CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI LOS HECHOS COMPRENDIDOS EN ÉSTE FORMAN PARTE DE LA LITIS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE SE CONTROVIERTE EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, SU VALOR PROBATORIO NO ES ABSOLUTO SINO SUSCEPTIBLE DE DESVIRTUARSE CON OTRA PRUEBA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 274/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el cual resolvió los juicios de amparo directo 644/2007 y 131/2008, que constituye uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben los mismos.
La parte considerativa de las sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en los amparos directos DA. 644/2007 y 131/2008, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente:
El amparo directo 644/2007, en su parte conducente dice:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso **********, aunque su análisis se hará en orden diverso al propuesto. En el primero y segundo párrafos de los conceptos de violación esgrime el peticionario que la responsable absolvió al demandado porque había justificado que el demandante no cumplía con el requisito de las semanas cotizadas, no obstante de que en el considerando segundo analiza que la institución demandada adujo que sus excepciones se apoyaron en algún documento, del cual no especificó fecha y por quién estuviese suscrito, omisión en que incurre la autoridad, pues una sentencia no puede apoyarse sin especificar las características de la mencionada documental a la que otorgó valor probatorio, siendo que dicho documento no formó parte de la controversia, ya que en la etapa de litis fue cuando el instituto demandado debió expresar en qué probanzas se apoyaría para considerar que el asegurado no contaba con el mínimo de cotizaciones, así como qué departamento y qué persona suscribía tal prueba, por lo que la excepción del demandado no está debidamente configurada, de ahí que no debe formar parte de la controversia, cuya consecuencia es que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, los medios de convicción que debían aportarse, se deberían referir a la controversia suscitada, sin que baste que se aportara la documental en que la responsable apoyó su decisión, debido a que se dejó en estado de indefensión a la parte obrera para en la etapa de pruebas impugnar tal documento en cuanto a sus características de forma y fondo. No asiste razón al quejoso. Los artículos 878 y 880 de la Ley Federal del Trabajo establecen la forma en que se llevarán a cabo las etapas de demanda y excepciones, y (sic) ofrecimiento y admisión de pruebas, los cuales son del tenor siguiente: ‘Artículo 878.’ (se transcribe). ‘Artículo 880.’ (se transcribe). Pues bien, contrario a lo que aduce el quejoso, la demandada no tenía la obligación de involucrar desde la contestación a la demanda, la probanza en que apoyaba su excepción, sino que únicamente tenía la obligación de oponer sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, incluso, podría agregar las explicaciones que estimare convenientes, lo anterior, con apoyo en la fracción IV del artículo 878 antes transcrito, y sería hasta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas en la que después de la parte actora, tendría la oportunidad de ofrecer sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, tal y como lo dispone el artículo 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, no asiste razón al peticionario en cuanto aduce que se le dejó en estado de indefensión para que en la etapa de pruebas pudiera impugnar el documento que aportó la demandada para justificar su excepción en cuanto a sus características de forma y fondo, pues de la lectura de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el dieciséis de junio de dos mil seis, se advierte que el apoderado de la actora objetó la hoja de certificación de derechos que aportó el instituto demandado en los siguientes términos: ‘... se objetan las documentales que ofrece y que hace consistir en certificado de derechos de los CC. **********, **********, las mismas se objetan por carecer de valor probatorio, se desconoce quién sea la persona que suscribe tales documentos y desde luego se desconoce que tengan el carácter que ostentan, por lo que carecen de facultades para dar fe de tales circunstancias; se duda de la autenticidad, del contenido y carecen de valor por presentar serias irregularidades, no justificando con documento diverso los supuestos movimientos afiliatorios no obstante de tener en su poder los diversos avisos de inscripción de alta y baja que hayan realizado los diversos patrones que señala en los documentos en relación a los ahora demandantes; de ahí la omisión de exhibir, esto deja en completo estado de indefensión a la parte obrera para en su caso impugnar aquellos documentos que no contengan su voluntad como acontece en las supuestas certificaciones de derechos que se exhibe, las mismas carecen de valor probatorio, lo que implica sólo una evasión de reconocer el cúmulo de cotizaciones, además de que de acuerdo a lo establecido en el artículo 78, fracción 3, inciso d) y 158, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del IMSS, los funcionarios facultados para expedir la certificación de derechos son la Dirección de Afiliación y Cobranza o en su caso los delegados de las diversas circunscripciones territoriales de la demandada y no quienes signan los documentos, ostentando el cargo de titular de la subdelegación ...’ (foja 24). De ahí que no sea acertado lo que esgrime el quejoso, pues de la anterior transcripción se advierte que tuvo oportunidad de objetar la hoja de certificación de derechos que ofreció el instituto de seguridad demandado. Por otro lado, en parte del tercer motivo de queja aduce el amparista que de la hoja de certificación de derechos se desprende que el instituto manipula la información de los asegurados al momento de elaborar los certificados de derechos, siendo que salen a relucir las irregularidades que cometen las personas que elaboran los documentos a los que se les otorga validez probatoria de la cual carecen, ya que en lo que atañe a la hoja de certificación de derechos de **********, ésta carece de los datos de identificación del asegurado como lo son del estado civil, fecha de matrimonio, número de registro anterior, etcétera, los cuales son necesarios para que tenga validez; asimismo, en el apartado relativo a los movimientos de afiliación, en su primer renglón aparece como patrón alta de la construcción y como fecha de alta y de baja señalan 25/07/70 y en las semanas aparece cero siendo poco creíble que un patrón en el mismo día en que dio de alta a su trabajador lo dé también de baja, por lo que no está de acuerdo en que el siguiente movimiento sea treinta y tres años después de esta fecha con el patrón ABC Construcciones siendo su fecha de alta 21/07/03, pues es falso, es decir, que no haya laborado para ningún patrón durante esos años que no fueron contemplados al momento de elaborar dicho documento, sino el instituto omitió, en su beneficio, dicha información. Es infundado lo así esgrimido. Ello, porque el certificado de derechos es un documento elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de personal a su servicio, que constituye un documento ordinario de control y de información, el cual sirve para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad a sus reglas específicas, para conocer si un afiliado tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga de conformidad a su legislación y reglamentación particular. Además, la información que puede contener el referido certificado, la posee en forma completa sólo el propio instituto, pues, en razón de sus funciones, es quien concentra y maneja esta información y los documentos de la que deviene, por lo cual es indiscutible que éste puede y debe expedir certificaciones relativas a esa información y documentación, las cuales tienen validez plena por sí mismas frente a terceros y diversas autoridades, salvo prueba en contrario, ya que esta función la realiza con base en la ley que lo regula dentro de su esfera jurídico-administrativa, por lo que tratándose de una institución que tiene una función de protección social y su existencia obedece a un interés público, además de que en aras de su autonomía y credibilidad, se creó como un organismo público descentralizado que forma parte de la administración pública y su actuar es de buena fe, presumiéndose que su proceder se sujeta única y exclusivamente a la aplicación correcta de la ley y a la salvaguarda de los derechos de quien los tenga, dentro de su competencia, sin dudarse de manera sistemática de sus actos jurídicos llevados a cabo como institución, a través de cualquiera de sus funcionarios o empleados que la representen como tal. Por tanto, es obvio que al poseer solamente el instituto de seguridad social la información base de los certificados en cuestión y estar los mismos previstos en cuanto a su expedición y encomienda dentro de las leyes y reglamentos respectivos, y a pesar de que esta información vaya a ser utilizada como prueba dentro de un juicio en el que el instituto sea parte y en el cual éste pierde su calidad de autoridad para convertirse en un particular con intereses en un pleito, no puede ni debe la autoridad jurisdiccional desvalorizar, prima facie, los documentos que contengan datos e información aportados por el propio instituto en el juicio de que se trata, a menos de que las partes con intereses contrapuestos a él, demuestren su falsedad o incorrección o por lo menos hagan dudar de su credibilidad. Por