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Modo: Corpus Pro

DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENEN FACULTADES PARA DESISTIRSE DEL RECURSO DE QUEJA, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD QUE LOS HABILITA.

Tipo de asunto: QUEJA 75/2009. · Registro digital (IUS): 21917
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 2044.

QUEJA 75/2009. SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En el caso en análisis, resulta innecesario estudiar la interlocutoria combatida por esta vía, así como los agravios hechos valer por la parte recurrente, toda vez que el recurso de queja interpuesto quedó sin materia.

Lo anterior es así, en virtud de que mediante escrito presentado ante este Tribunal Colegiado el veintiuno de septiembre de dos mil nueve **********, en su carácter de delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, del secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato (autoridad a la que se reconoció el carácter de responsable en los autos del juicio de amparo de origen), desistió en forma expresa del recurso de queja que hizo valer contra la interlocutoria dictada el seis de agosto de dos mil nueve por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Celaya, en el incidente de cumplimiento sustituto derivado del juicio de amparo número **********.

En efecto, ante el desistimiento efectuado por el representante de la autoridad recurrente, debe considerarse que no existe agravio susceptible de ser reparado a través de esta resolución y, en consecuencia, debe declararse sin materia dicho medio de impugnación.

Resulta aplicable a lo expuesto, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 67/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 391, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN. DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE. Si en la tramitación del amparo en revisión, que se abre a petición de la parte que se considera agraviada por la sentencia, ésta desiste del recurso intentado en el toca, debe tenérsele por desistida y declarar firme la sentencia recurrida."

De igual forma, cabe invocar el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el cual es compartido por este órgano jurisdiccional federal, en términos de la tesis VI.2o.286 K, visible en la página 288, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice:

"QUEJA SIN MATERIA, POR DESISTIMIENTO DEL RECURRENTE. Si el recurrente desiste de la queja, ante la falta de agravios, debe declararse sin materia el recurso."

Resta precisar que en el caso en análisis, este Tribunal Colegiado considera que el delegado en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo de la autoridad responsable, secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, tiene facultades tanto para promover el recurso de queja, como para desistir en forma expresa de tal medio de impugnación.

En principio, la facultad para promover el recurso en análisis, se desprende de la interpretación del numeral invocado, el cual es del siguiente tenor literal:

"Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

"El presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.

"Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas."

Efectivamente, de la lectura del numeral invocado, se advierte que la intención del legislador fue facultar a las autoridades responsables para acreditar delegados a través de oficio, a efecto de que efectúen promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la Ley de Amparo.

Por otra parte, la facultad del citado delegado para desistirse del citado medio de impugnación, se advierte al vincular el contenido del citado dispositivo legal, con la exposición de motivos del Decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil nueve.

La parte conducente de la citada exposición de motivos, es del siguiente tenor literal:

"... Una de las grandes aportaciones del derecho mexicano ha sido la institución del juicio de amparo que, desde mediados del siglo XIX, se ha configurado como un valuarte en la defensa de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Dicha institución se ha ido adaptando a los cambios del México moderno, al adoptar figuras que no existían al momento de su concepción y al adecuar las existentes a las necesidades actuales.

"Lo anterior, debido a que el desarrollo de la actividad del Estado en el México de mediados del siglo XIX es muy distinta a la de la actualidad, sobre todo si se toma en cuenta la especialización por materias que se ha presentado en el poder público, a efecto de atender de mejor manera las necesidades sociales.

"Esta especialización se ha desplegado con mayor intensidad en el Poder Ejecutivo debido, principalmente, a la necesidad de atender un sinnúmero de materias novedosas, lo que ha provocado la creación de unidades altamente especializadas en la atención y defensa de los asuntos del Estado.

"Adicionalmente, ante las bondades de esta institución, ha aumentado el número de juicios de amparo promovidos por particulares, lo que generó que fuera material y físicamente imposible que el titular del Poder Ejecutivo Federal tuviera conocimiento y atendiera todos los juicios en los que dicho poder fuera parte.

