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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DETERMINACIONES PRONUNCIADAS POR EL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD EN EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LOS "JUICIOS" DE APARCERÍA AGRÍCOLA Y GANADERA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 457/2009. · Registro digital (IUS): 21936
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, , Pág. 2247.

AMPARO DIRECTO 457/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los antecedentes del caso son los siguientes:

**********, por medio de apoderado, promovió ante la Presidencia Municipal de San Felipe, Guanajuato, juicio de aparcería agrícola respecto de un predio rústico denominado "San Antonio de las Alazanas" ubicado en el indicado Municipio, en contra de **********, **********, ********** y **********.

El treinta de julio de dos mil ocho, el presidente municipal de San Felipe, Guanajuato, dictó resolución, en la cual tuvo a la parte actora por demostrando los hechos constitutivos de su acción, mientras que respecto de los demandados determinó que no probaron sus excepciones; declaró la rescisión del contrato de aparcería agrícola y condenó a los demandados a la desocupación del predio rústico.

Los demandados interpusieron recurso de revisión ante el gobernador del Estado de Guanajuato, autoridad que el veintidós de enero de dos mil nueve confirmó la resolución del presidente municipal de San Felipe, Guanajuato.

Contra la resolución emitida por el gobernador del Estado, los demandados intentaron demanda contenciosa administrativa, respecto de la cual la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó por auto emitido el dieciocho de marzo de dos mil nueve, que carecía de competencia legal para conocer de la demanda.

Los promoventes de la demanda interpusieron recurso de reclamación que resolvió el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado el diez de junio de este año, mediante el cual confirmó el auto recurrido.

La resolución reclamada se basó en las siguientes consideraciones:

La autoridad responsable, Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar los agravios de la recurrente, sostuvo que ese tribunal carece de competencia para conocer de la resolución dictada por el titular del Ejecutivo Estatal, puesto que ni el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios ni la ley orgánica de ese órgano jurisdiccional ni algún otro ordenamiento, otorgan expresamente atribuciones legales para que ese tribunal se pronuncie sobre la resolución del gobernador del Estado; situación que, afirmó, resulta obligada, atento al principio de legalidad que rige en el sistema jurídico, pues es aplicable la máxima del derecho que se reconoce en el artículo 2o. de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el cual transcribió.

Por lo anterior, estimó que, contrario a lo que sustentó la recurrente, si ninguna norma reconoce a ese órgano la competencia para conocer y resolver respecto de la inconformidad legal en contra de la resolución dictada en revisión dentro del juicio de aparcería, es obligado coincidir con la Sala a quo en cuanto a la falta de atribuciones legales; manifestó que es conocido que la competencia de un ente público no puede ser equiparada, asimilada o adjudicada, ni siquiera por exclusión, sino que forzosamente debe estar otorgada y reconocida por el texto legal, como se advierte del artículo 14 de la Constitución Federal, lo cual vio corroborado con lo dispuesto en el segundo párrafo del diverso numeral 17 de la propia Carta Magna.

Advirtió que el sistema jurídico exige que los atributos competenciales de los juzgadores estén expresamente derivados del texto legal, situación que, sostuvo, en el caso sujeto a su potestad no acontece, por ello consideró apegada a derecho la conclusión de su inferior al declararse incompetente para conocer de la demanda incoada por los recurrentes.

Determinó que no es impedimento para confirmar el acuerdo recurrido, el hecho de que la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera del Estado de Guanajuato no contemple dentro de su articulado la posibilidad de impugnar la resolución pronunciada conforme al artículo 42, por tratarse de una ley de antigüedad mayor al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y a la ley orgánica de ese órgano jurisdiccional pues, afirmó, resulta de explorado derecho que, sin importar el año de que daten los ordenamientos normativos, en cualquier momento sus disposiciones pueden ser modificadas, adicionadas o suprimidas a fin de adecuarlas a la realidad requerida, por lo cual, si a la creación de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la expedición de las abrogadas leyes de justicia administrativa del Estado o de los actuales ordenamientos, Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y ley orgánica mencionados, no se realizó cambio en la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera, concretamente estableciendo ulterior instancia ante el Tribunal de lo Contencioso contra lo resuelto en revisión por el Ejecutivo Estatal, debe entenderse que no fue decisión del Legislador Local prever como medio de impugnación el proceso desarrollado ante el Tribunal de lo Contencioso.

