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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. LOS TITULARES DE LAS SUBDELEGACIONES TIENEN ATRIBUCIONES PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES, LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 469/2009. · Registro digital (IUS): 21889
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 1386.

AMPARO DIRECTO 469/2009. **********

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son infundados los conceptos de violación.

De las constancias se desprende que el quejoso demandó del ********** el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada a partir del doce de febrero de dos mil siete, asignaciones familiares, atención médica y clínica.

Como hechos narró en esencia, estar asegurado ante el instituto demandado con el número de afiliación ********** adscrito a la ********** que cotizó más de 500 (quinientas) semanas en el régimen de seguridad social obligatorio, que reúne los requisitos del artículo 145 de la Ley del Seguro Social derogada, que se encuentra privado de un trabajo remunerado y vigente dentro del periodo de conservación de derechos; que acudió en forma administrativa ante su clínica a solicitar la pensión que reclama, la cual se le negó; que reúne los requisitos exigibles por la legislación para el otorgamiento de la pensión que reclama; que nació el ********** lo cual acredita con la copia certificada del acta de nacimiento; que la última categoría desempeñada fue la de mecánico "B", con último salario diario percibido de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), que actualmente causó baja en su trabajo habitual y del régimen de seguridad social obligatorio con motivo de su edad, encontrándose privado de un trabajo; que le es imposible desempeñar cualquier actividad que pueda ser susceptible de contratación y que para la cuantía del importe mensual de la pensión debía aplicarse lo establecido en el artículo 167 de la ley antes mencionada.

El instituto demandado al producir su contestación, la cual obra visible a fojas 17 a 21 de autos, en lo que interesa manifestó, que el actor carecía de acción y derecho para demandarle el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada porque no reúne los requisitos de los artículos 150 y 154 de la Ley del Seguro Social vigente, ni de los diversos numerales 145 y 182 de su similar derogada, toda vez que no cuenta con el mínimo de semanas requeridas para el otorgamiento de la pensión reclamada, ya que se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, pues los conservó hasta el **********, que no demuestra tener sesenta años o más de edad ni haber quedado privado de trabajos remunerados; que aun cuando en un tiempo contó con 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas cotizadas en el régimen de seguridad social obligatorio reconocidas al treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, fecha de su última baja y que conservó derechos a la fecha antes mencionada, que dichas semanas las cotizó con el patrón ********** con número de registro patronal ********** y cotizó una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con el número de registro patronal ********** las cuales no son susceptibles de ser tomadas en cuenta pues se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, también controvirtió la categoría y el salario señalado porque su última cotización fue una continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con un salario de $8.73 (ocho pesos 73/100 moneda nacional); de ahí que, sostuvo, era improcedente el pago de mensualidades, así como de atención médica y clínica y las asignaciones familiares.

Seguido el juicio por sus demás trámites legales, la Junta el ********** emitió el laudo respectivo, en donde absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas.

En primer término, es infundado lo aducido por el quejoso en cuanto a que la autoridad responsable viola las garantías de legalidad y certeza jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos 840, 841, 842 y 847 de la Ley Federal del Trabajo y contrato colectivo de trabajo, porque la responsable no realizó un estudio a conciencia de la litis planteada, ni las pruebas ofrecidas por las partes y, en el procedimiento no se cumplieron con las formalidades esenciales.

Los anteriores argumentos devienen infundados, pues en primer término, el quejoso no señala qué formalidades esenciales del procedimiento se incumplieron, además de que del análisis del expediente laboral de origen no se advierte ninguna anomalía en el desahogo del juicio, ni transgresión a los artículos 840, 841, 842 y 847 de la Ley Federal del Trabajo, y mucho menos la parte del contrato colectivo de trabajo que aduce se violentó.

Por otra parte, debe precisarse que la Junta responsable sí estudió en forma precisa los escritos de demanda y contestación, así como las pruebas ofrecidas por las partes.

En ese sentido, la parte actora en su escrito de demanda, reclamó:

"... A. Otorgamiento y pago en favor de mi representado de la pensión de cesantía en edad avanzada que le corresponde juntamente con las asignaciones familiares, atención médica y clínica y en consecuencia el pago de las mensualidades correspondientes a partir del día siguiente a la fecha en que cumplió 60 años de edad es decir a partir del día 12 de febrero de 2007 y para lo sucesivo, en virtud de reunir los requisitos del artículo 145 de la Ley del Seguro Social anterior a la reforma de la cual se solicita su aplicación en términos del artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal." (foja 1).