"Evolución Legislativa

"El artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaba en su redacción original que, sin excepción alguna, las autoridades responsables no podían ser representadas en los juicios de amparo; sin embargo, el 20 de enero de 1943 se reformó dicho precepto para disponer que el Ejecutivo Federal sí podía ser representado en los juicios de amparo por los secretarios de Estado o jefes de departamento administrativo que correspondiera, reforma que se justificó ante la imperiosa necesidad de atender el creciente número de juicios, la especialización de los mismos y la imposibilidad para que un solo funcionario los atendiera en su totalidad.

"La evolución continuó y el 29 de diciembre de 1949 se volvió a reformar la Ley de Amparo para incluir en el artículo referido, dentro del catálogo de servidores públicos que podían representar al Ejecutivo Federal, al procurador general de la República ‘cuando el titular del Poder Ejecutivo le otorgue su representación en los casos relativos a la dependencia a su cargo’.

"Posteriormente, el 30 de abril de 1968 se reformó nuevamente el citado precepto de la Ley de Amparo para establecer que los subsecretarios o equivalentes podrían representar al Ejecutivo Federal, ante las ausencias de los titulares de las secretarías de Estado correspondientes.

"Ocho años después, el 31 de diciembre de 1976, se modificó el sistema de representación del Ejecutivo Federal, al pasar de un sistema directo, en el que los secretarios de Estado o jefes de departamento administrativo lo representaban de conformidad con las competencias a ellos asignados, a un sistema indirecto, en el que el propio Ejecutivo, por conducto del procurador general de la República, designaba al secretario de Estado o jefe del departamento administrativo que lo representaría.

"Lo anterior obedeció al carácter de consejero jurídico del Ejecutivo que asumió la Procuraduría General de la República y como respuesta a la necesidad de que la representación en los diversos juicios estuviera encomendada al secretario de Estado o jefe del departamento administrativo cuyas funciones fueran más acordes con la materia del juicio.

"Sin embargo, en la reforma de seguridad y justicia que se llevó a cabo en diciembre de 1995, el Constituyente Permanente modificó las funciones del procurador general de la República, para atender una añeja preocupación de que las funciones de dicho procurador fueran únicamente las inherentes a su calidad de representante social. En este contexto, se reformó el último párrafo del artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disponer que la función de consejero jurídico del Gobierno Federal, en ese entonces responsabilidad del procurador, estaría a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que la ley dispusiera.

"En ese sentido, se modificó el régimen frecuentemente cuestionado en el que se otorgaban a un mismo funcionario atribuciones que pudieran dar lugar a situaciones de poca objetividad, es decir, por una parte como consejero del Ejecutivo Federal y, por la otra, representante social en los procedimientos penales, juicios de amparo, entre otros.

"Por virtud de la citada reforma constitucional, en mayo de 1996 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la dependencia que tendría a su cargo la función de otorgar apoyo técnico jurídico al titular del Ejecutivo Federal, así como de representarlo en todos los juicios en que éste interviniera, con cualquier carácter.

"Representación de las autoridades en los juicios de amparo.

"No obstante lo anterior, el régimen de representación presidencial previsto en la Ley de Amparo no se ha modificado por más de 10 años y sigue funcionando en los mismos términos que antes de las reformas citadas. En este contexto, al día de hoy, la representación presidencial en los juicios de amparo se realiza en los términos que determine el Ejecutivo Federal por conducto del procurador general de la República, como si éste fuera el consejero jurídico; situación que, se estima, debe corregirse, sobre todo si tomamos en cuenta la evolución que ha tenido la Procuraduría General de la República en los últimos años, como una institución que ejerce sus funciones de manera independiente del Ejecutivo Federal.

"Por otra parte, se considera importante evolucionar en lo concerniente a la representación de cualquier autoridad responsable, ya sea federal, estatal o municipal, en virtud de la necesidad de especialización de las unidades encargadas de la defensa del gobierno en los juicios de amparo.

"En ese sentido, es importante aclarar que la institución de la representación no implica que el funcionario al que se representa deje de ser responsable por los actos de su representante, sino que sólo implica una distribución de funciones derivada, justamente, de dicha necesidad de especialización.