Asimismo, prosiguió el tribunal, la resolución de veintidós de enero de dos mil nueve emitida por el gobernador del Estado en el expediente **********, no cabe dentro de la descripción que se contempla en el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues al no tratarse de un procedimiento emitido en virtud de una función administrativa, sino de una atribución de orden jurisdiccional, no es posible concebirla como una declaración unilateral de voluntad tendiente a crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien, de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales.

En relación con lo anterior, sostuvo la responsable, que el procedimiento previsto en el capítulo tercero de la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera constituye un auténtico juicio, de manera que, tanto el presidente municipal (al resolver en primera instancia) como el gobernador del Estado (al pronunciarse sobre la primer resolución), no están ejerciendo una potestad pública de orden ejecutivo, sino jurisdiccional, por lo que no se actualiza el referido artículo 136.

También precisó que no es posible incoar procedimiento administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso en contra de la resolución del recurso de revisión previsto por el artículo 42 de la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera del Estado, debido a que el juicio de aparcería es un proceso jurisdiccional especial que se tramita y resuelve de conformidad con esa ley específica, creada de manera expresa para ello y en donde no se localiza remisión directa por vía de supletoriedad al proceso administrativo, de manera que si la resolución final dictada en el expediente ********** no cabe dentro de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es de confirmar la declaración de incompetencia emitida por el Magistrado de la Cuarta Sala de ese tribunal, pues si bien ese artículo no es el único que contempla los supuestos competenciales para ese órgano jurisdiccional, destacó, que los demás casos o materias encomendados a la resolución de ese tribunal están expresamente contemplados en la ley, como sucede, por ejemplo, cuando se involucra la responsabilidad patrimonial del Estado o de lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana en cuanto a la declaratoria emitida por la comisión de participación ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de manera que, dijo, si los recurrentes no desvirtuaron la no existencia de un ordenamiento que prevea expresamente atribuciones para ese Tribunal de lo Contencioso respecto del juicio de aparcería, resulta legal la declaración de incompetencia pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala.

En otro orden sostuvo, tampoco asiste razón a los recurrentes en cuanto que el auto combatido los deja en estado de indefensión al no haberse ordenado la remisión al diverso órgano competente, puesto que no existe norma o disposición alguna que obligue a ese tribunal a proceder en tal sentido; que ello deriva al tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, de los que advirtió que únicamente resulta exigible para las autoridades administrativas; advirtió también que la resolución pronunciada por el Ejecutivo Estatal en revisión dentro del juicio de aparcería resulta impugnable mediante el juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y citó la tesis de rubro siguiente: "APARCERÍA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE (LEY DE APARCERÍA AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."

Finalmente, reiteró la autoridad responsable, la competencia material de ese Tribunal de lo Contencioso no sólo se surte atendiendo al carácter administrativo de la autoridad emisora, sino también a la naturaleza de la causa que generó el acto o resolución de que se trate y las cuestiones jurídicas que conforman la materia litigiosa pretendida, de manera que si en el proceso de origen quedó claro que la autoridad que emitió la resolución del expediente ********** es integrante de la función ejecutiva estatal, pero que esa determinación deviene del uso de una atribución de carácter jurisdiccional, entonces no se surte la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con esas consideraciones, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó el acuerdo mediante el cual el Magistrado de la Cuarta Sala declaró carecer de competencia legal.

SEXTO. Se sostiene en los motivos de disenso que, de acuerdo al artículo 2o. de la Constitución del Estado de Guanajuato, el gobernador del Estado es una autoridad administrativa y, que si de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera del Estado tiene competencia jurisdiccional, se aprecia lo incoherente e incongruente de la resolución que constituye el acto reclamado; que de la resolución reclamada se advierte que en ningún apartado el tribunal responsable mencionó cuál es el artículo que prohíbe al gobernado promover el juicio de nulidad en contra de una resolución del gobernador, y que tampoco se precisa en qué apartado se prohíbe al Tribunal de lo Contencioso conocer de un acto administrativo de autoridad; y que no se ocupó de indicarle al quejoso qué competencia o materia correspondía a la pretensión.