lo que si tal documento es elaborado unilateralmente por el instituto, porque así le corresponde legalmente, es obvio que no se requiere anuencia o firma alguna de los interesados, pues el propio certificado se emite sin su intervención. En efecto, el aquí quejoso podía objetar la autenticidad de la firma de la hoja de certificación de derechos, lo que hizo sólo en cuanto a su alcance y valor probatorio, por desconocer a la persona que la suscribió, el carácter que ostenta, las facultades para expedirla, de ahí que tales manifestaciones no debían tenerse como una objeción, pues se referían a aspectos atinentes a la valoración y no a la autenticidad del documento, lo que encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 13/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIÓN.’. Texto: ‘Si se toma en consideración que las pruebas documentales, sean públicas o privadas, pueden ser apreciadas en el juicio laboral, por las Juntas de Conciliación y Arbitraje en atención tanto a su autenticidad (lo que incluye la inexactitud o falsedad del documento en todo o en alguna de sus partes), que es materia de objeción, como a su alcance probatorio, lo que implica su valoración, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807, 810 y 811, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen los casos en que procede la objeción de documentos y los procedimientos que al efecto deben ser desarrollados para cada caso, puede concluirse que cuando las partes efectúan alegaciones en relación con el alcance probatorio de una documental, mediante razonamientos que se refieren exclusivamente a aspectos de valoración, no se está ante una objeción en términos de los preceptos aludidos ni puede generar las mismas consecuencias que ésta, por lo que las Juntas deben tenerlas por no hechas. Ello es así porque, por un lado, la objeción o impugnación de documentos es un procedimiento a través del cual la contraparte de la oferente ataca la documental exhibida en el proceso alegando y, en su caso, probando que no es auténtica por ser inexacta o falsa, con el fin de lograr que no sea considerada por la Junta al momento de valorar las pruebas integrantes del sumario y dictar el laudo respectivo y, por otro, porque no obstante lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 841 de la propia ley, en el procedimiento laboral las reglas de valoración de los medios de convicción no son absolutas ni formalistas y deben entenderse moderadas por el principio de que la Junta debe resolver en conciencia, lo que significa que ésta puede, discrecionalmente, considerar las manifestaciones realizadas en relación con el alcance probatorio de un documento sin estar obligada a realizar un estudio destacado de ello.’. De lo anterior, debe concluirse que los certificados de derechos,
un cuando son documentos públicos, por haberse expedido por un empleado del seguro social en ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y que como tales gozan de credibilidad, pueden ser objetados por falsedad, supuesto en el que es necesario no sólo que el promovente objetive el motivo de falsedad sino también que acredite con prueba idónea el motivo del redargüimiento. Además, debe considerarse que los certificados de derechos que expide el instituto de acuerdo con la ley que lo rige, no son simples documentos con datos aislados, sin orden ni método, que pudiera antojarse elaborados de manera dolosa o parcial a conveniencia del propio instituto, ya que, por el contrario, son formales, avalados con la firma y nombre de un funcionario calificado y autorizado para ello, quien es responsable administrativamente de la veracidad de los datos ahí contenidos, los cuales, entre otros, son el nombre, número de afiliación, sexo, los números de registro de cada patrón que inscribió al trabajador en el régimen obligatorio, su nombre, las fechas de alta y baja, su grupo de cotización y el número de semanas cotizadas con cada uno, ordenados en forma cronológica y, por supuesto, asentando el total de las semanas cotizadas y reconocidas hasta un periodo determinado; asimismo, contiene, en su caso, los datos del registro o continuación del régimen obligatorio, en el régimen voluntario, con las fechas de alta y baja en este sistema y las semanas de cotización dentro de él, también contiene el dato de la fuente de información y su fecha de elaboración, todo lo cual hace que los datos no sean otra cosa que el reflejo del contenido de los avisos de alta y baja que, con relación a un trabajador determinado, se aportaron a lo largo de su vida laboral, el cual, mejor que nadie conoce esa vida de trabajo y al revisar el certificado de derechos puede advertir la falta de alguno o algunos patrones o semanas cotizadas o un error o incorrección y, en una eventual audiencia ante autoridad jurisdiccional, objetar el mismo e incluso aportar pruebas para desvirtuarlo o demostrar la equivocación, pues no se descarta la posibilidad de errores u omisiones involuntarias por parte del funcionario a cuyo cargo corre la elaboración del documento. Al respecto, es aplicable la tesis número IV.2o.13 L, sustentada por este Tribunal Colegiado en su anterior denominación, en la que sostuvo el criterio siguiente: ‘PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. EFICACIA DE LA CERTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA EFECTO DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE TRABAJO REMUNERADO.’