"Concatenando lo expuesto, se propone a esa soberanía reformar los artículos 19, 27, 28 y 33 de la Ley de Amparo, a efecto de adecuar su contenido normativo a la realidad que impera en nuestros días y, sobre todo, a las necesidades de la administración pública de conformidad con su nivel de especialización.

"De acuerdo con lo señalado, se propone que en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Amparo se establezca el principio de que toda autoridad responsable podrá ser representada en los términos de las disposiciones aplicables. De esta manera, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación.

"Asimismo, se propone que el segundo párrafo del precepto en comento señale que el titular del Ejecutivo Federal será representado por la Procuraduría General de la República, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o por la secretaría de Estado que aquél determine, mediante los acuerdos generales que para tal efecto sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.

"Lo anterior, en virtud de que incluso dentro de las propias secretarías de Estado, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República, existen unidades altamente especializadas en la defensa del Ejecutivo Federal en los juicios de amparo en los que éste es parte, con lo que se pretende una defensa directa y pronta de esos juicios, así como aprovechar los conocimientos adquiridos por los servidores públicos.

"Es importante destacar que en la reforma que se propone se señala que será la secretaría de Estado, la Consejería Jurídica o la Procuraduría General de la República la que representará al Ejecutivo Federal, con lo cual se eliminaría la circunstancia de que la representación debe recaer en el titular de dichas áreas y se acoge un nuevo esquema de representación más adecuado a la realidad.

"Por ello, se propone que sea la dependencia o institución la que represente al Ejecutivo Federal a efecto de que en el reglamento interior correspondiente se determine qué unidad administrativa dependiente de cada secretaría de Estado, de la Consejería Jurídica o de la Procuraduría General de la República llevará a cabo dicha representación en el juicio de amparo.

"Con la finalidad de prevenir cualquier problemática que se suscite respecto del esquema de representación que se plantea, se propone especificar que los citados acuerdos generales deberán establecer el mecanismo para decidir la autoridad que tendrá la representación en caso de duda.

"Asimismo, se propone que en el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo se aclare que las autoridades responsables, así como los titulares de las dependencias que tengan la representación presidencial, podrán ser suplidos por los funcionarios que se determinen en los reglamentos interiores correspondientes.

"Por lo que respecta al último párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo vigente, éste no se incluye en la propuesta de mérito, bajo el criterio de que el procurador general de la República dejó de ser el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al presidente en los juicios de amparo.

"Por último y de conformidad con las anteriores consideraciones, resulta indispensable proponer también la reforma de los artículos 27, 28 y 33 de la Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de modificaciones que se plantean sobre el citado artículo 19. En ese sentido, se propone aclarar que las notificaciones se entenderán con los representantes de las autoridades, de conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no dilatar el procedimiento interno burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea ..."

En efecto, de la transcripción precedente, se advierte que fue voluntad del legislador establecer un mecanismo que permitiera la representación de las autoridades que intervienen como responsables en los juicios de amparo.

Así, se propuso y aprobó que en principio dicha representación se efectuara en términos de "las disposiciones legales aplicables", sin perjuicio de que se facultó a tales autoridades responsables para designar mediante oficio a las personas que estime pertinentes como delegados, con la finalidad de que concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en la Ley de Amparo.

En esa virtud, debe entenderse que tales facultades se precisaron en forma enunciativa y no limitativa, ante la imposibilidad para prever todos los supuestos en los que pudiera ser necesaria la intervención de un delegado de las autoridades responsables ante la dificultad de obligar a la persona que ostenta la titularidad de ese cargo para efectuar por sí mismo o por conducto de las personas que ostenten su representación por disposición legal, la totalidad de los actos que deba efectuar con motivo de la sustanciación y resolución de los juicios de amparo.

Por ende, el dispositivo legal en comento, entre otros, fue modificado, con la finalidad de permitir que las autoridades responsables puedan ser representadas en los juicios de amparo, tanto a través de los funcionarios o empleados facultados legalmente para ello, como por cualquier persona que designe como delegado a través de oficio, sin que ello implique desligar de alguna responsabilidad al representado.

Así, resulta inconcuso que el delegado de la autoridad responsable, representante voluntario de esta última, cuenta con facultades de representación suficientes para desistirse del recurso de queja a nombre de su representado, sin que para ello resulte necesario que tal desistimiento sea ratificado por el titular.

