Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA. CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA INCOMPETENCIA PROPUESTA POR UNA DE LAS PARTES O EL PRONUNCIAMIENTO HECHO HASTA EL DICTADO DEL LAUDO, POR EXCEPCIÓN PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 495/2009. · Registro digital (IUS): 22386
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 1177.

AMPARO DIRECTO 495/2009. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que a continuación se analiza y suficiente para conceder el amparo solicitado.

La quejosa se duele de que la autoridad responsable actuó de manera ilegal, pues no obstante de que le ha venido haciendo valer una cuestión de incompetencia que debió de haber analizado como una cuestión previa al dictado del laudo, no ha sido analizada; que ilegalmente se consideró que las relaciones laborales con la ********** y sus trabajadores, deberían sujetarse a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal de la República y aplicar la Ley Federal del Trabajo, incurriendo así en la ilegal valoración del oficio sin número de treinta de mayo de dos mil ocho, suscrito por **********, las dos copias simples del acta de entrega-recepción, de las treinta fotocopias de las nóminas de pago; de la copia simple del movimiento de personal de tres de junio de dos mil ocho, y de la valoración que se hizo de la prueba instrumental de actuaciones, bajo el argumento de que se trataba de una trabajadora de confianza con nombramiento de jefe de departamento, y entonces, era servidora pública al realizar actividades administrativas encomendadas al Estado.

A efecto de establecer lo fundado de ese argumento, es de establecer que la Junta responsable, previo a la emisión del laudo reclamado y a establecer los puntos a dilucidar, tenía la obligación de analizar la demanda laboral y su contestación, como un todo, a efecto de concluir cuáles son los puntos controvertidos y, en su caso, la manera en que fueron contestadas las defensas y excepciones que se hicieron valer.

Ahora, de las constancias de autos se advierte que:

I. **********, mediante escrito de once de julio de dos mil ocho, demandó a la quejosa ********** o al responsable de ese organismo, la reinstalación en el empleo que venía desempeñando desde el ocho de julio de dos mil cuatro, como visitadora auxiliar, el pago de salarios caídos, por cuanto que afirmó fue despedida de manera injustificada el treinta de mayo de dos mil ocho, cuando el licenciado **********, en su calidad de presidente de la **********, le giró el oficio en el que se señaló:

"... Comunico a usted que con esta fecha concluye su cargo como visitadora auxiliar de la región Uruapan, por lo que solicito prepare y realice la entrega-recepción correspondiente de la Visitaduría Auxiliar a su cargo, no sin antes agradecer a usted todo el empeño y profesionalismo con que ha desempeñado su labor en beneficio de esta comisión y de la sociedad michoacana ..."

II. El acta de entrega-recepción se levantó el día seis de junio de dos mil ocho, por lo que solicitó en diferentes ocasiones que le fuera entregada la liquidación a que tenía derecho, misma que le fue negada bajo el argumento de que no existía presupuesto para ello.

III. También le reclamó el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, de manera proporcional al periodo comprendido del treinta de mayo de dos mil ocho a la fecha de su despido injustificado.

IV. La quejosa **********, al dar respuesta a ese reclamo manifestó que, ********** carecía de derecho para reclamar su reinstalación, ya que se desempeñaba como visitadora auxiliar y su plaza era de jefe de departamento, por tanto, su nombramiento era considerado de confianza y no gozaba de estabilidad en el empleo, en razón de que el artículo 123, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ese tipo de trabajadores tienen como protección la percepción de sus salarios y la prestación de régimen de seguridad social que les corresponde.

V. No tenía derecho al pago de las prestaciones que solicitó en forma proporcional, toda vez que los derechos que generó al respecto le fueron cubiertos de manera oportuna, en tanto que no tenía derecho a doble pago por vacaciones, ya que de conformidad con el artículo 24 de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en ningún caso los trabajadores que laboran periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo y, por tal motivo, no podía haber condena al respecto.

VI. La tercero perjudicada comenzó a laborar para la quejosa el dieciséis de julio de dos mil cuatro, como trabajadora de confianza, adscrita a la Visitaduría Auxiliar de Uruapan, con categoría de jefe de departamento, realizando actividades propias de su nombramiento, de manera que no gozaba de estabilidad en el empleo; tenía un horario de ocho horas diarias de lunes a viernes, es decir, de las ocho a las dieciséis horas y no lo hacía el sábado ni el domingo, hasta altas horas de la noche, con el salario que la misma refirió.