Por su parte, el instituto demandado al contestar la demanda se excepcionó en la siguiente forma:

"... A. Es improcedente y el actor carece de acción y de derecho para reclamar de mi representado el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada así como asignaciones familiares, atención médica y clínica, pago de mensualidades que según dice le corresponden a partir de la fecha que sin fundamento alguno señala y, supuestamente para lo sucesivo, según dice por reunir los requisitos del artículo 145 de la Ley del Seguro Social anterior a la reforma. Dicha improcedencia se da en virtud de que el actor no reúne los requisitos establecidos en los artículos 150 y 154 de la Ley del Seguro Social vigente, ni los de los artículos 145 y 182 de su similar derogada de 1973, lo anterior en virtud de que no cuenta con el mínimo de semanas requeridas para el otorgamiento de la pensión que reclama ya que se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, mismos que conservó hasta el día 2 de agosto de 2002, asimismo, no demuestra tener sesenta años o más de edad y no demuestra haber quedado privado de trabajos remunerados, por lo que no reúne los requisitos de los artículos 150 y 154 de la vigente Ley del Seguro Social ni de los artículos 145 y 182 se (sic) de su similar derogada de 1973, mismos que establecen lo siguiente: ...

"Es evidente que el actor no cumple con lo establecido en los preceptos legales antes transcritos, ya que no demuestra tener sesenta años o más de edad ni haber quedado privado de trabajo remunerado y no cuenta con el mínimo de semanas necesarias para la procedencia de la pensión que reclama ya que no cuenta con el mínimo de semanas requerido ya que si bien es cierto que en algún tiempo contara con 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas cotizadas en el régimen de seguridad social obligatorio de mi representado reconocidas al día 30 de junio de 1998, fecha de su última baja en dicho régimen y conservando derechos hasta el día 2 de agosto de 2002, esas mismas semanas que cotizara el actor con el patrón ********** con No. de registro patronal ********** y cotizando también ante una continuación voluntaria en el régimen obligatorio con No. de registro ********** no son susceptibles de ser tomadas en cuenta ya que se encuentra en exceso fuera del periodo de conservación de derechos por lo que evidentemente no tiene derecho a las prestaciones que reclama, por lo que se le arroja la carga de la prueba a fin de que acredite sus afirmaciones. Asimismo, es importante destacar que el actor en el año de ********** únicamente fue preafiliado ante el instituto demandado no cotizando semana alguna ..." (fojas 17 y 18).

La Junta responsable, al emitir el laudo reclamado, fijó la litis en los siguientes términos:

"... II. La litis en el presente juicio consiste en establecer si el actor ********** tiene derecho o no a que se le otorgue y pague la pensión de cesantía en edad avanzada y demás prestaciones accesorias a la misma reclamadas en su demanda ..." (foja 37).

En ese mismo sentido, respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, sostuvo:

"... para tal efecto el instituto demandado ofreció, entre otros, la certificación de derechos (foja 25 de autos) de fecha 30 de octubre de 2008, signada por el C.P. ********** titular de la Subdelegación No. 02 Noreste, el cual contiene el número de afiliación, número de registros patronales, nombre de patrones, fecha de altas, salarios, fechas de baja, y de cuyo contenido se desprende que, como se excepcionó el instituto demandado el actor cuenta con un total de 853 semanas, siendo su última fecha de cotización el 30 de junio de 1998, por lo que, como se excepcionó el instituto demandado el actor conservó derechos por una cuarta parte del tiempo de sus cotizaciones, misma que corresponde a 213.25 semanas equivalentes a 4 años y 5.25 semanas, luego entonces, si el actor causó baja el 30 de junio de 1998, conservó derechos hasta el 2 de agosto de 2002, lo anterior en términos del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, aplicable al presente caso; con lo anterior se tiene al instituto demandado por cumpliendo con la carga probatoria impuesta y en cuanto a las objeciones vertidas por la parte actora en contra del documento que se estudia, cabe señalar que en el criterio emitido en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.", de cuyo contenido se desprende que el documento exhibido por la demandada consistente en la certificación de derechos, es el idóneo para acreditar los extremos pretendidos, salvo que sea desvirtuado por prueba en contrario que ofrezca la contraparte, sin que la parte actora desvirtúe las anteriores consideraciones con sus elementos de prueba, pues por lo que se refiere a las actuaciones, presunciones y confesional expresa, no obra en autos ninguna actuación, confesión o manifestación del instituto demandado que genere alguna presunción favorable al actor; el acta de nacimiento exhibida por el accionante sirve para justificar diverso extremo como lo es que el actor cumple con la edad requerida para la pensión demandada; por lo que se tiene al instituto demandado por justificando la carga probatoria impuesta." (fojas 37 y 38).