Afirma que la incompetencia a que se refiere el Magistrado de la Cuarta Sala no existe y no es aplicable para el caso concreto, por lo que esos argumentos son inoperantes e insuficientes a la luz de los razonamientos que afirma expuso; por lo cual, al no respetar la legalidad con la que debe actuar el tribunal, provoca la incertidumbre en la seguridad jurídica y viola lo establecido en los procesos, procedimientos y formalidades judiciales, entre los cuales se puede emitir un fallo, obstruyendo la impartición de la ley y la aplicación de la Constitución, como lo establecen sus artículos 14 y 16.

Manifiesta la quejosa que en la resolución se argumenta que no es impedimento para confirmar el acuerdo recurrido el hecho de que la Ley de Aparcería no contemple dentro de su articulado la posibilidad de impugnar la resolución pronunciada con base en el artículo 42 de esa ley; aduce que esos argumentos no contienen precepto legal o norma jurídica que lo sustente, que no son más que meros puntos de vista y que no es posible que se señale como excusa para no "querer" resolver un conflicto legal, que el obligado a influir en el órgano legislativo es el gobernado, para cambiar o adecuar las leyes a la realidad requerida; que con la resolución reclamada se pretende que "el enfoque de la culpa" sea encaminado al órgano legislador quien debió realizar esas adecuaciones legales y por no haberlo hecho quiere decir que no contempló los recursos que ahora se impugnan, por lo cual, afirma, la resolución es deficiente y suficiente para revocarla mediante la concesión del amparo.

En cuanto a lo establecido en la resolución en la cual se dice que existe en el caso un verdadero juicio y no un acto unilateral de autoridad, por lo que no aplica el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y que además es necesario establecer la competencia para conocer y resolver sobre el caso planteado ante el Tribunal de lo Contencioso, sostiene la quejosa que la resolución de nueva cuenta es incongruente, ya que si se admite por la responsable que los procedimientos llevados ante el presidente Municipal y ante el gobernador del Estado son verdaderos juicios, luego, tratándose de materia y actos administrativos, a quien le compete conocer y resolver respecto de tales circunstancias es obviamente al propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien es el órgano dotado de tales facultades, lo cual de no hacerlo, violaría lo establecido en el artículo 14 constitucional, puesto que no existe otro tribunal que tenga como materia especializada en tales actos, el que ahora se niega indebidamente a conocer de la demanda de nulidad; para sustento de esa afirmación transcribe los artículos 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como el artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Sigue la parte quejosa, el hecho de que la Ley de Aparcería señale que se promoverá juicio de aparcería, no quiere decir que se trate de un juicio ajeno a la materia administrativa, sino por el contrario, es un juicio administrativo debido a la naturaleza de las autoridades que resuelven y de los actos que se consignan en el mismo, por lo que en cuanto a las autoridades, objeto y fin, se trata de un juicio de aparcería en materia administrativa, puesto que las autoridades judiciales de las diversas materias ajenas a la administrativa no consignan su competencia derivada de actos emanados de las autoridades administrativas; por ende, la competencia le corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por ello, concluye, la autoridad municipal y el gobernador del Estado son autoridades administrativas que, en el caso, actuaron ejerciendo actos materialmente jurisdiccionales, sin embargo, ello no elimina los recursos ordinarios y extraordinarios que tiene a su favor el particular por ministerio de ley y precisamente para controvertir las resoluciones de las autoridades en materia administrativa. Asimismo, afirma, se debieron respetar, en el caso, los principios consagrados en los artículos 2 y 3 del Código de Procedimiento y Justicia y Administrativa.

Los conceptos de violación son esencialmente fundados.

Como se afirma en los conceptos de violación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el órgano competente para conocer y resolver sobre el acto respecto del cual se pretendió la nulidad al promover la demanda contenciosa, según las consideraciones que se vierten a continuación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, ese órgano jurisdiccional tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativos dictados por los Ayuntamientos; en segunda instancia, tiene competencia para decidir sobre las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal y, además, resuelve respecto de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado.

De conformidad con los artículos 5 y 6, fracción I, de la citada ley, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo funciona en Pleno o en Salas Unitarias; en conjunto tiene como atribución la impartición de la justicia administrativa.

Una de las atribuciones del Pleno del Tribunal de lo Contencioso es resolver los recursos contra las resoluciones que dicten las Salas, según el artículo 16, fracción II, de la ley en comento.