VII. La tercero perjudicada reconoció que: "... en acato a la nueva ley que rige la **********, se le tuvo como visitadora auxiliar, por lo que siguió realizando las mismas funciones que desde el inicio de la relación laboral ...", de donde se advertía que era empleada de confianza, careciendo de acción y derecho para demandar a la quejosa "... ya que no era trabajadora al servicio del Estado, sino un servidor público que realizaba una actividad encomendada por el Estado, en cuya situación el Estado, actúa como autoridad y no como patrón; que por tanto, la relación jurídica es de confianza y no gozaba de estabilidad en el empleo ..."

VIII. Era falso que fuera despedida injustificadamente, sino que: "... al no ser trabajadora al Servicio del Estado, sino servidor público que realizaba una actividad encomendada por el Estado, en cuya situación actúa como autoridad y no como patrón, razón por la que la actora no goza de estabilidad en el empleo, tal y como lo establece el artículo 52 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ..."

IX. El artículo 17 fracción XX, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la comisión tendrá las atribuciones de nombrar y remover a los visitadores regionales, al secretario ejecutivo, al director de Orientación Legal Quejas y Seguimiento, a los coordinadores, al contralor interno y a los visitadores auxiliares, aunque ello no significaba que reconocieran el despido injustificado del empleo que le era demandado.

X. No tenía derecho la quejosa pues "... el nombramiento que desempeñaba la ahora actora lo era de visitadora auxiliar de la Visitaduría Regional de Uruapan, por tal motivo y al ser una trabajadora de confianza no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, porque durante el tiempo que supuestamente la accionante prestó sus servicios para nuestra representada siempre se le cubrieron las prestaciones que pudieron generarse, además de que no fue despedida ni justificada ni injustificadamente ..."

XI. Entre las defensas y excepciones que hizo valer, fue la de "... X. De la incompetencia, que carece la actora del derecho para exigir por esta vía reclamación de prestaciones, por lo que resultan improcedentes e infundadas las prestaciones que exige ..."

De la síntesis que antecede, se concluye que la quejosa -al contestar la demanda formulada en su contra- hizo valer una cuestión de competencia en vía de excepción, pues aduce la falta de competencia de la responsable para conocer de los reclamos que le fueron formulados por **********, bajo los argumentos siguientes que debió dilucidar:

a) Si la tercero perjudicada es o no trabajadora de la demandada o bien una funcionaria pública, pues lo que hacía era desempeñar una actividad que le era encomendada por el Estado en cuya situación la quejosa actuaba como autoridad y no como patrón.

b) Fue cesada, entonces su remoción del puesto era laboral o administrativa.

c) Tenía o no que ser considerada como trabajadora de confianza.

Lo que no fue así, pues no se advierte de autos que la falta de competencia que le fue hecha valer, hubiera sido resuelta ya en laudo, ya como incidente de previo y especial pronunciamiento que culminara con una interlocutoria -desechándola o aceptándola- cuando el artículo 762, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la cuestión de competencia se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento, mientras que el artículo 701, manda que las Juntas, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, en tanto que el artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, establece que las cuestiones que se susciten sobre competencia del tribunal se tramitarán en la vía incidental y serán resueltas de plano, en tanto que el 110 de ese mismo ordenamiento establece que si de la demanda o durante la secuela del procedimiento resulta, a juicio del tribunal, su incompetencia, lo declarará de oficio o a petición de parte.

Si bien la junta responsable, en el considerando primero de su laudo, estableció:

"Esta Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es competente para conocer y resolver el presente conflicto laboral planteado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 523, fracción XI, 529, 621, 623, 698, 700 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo."

Sin embargo, soslayó que se había hecho valer como excepción la falta de competencia de ese tribunal para conocer del juicio -por cuanto que la tercero perjudicada no era trabajadora sino funcionaria pública y su remoción o cese no era una cuestión laboral sino administrativa- pues no se ocupó de los argumentos que al efecto se hicieron valer, ya que nada dijo al respecto.

