51.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 50 B, al cual remite el numeral antes transcrito, dispone: ‘Artículo 50 B.’ (se transcribe). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). ‘Artículo 71.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 64 del Código Financiero al que remite el numeral que antecede, dispone: ‘Artículo 64.’ (se transcribe). En cuanto a las disposiciones vigentes en dos mil tres, el artículo 51 transcrito, en su primer párrafo, prevé que la falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo a que se refiere el artículo 50 de ese código, dará lugar al pago de recargos en concepto de indemnización a la hacienda pública del Distrito Federal, que se calcularán conforme a una tasa que será 30% mayor de la que establezca la asamblea en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el caso de pago diferido o en parcialidades; asimismo, en su tercer párrafo prevé que los recargos se calcularán sobre el total de las contribuciones o aprovechamientos previamente actualizados en términos del artículo 50 B de este código (cuando se trate de créditos fiscales, así como de los montos de las devoluciones a cargo del Distrito Federal). A su vez, el numeral 57 transcrito estatuye que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con este código y demás leyes aplicables, y que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por el mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que el presente código y demás leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del Distrito Federal el pago de intereses conforme a la tasa que prevé el diverso numeral 51, para los recargos (30% mayor de la que establezca la asamblea en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el caso de pago diferido o en parcialidades), sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago, y que en ningún caso los intereses a cargo del Distrito Federal excederán de los que se causen en cinco años. En cuanto a las disposiciones vigentes en dos mil cuatro, el artículo 71 del propio código, dispone que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que el presente código y demás leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del Distrito Federal el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 64 de este código, sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Asimismo, el artículo 64 al que remite, en su párrafo primero, establece que los recargos se calcularán conforme a una tasa que será 30% mayor de la que establezca la asamblea en la Ley de Ingresos, para el caso de pago diferido o en parcialidades y, en su tercer párrafo, prevé que los recargos se calcularán sobre el total de las contribuciones o aprovechamientos previamente actualizados en términos del artículo 63 de este código (cuando se trate de créditos fiscales), excluyendo los propios recargos y cualquier otro accesorio. Como se observa, el artículo 57 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente hasta el veintiséis de diciembre de dos mil tres, es el equivalente al artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir de dos mil cuatro, pues ambos ordenan la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, impugnadas a través de los medios de defensa previstos en la ley, conforme a la tasa prevista para los recargos desde la fecha en que se efectuó el pago (tasa que será 30% mayor de la que establezca la asamblea en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, para el caso de pago diferido o en parcialidades). Por tanto, es indebido que en la resolución recurrida se hubiere omitido la determinación de intereses por el periodo que comprende los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete. Es así, pues, como se advierte, el artículo 71, párrafos primero y octavo, del código en consulta, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, según se establece en el artículo primero transitorio del decreto de reformas, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiséis de diciembre de dos mil tres, también ordena la devolución de cantidades indebidamente pagadas, conjuntamente con sus intereses, pues en lo que difieren los invocados artículos 57 y 71 es en cuanto a la actualización, ya que conforme al texto vigente en dos mil tres (artículo 50 B), procede cuando se trate de créditos fiscales, así como los montos de las devoluciones a cargo del Distrito Federal, y en el texto vigente a partir de dos mil cuatro (artículo 63), sólo procede cuando se trate de créditos fiscales. Por tanto, procede la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, desde que se realizó su pago, actualizadas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, con sus respectivos intereses, periodo respecto del cual no existe controversia, y por lo que corresponde al periodo que comprende los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, la devolución debe ser de conformidad con los artículos 64 y 71, párrafos primero y octavo, del código en consulta, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, que dispone que el pago de intereses deberá calcularse sobre cantidades sin actualizar. En consecuencia, al resultar parcialmente fundado el agravio, procede revocar la sentencia interlocutoria recurrida, para el efecto de que se proceda a la determinación de intereses del periodo que comprende los años dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, ajustándose a los lineamientos establecidos en la última parte de este considerando."

De la resolución anterior, se advierte lo siguiente:

• Sólo procede la devolución de los intereses de las cantidades indebidamente pagadas, respecto de los periodos dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, sin actualizar en términos de los artículos 64 y 71, párrafos primero y octavo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro.