. Texto: ‘Con independencia de que la certificación de derechos que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social se trata de un documento elaborado unilateralmente por los empleados o funcionarios del propio instituto, es evidente que se traduce en un instrumento de control de uso ordinario, que con frecuencia se emplea para registrar los movimientos de afiliación de los trabajadores, con base en los datos proporcionados por el patrón respectivo, generalmente avalados por la firma estampada, en los avisos correspondientes, por el propio trabajador; motivo por el cual se ve improbable que a pesar de que dichas certificaciones son elaboradas sin la intervención de la persona afiliada, el instituto altere los datos de registro, máxime la trascendencia de índole fiscal que ello lleva consigo. Sobre esta premisa, habrá de considerarse que la certificación de derechos de que se trata es susceptible de demostrar la existencia de trabajo remunerado, para los efectos del otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, cuando de su contenido se advierte que el reclamante se encuentra inscrito como trabajador al servicio de una empresa, con lo que quedaría acreditada la existencia de un trabajo remunerado y la improcedencia de la acción deducida.’. Igualmente por contener las razones que se han venido sosteniendo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 39/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.’. Texto: ‘De lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, inciso d) y 150, fracción XVII, inciso d), del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como del delegado, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra la consistente en certificar la vigencia de derechos de los asegurados, por lo que el certificado que al respecto expidan es el documento oficial de control e información, utilizado para la determinación de las semanas que un derechohabiente ha cotizado tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, de conformidad con sus reglas específicas, a efecto de establecer si éste tiene o no derecho a percibir cualquiera de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, que el instituto otorga acorde con su legislación y reglamentación particular. En congruencia con lo anterior, se concluye que aun en los casos en que el citado documento sea aportado por el indicado instituto en su carácter de demandado, constituye la prueba idónea para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que se exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en el que se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos. Además, si para la validez de dicho documento fuera necesario acompañar los citados avisos o el pago señalado, ello implicaría desconocer todo valor a la certificación aludida en los juicios laborales en que el mencionado instituto sea parte, pues entonces no tendría razón de ser su exhibición; lo anterior, aunado a que dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de tal información, sería difícil que los datos ahí registrados sean alterados, lo que desde luego no impide la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario, en caso de estimar que aquéllos son inciertos.’. La jurisprudencia transcrita, además, es clara en establecer que el certificado de derechos es un documento oficial de control e información utilizado para la determinación de las semanas cotizadas por los derechohabientes, sin que sea necesario para su validez datos diversos a los que contienen. En el segundo motivo de disenso agrega el peticionario que la responsable omite analizar las formalidades de la hoja de certificación de derechos, pues no establece si tenía validez o no en cuanto a si el departamento que la emitió y quien la suscribe tiene o no facultades para ello, lo que genera una falta de exhaustividad, ya que el documento en cuestión está suscrito por el titular de la subdelegación correspondiente que ni siquiera ese aspecto fue relacionado por la autoridad laboral, sin que obre en autos documento alguno que justifique el carácter atribuido, así como también dejó de observar la falta de facultades de quien lo suscribió. Lo anterior