En efecto, la autoridad responsable inadvirtió que fue planteada una cuestión de competencia, pues no es lo mismo un trabajador de la iniciativa privada, que un trabajador burocrático o un funcionario público.

El artículo 8o. de la Ley Federal del Trabajo señala como trabajador a "la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

"Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio."

En tanto que el artículo 9o. de la misma ley, señala que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.

Y considera que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.

Acorde con el artículo 6o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, los trabajadores-burócratas de base serán los no incluidos en el artículo 5o. de ese mismo ordenamiento.

En tanto que en términos del citado artículo 5o. de ese mismo ordenamiento legal, se entiende como trabajadores-burócratas de confianza a todos aquéllos que realicen funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general dentro de las dependencias o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad deban tener tal carácter, acorde con la clasificación que en el mismo se hace.

En cambio, funcionarios públicos, tanto del Gobierno del Estado de Michoacán como de los Municipios de la misma entidad, son aquellas personas en quienes no solamente recae la representación en las distintas oficinas gubernamentales, sino además en quienes, por disposición constitucional y legal, se les autoriza para extender nombramientos como titulares de cada oficina gubernamental; esto es, son las personas físicas que representan al Estado-patrón o al Municipio-patrón.

Por analogía, es de traer a colación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 45/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 241, número de registro 175233, de rubro y texto:

"RELACIÓN DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y NO CON EL GOBERNADOR. Conforme a los artículos 72, 80 y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador, quien se auxiliará para el despacho de los negocios de su competencia con las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Por otra parte, de los numerales 8o., 18 y 26 de este último ordenamiento, se advierte que el gobernador podrá nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al oficial mayor y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por la ley a otra autoridad, en tanto que los titulares de cada secretaría se auxiliarán con los servidores que autoricen las leyes, reglamentos interiores, decretos y acuerdos del Ejecutivo Local, y que tendrán a su cargo, entre otros, la administración de los recursos humanos, debiendo entenderse por esto último la potestad de nombrar y remover al personal de la dependencia de la que es responsable. Finalmente, de los artículos 1o. y 2o. de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada supletoriamente a la ley burocrática estatal, se desprende que el legislador dispuso expresamente que la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las referidas dependencias o secretarías y los trabajadores de base a su servicio. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que los preceptos 1o., 5o y 7o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí no deben interpretarse literalmente, sino en forma armónica y sistemática con todo el citado contexto normativo aplicable, del que se extrae la verdadera intención del legislador, esto es, que las relaciones de trabajo entre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado surge entre ellos y los titulares de cada una de las secretarías y dependencias que lo conforman, y no así con el gobernador de la entidad."

De ahí la trascendencia en que se analizaran las cuestiones de competencia que fueron planteadas.

Ahora, es cierto que tanto el Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que la cuestión de competencia que es rechazada o aceptada debe reclamarse en amparo indirecto, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 55/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, materia común, página 5, número de registro 183349, que establece:

"AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988).’, para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."

Así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 19/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, materia laboral, página 93, número de registro 194369, que establece:

"COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 24/92, visible en la página 11 del Tomo 56 correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, sostuvo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se debe entender que son de ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, mas no cuando afectan derechos adjetivos. Por tanto, en aplicación de esa jurisprudencia debe considerarse que la resolución de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la que sostiene su competencia para seguir conociendo del juicio laboral, debe estimarse que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos sino en violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, toda vez que la cuestión competencial se limita a determinar si una Junta Federal o una Local de Conciliación y Arbitraje resulta competente para conocer del juicio respectivo, para cuya resolución ha de aplicarse el mismo ordenamiento, esto es, la Ley Federal del Trabajo por cualquiera de las dos Juntas. En cambio, cuando la aceptación de la competencia involucre a órganos jurisdiccionales de distinto régimen como la que se da entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Fiscal de la Federación o el contencioso administrativo de alguna entidad federativa, en donde lógicamente, la aplicación primordial sería de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación o de la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo de la entidad federativa que corresponda, el amparo debe ser indirecto."