CUARTO. Las consideraciones vertidas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de fecha quince de agosto de dos mil seis, la queja número QA. 51/2006, son en la parte que interesa, las siguientes:

"En la especie, la recurrente expone medularmente que la condena del Juez Federal es indebida, porque se le conmina a pagar lo relativo a la actualización de los importes cubiertos por los quejosos, sin sustento legal. No asiste la razón a la autoridad recurrente, toda vez que la obligación de pagar a los quejosos, la actualización de los importes que cubrieron con motivo del impuesto declarado inconstitucional, deriva de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, el aludido numeral expresa: ‘Artículo 80.’ (se transcribe). El precepto transcrito, establece los efectos que debe contener la sentencia que conceda el amparo, previendo dos reglas, a saber: a) Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, aquélla deberá tener por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y b) Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, la sentencia protectora tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora bien, tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de una contribución, por no ajustarse a las garantías tributarias que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aconteció en la especie, la sentencia protectora tiene dos alcances: a) El primero, radica en que no se vuelva a aplicar al quejoso, el precepto declarado inconstitucional hasta en tanto sea reformado o modificado por otro. Apoyan la anterior determinación, las siguientes tesis: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’ (se transcribe). ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ (se transcribe). ‘LEYES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA SÓLO PROTEGE AL QUEJOSO MIENTRAS EL TEXTO EN QUE SE CONTIENEN NO SEA REFORMADO O SUBSTITUIDO POR OTRO.’ (se transcribe). b) El segundo, consiste en que le sean devueltas íntegramente las cantidades de dinero que cubrió con motivo de la observancia del precepto declarado contrario a la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2004, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, publicada en la página 470, Tomo XXI, enero de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’ (se transcribe). Sobre este último alcance del fallo protector, cabe puntualizar que a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, es que surge en favor del particular el derecho a obtener la devolución, por parte del fisco, de las sumas de dinero entregadas por aquél, en virtud de un pago indebido de sumas de dinero. Al respecto, son ilustrativas las consideraciones expresadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el primero de diciembre de dos mil cuatro, la contradicción de tesis 52/2004-SS, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Séptimo y Quinto, ambos en materia administrativa del Primer Circuito, las cuales expresan, en la parte de interés, lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis 2a. LXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 461, Tomo XVI, julio de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 278 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL PAGO DE LAS CUOTAS ENTERADAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SIN CAUSACIÓN DE INTERESES, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Lo anterior, trae como consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la obligación por parte de la autoridad de reintegrar al particular las sumas indebidamente percibidas, pues sólo de esa manera se estará en aptitud de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Ahora bien, la aludida obligación no se colma con que al particular se le reintegre exclusivamente el monto histórico de lo que pagó con motivo de la aplicación de la ley declarada inconstitucional, pues es evidente que con el transcurso del tiempo, el valor de las cosas, inclusive, del dinero, pierde poder adquisitivo. Por el contrario, se requiere, entonces, que al particular se le reintegren las cantidades de dinero, bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se pagaron al fisco local, para lo cual es necesario aplicar la figura de la actualización de las contribuciones no cubiertas oportunamente. En efecto, la función de la actualización de las contribuciones, contemplada en las diversas legislaciones fiscales, consiste en preservar el valor real en el tiempo de una cantidad de numerario, a fin de que ésta sea aplicada al adeudo al momento de su pago. En otras palabras, la actualización del monto de las contribuciones implica darles su valor real al momento en que se efectúa su pago, para que el fisco reciba una suma equivalente a la que hubiera percibido de haberse cubierto dentro del plazo legal. Sobre la naturaleza jurídica de la figura de la actualización de las contribuciones, son ilustrativas las siguientes tesis: ‘RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE SU CÁLCULO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD APLICABLE EN ESA MATERIA.’ (se transcribe). ‘RECARGOS FISCALES POR MORA. LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SON VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). ‘CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE AQUÉLLAS, ADEMÁS DEL PAGO DE LOS RECARGOS, NO ES INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘CONTRIBUCIÓN. SU MONTO ACTUALIZADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONSERVA LA NATURALEZA JURÍDICA DE AQUÉLLA Y, POR TANTO, ES UN MEDIO DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO.’ (se transcribe). ‘ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE CONTRIBUCIONES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SIRVA DE BASE PARA CALCULAR LOS RECARGOS Y LAS MULTAS, NO REVELA UNA DOBLE O TRIPLE SANCIÓN.’ (se transcribe). ‘PAGO EXTEMPORÁNEO DE UNA CONTRIBUCIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO Y LOS RECARGOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1990, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). De lo anterior, deriva que la actualización de las contribuciones constituye un parámetro objetivamente válido para fijar el justo alcance económico que tenía una cantidad de dinero, a través del transcurso del tiempo, a fin de dar el valor real al monto de la contribución en el momento del pago para que el fisco reciba una suma equivalente a la que hubiera percibido de haberse cubierto en tiempo la contribución. Sin embargo, atendiendo a su naturaleza jurídica, la figura de la actualización no es exclusiva para el caso de que el fisco sea acreedor, sino que también puede válidamente aplicarse a las devoluciones a cargo del Estado, a fin de darles su valor real al momento en que aquéllas se efectúen, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que correspondería de no haber cubierto el pago indebido. A título de ilustración, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 122/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de diciembre de dos mil tres, publicada en la página 175, Tomo XIX, enero de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA PROCEDE A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ DICHO SALDO.’ (se transcribe). Bajo ese contexto, tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad de una contribución, a fin de que el quejoso sea restituido en el pleno goce de la garantía individual violada, conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes, se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero debidamente actualizadas que aquél cubrió al fisco, en aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Ello es así, porque sólo a través de la actualización, al quejoso se le devuelven las cantidades que pagó al fisco, bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenían al momento en que se pagaron. No sobra señalar que si conforme al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe, el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes conduce a que las autoridades exactoras estén obligadas a restituir al quejoso las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, por mayoría de razón, existe obligación de pagar la actualización de esas cantidades, precisamente, porque las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización, es decir, se trata del impuesto principal. El criterio a que se ha hecho referencia es el contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/2001, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del treinta de noviembre de dos mil uno, publicada en la página 339, Tomo XIV, diciembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL.’ (se transcribe). Además, si el fisco local, se encuentra facultado para determinar no sólo el monto de las contribuciones sino también su actualización, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, de conformidad con el principio general de derecho que reza ‘donde opera la misma razón, debe aplicarse la misma disposición’, es inconcuso, que el fisco local, con motivo de la sentencia de amparo, a fin de reintegrar en favor del patrimonio del particular la cantidad pagada indebidamente, se encuentra obligado a actualizar los montos correspondientes, utilizando el procedimiento establecido en el mencionado numeral. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir de primero de enero de dos mil cuatro, no establezca el pago de actualización tratándose de devoluciones a cargo de esa entidad. Ello es así, porque aun cuando el referido ordenamiento legal, no establezca que deban actualizarse las cantidades susceptibles de devolución, como sucede con los pagos indebidos, a tal proceder está vinculada la autoridad hacendaria local para aquellas devoluciones derivadas del cumplimiento de una sentencia de amparo, pues sólo de esa manera, estará en aptitud de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, es verdad que el artículo 63 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, en que se verificó el primer acto de aplicación de los preceptos combatidos, establece que sólo procede la actualización de créditos fiscales, mas no así de las cantidades pagadas indebidamente al fisco local susceptibles de devolución. Lo anterior así se desprende del contenido del aludido numeral, que dispone: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). El numeral transcrito establece que los créditos fiscales, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Como es de apreciarse, el transcrito artículo 63, sólo prevé la actualización de los créditos fiscales, excluyendo, a las devoluciones a cargo del Distrito Federal. Al respecto, es de mencionar que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en el artículo 50-B del Código Financiero del Distrito Federal, sí se contemplaba la actualización de las devoluciones a cargo del Distrito Federal. Lo anterior así se conoce del contenido del mencionado precepto legal, que establecía, lo siguiente: ‘Artículo 50 B.’ (se transcribe). Sobre el particular, es de mencionarse que el numeral transcrito, vigente a partir del primero de enero de dos mil, fue adicionado con motivo del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, señalándose en la exposición de motivos, en la parte de interés, lo siguiente: ‘Artículo 50 B, se adiciona.’ (se transcribe). También es verdad, que el artículo 73 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, al establecer el mecanismo que se debe observar para la devolución de impuestos, en específico, cuando el contribuyente obtenga resolución favorable derivada de haber interpuesto oportunamente los medios de defensa correspondientes, sólo contempla el pago de intereses, sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente, mas no así, la actualización de esas cantidades. En efecto, el referido precepto expresa: ‘Artículo 71.’ (se transcribe). Como se ve, el numeral acabado de reproducir, contempla las reglas que se deben aplicar para el pago de devoluciones a cargo del Distrito Federal. En el párrafo octavo, se prevé específicamente el procedimiento de devolución tratándose de cantidades pagadas indebidamente al erario local, cuando el contribuyente obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, por haber interpuesto oportunamente los medios de defensa que el propio Código Financiero del Distrito Federal y demás leyes establezcan. Destacando que en estos casos, el contribuyente tendrá derecho a obtener del Distrito Federal el pago de intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 64 del Código Financiero del Distrito Federal, sobre las cantidades que se hayan pagado indebidamente y a partir de que se efectuó el pago. Sin embargo, en ninguna parte del referido numeral, se contempla la obligación de actualizar las cantidades pagadas indebidamente, susceptibles de devolución a cargo del Distrito Federal. De lo anterior, parecería que a partir del primero de enero de dos mil cuatro, las autoridades hacendarias del Distrito Federal, no están obligadas a actualizar las cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes, susceptibles de devolución, al no preverse en el Código Financiero del Distrito Federal, tal obligación, como sí acontecía hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en el artículo 50-B del referido ordenamiento legal. Sin embargo, a esa conclusión no puede arribarse, como lo pretende la autoridad recurrente, toda vez que aun cuando el referido cuerpo normativo, no establezca que deban actualizarse las cantidades susceptibles de devolución, como sucede con los pagos indebidos, a tal proceder está vinculada la autoridad hacendaria local para aquellas devoluciones derivadas del cumpl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20859-0605c97e/leyes-tributarias-el-efecto-de-la-sentencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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