TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE DEBIÓ SUSTENTARSE EL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia son en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue presentada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió las ejecutorias que participan en la posible contradicción de tesis; por tanto, se cumple con el requisito de legitimación previsto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver las revisiones fiscales 159/2006 y 57/2006 de tres de abril y ocho de junio de dos mil seis, respectivamente, en la primera de ellas,(1) esencialmente, sostuvo lo siguiente:
"... Los sintetizados agravios son infundados, porque contrario a las pretensiones de la autoridad recurrente, la Sala Fiscal no se encontraba obligada a citar qué artículo establece la facultad para que el administrador de la aduana nombre varios verificadores y que estos puedan actuar de manera individual o en conjunto, pues esa es una obligación de la autoridad que emite el acto de molestia, conclusión a la que se arriba partiendo de las siguientes premisas. a) La autoridad sólo puede hacer lo que le está permitido, es decir, debe ajustar su actuar a lo que la ley la faculta. b) Para que un acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado, la autoridad que lo emite debe citar en su cuerpo los preceptos legales que la autorizan a expedirlo, expresando también las razones particulares o causas inmediatas que la motivan a emitirlo, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas. c) Entonces, si la autoridad está facultada para actuar de determinada manera, tiene la obligación de citar en el texto mismo del acto de molestia los preceptos que autorizan o legitiman su proceder. Si en la especie, al emitir la orden de verificación de vehículos antecedente de la resolución impugnada, la autoridad aduanera designó 42 verificadores, y los autorizó para actuar de manera indistinta, en forma individual o conjunta, debió también citar el artículo o precepto legal que la faculta para hacer tal designación múltiple de verificadores, permitirles actuar de manera indistinta, de forma individual o conjunta. No citar el precepto o disposición legal que permite su actuar, transgrede per se, la garantía de legalidad de que goza todo gobernado, lo cual es suficiente para que dicha orden de verificación se estime ilegal. Por eso, la Sala Fiscal se ajustó a derecho al considerar que al no haber citado el precepto que faculta al administrador de la aduana para designar múltiples verificadores y además para autorizar que puedan actuar de manera indistinta, en forma individual o conjunta, la orden de verificación es ilegal, pues quien tiene la obligación de expresar los fundamentos del acto de molestia es la autoridad que lo emite, no la Sala Fiscal, que debe limitarse a analizar la legalidad de los fundamentos citados en la resolución impugnada. Lo anterior es así, porque pudiera darse el caso de que no existiera fundamento que autorizara el proceder de la autoridad demandada, y eso sería suficiente para estimar ilegal la resolución impugnada, pues estaría ejerciendo una facultad con la que no cuenta, entonces, si se llegara al extremo de exigir que la Sala Fiscal precisara cuáles preceptos debió invocar la autoridad en el acto que se impugna, equivaldría a imponerle una obligación inherente al ente que emite el acto de molestia, esto es, se estaría constriñendo al tribunal administrativo a decirle a la demandada cómo debió fundar su resolución, lo que no es su función, pues ésta se cumple cuando analiza la legalidad de la resolución impugnada, a la luz de los preceptos que en ella se invocan y los agravios expresados por la parte actora. Por estas razones, no se comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se cita en los agravios. Aduce también la autoridad recurrente que la Sala Fiscal interpreta equivocadamente la legislación aplicable, pues no estamos en presencia de una revisión de gabinete ni de una orden de visita domiciliaria, sino de una orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, que es de naturaleza distinta a las primeramente citadas, por lo que no operan las mismas formalidades, pues tratándose de una orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, que se verifica fuera del domicilio del particular, se rige por lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 de la Ley Aduanera, los que establecen de manera específica el procedimiento en esta materia. Insiste que en el caso concreto se trata del inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, en el que se citaron los artículos 31, fracción II, en relación con el diverso artículo 29, fracciones IX, XI, XIII, XXII y XXIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación y 144 de la Ley Aduanera, los que no son deficientes para fundar la actuación de la Aduana de Piedras Negras, pues si bien dichos preceptos no la facultan expresamente a designar verificadores que actúen de manera conjunta o separada en el desarrollo de la diligencia, ello no implica que la autoridad no se encuentre en aptitud a ello, pues de la interpretación de los citados preceptos, se desprende que se trata de una facultad implícita contenida en los mismos. Cita en apoyo de sus argumentaciones, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 276/2004. Los resumidos argumentos son infundados, porque el artículo 16 constitucional prevé que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, al disponer en sus párrafos primero, octavo y undécimo, que: (se transcribe). De acuerdo con la transcrita disposición constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben precisarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, y además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. De no observarse esos requisitos, las autoridades no cumplen con la obligación de fundar y motivar debidamente sus actos autoritarios. Ahora bien, de la lectura de la orden de verificación cuya legalidad fue controvertida, misma que obra a fojas 38 y 39 del expediente fiscal, se aprecia que la autoridad que la emitió autorizó a 42 visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, Coahuila, y señaló que podían actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separada, pero no fundó esa facultad en disposición legal alguna. En efecto, de la lectura integral de la constancia de la aludida orden de verificación, no se advierte la cita de los artículos 38 y 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que sustancialmente consignan las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas por el artículo 16 constitucional, esto es, fundar y motivar la causa legal del procedimiento en todo mandamiento escrito de la autoridad competente. El primero de los citados preceptos, en su fracción III, establece: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Por su parte, el diverso artículo 43, prevé: ‘Artículo 43.’ (se transcribe). Del análisis concatenado de lo dispuesto en los citados artículos con la controvertida orden de verificación, resulta inobjetable que esta última no está debidamente fundada y, por consiguiente, es violatoria de las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas por el indicado artículo 16 constitucional, al no precisar el precepto legal que faculta a la autoridad emisora a designar visitadores y para que éstos actúen conjunta o separadamente, acto que contrario a lo que se aduce, al constituir el ejercicio de una facultad de la autoridad, debe fundarse adecuadamente, a fin de no dejar en estado de indefensión al contribuyente verificado. Consecuentemente, resulta intrascendente que en la especie se trate de una orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera y no específicamente de una orden de visita domiciliaria, pues no debe perderse de vista que la facultad que en el caso concreto ejerció la autoridad hacendaria, se prevé expresamente en el artículo 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, relativa a practicar verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, como se aprecia de la propia orden de verificación controvertida, por tanto, la misma debe observar la serie de formalidades precisadas en la ley, considerando que el vehículo es una extensión del domicilio del gobernado; por ende, debe establecer la facultad de la autoridad emisora del acto de molestia, para ordenar que los auditores designados pueden actuar en forma conjunta o separada y, por tanto, dicha orden debe también cumplir con los requisitos o formalidades previstas en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, pues los artículos 150, 151 y 152 de la Ley Aduanera, que cita la autoridad recurrente, regulan, respectivamente, el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, los casos en que las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, y las situaciones que se presenten con motivo del reconocimiento aduanero, proceda la determinación de contribuciones omitidas, y no sea aplicable el artículo 151, pero ninguno de estos preceptos regula, en modo alguno, lo relativo a la orden de verificación y mucho menos a los requisitos que debe contener para cumplir con la adecuada fundamentación de cada una de las facultades que realizará la autoridad, al emitir un acto de molestia o intromisión en los bienes del gobernado, entre estas, como se mencionó, la de facultar a los diversos verificadores designados y para que actúen en forma conjunta o separadamente."
De la resolución anterior, se advierte lo siguiente:
1. La Sala Fiscal no se encontraba obligada a citar los preceptos legales en los cuales se establece la facultad de la autoridad responsable para nombrar a varios verificadores y que éstos pudieran actuar de manera individual o en conjunto.
2. La autoridad que emite el acto de molestia es quien debe fundamentar su actuación.
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver las revisiones fiscales 186/2003, de doce de febrero de dos mil cuatro; 272/2005, 8/2006, 38/2006 y 130/2006 de fechas cinco y diecinueve de enero, dos de marzo y veinte de abril de dos mil seis, respectivamente, en la primera de las resoluciones,(2) consideró lo siguiente:
"... En el segundo agravio, la autoridad recurrente sostiene que la Sala Fiscal violó en su perjuicio los artículos 38, fracciones III y IV, y 237 del Código Fiscal de la Federación, al considerar que en la orden de verificación antecedente de la resolución administrativa impugnada, no se señaló el precepto legal que faculte a las personas designadas en la misma orden, para que efectúen la verificación conjunta o separadamente; consideración que, a decir de la recurrente, no se encuentra fundada en derecho, ya que no expresa el fundamento en que se apoyó, para estimar que la fundamentación que citó la autoridad en el oficio en que se ordena la verificación del vehículo de procedencia extranjera, resultaba insuficiente, por lo que sostiene la recurrente, la sentencia no se encuentra debidamente fundada. En principio, debe señalarse que si bien este Tribunal Colegiado, en la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 146/2003, estimó que la Sala Fiscal no tenía obligación de citar en la sentencia recurrida, el precepto legal que se omitió señalar en la orden de visita domiciliaria impugnada; esto es, el artículo que faculta a la autoridad para designar a múltiples visitadores para que puedan actuar conjunta o separadamente, por considerarse que ello implicaría que la Sala Fiscal se sustituyera en las funciones que son propias de las autoridades administrativas; sin embargo, ante una nueva reflexión sobre el tema, y por las razones que se expresan a continuación, este tribunal adopta el criterio que enseguida se expone. Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que asiste razón a la autoridad recurrente, toda vez que de la lectura de la sentencia reclamada, se desprende que la Sala Fiscal, al estimar que la orden de verificación antecedente de la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad, no se encontraba suficientemente fundada, porque no se citó el precepto legal que facultara al administrador local de Auditoría Fiscal, para designar a múltiples verificadores para que pudieran actuar en forma conjunta o separada; omitió señalar el artículo con base en el cual consideró insuficiente la fundamentación de la orden aludida; esto es, omitió citar el artículo que a su consideración establece la facultad para designar múltiples verificadores para que pudieran actuar conjunta o separadamente. El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en lo que interesa, establece lo siguiente: ‘Artículo 237.’ (se transcribe). El precepto legal citado establece la obligación que tienen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de citar los preceptos legales en que se apoyen las consideraciones que se expongan al pronunciar las sentencias de las causas sometidas a su conocimiento, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 16 constitucional, que consagra la garantía de fundamentación y motivación que deben observar los actos de autoridad; garantía que tiene por objeto otorgar certeza y seguridad jurídica a las partes dentro de un procedimiento, frente a las decisiones de los órganos jurisdiccionales que afecten o lesionen su interés jurídico y, por consecuencia, asegurar la prerrogativa de su defensa a través del recurso legal que corresponda, ante una resolución que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En el caso concreto, la Sala Fiscal, en el considerando tercero inciso B), de la sentencia recurrida (fojas 67 a 76 del expediente del juicio de nulidad), para declarar fundado el cuarto concepto de anulación que le fue formulado, en lo conducente señaló lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se advierte con claridad, como bien lo adujo la autoridad aquí recurrente, la resolución hoy combatida no se encuentra fundada en derecho, al no expresarse el fundamento en que se apoyó, para estimar que la fundamentación que citó en el oficio en que se ordena la verificación del vehículo de procedencia extranjera, resultaba insuficiente, para designar múltiples verificadores para que pudieran actuar conjunta o separadamente, pues si bien en la sentencia hoy combatida se citan los artículo 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; también lo es que, ninguno de esos preceptos establecen la facultad de la autoridad fiscal, para designar múltiples verificadores para que actúen conjunta o separadamente. En efecto, el artículos 16 constitucional establece lo siguiente: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, refiere: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). De lo anterior se advierte que los artículos en que se apoyó la Sala Fiscal para considerar que la orden de verificación de vehículos no se encontraba suficientemente fundada, de ninguna manera establecen la facultad de las autoridades hacendarias para designar múltiples verificadores para que actúen conjunta o separadamente, dado que el artículo 16 constitucional, establece en términos generales la garantía de legalidad, que deben revestir los actos de autoridad, como son entre otros la fundamentación y motivación, así como los requisitos que deben cumplir en términos genéricos las órdenes de visita domiciliaria que emita la autoridad administrativa; mientras que el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, únicamente establece los requisitos que en general deben reunir los actos administrativos, sin embargo, como ya se señaló, de ninguna manera establecen la facultad en comento. Con base en lo expuesto, resulta inconcuso que si la Sala Fiscal estimó que la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera no se encontraba suficientemente fundada, porque no se citó el artículo que establece la facultad del administrador local de Auditoría Fiscal para designar múltiples verificadores para que actúen conjunta o separadamente, en cumplimiento de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, de la debida fundamentación a que toda autoridad esta obligada, la Sala Fiscal debió señalar con exactitud y precisión el precepto legal y el ordenamiento en el cual a su decir se encuentra establecida la facultad aludida, y que debía haberse citado en la referida orden de verificación de vehículo, para que cumpliera con el requisito de la debida fundamentación, ya que sólo así, se otorga certeza y seguridad jurídica a las partes que integran la relación jurídico procesal dentro del juicio de nulidad, y al no haberlo hecho así, resulta evidente que transgredió en perjuicio de la autoridad demandada el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues deja a la autoridad demandada en estado de indefensión, pues al no indicársele el precepto legal que a decir de la Sala debió citarse en la orden de verificación, no cuenta con elementos necesarios para determinar si la consideración de la Sala Fiscal se encuentra ajustada a derecho, ya que puede acontecer, que al no existir fundamento alguno, se le imponga una carga imposible de cumplir. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 46, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala lo siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). También resulta aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.1o.11 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, localizable en el Tomo III, mayo de 1996, página 634, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INSUFICIENTE. SENTENCIA FISCAL.’ (se transcribe). Por lo anterior, al resultar fundados los agravios, resulta procedente revocar la sentencia impugnada, para el efecto de que la Sala Fiscal conforme a los lineamientos que se precisan en la presente ejecutoria, considere, por una parte, que la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, no es aplicable para las órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda respecto del tercer concepto de nulidad aducido por la actora; y en otra, tomando en consideración lo aquí resuelto en relación con la fundamentación que debe observar al pronunciar sus sentencias, en plenitud de jurisdicción, proceda de nueva cuenta al estudio del cuarto concepto de anulación, y en caso de estimar infundados los anteriores conceptos de nulidad (tercero y cuarto), proceda al estudio del resto de los motivos de inconformidad que expresó la actora en su demanda inicial, resolviendo lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 546, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo III, página 395, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’."