De lo antes transcrito, se advierte que la Junta señalada como responsable al emitir la resolución que ahora se combate, estudió en forma debida la demanda y la contestación, puesto que fijó en forma correcta la litis, centrándola en determinar si el actor tenía derecho o no al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada que reclamó y las prestaciones accesorias, lo cual resulta coherente con lo que demandó, pues esa fue la acción ejercitada y atribuyendo la carga de la prueba al demandado, puesto que éste se defendió señalando que el actor únicamente tenía 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas de cotización en el régimen obligatorio al treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho fecha de su última baja y que por ello se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos y, al efecto, otorgó valor a la hoja de certificación de derechos aportada por el demandado, con la cual tuvo por acreditada la excepción a que se ha hecho referencia y a fin de desvirtuarla estudió los medios de convicción ofrecidos por el actor, determinando que no eran aptos para desvirtuar la referida certificación y estudiando las objeciones del actor en cuanto a dicho instrumento, de lo que se deduce que el tribunal obrero estudió en forma debida la demanda y contestación, lo que se tradujo en una fijación correcta de la litis y la carga probatoria y estudió las pruebas aportadas por las partes para demostrar sus pretensiones, de ahí que resulte infundado lo aseverado por la parte quejosa, por lo cual devienen inaplicables las tesis de rubros: "PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." y "LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. DEBEN ANALIZAR TODAS LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES EN JUICIO.", citadas por el quejoso en la parte final de su demanda de amparo.

De igual manera, es infundado el argumento vertido por el quejoso en cuanto aduce que el laudo es carente de motivación y fundamentación, pues no se aplican los razonamientos lógico-jurídicos necesarios.

En efecto, es infundado lo aseverado por el agraviado, porque la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada, lo cual se ha definido jurisprudencialmente, como la cita del precepto legal aplicable al caso que se analiza, en cuanto a lo primero y por motivación, las razones, causas o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, puesto que del análisis del laudo reclamado se advierte que la Junta responsable sí cumplió con la obligación constitucional, puesto que citó como fundamento de su resolución los artículos 527, 604, 784, 840 al 844, 885, 886 y 888 de la Ley Federal del Trabajo, así como el diverso 182 de la Ley del Seguro Social aplicable, y expresando como motivos de su determinación, los siguientes:

• Que la litis consistía en determinar si el actor ********** tenía derecho o no a que se le otorgue y pague una pensión de cesantía en edad avanzada y demás prestaciones accesorias reclamadas.

• Que era procedente aplicar la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres), porque así lo solicitó el accionante.

• Que consideró procedente la excepción hecha valer por el instituto demandado en cuanto a que el demandante únicamente había cotizado 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas al treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, fecha de su última baja y que se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, pues concluyó el dos de agosto de dos mil dos.

• Que la excepción del demandado quedó acreditada con la hoja de certificación de derechos de treinta de octubre de dos mil ocho, signada por ********** titular de la Subdelegación Número 02 Noreste, pues de ésta se desprendía que contaba con 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas, que su última fecha de cotización fue el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, por lo que conservó derechos por una cuarta parte del tiempo de sus cotizaciones que corresponden a 213.25 semanas equivalentes a cuatro años y 5.25 semanas, por lo que si causó baja en la fecha indicada conservó derechos hasta el dos de agosto de 2002.

• Que desestimó las objeciones de la parte actora en contra de la hoja de certificación de derechos, porque es un documento idóneo para acreditar los extremos pretendidos, salvo que fuera desvirtuado por prueba en contrario de la contraparte, atento al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS."

• Que la parte actora no desvirtúa sus consideraciones con sus elementos de prueba, pues en cuanto a las actuaciones, presunciones y confesional expresa, no se desprendía ninguna actuación, confesión o manifestación del demandado que le genere presunción favorable al actor, que el acta de nacimiento sirve para justificar un diverso hecho, como lo era que cumplía con la edad requerida para la pensión demandada.