Ello, por cuanto que procede el juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, al considerar que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional, lo que constituye una regla general; sin embargo, como toda regla general tiene una excepción, debe concluirse que ésta se actualiza cuando no se pronuncia la autoridad jurisdiccional, y en el caso no lo hizo, por lo que aplicando la analogía -con base en que donde existe la misma razón debe imperar la misma disposición- que surge de la jurisprudencia 2a./J. 7/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, página 169, número de registro 194553, que establece:

"PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.-Conforme al criterio actual del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, recogido en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en las páginas 137 a 139, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se intitula ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, la regla general es que procede el amparo indirecto en contra de las resoluciones que, previamente al fondo, dirimen una cuestión de personalidad en el juicio ordinario laboral. De la misma ejecutoria aparece que esa regla tiene dos excepciones, a saber: a) cuando la autoridad laboral dicte resolución en la que desestime la personalidad de quien comparece como representante del actor, lo cual pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y, b) en el caso de que haga pronunciamiento específico sobre la personalidad -de cualquiera de las partes- en el laudo, el cual es definitivo, hipótesis en las que, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, procede el amparo directo."

Es de concluir, que tratándose de la impugnación de resoluciones que diriman, antes del laudo, cuestiones de competencia, al igual que la de falta de personalidad, dentro del juicio laboral, la regla general es que procede el amparo indirecto.

Que esa regla general tiene la excepción de que procede el amparo directo en el caso de que el evento de que el tribunal laboral haga pronunciamiento específico al respecto, hasta el laudo o bien de que no lo haga, casos en los que procederá el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 46, tercer párrafo y 158 de la Ley de Amparo.

Además, partiendo de la interpretación que este tribunal ha realizado respecto de las jurisprudencias, tanto del Pleno como de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistentes en la procedencia del juicio de amparo indirecto de la litis denunciación, con último precedente el ADA. 550/2009, de la ponencia del Magistrado Juan García Orozco, resuelto en sesión de cuatro de febrero de dos mil diez -en el sentido de que ésta es la regla general y que la excepción es la procedencia del amparo directo cuando no hubo pronunciamiento- amén de que, en el amparo directo laboral 539/2009, que se sesionó el diecinueve de octubre de dos mil nueve, de la ponencia del Magistrado Víctorino Rojas Rivera, se estableció que cuando se hace valer como excepción la improcedencia de la vía, puede ser analizada vía amparo directo, como se hizo en el mismo.

Por tanto, es de establecer que, en el caso, la ********** no se encontraba obligada a acudir al juicio de amparo indirecto, toda vez que la omisión de la Junta responsable de pronunciarse en relación a la falta de competencia que se le planteó, en razón de que esa omisión no ocasionaba a la quejosa un perjuicio irreparable para efecto de su procedencia, precisamente porque si el laudo fuese favorable a sus intereses, no surgiría el agravio y menos la irreparabilidad; de suerte que fue hasta que se condenó a la quejosa en el laudo que surge el agravio para la procedencia del juicio de amparo.

De ahí, como la Junta responsable omitió hacer pronunciamiento en relación con la falta de competencia que se le planteó por la quejosa **********, para conocer de la demanda que formuló en su contra **********, incumpliendo así con el principio de exhaustividad a que alude el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquéllos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal.

Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en la tesis de jurisprudencia IV.2o.T. J/44, que este tribunal comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 959, número de registro 179074, que establece:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.-Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal."

En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que:

1. Se deje sin efecto el laudo reclamado;

2. En su lugar se emita otro en el que, con plenitud de jurisdicción, se haga el examen exhaustivo del estudio de las cuestiones de competencia que fueron formuladas al contestar la demanda, resolviendo de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda en relación:

2. 1. A si la aquí tercero perjudicada es o no una funcionaria pública o bien una trabajadora;

2. 2. Si fue cesada administrativamente o laboralmente y,

3. Hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho proceda.

En esas condiciones, siendo fundado el concepto de violación a estudio, y dados los términos en que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, resulta innecesario el análisis del resto de los conceptos de violación que fueron formulados.

En apoyo de lo anterior, es de invocar la tesis de jurisprudencia número 168, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 113, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a la **********, en contra del acto de la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede para los efectos precis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22386-5a263c4e/competencia-contra-la-omision-de-la-autoridad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.