es infundado. Ello es así, porque contrario a lo que afirma el accionante de amparo, la Junta sí analizó esas cuestiones, pues al respecto consideró: ‘... ahora bien, en cuanto a las objeciones vertidas por la parte actora respecto de dichas documentales cabe señalar que de acuerdo a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: «SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.». De cuyo contenido se desprende que los documentos exhibidos por la demandada, consistentes en las certificaciones de derechos, son los documentos exhibidos por la demandada, consistentes en las certificaciones de derechos (sic) son los idóneos para acreditar los extremos pretendidos, pues en ellos se contienen los elementos necesarios para determinar plena y fehacientemente las semanas cotizadas, etc.. además de que las personas que signaron y ratificaron las hojas de certificación de derechos exhibidas como pruebas por el instituto demandado, C.P. **********, titular de la Subdelegación 02 Noreste del IMSS y C.P. ********** E. titular de la Subdelegación 4 Sureste se encuentran legitimados para expedirlas y seguirlas, ya que del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que dentro de las facultades de la Dirección de Afiliación y Cobranza, así como el delegado, ambos del instituto demandado, se encuentra la de certificar la vigencia de derechos de los asegurados, pero ello no significa que sean los únicos funcionarios autorizados para ese fin, ya que ellos a su vez se auxilian de otros funcionarios o unidades administrativas internas que son las que concentran la información necesaria para certificar la vigencia de derechos de los asegurados, lo que se evidencia del contenido íntegro del Reglamento de Organización Interna del IMSS, específicamente del artículo (sic) 152 y 153 del reglamento citado que prevé: «Capítulo tercero. De los órganos operativos. Sección primera. De las subdelegaciones son órganos operativos de las delegaciones del instituto. Artículo 153. Son atribuciones de las subdelegaciones, dentro de su circunscripción territorial: ... IV. Certificar la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero ...», en consecuencia, se otorga pleno valor probatorio a dichas documentales que aparecen signadas y ratificadas por los titulares de las Subdelegaciones No. 2 y 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social ...’ (fojas 111 y 112). De lo transcrito se aprecia que la Junta sí analizó lo que el quejoso aduce no hizo, pues dio contestación a las objeciones que respecto de la hoja de certificación de derechos signada por el titular de la Subdelegación Número Dos Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó su apoderado. Al margen de ello, debe decirse que el titular de la Subdelegación Número Dos Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí tenía facultades para expedir dicha hoja de certificación de derechos. En efecto, a la fecha de expedición de la hoja de certificación de derechos (veintitrés de enero de dos mil seis) se encontraba en vigor el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social con vigencia a partir del diecinueve de junio de dos mil tres, y conforme a las reformas estructurales de los órganos del instituto, este tribunal al realizar el estudio que a continuación se verá concluye que conforme a los artículos 152, 153 y 156 del citado reglamento, las subdelegaciones para el cumplimiento de sus funciones se encuentran subordinadas a las delegaciones, así como a la Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, previéndose la existencia de jefaturas subdelegacionales, y si la subdelegación es un órgano operativo y subordinado, es claro que el certificado de derechos suscrito por el titular de una subdelegación, sí tiene pleno valor probatorio por estar firmado por quien se encuentra legitimado para la suscripción de tales documentos por estar a cargo de organismos contemplados por el reglamento para lograr el eficaz desempeño de las subdelegaciones, aunado a que debe atenderse al reglamento en vigor, y que dentro de sus facultades se encuentra la relativa a certificar la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero. Tales disposiciones reglamentarias disponen: ‘Artículo 152.’. ‘Artículo 153.’. ‘Artículo 156.’ (se transcriben). Luego, si en el caso concreto en la hoja de certificación de derechos expedida el veintitrés de enero de dos mil seis, glosada a foja treinta y tres del juicio laboral, aparece el membrete ‘Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefatura de Afiliación Cobranza. Subdelegación No. 02 Noreste. D
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21953-65bd5132/certificado-de-derechos-expedido-por-el-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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