Conforme a lo expuesto, a diferencia del desistimiento formulado por la parte quejosa, a efecto de que las autoridades responsables puedan desistir de los recursos previstos en la Ley de Amparo, basta con que se exprese la voluntad de la autoridad recurrente incluso por conducto de su representante legal para formular tal desistimiento, sin que pueda exigirse que el funcionario público que ostenta el cargo de autoridad responsable deba comparecer a formularlo o a ratificarlo.

Lo anterior es así, pues con independencia de que la representación legal conferida, entre otros, a los delegados por parte de la autoridad responsable, en términos del citado artículo 19 de la Ley de Amparo a diferencia de la prevista para los autorizados de la parte quejosa de conformidad con el diverso 27, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, no se encuentra limitada a que únicamente se efectúen actos necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante.

Al respecto, cabe invocar a contrario sensu, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 2a./J. 188/2007, publicada en la página 211, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"AUTORIZADO ‘EN TÉRMINOS AMPLIOS’ PARA OÍR NOTIFICACIONES. NO TIENE FACULTADES PARA DESISTIR DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS. De la interpretación literal y causal teleológica del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se colige que si bien al autorizado ‘en términos amplios’ para oír notificaciones en el juicio de amparo se le confieren facultades de manera enunciativa y no limitativa, de tal suerte que puede considerársele como un auténtico representante judicial, su actuación dentro del juicio de garantías queda sujeta a la condición de que los actos que realice puedan estimarse necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante. Por otra parte, el desistimiento constituye la renuncia de la parte accionante a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, lo que pone de manifiesto la trascendencia de los efectos que genera; por tal motivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295, estableció como requisito necesario la ratificación del desistimiento de la parte quejosa, con la finalidad de que el juzgador se cerciore de que efectivamente es voluntad del demandante abdicar en su pretensión. En este orden de ideas, se concluye que el autorizado ‘en términos amplios’ de las partes no tiene la facultad para desistir del juicio de amparo y sus recursos, en razón de que su autorización está condicionada a todos aquellos actos necesarios para la defensa de su autorizante, dentro de los cuales no queda comprendida tal figura, porque no se ubica en la línea de la defensa de los derechos de las partes del juicio de garantías, resultando necesario que estas últimas, no sus autorizados ‘en términos amplios’, manifiesten expresamente la decisión de desistir del juicio y sus recursos, no solamente con la suscripción del ocurso correspondiente, sino mediante la celebración del acto procesal de la ratificación de esa expresión de voluntad."

Así, resulta suficiente la manifestación de la voluntad para desistir del recurso efectuada por el delegado de la autoridad responsable, para considerar demostrada le existencia del desinterés del representado de continuar con la prosecución del recurso, en la medida en que atendiendo a los derechos que representa, no resulta indispensable que un funcionario con fe pública haga constar la identidad de la persona que formuló tal desistimiento, ni si éste preserva o no tal propósito, pues a diferencia de lo considerado con relación al desistimiento del juicio de amparo formulado por la parte quejosa, debe presumirse que la autoridad responsable cuenta con la representación y asesoría legal necesaria para entender los efectos y alcances de tal desistimiento y únicamente efectuar esto último en los casos en que así lo estime conveniente.

En vinculación a lo expuesto, cabe invocar interpretada a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.-El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando ‘se tenga por desistido al agraviado en términos de ley’, para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio."

Finalmente, cabe destacar que el desinterés de la autoridad recurrente en la prosecución del recurso se corrobora considerando que mediante escrito presentado el veintisiete de octubre del año en curso, dicho secretario de Obra Pública del Estado de Guanajuato, desistió del recurso de mérito.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se declara sin materia el presente recurso de queja, interpuesto por el secretario de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, contra la interlocutoria dictada el seis de agosto de dos mil nueve por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, en los autos del juicio de amparo indirecto número **********.

Notifíquese. Anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Jesús De Ávila Huerta y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma, 2, fracciones XXI y XXIII, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21917-19d7d083/delegados-de-las-autoridades-responsables-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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