FIRMA A RUEGO. SU OMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDUCE A TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA RESPECTIVA, AUNQUE EL PROMOVENTE HUBIERA IMPRESO SU HUELLA DIGITAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió en términos semejantes los amparos directos 192/2008, 234/2008 y 332/2008, razón por la que sólo se hará referencia al mencionado en primer lugar, fallado el treinta de abril de dos mil ocho, en el que sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, atentas las consideraciones siguientes:
"En los capítulos de queja que se formulan se manifiesta, que la sentencia combatida vulnera las garantías de audiencia y debido proceso, al haber aplicado indebidamente los artículos 8o., párrafo primero, fracción XVI, y párrafo final (sic) 9o., párrafo primero, fracción II, en relación con lo que establece el artículo 4o., todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que el quejoso transcribe parcialmente, precisando a continuación que incorrectamente la Sala Fiscal consideró como causal de sobreseimiento la falta de firma al ruego, pues si bien es cierto el artículo 4o. de la ley en cita, establece como requisito de admisibilidad de toda promoción, la firma o en su caso la huella digital del promovente junto con la firma de alguien a su ruego; sin embargo, también es cierto que la Sala responsable al momento de dictar el auto de radicación, debió de (sic) haber apercibido al agraviado para subsanar dicha falta, por ser de explorado derecho de acuerdo a interpretaciones diversas de Tribunales Colegiados, que la huella digital hace las veces de firma, representando así el interés jurídico del promovente, por lo que el sobreseimiento decretado resultó excesivo, ya que la falta de firma a ruego pudo ser reparada mediante la prevención al amparista, citando éste como aplicables los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubros respectivamente dicen: ‘DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA.’; ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FALTA DE FIRMA EN LAS PROMOCIONES PRESENTADAS EN EL JUICIO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’; y ‘PREVENCIÓN EN LA REVISIÓN. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO TIENE FACULTADES PARA ORDENAR LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE CONSTA SÓLO LA HUELLA DIGITAL DEL RECURRENTE.’
"Se estiman infundadas las anteriores aseveraciones, ya que no puede aceptarse por las razones que aduce el inconforme, que en el caso se hubiesen vulnerado en su perjuicio las garantías de audiencia y debido proceso, ya que al establecer el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:
"‘Artículo 4o. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.
"‘Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no lo hicieren, el Magistrado instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados, al admitir la demanda.’
"Tal dispositivo legal no vulnera dichas garantías, ni las de audiencia, defensa y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 constitucional, supuesto que si bien se prevé como consecuencia que no se tenga por presentada una promoción carente de firma, lo que en el caso condujo al sobreseimiento en los términos apuntados, tal y como aconteció en el caso, el actor en el juicio fiscal al través del presente juicio de garantías, puede hacer valer los argumentos que a su interés correspondan en torno a tal determinación y, si bien es cierto, que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento se podrían considerar los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción o como en el caso, sobreseer en el juicio fiscal, cuando contenga irregularidades subsanables; ello sólo sería factible de operar, cuando dichas irregularidades se refirieran a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, ya que éstas suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción y, en caso contrario, de admitir que en el concepto de formalidades esenciales del procedimiento, se deba considerar el requerimiento de firmar una demanda, tal circunstancia equivaldría a que no se respete el equilibrio en el proceso, desequilibrándolo en favor del actor, inclusive antes de establecerse la relación jurídico procesal con la autoridad demandada.
"El anterior criterio se encuentra orientado en función de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada clave 1a. XLIV/2005, en la cual interpretó el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, de texto similar al contenido en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, dicho criterio se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, página 172, cuyos rubro y texto dicen:
"‘PROMOCIONES CARENTES DE FIRMA. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El dispositivo legal referido no viola las garantías de audiencia, defensa y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que si bien prevé como consecuencia el tener por no presentada una promoción carente de firma, no por ello se priva al afectado de mecanismos de defensa, ya que el artículo 242 del propio Código Fiscal de la Federación establece la procedencia del recurso de reclamación para revertir la decisión del instructor en ese sentido, por lo que es claro que se satisfacen las mencionadas garantías constitucionales. Ello sin necesidad de que la satisfacción de éstas sea previa, mediante una prevención o requerimiento, pues el hecho de que en el artículo 14 constitucional se establezca que ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no significa que antes de tomar cualquier determinación judicial que afecte al justiciable deba necesariamente escuchársele, sino más bien que debe ser oído y vencido en juicio antes de que se dé en su contra cualquier acto de privación. Por otra parte, si bien es cierto que dentro de las formalidades esenciales del procedimiento podrían considerarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción cuando contenga irregularidades subsanables, ello sólo operaría cuando éstas se refieran a datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, las cuales suponen una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción. Admitir que en el concepto de formalidades esenciales del procedimiento cabe el requerimiento de firmar una demanda, equivaldría a desequilibrar el proceso a favor del actor, aun antes de entablarse la relación jurídica procesal con el demandado.’