Mientras que la competencia de las Salas se encuentra delimitada en el artículo 20, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 20. Las Salas del tribunal son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de:

"I. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;

"II. Las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal;

"III. Las resoluciones definitivas en materia de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios;

"IV. Las resoluciones que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos administrativos celebrados con la administración pública estatal, en los términos de las leyes respectivas;

"V. Los actos administrativos y fiscales estatales que impliquen una negativa ficta, configurándose ésta cuando las instancias o peticiones que se formulen ante las autoridades no sean resueltas en los plazos que la ley o el reglamento fijen, o a falta de dicho plazo, en el de treinta días hábiles;

"VI. Las resoluciones administrativas y fiscales estatales favorables a los particulares;

"VII. Las sanciones administrativas dictadas por las autoridades estatales en contra de los miembros de las instituciones de seguridad pública, vialidad y de los agentes del Ministerio Público;

"VIII. Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;

"IX. La declaratoria que emita la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre la improcedencia de la solicitud de un proceso de plebiscito, referéndum o referéndum constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato; y

"X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales.

"De igual forma conocerán de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los términos que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato.

"En segunda instancia, conocerán de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal. Asimismo, los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado."

Como se aprecia, uno de los supuestos de competencia de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es cuando se promueva una demanda de nulidad contra actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares (fracción I).

Es esta fracción la que otorga competencia al tribunal, señalado como responsable, para conocer respecto de la demanda de nulidad promovida contra la resolución del gobernador del Estado emitida con base en la Ley de Aparcería.

Otro de los ordenamientos legales que rigen para la justicia administrativa en la entidad es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el libro tercero denominado "De la justicia administrativa", título primero, "Disposiciones generales", capítulo único, particularmente en el numeral 249, se prevé que los procesos administrativos que se promuevan ante el tribunal o los juzgados se regirán por las disposiciones de los libros primero y tercero de ese código. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 5 del mencionado código, cada vez que ese ordenamiento hace referencia a "juzgado" debe entenderse a los Juzgados Administrativos Municipales y por "tribunal" se refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el libro tercero se contiene, para efecto de "la justicia administrativa", lo que por decisión del legislador se debe entender como acto administrativo. Es así como en el artículo 136 de la ley en comento se dispuso que, acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus Municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien, de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales.

Entonces, para determinar la competencia de las Salas del Tribunal Contencioso Administrativo, tratándose de resoluciones dictadas por las autoridades estatales en agravio de un particular (a que alude el artículo 20, fracción I, de la ley orgánica de ese tribunal), éstas deben consistir en actos administrativos, de acuerdo con la definición legal que se citó con antelación.

En el caso, el acto respecto del cual se intentó su nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como sustento una función jurisdiccional.

Sobre el tópico, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia declaró que las autoridades administrativas, como lo es la autoridad municipal que tenga "jurisdicción" en el predio materia del contrato de aparcería, cuando actúa con base en el artículo 48 de la Ley de Aparcería del Estado de Nuevo León, el cual le otorga la facultad para resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de esa ley y, además, faculta al gobernador del Estado para que resuelva un recurso en caso de inconformidad, ejerce funciones jurisdiccionales.

Lo anterior, según se advierte de la tesis visible en la página 18 del Volumen 51, Primera Parte, materia constitucional, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente texto:

