Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 207/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19983
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 806.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 207/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema de la posible contradicción de criterios, corresponde a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por David Félix Ramírez Lozano, representante de la parte quejosa Cepimex, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los amparos directos DA. 45/2004 y DA. 277/2005, de los cuales derivó el criterio en posible contradicción; por ende, está legitimado en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 45/2004, promovido por Cepimex, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó conceder el amparo solicitado, apoyándose en las consideraciones siguientes:

"QUINTO. El primer concepto de violación que hace valer la parte quejosa es fundado, atento a las siguientes consideraciones:

"En su primer concepto de violación, la quejosa aduce, que la Sala Fiscal transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 38 y 42 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que señaló que la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil dos, no deja en estado de indefensión a la quejosa por el hecho de que se haya citado el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y no se haya especificado alguna fracción de ese numeral, ya que conocía la orden de visita domiciliaria en la que sí señaló la fracción III de ese numeral, la cual faculta a las autoridades fiscales para realizar auditorías en los domicilios de los contribuyentes.

"En primer término, es pertinente señalar que del estudio de la sentencia recurrida se desprende que la Sala Fiscal estimó al respecto lo siguiente: ‘En efecto, la resolución de 26 de julio de 2002, no deja en estado de indefensión a la impetrante por el hecho de que se haya señalado el artículo 42 del Código Fiscal Federal y no se haya especificado alguna fracción de ese numeral, ya que como lo expresó la demandada, el señalamiento preciso de la fracción aplicable al caso concreto, se debió hacer (y así se hizo) en la fundamentación de la orden de visita domiciliaria (artículo 41, fracción III, del código en cita). Así, la falta de precisión de la fracción correspondiente del artículo en comento, no incide en la esfera jurídica de la promovente en tanto que ella conocía la orden de visita domiciliaria en la que sí señaló la fracción III que es la que faculta a las autoridades fiscales para realizar auditorías en los domicilios de los contribuyentes, es decir, el hecho de que no se haya señalado en la resolución que por esta vía impugnada, la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que le era aplicable al caso concreto (fracción III), no significa que la misma vulnera la esfera jurídica de la instaurante. En ese orden de ideas es menester precisar que si bien es cierto que la fundamentación de todo acto administrativo se traduce esencialmente en la cita precisa de todos aquellos artículos y ordenamientos legales que otorguen certeza jurídica al gobernado de que dicho acto está ajustado a derecho, también lo es que, en el caso que nos ocupa, dicha circunstancia es irrelevante en tanto que la contribuyente visitada conocía con exactitud qué tipo de auditoría se le estaba practicando (dado que ella conocía el contenido de la orden de visita domiciliaria de fecha 31 de mayo de 2000).’

"En ese orden de ideas, el concepto de violación en estudio es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en virtud de que la consideración de la Tercera Sala al determinar que no le asiste la razón a la actora respecto a lo que adujo en relación con que si bien la autoridad no señaló en la resolución impugnada específicamente qué fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación aplicaba, tal violación no incidía en la esfera jurídica de la quejosa, ya que conocía la orden de visita en la cual sí se citó el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

"Tal determinación resulta incorrecta toda vez que el artículo 16 constitucional dispone que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, de lo cual se concluye que no basta que la autoridad cite el precepto de la ley aplicable, sino que también debe precisar con claridad la fracción en que apoya su determinación, ya que de lo contrario dejaría al gobernado en notorio estado de indefensión, con independencia de que al inicio del procedimiento sí se haya precisado que con apoyo en la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, se iniciaban las facultades de comprobación en perjuicio de la actora, toda vez que las autoridades no cumplen con lo establecido en el artículo constitucional antes citado, cuando sus fundamentos y motivos aparecen en documento distinto.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número doscientos sesenta y dos, publicada en la página ciento setenta y siete, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor literal siguiente:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO.’

"Asimismo, es aplicable la jurisprudencia ochocientos, visible en la página quinientos cuarenta y dos, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco que es del tenor literal siguiente:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE CITAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACIÓN Y PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL.’

"En tal virtud, le asiste la razón a la quejosa, y en consecuencia procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la sentencia que se revisa, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita una nueva en la que deberá considerar que la omisión por parte de la administradora local de Auditoría Fiscal deja en estado de indefensión a la actora, ya que la obligación constitucional de fundar y motivar el acto corresponde a la propia autoridad y no deducirla el particular.

"En mérito de lo anterior, ante lo fundado del concepto en estudio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, sin que sea necesario el estudio de los restantes conceptos de violación, ya que en nada cambiaría el sentido que rige la presente resolución.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o. J/5, visible en el Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, página ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ ..."

CUARTO. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el órgano mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo número DA. 277/2005, promovido por Cepimex, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó negar el amparo solicitado, resolución que en la parte que interesa, expresa lo siguiente:

"QUINTO. ...