De la resolución anterior se advierte lo siguiente:
1. La Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en virtud de que a su juicio no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que la autoridad administrativa no citó en la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, el fundamento legal para la designación de múltiples verificadores que llevarían a cabo de manera conjunta o separada la ejecución del acto.
2. El Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia de la Sala Fiscal, en virtud de que ésta debió señalar con exactitud y precisión el precepto legal y el ordenamiento jurídico en que se encuentra establecida la facultad de la autoridad responsable para designar a múltiples verificadores para que actúen de manera conjunta o separadamente, en cumplimiento de una orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera, pues sólo de esa manera se cumple con el requisito de fundamentación y motivación de las sentencias.
QUINTO. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados implicados en la denuncia, contenidos en las ejecutorias previamente reproducidas.
Con ese propósito, es necesario establecer que la oposición de criterios se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinen cuestiones jurídicamente semejantes, ante las cuales adopten criterios discrepantes; esa diferencia de opiniones se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y que sus distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se ha establecido en la jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, cuyo contenido, rubro y datos de publicación, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para efectuar el análisis comparativo entre las ejecutorias concernientes a la denuncia de contradicción de criterios, se destacarán los aspectos relevantes en que exista coincidencia respecto a las cuestiones jurídicas examinadas y aquellos en los que se advierta la diferencia de opinión, pues ello permitirá conocer si en efecto los Tribunales Colegiados incurren en la divergencia acusada, o no.
Se estima que sí existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en virtud de que las sentencias que analizaron fueron emitidas por Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en que conocieron en el juicio de nulidad de órdenes de verificación de vehículos de procedencia extranjera, en las que la autoridad aduanera designó a verificadores y los autorizó para que actuaran de manera individual o conjunta, sin que dicha autoridad hubiera citado el artículo o precepto legal que la facultara para hacer tales designaciones.
Las Salas Regionales, en ambos casos, declararon la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, al considerar que la autoridad aduanera infringió lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, la contradicción de criterios se actualiza porque el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito concluyó que los agravios planteados por la autoridad recurrente son infundados, dado que la Sala Fiscal no se encontraba obligada a citar qué artículo establece la facultad para que el administrador de la aduana nombre varios verificadores y que éstos puedan actuar de manera individual o en conjunto, pues esa es una obligación de la autoridad que emite el acto de molestia, esto es, quien tiene la obligación de expresar los fundamentos del acto de molestia es la autoridad que lo emite, mas no la Sala Fiscal, quien únicamente debe limitarse a analizar la legalidad de los fundamentos citados en la resolución impugnada.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo respecto del mismo problema jurídico lo contrario, pues a su juicio, si la Sala Fiscal estimó que la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera no se encontraba suficientemente fundada, porque no se citó el artículo que establece la facultad del administrador local de Auditoría Fiscal para designar múltiples verificadores para que actúen conjunta o separadamente, en cumplimiento de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, debió señalar con exactitud y precisión el precepto legal y el ordenamiento en el cual se encontraba establecida la facultad aludida.
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues sobre un tópico común, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diversas.
SEXTO. Demostrado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica señalada, el punto de contradicción consiste en determinar si los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de cumplir con el requisito de fundamentación y motivación de las sentencias, deben o no señalar en sus resoluciones el precepto, fracción e inciso, entre otros, así como el ordenamiento jurídico en que la autoridad administrativa debe fundar su acto para la designación de verificadores de vehículos de procedencia extranjera.
Previo a determinar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es importante acudir al texto artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, que dice:
"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."
Del precepto jurídico antes transcrito, específicamente de la parte relativa a la fundamentación de las sentencias, se advierte que los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fundarán en derecho sus sentencias y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con la resolución impugnada.
Sobre el par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20162-41f383ac/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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