"Así las cosas, si en el caso concreto, tal y como se advierte de la demanda del juicio fiscal en la foja 8, solamente se imprimió la huella digital, patente resulta que no se cumplió con el imperativo establecido en el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo precedentemente transcrito, que precisa que toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin ese requisito se tendrá por no presentada; excepción hecha de que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego, requisito este último que no se cumplió ..."
II. El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió el amparo directo 169/2008, fallado el treinta de abril de dos mil ocho, en el sentido siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer Jesús Ramírez Carrillo, son esencialmente fundados, en la medida que a continuación se expresa.
"Previamente, cabe precisar que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma.
"Ahora bien, el primer párrafo del artículo 4o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que:
"‘Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.’
"De la interpretación de la reproducida norma legal, se advierte que el propósito del legislador al establecer que la persona que no sabe o no puede firmar debe imprimir su huella digital, firmando otra persona a su ruego, lo es el que con ello denote y evidencie, de manera precisa y concreta, su voluntad de ejercer un derecho.
"Se afirma lo anterior, porque la persona que firma a ruego de otra no actúa a nombre ni en representación de la obligada, al no desprenderse de los términos en que se encuentra redactado el aludido precepto legal, por lo que al no advertirse de esa redacción que la firma a ruego de otra, actúa a su nombre y representación, la única interpretación posible, es que la firma estampada a ruego de otra, lo es la de sólo confirmar la manifestación de la voluntad de aquélla.
"En el caso que nos ocupa, Jesús Ramírez Carrillo demandó la nulidad de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil siete, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Durango, a través de la cual se le impuso una multa en cantidad de $4,867.00 (cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100, moneda nacional), y al calce de la última hoja del libelo respectivo, en la parte en que aparece su nombre, en lugar de plasmar la firma respectiva, imprimió una huella digital (foja 8).
"En auto de veintitrés de noviembre de dos mil siete, la Magistrada instructora de los autos, adscrita a la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió a trámite la demanda respectiva y, entre otras cosas, ordenó emplazar a la demandada para que produjera su contestación (foja 18).
"El veintidós de enero de dos mil ocho, sin que aún hubiera concluido el plazo para que la demandada produjera su contestación, la Magistrada instructora emitió un proveído en el que señaló lo siguiente:
"‘Torreón, Coahuila, a 22 de enero del 2008. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, y advirtiéndose que sobreviene en la especia la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 9o., primer párrafo, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; se ordena sin más trámite se elabore el proyecto de sentencia respectivo, en los términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 49 de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo. Notifíquese personalmente ...’ (foja 24).
"Es así que, con fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, la Sala Regional dictó sentencia, en la que resolvió sobreseer en el juicio, por considerar en lo medular, que como Jesús Ramírez Carrillo sólo imprimió su huella digital, pero sin que una persona hubiera firmado a su ruego, ello, originaba ‘... que la demanda de nulidad carezca del requisito de la «firma» a que se refiere el artículo 4o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que por tanto deba sobreseerse el juicio de nulidad en que se actúa, al configurarse en la especie la causal de improcedencia prevista por la fracción XVI de ese mismo ordenamiento legal.’
"Precisado lo anterior, como se dijo al inicio del presente considerando, los argumentos que se expresan son esencialmente fundados, pues tiene razón el quejoso cuando refiere que la omisión en que incurrió, era susceptible de repararse a través de la figura de la ‘prevención’; y que la huella digital que aparece al calce de la demanda, establece su voluntad de combatir el acto de autoridad, por lo que el actuar de la autoridad lo dejó en estado de indefensión.
"En efecto, lo fundado de los referidos conceptos de violación, radica en que, si bien es cierto que la firma que se estampa en forma personal por el promovente de un escrito, constituye un signo inequívoco que plasma la manifestación de voluntad de su autor, en comprometerse con su contenido; también lo es, que la impresión de la huella dactilar en el escrito de demanda que se presentó ante la Sala Regional, por quien no sabe firmar, constituye el interés de éste para hacer valer la acción de nulidad; pues la redacción del artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no puede dar lugar a presumir que, quien firma a ruego de una persona, actúa en su nombre y representación, al ser precisa y clara, en que solo la falta de firma, puede dar lugar a tener por no presentada una promoción, ya que en caso de que el ocursante no sepa o no pueda firmar, imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego, sin que mencione que la falta de esta firma, deba dar lugar a no tener por presentado el escrito, y dar otra interpretación contraria, sería ir contra la literalidad de la ley; de ahí que en este caso en particular, no se puede sancionar la ausencia de la firma a ruego de quien plasma su huella, como si no existiera ninguna manifestación de voluntad para iniciar el ejercicio de una acción.