Así, basta la simple lectura de la resolución reclamada para advertir que la Junta responsable, al emitirla, lo hizo expresando los numerales en que apoyó su determinación, así como las razones, motivos y circunstancias especiales que la condujeron a concluir que en el caso particular, el instituto demandado había demostrado la excepción que opuso, tocante a que el demandante no cumplía con los requisitos para el otorgamiento de la pensión demandada, al demostrarse que ya no se encontraba dentro del periodo de conservación de derechos, por lo que no se encuadraba en los supuestos previstos en los preceptos legales que invocó, los que constituyen el fundamento de la resolución, de ahí que la determinación cumpla con la obligación constitucional de fundar y motivar que impone el artículo 16 constitucional.

Es así, porque la garantía de fundamentación y motivación se cumple, tratándose de resoluciones judiciales, mediante la presuposición de un debido proceso legal en el que se plantea la litis entre las partes, en tanto que la parte actora establece sus pretensiones sustentándolas en un derecho, y su contrario se opone mediante defensas o excepciones, de manera que, en el estudio de los puntos de la litis prevalecen los propios fundamentos de derecho y no es requerible que en cada razonamiento que emita la autoridad responsable, invoque los preceptos legales en que se sustentan sus determinaciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 338, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, del Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos texto y rubro literalmente señalan:

"MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal."

De igual forma, este Tribunal Colegiado comparte la jurisprudencia número VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página setecientos sesenta y nueve, del Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que señala:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

Por otra parte, es igualmente infundado lo aseverado por el promovente en cuanto a que la excepción del instituto demandado no fue clara y precisa, porque en su escrito de contestación no se establecieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, al no señalarse en forma específica los periodos laborados por el actor para así poder determinar el número de semanas cotizadas.

El argumento es infundado porque la excepción opuesta por el demandado es clara y precisa, en tanto que señaló el tiempo cubierto de cotizaciones semanales, la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio y, la fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de pensión, elementos que conforme a la jurisprudencia número 2a./J. 4/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan necesarios para tener como legalmente opuesta la excepción de falta de conservación de derechos.

Respecto al tópico en estudio, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 160/2005-SS, entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, sostuvo en la ejecutoria, lo siguiente:

"... Ahora bien, las excepciones que la parte demandada oponga al formular contestación de demanda, tienen por objeto nulificar el derecho en que se sustentan las pretensiones del actor, es decir, es una figura jurídico procesal cuya finalidad es combatir el derecho de la accionante; por tanto, las excepciones deben oponerse en forma clara y concreta, relacionada directamente con la ineficacia de la acción intentada, de tal suerte que al hacerse valer, habrán de expresarse los elementos necesarios que permitan al órgano jurisdiccional realizar un adecuado análisis sobre el derecho público objetivo de las partes.

"Si bien ha de precisarse que el derecho del trabajo está caracterizado por su sencillez, que destierra la solemnidad y la rigidez en el procedimiento, ello no implica que éste deba desarrollarse en forma superficial, ya que como en todo proceso, las partes deben aportar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje los elementos en que funden su acción o su excepción, de manera que el órgano de jurisdicción tenga una idea clara y completa de los hechos que deban servir de sustento para la aplicación de las normas aplicables a cada caso concreto.

"En el caso que nos ocupa, los criterios contradictorios se sustentaron en relación con los elementos que debe contener la excepción de falta de conservación de derechos, la cual se opuso con la finalidad de hacer patente la preclusión del derecho de la actora a demandar el otorgamiento y pago de una pensión, derecho de previsión social éste, contemplado en la Ley del Seguro Social.

"Al respecto, en cuanto a la conservación del derecho a obtener el pago de una pensión, el artículo 182 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el cual fue materia de análisis en los laudos que dieron origen a criterios divergentes, establecía:

"‘Artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja.

"‘Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.

"‘Las disposiciones anteriores no son aplicables a las ayudas para gastos de matrimonio y de funeral, incluidas en este capítulo.’

"Conforme a la disposición legal reproducida, la conservación del derecho para obtener el pago de una pensión, se hacía depender esencialmente del tiempo de cotizaciones semanales cubiertas por el asegurado, ya que en atención a éste, se computa el periodo durante el cual conserva ese derecho, cuya duración es igual a la cuarta parte del tiempo que se haya cotizado, contándose a partir de la fecha de baja, y el cual no podrá ser menor de doce meses.