"DIVISIÓN DE PODERES. LA FUNCIÓN JUDICIAL ATRIBUIDA A AUTORIDADES EJECUTIVAS NO VIOLA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE APARCERÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). No se transgrede el artículo 49 de la Constitución Federal con la expedición y aplicación del artículo 48 de la Ley de Aparcería del Estado de Nuevo León, en tanto previene competencia para resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de la misma ley a la autoridad municipal que tenga jurisdicción sobre el predio objeto del contrato y que la autoriza para que se allegue elementos de prueba para normar su criterio y dictar resolución, y que también previene un recurso ante el gobernador del Estado en caso de inconformidad. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no estatuye un sistema rígido de división de poderes, de tal manera que el judicial sólo pudiese realizar actos materialmente jurisdiccionales, el Ejecutivo sólo actos administrativos y el Legislativo exclusivamente actos de creación de normas jurídicas generales. En la misma Constitución Federal se advierte que cada uno de los poderes está facultado para desarrollar funciones distintas a las que les corresponderían en un sistema rígido de división de poderes; así, el Legislativo desempeña funciones administrativas, como por ejemplo conceder licencia al presidente de la República (artículo 73, fracción XXVI, 85 y 88) y funciones jurisdiccionales, cuando se erige en gran jurado para conocer de delitos oficiales cometidos por funcionarios de la Federación (artículo 111 de la Constitución Federal). El Poder Judicial está facultado para realizar actos materialmente legislativos, como por ejemplo, cuando se le otorga a la Suprema Corte de Justicia, en Pleno, la facultad de expedir los reglamentos interiores de la misma Corte, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito; también le corresponden atribuciones materialmente administrativas, como nombrar Magistrados y Jueces de Distrito. Los órganos del Poder Ejecutivo tienen atribuciones legislativas, como la de expedir reglamentos (artículo 89, fracción I constitucional). Prohíbe, pues, la Constitución, la unificación de dos o más poderes en uno, mas no que en un poder, por ejemplo, el Legislativo, desempeñe alguna función ejecutiva o jurisdiccional. La idea básica en el artículo 49 constitucional, es evitar la posibilidad de una dictadura constitucional que se daría en aquel caso en que en un poder reuniera dos o más, pero no cuando la misma Constitución previene una flexibilidad en la división de poderes y relaciones entre los mismos, lo que se traduce en la autorización de que un poder realice funciones que en una estricta división de poderes y funciones, no podría desempeñar."

El artículo 48 de la Ley de Aparcería del Estado de Nuevo León contiene, esencialmente, las mismas disposiciones que se encuentran en los artículos 29 y 42 de la Ley de Aparcería Agrícola y Ganadera del Estado de Guanajuato, los cuales disponen:

"Artículo 29. Los presidentes municipales del lugar de ubicación de los terrenos dados o que se soliciten en aparcería agrícola, son competentes para conocer y resolver todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley."

"Artículo 42. En contra de las resoluciones que dicten los presidentes municipales en los juicios de aparcería, procederá el recurso de revisión ante el gobernador del Estado."

De lo que se obtiene que, en principio, los actos llevados a cabo tanto por el presidente municipal como por el gobernador del Estado de Guanajuato, con base en los mencionados artículos de la Ley de Aparcería Agrícola, obedecen a una función jurisdiccional; sin embargo, tales actos no pierden la característica de administrativos y, por ende, encuadran en la definición que se contiene en el artículo 136 del citado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/97, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito, definió sobre las notas distintivas que debe tener un tribunal administrativo, para efecto de la procedencia del amparo directo; éstas son:

a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares.

Lo anterior es apreciable en la jurisprudencia consultable en la página 20 del Tomo VII, abril de 1998, materias administrativa y constitucional, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del siguiente contenido:

"TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. Los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V, y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos. De conformidad con esas normas supremas, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares."

En la citada contradicción de tesis se analizó si la Junta de Honor y Justicia del Estado de Tamaulipas constituía o no un "tribunal".

Del análisis que realizó el Pleno del Máximo Tribunal de justicia de los artículos 74, 75, 80, 81, 87, 94, 95 y 96 del reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de seguridad pública del Estado de Tamaulipas, se advirtió que la Junta de Honor y Justicia de esa entidad reviste las características de autoridad para efectos del amparo, dado que sus resoluciones gozan de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, pero que no tiene el carácter de "tribunal" para la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, pues si bien su creación deriva de un reglamento expedido por el Ejecutivo del Estado, aprobado por el Congreso Local y que su función es la de dirimir conflictos entre el Gobierno del Estado o sus funcionarios y los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública, también lo es que su integración no está perfectamente definida porque ese reglamento confiere arbitrio a los tres integrantes por parte del gobierno para designar a sus sustitutos.

Sostuvo que tampoco se encuentra garantizado el atributo de autonomía e independencia, ya que dichos integrantes de la junta son servidores que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro del gobierno, por las que reciben un salario, lo cual genera un nexo de dependencia con el mismo.

Lo decidido en la citada contradicción de tesis sirvió de base para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a su vez, resolviera la contradicción de tesis 26/2003-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Octavo Circuito, en la cual se analizó si el Tribuna

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21936-6be0b2b0/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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