"En esas condiciones, es de estimarse que la irregularidad en la que se incurrió, constituye una cuestión que sí era susceptible de repararse, pues si los Magistrados a cuyo cargo está la instrucción del procedimiento, están facultados para examinar las demandas y hacer prevenciones o requerimientos para que se llenen los requisitos omitidos, según se estatuye en el penúltimo párrafo de los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entonces, debe entenderse que también se encuentran facultados para requerir a quien se dice demandante, que ratifique el escrito relativo, cuando existe duda en cuanto a la persona que estampó la huella digital, o bien, que designe a una persona para que firme a su ruego, apercibiéndolo de tener por no interpuesto dicho escrito, si no cumple el requerimiento respectivo, ya que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma, y cuando no sabe firmar alguna de ellas, a través de la impresión de la huella digital o la firma de otras personas a su ruego, lo que constituye un elemental principio de seguridad jurídica, pues sólo así puede originarse la certeza de un correcto trámite para admitir la demanda y, una vez seguido el juicio por sus legales trámites, poner el asunto en estado de resolución.
"Por las razones apuntadas, es que la Sala responsable, no estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de nulidad, pues al advertir que el escrito que calza la demanda ostenta una huella digital al parecer del promovente, por estar impresa arriba de su nombre, sin que el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establezca que la falta de firma de otra persona a su ruego, dé lugar a no tenerlo por no presentado, entonces, debió considerar que sí existe un interés de accionar el juicio de nulidad y, por ende, con apoyo en lo establecido por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es que resultaba procedente ordenar a la Magistrada instructora de los autos, que regularizara el procedimiento a efecto de que procediera en los términos indicados en el párrafo que precede, esto es, para que subsanara la omisión en que incurrió al proveer sobre la admisión de la demanda de nulidad y, por ende, previniera al ocursante para que ratifique ante su presencia el escrito de mérito o bien, designe a una persona para que firme a su ruego, apercibiéndolo de tener por no presentada dicha demanda, si no cumple el requerimiento respectivo; lo que no hizo así, infringiendo en perjuicio del ahora quejoso, el artículo 14 constitucional.
"Sirve de apoyo a lo considerado, en lo conducente y sustancial, la tesis aislada número I.3o.C.64 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, página 343, bajo el tenor literal siguiente:
"‘PREVENCIÓN EN LA REVISIÓN. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO TIENE FACULTADES PARA ORDENAR LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE CONSTA SÓLO LA HUELLA DIGITAL DEL RECURRENTE.’ (no se transcribe por innecesaria) ..."
CUARTO. En el caso existe la contradicción de tesis denunciada, pues se cumple con los requisitos que exige la jurisprudencia 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Lo anterior es así, pues de los asuntos materia de la contradicción se desprende el examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales y la adopción de criterios discrepantes, provenientes del análisis de los mismos elementos.
En efecto, las ejecutorias reproducidas ponen de manifiesto que ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en torno del artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y específicamente, respecto del supuesto del primer párrafo, donde se establece lo siguiente:
"Artículo 4o. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego ..."
Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo, en lo medular, que no se vulneraron en el caso las garantías de audiencia y debido proceso (defensa y formalidades esenciales del procedimiento) por la falta de firma a ruego, ya que:
i) El actor del juicio puede hacer valer su defensa mediante el juicio de garantías;
ii) Dentro de las formalidades esenciales del procedimiento sólo pueden considerarse los requerimientos previos a desechar o tener por no interpuesta una promoción o cuando existan irregularidades subsanables, como serían los datos de identificación, fechas, domicilios, etcétera, por suponer una voluntad previa y legítima de ejercer el derecho de acción; pero dentro de tal concepto no puede admitirse el requerimiento de firmar una demanda, porque ello equivaldría a no respetar el equilibrio procesal (se invocó la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro "PROMOCIONES CARENTES DE FIRMA. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).";
iii) En el caso sólo se imprimió la huella digital, pero no la firma a ruego, por lo que no se cumplió con el imperativo del artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito opinó diferente, pues estimó que el primer párrafo del artículo 4o. de la ley mencionada, cuando exige la firma a ruego, tiene la intención únicamente de confirmar la manifestación de voluntad de quien imprime su huella digital por no saber o no poder firmar, al no actuar aquélla a su nombre ni representación; entonces:
i) La omisión de no haberse firmado a ruego era susceptible de repararse mediante la prevención, pues la huella digital que aparece al calce de la demanda establece la voluntad de combatir el acto de autoridad;
ii) La firma constituye un signo inequívoco del autor, pero la huella dactilar constituye el interés de quien no sabe firmar para hacer valer la acción de nulidad, ya que la redacción del artículo 4o. no permite presumir que quien firma a ruego de una persona actúa en su nombre o representación, sin que se mencione que la falta de firma deba dar lugar a no tener por presentado el escrito;
iii) La irregularidad es una cuestión susceptible de repararse mediante la ratificación del demandante cuando existe duda que estampó la huella digital, o bien requiriéndolo para designar a una persona para que firme a su ruego, apercibiéndolo de tener por no interpuesta la promoción si no cumple;
iv) No fue correcto el sobreseimiento en el juicio de nulidad, pues la huella digital revela que existe un interés de accionar.