"En el primer concepto de violación la quejosa sostiene que se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, por indebida interpretación de los artículos 38 y 42 del Código Fiscal de la Federación, ya que la Sala responsable en forma incorrecta estimó infundado el concepto de agravio que expuso, relativo a la falta de fundamentación, basado en la circunstancia de que la liquidación que contiene la resolución impugnada, la autoridad no citó la fracción aplicable del artículo 42 antes referido, que le concedía facultades para proceder a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ahora quejosa y que no obstante que no señaló a cuál de las fracciones que la componen se actualizaba resultó insuficiente para decretar su ilegalidad, sin que sea suficiente considerar que por el hecho de que en la orden de visita se fundamentó tal competencia, la autoridad demandada en el juicio fiscal no tenía obligación de señalar las fracciones antes aludidas, lo anterior a fin de respetar las garantías individuales contenidas en los artículos constitucionales referidos.

"Continúa refiriendo la quejosa que la liquidación impugnada en el juicio de nulidad adolece de una debida fundamentación y motivación, al no señalarse las disposiciones legales que establecen las facultades de la autoridad fiscal para proceder a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y a la determinación de contribuciones a cargo de la hoy quejosa, por parte de las autoridades que emitieron dicha liquidación, ya que no señalaron en forma específica cuál de las fracciones resultaba aplicable al caso al tratarse de distintas formas en que podrán ejercerse dichas facultades y al ser omisa en este aspecto, no se conoce con exactitud cuál de las facultades establecidas se ejerció y si es competente para ello.

"Asimismo, señala que la fundamentación debe constar en el documento mismo del acto de molestia y no en documento distinto, aun cuando se trate de la orden de visita emitida al inicio del procedimiento o algún otro acto emitido dentro del mismo ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

"Son infundados los argumentos contenidos en el concepto de violación que se estudia, en atención a las siguientes consideraciones:

"Al efecto, resulta pertinente señalar lo que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual es del tenor siguiente: (se transcribe).

"Por su parte, la autoridad demandada en el juicio fiscal, al emitir la liquidación impugnada señaló, como fundamento, entre otras disposiciones legales lo dispuesto en el artículo 42, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

"Ahora bien, en el presente caso se estima que la liquidación impugnada por el hecho de haber señalado, como fundamento entre otras disposiciones legales, el párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, no puede estimarse que se encuentre indebidamente fundada y motivada las facultades de comprobación, en virtud de que se trata de una liquidación que pone fin a un procedimiento de verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la actora, es decir, en este momento la autoridad fiscal ya concluyó dichas facultades de comprobación a través del requerimiento de diversos documentos que hizo, misma facultad de comprobación que fue hecha del conocimiento de la ahora quejosa cuando se emitió la orden de visita correspondiente y, si en este acto no se especifica nuevamente la fracción a que corresponde tal fracción, no conlleva a considerarlo ilegal, ya que el párrafo que cita la autoridad hacendaria es suficiente para considerarlo como debidamente fundado y motivado, al referir que, y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, por tanto, al tratarse el acto impugnado de una liquidación, se ubicó en el supuesto que establece ese precepto legal, y no adolece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener y, por ende, no resulta violatorio de las garantías constitucionales que aduce la quejosa.

"Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis visible a foja 56, Tomo 151-156 Segunda Parte, Primera Sala, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y contenido siguientes:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.’

"Por otra parte y contrariamente a lo expresado por la actora en el juicio fiscal, al emitirse la liquidación motivo de análisis, la autoridad demandada sí fundó y motivó su competencia legal, al expresar el artículo 7o. fracciones VII y XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, mismo que señala lo siguiente (se transcribe).

"Asimismo, indicó entre otros dispositivos legales el artículo 25, primer párrafo, fracción II; tercero y último párrafos, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, mismo que señala: (se transcribe).

"De lo antes transcrito, se tiene plena convicción que la autoridad demandada funda y motiva debidamente la aplicación de sus facultades de verificación y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales practicadas a la accionante, dado que las facultades ejercidas se encuentran debidamente previstas en los ordenamientos y dispositivos legales que cita la autoridad para tal actuación, motivo por el cual se estima que no le asiste la razón a la actora en el juicio fiscal.

"Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 104, visible a foja 82, Tomo VI, Común, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice:

"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). ..."

QUINTO. Atendiendo a las consideraciones transcritas y a fin de establecer si en el caso existe la contradicción de criterios denunciada, es menester tener en cuenta los requisitos necesarios para su existencia, a saber, que los Tribunales Colegiados al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, examinen con base en los mismos elementos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios discrepantes y que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

La determinación anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, cuyos rubro y texto a continuación se transcriben.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Además, para la procedencia de una denuncia de contradicción de criterios no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, acorde con lo establecido por el Tribunal Pleno en la tesis P. L/94 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 35, en los términos siguientes.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

Así como en la tesis 2a./J. 94/2000 emitida por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Por ende, para la existencia de contradicción de criterios resulta necesario, de acuerdo con lo sostenido por este Alto Tribunal, que en las resoluciones relativas se haya analizado una misma cuestión jurídica y que expresa o implícitamente se hayan sustentado conclusiones opuestas sobre esa cuestión, por lo que para determinar si existe oposición no basta atender a la conclusión del razonamiento vertido en las correspondientes resoluciones judiciales, sino es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho que por el enlace lógico sirven de base o presupuesto al criterio respectivo, pues únicamente cuando existe coincidencia en tales circunstancias podrá afirmarse válidamente que existe una contradicción de tesis, cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que por sus características de generalidad y abstracción podrá aplicarse en asuntos similares.