"En atención a lo anterior, la excepción que oponga el Instituto Mexicano del Seguro Social al formular contestación de demanda en un juicio laboral, tendente a destruir la acción de la parte actora hecha valer para la obtención y pago de una pensión, debe hacerse en forma específica, la de falta de conservación de derechos del asegurado para acceder a tal beneficio; y al efecto, al oponerse dicha excepción, es menester precisar todos los elementos necesarios para que, por una parte, la parte actora esté en posibilidad de combatir esos cuestionamientos y, por otra, que la Junta esté en aptitud de realizar el cómputo respectivo y dar la razón a quien legalmente la tiene, lo cual se encuentra acorde con los principios de congruencia y exhaustividad que deben contener los laudos, en términos de los artículos 840, 841, 842 y 878 de la Ley Federal del Trabajo antes transcritos.

"Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social al oponer la excepción de falta de conservación de derechos, deberá precisar: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio; y, c) la fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de pensión ..."

De lo antes reproducido, se puede inferir que al oponerse la excepción de falta de conservación de derechos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ésta debe incluir como elementos que la sustentan: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio; y, c) la fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de pensión, elementos que en contradictoria que se estudia se encuentran satisfechos, puesto que del escrito de contestación de la demanda, se desprende que el organismo demandado, al oponer tal excepción, señaló que el quejoso contaba con 853 (ochocientos cincuenta y tres) semanas de cotización en el régimen de seguridad social obligatorio, que éstas fueron reconocidas al treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, fecha de su última baja y que conservó los derechos hasta el dos de agosto de dos mil dos, elementos con los cuales, conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal, resultan suficientes para tenerla como legalmente opuesta, sin que resultara necesario que la demandada señalara en forma específica los periodos laborados por el actor laboral para así poder determinar el número de semanas cotizadas, pues dicha exigencia no se encuentra contemplada como necesaria conforme al criterio en cuestión.

Sirve de sustento a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 2a./J. 4/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos treinta y dos, del Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente:

"SEGURO SOCIAL. AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN. Conforme al artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, en la contestación de la demanda deberán oponerse las excepciones, y su objetivo será conseguir la ineficacia de la acción intentada por la actora. En ese sentido, la excepción que aduzca el Instituto Mexicano del Seguro Social tendente a destruir la acción de la actora hecha valer para la obtención y pago de una pensión, debe ser específicamente la de falta de conservación de derechos del asegurado para acceder a tal beneficio, lo que conlleva que al oponerla deberá precisar todos los elementos necesarios en que se sustenta, pues en términos del artículo 182 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, la conservación del derecho para obtener el pago de una pensión depende del tiempo de cotizaciones semanales cubiertas por el asegurado, y en atención a éste, se computa el periodo durante el cual conserva ese derecho, cuya duración es igual a la cuarta parte del tiempo que se haya cotizado, contándose a partir de la fecha de baja, y el cual no podrá ser menor de 12 meses. Esto es, el mencionado órgano al oponer la citada excepción deberá precisar: a) el tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) la fecha en que el asegurado causó baja en el régimen de seguro obligatorio; y, c) la fecha en que feneció el derecho del actor para demandar el otorgamiento y pago de la pensión. Lo anterior, independientemente de que el indicado instituto haya rendido la certificación de derechos correspondiente, en la que se precisen los mencionados elementos, ya que para que esta probanza sea debidamente valorada, debe estar referida a los hechos controvertidos en el juicio, atento a los artículos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo."

Aunado a lo anterior, cabe precisar que se estima inaplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro: "CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ABROGADA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE CUANDO SE OPONEN COMO EXCEPCIONES.", puesto que el elemento que el quejoso pretende se exija al demandado en cuanto a señalar en forma específica los periodos laborados por el actor laboral, es un elemento inherente a la excepción de falta de reconocimiento de derechos y no así, a la opuesta en el juicio, relativa a la falta de conservación de ellos.

De igual manera, resultan infundados los argumentos vertidos por el agraviado en cuanto al valor probatorio de la documental aportada por el demandado, consistente en una hoja de certificación de derechos, los que se estudiarán en forma conjunta dada su íntima vinculación y que pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• Que la Junta no debió otorgar valor probatorio pleno a la hoja de certificación de derechos porque quien firmó dicho documento no tiene facultades para este efecto, puesto que se trata de un empleado del demandado, por lo que no se trata de un tercero ajeno a juicio como lo dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por ello existe parcialidad y unilateralidad a su favor.

• Que la persona no tiene facultades para firmar las hojas de certificación de derechos, acorde con lo establecido en la contradicción de tesis 13/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 271, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21889-63778874/seguro-social-los-titulares-de-las-subdelegaciones-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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