Los elementos expuestos ponen de relieve la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, pues uno sostuvo lo que otro negó, en relación con el mismo punto jurídico.
Efectivamente, por lo que hace a la falta de firma a ruego de quien estampa su huella digital en la promoción respectiva, un tribunal señaló que la parte actora del juicio puede defenderse mediante el juicio de garantías, además de que tal omisión no es una formalidad esencial del procedimiento que deba repararse con la prevención, condición en la cual fue correcto el sobreseimiento en el juicio, decretado en términos de los artículos 8o., párrafo primero, fracción XVI y párrafo final; y 9o., párrafo primero, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; a diferencia del otro, que estimó reparable la omisión de la firma a ruego a través de la prevención que se realice por el Magistrado instructor para que el actor ratifique la demanda o designe a una persona para que firme a su ruego, de ahí que no fue correcto el sobreseimiento del juicio de nulidad.
Así las cosas, queda claro que la materia de la contradicción radica en determinar cuáles son las consecuencias de la falta de firma a ruego, no obstante que en la demanda de nulidad aparezca la huella digital del promovente, según lo previene el artículo 4o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
QUINTO.-Debe prevalecer la jurisprudencia de esta Segunda Sala, como se explica a continuación.
En principio es importante establecer que la materia de la contradicción de tesis deriva de la interpretación que se haga del artículo 4o., primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de establecer los alcances de la firma a ruego cuando la demanda de nulidad sólo contiene la huella digital de la parte actora. Dicho tema está relacionado con otros, como son, si la omisión de la firma a ruego constituye una formalidad esencial del procedimiento y si es reparable a través de la prevención del Magistrado instructor.
Aun cuando ya se hizo anteriormente, conviene otra vez reproducir la norma en cuestión, que señala expresamente:
"Artículo 4o. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego ..."
De la letra de la disposición deriva, en primer término, la exigencia de firma de toda promoción por quien la formule, así como la sanción respectiva, que será tenerla por no presentada. En este aspecto, el legislador nada dispuso para corregir la omisión de firma; luego, si no se cubre este requisito, la promoción o demanda se tendrá por no presentada.
Ahora bien, el requisito indispensable de firma de quien formula la promoción o demanda tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y, otra, cuando no puede firmar. El efecto, en ambos supuestos, es el mismo, es decir, la falta de firma. El legislador, empero, estableció un camino para solventar tal situación, que se concreta en dos aspectos: la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona.
A propósito de la cuestión jurídica a dilucidar, es pertinente ahora hacer algunas reflexiones en torno de la firma, de la impresión digital y de la firma a ruego.
I. La firma: funciones que cumple.(1)
La firma cumple dos funciones diferenciables:
a) Individualización.
La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra persona. Es afirmación de individualidad,(2) significando que ha sido la persona firmante y no otra quien ha suscrito el documento.
b) Expresión de voluntad.
La segunda función que cumple la firma es la de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad,(3) esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento.
Es de concluirse que al suscribir el documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también que esa persona quiere efectuar una declaración de voluntad.
Son ilustrativas las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen en sus datos de publicación, rubros y textos, lo siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"13, Quinta Parte
"Tesis:
"Página: 21
"Genealogía: Informe 1970, Segunda Parte, Cuarta Sala, página 30.
"FIRMA, PROMOCIONES SIN.-Es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquiera promoción judicial, la firma de quien hace la promoción, ya que la firma sirve para dar autenticidad a la propia promoción y para determinar, en su caso, los derechos y obligaciones que adquiera el signante a virtud del contenido del escrito respectivo."
"Séptima Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"80, Segunda Parte
"Tesis:
"Página: 29
"FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE.-Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata."
II. La impresión digital.
Cabe la siguiente pregunta: ¿puede la impresión digital cumplir la doble función que se asigna a la firma? Veamos:
a) Función individualizadora.
En este aspecto, quizás pueda sostenerse que las impresiones digitales son más idóneas para individualizar al sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas permiten afirmar que no hay dos personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra pueden ser imitados y en algunos casos podrá resultar difícil al perito decidir sobre la autenticidad de una firma.
En el estado actual de la técnica, parecier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21524-f9022bdc/firma-a-ruego-su-omision-en-terminos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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