En esta tesitura, en relación con los supuestos necesarios que se requieren para determinar la existencia de la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados, en el presente asunto, se puede observar lo siguiente:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

Este requisito sí se cumple, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el punto concreto de derecho consistente en determinar si el oficio por medio del cual se determinó un crédito fiscal al contribuyente, con motivo de una visita domiciliaria debe o no citar, como parte del fundamento de la competencia de la autoridad la fracción correspondiente del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que regula las facultades de las autoridades fiscales para realizar auditorías en los domicilios de los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

También este requisito se actualiza, en atención a que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, sostuvo esencialmente que la autoridad responsable, no señaló expresamente, en la resolución impugnada, qué fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación aplicaba para llevar a cabo la visita domiciliaria, por lo que dispuso que se violaba en contra de la parte quejosa los artículos 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior, en virtud de que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, de lo cual concluyó que no basta que la autoridad cite el precepto de la ley aplicable, sino que también debe precisar con claridad la fracción en que apoya su determinación, con independencia de que al inicio del procedimiento sí se haya precisado que con apoyo en la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, se iniciaban las facultades de comprobación en perjuicio de la actora, toda vez que las autoridades no cumplen con lo establecido en el artículo constitucional antes citado, cuando sus fundamentos y motivos aparecen en documento distinto.

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera lo contrario, al estimar que la autoridad responsable que emitió la orden de visita, no viola los artículos 14 y 16 constitucionales al especificar únicamente el artículo y párrafo en que fundamenta y motiva su acto, sin señalar la fracción correspondiente, en virtud de que se trata de una liquidación que pone fin a un procedimiento de verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la actora.

El citado tribunal estima que la autoridad fiscal ya concluyó dichas facultades de comprobación a través del requerimiento de diversos documentos que hizo, misma facultad de comprobación que fue hecha del conocimiento de la quejosa cuando se emitió la orden de visita correspondiente y, si en este acto no se especifica nuevamente la fracción a que corresponde tal fracción, no conlleva a considerarlo ilegal, ya que el párrafo que cita la autoridad hacendaria es suficiente para considerarlo como debidamente fundado y motivado, al referir que y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, por tanto, al tratarse el acto impugnado de una liquidación, se ubicó en el supuesto que establece ese precepto legal, y no adolece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener y, por ende, no resulta violatorio de las garantías.

c) Que los distintos criterios provengan del estudio de los mismos elementos.

En los asuntos que se encuentran involucrados en la presente contradicción de tesis se promovió el juicio de amparo directo señalando como acto impugnado en el juicio de nulidad el oficio por medio del cual se determinó un crédito fiscal al contribuyente, en ambos casos no se invocó la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, problema jurídico que fue analizado por los Tribunales Colegiados contendientes, al considerar uno que la autoridad responsable sí transgredió las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales y otro que no; sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y éstos fueron tomados en cuenta por los Tribunales Colegiados al dictar los fallos correspondientes aquéllos resolvieron en sentido diverso, sustentando su fallo en razonamientos divergentes entre sí.

Conviene destacar que en los asuntos relacionados el acto impugnado, consistió en una liquidación de un crédito fiscal, respecto de la cual ambos tribunales coinciden que conforme al artículo 16 constitucional es obligación de dicha autoridad fundar jurídicamente su competencia; empero, el punto discrepante radica en si era necesario que se citara la fracción del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para considerar que se cumple con el requisito constitucional antes mencionado.

Atento a lo anterior, es válido concluir que existe la contradicción de criterios denunciada; por tanto, la materia cuyo punto será necesario resolver radica en: establecer si en el oficio por medio del cual la autoridad fiscal determina un crédito fiscal al contribuyente, derivado del ejercicio de facultades de comprobación, como parte de la fundamentación de la competencia de la autoridad para emitir el oficio indicado, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente la cita genérica del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la fracción aplicable ya se citó en la orden de visita o debe invocarse la fracción relativa del mismo numeral.

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer como criterio el que con el carácter de jurisprudencia aquí se define, atento a las razones siguientes.

Si bien, ambos tribunales coinciden en cuanto que la autoridad debe fundar su competencia, se estima necesario considerar lo que este Alto Tribunal ha resuelto en cuanto a este punto jurídico, pues será el marco general que permita llegar a establecer el criterio a prevalecer.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su primera parte, lo siguiente:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Asimismo, el segundo párrafo del numeral 14 de la propia Carta Magna, prevé:

"Artículo 14. ...

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

De la interpretación conjunta y armónica de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los preceptos transcritos, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental.

En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.

En este sentido es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el Tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19983-12e9a445/competencia-de-las-autoridades-administrativas-en-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.