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Modo: Corpus Pro

DERECHOS AGRARIOS. EL SUCESOR DESIGNADO POR EL EJIDATARIO, QUE LE SOBREVIVE, PERO POSTERIORMENTE FALLECE, SIN HABER CONSOLIDADO LA TRANSMISIÓN SUCESORIA, NO TRANSMITE DERECHO ALGUNO A SUS HEREDEROS. DERECHOS AGRARIOS. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 1649 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 247/2009. · Registro digital (IUS): 22152
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA RE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 737.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 247/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver, en amparo directo, aspectos relativos a la materia agraria que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto la denuncia de contradicción de tesis es formulada, por una parte, por ********** autorizados de ********** quejosa en el amparo directo administrativo número 53/2008, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, y de ********** quejosa en el amparo directo administrativo 81/2009, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, juicios de donde emanan los criterios materia del presente asunto.

Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis es presentada por Odilisa Gutiérrez Mendoza, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, señalado como autoridad responsable en los juicios de amparo directo administrativo de los que derivan las sentencias en contradicción.

Entonces, las denuncias de contradicción de tesis provienen de partes legítimas.

En torno a este tópico se encuentra lo expresado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LV/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 295, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva."

TERCERO. Con el propósito de determinar el sentido en que ha de resolverse la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo administrativo número 53/2008, en sesión de doce de septiembre de dos mil ocho, con relación al tema de contradicción, consideró:

"El artículo 17 de la Ley Agraria establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Que la lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 117/2001-SS, que dio origen a los criterios jurisprudenciales números 20/2002 y 21/2002, estableció, en lo conducente, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del procedimiento administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a saber: a) Que el ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos en una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba y deje en depósito del Registro Agrario Nacional, lo que supone que éste verificó la autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero, o que se formalice ante fedatario público; c) Que al fallecer el ejidatario o comunero, dicha dependencia, a petición de quien acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre en el que se contiene la lista de sucesores e informará el nombre de la persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos en el folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de derechos agrarios por sucesión y formalizada su adjudicación; y f) Que el Registro Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello. Asimismo, consideró que las constancias relativas a la inscripción de la transmisión de derechos agrarios por sucesión, ya sea testamentaria o legítima, expedidos por dicho órgano registrador a través de cualquiera de las autoridades facultadas para tal efecto, son suficientes para justificar en juicio o fuera de él aquello a lo que su contenido se refiere. En esas condiciones, para estimar que los bienes de un ejidatario han sido transmitidos por designación sucesoria, basta que quede demostrado a través de la constancia relativa que se llevaron a cabo los trámites antes precisados en los que se ponga de relieve que el autor de la sucesión manifestó su voluntad de que una persona determinada le suceda en los bienes de los que es titular. Ahora, la razón de ese procedimiento es brindar certeza jurídica acerca de cuál fue realmente la voluntad del autor de la sucesión en torno a la persona que deba sucederle en sus derechos. Certeza que el legislador considera se cumple también cuando el titular de los derechos manifiesta ante notario público su última voluntad para después de la muerte, dado que en tal supuesto el fedatario público debe cumplir con una serie de formalidades que debe observar so pena de incurrir en responsabilidad, que hacen presumible, salvo prueba en contrario, que lo asentado en el documento notarial en el que se contiene el testamento se encuentra apegado a la realidad. Así pues, tanto la constancia que expida el registrador agrario como el testamento, constituyen elementos de prueba idóneos para justificar que se efectuó esa transmisión. En el caso concreto, opuestamente a lo estimado por la quejosa, existen en el expediente del juicio agrario en consulta elementos de prueba que ponen de manifiesto que los bienes ejidales que pertenecieron a la extinta ejidataria ********** se transmitieron, por voluntad de ésta, a ********** lo que tornó improcedente la sucesión por vía legítima que promovió en términos del artículo 18 de la Ley Agraria. En efecto, lo anterior es así porque en el sumario obra la constancia expedida por el jefe del departamento de Registro Integral ‘B’ de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guanajuato, a través de la cual se le hace saber a la actora ********** y ahora quejosa que al aperturar el sobre número 43118 en fecha diecinueve de enero de dos mil cinco, resultó que de acuerdo con la escritura pública número tres mil dos cientos ochenta y nueve de cinco de abril de dos mil cuatro, que la extinta ejidataria ********** designó como su sucesor a su hijo de nombre **********. Lo anterior se encuentra además corroborado con el propio instrumento notarial al que se hace alusión y que obra glosado en el expediente del juicio agrario a fojas cuarenta y dos y cuarenta y tres, del que se desprende efectivamente que la mencionada ********** manifestó expresamente su deseo de que la persona que lo sucediera en sus derechos lo fuera su hijo de nombre **********. Asimismo, está demostrado a través de la correspondiente acta de defunción que la titular de los derechos agrarios falleció el ocho de mayo de dos mil cuatro; razón por la que la transmisión de los derechos se retrotraen a esa fecha con independencia de cuál haya sido la fecha en la que se haya conocido cuál fue la voluntad de la autora de la sucesión. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto el (sic) artículo 1649 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, según lo autoriza su numeral 2o., en el que se establece que la sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. En esas condiciones, está plenamente demostrado que en la especie la sucesión de los bienes agrarios se hizo por voluntad de ********** que recayera en su hijo **********, pues así lo evidencia la constancia del Registro Agrario Nacional ya mencionada, la cual hace suponer que se realizaron todos los trámites correspondientes para efectuar la designación del sucesor, así como con el propio instrumento notarial que pone de relieve cuál fue la última voluntad de la ya mencionada **********. Así las cosas, el Tribunal Agrario procedió conforme a derecho al estimar que la ahora quejosa carecía de legitimación en la causa para promover la sucesión por vía legítima; como también fue correcto que desestimara su pretensión de tener un mejor derecho que el demandado **********. Lo anterior es de ese modo en virtud de que la actora y ahora demandante de amparo, como ya se anotó, no demostró que se encontrara legitimada para ejercer ese derecho, habida cuenta de que quedó ya señalado que en la especie no procedía la vía legítima para suceder los bienes materia de controversia; pero además porque no probó la existencia de otra causa o motivo distinto para considerar que tuviera un mejor derecho a poseer los bienes que ostenta el demandado, y por ello, es claro que su acción no podía prosperar."

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región al resolver por unanimidad de votos el amparo directo administrativo número 81/2009, en sesión de quince de abril de dos mil nueve, con relación al tema de contradicción, consideró:

"SEXTO. ... Otro concepto de violación, donde se dice que la autoridad responsable aplica supletoriamente la legislación civil federal en un caso que no lo permite, es fundado por las razones que se exponen a continuación. Los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, disponen: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Los preceptos legales transcritos dan cuenta, respectivamente, de la sucesión agraria testamentaria y legítima. En la primera, el ejidatario designa a quien desea que le suceda en los derechos agrarios, en una lista que deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, ese depósito no concluye el procedimiento necesario para consolidar la transmisión de los derechos agrarios, pues para ello es menester cumplir con los requisitos que derivan de la Ley Agraria y de su reglamento, y que se indican en la jurisprudencia 20/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 117/2001-SS, publicada en la página 197 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2002, Tomo XV, Novena Época, que reproduce la quejosa en su demanda de amparo, de la siguiente redacción: ‘DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.’ (se transcribe). En el caso, se cumplió con las etapas a), b) y c), pues hubo una designación de sucesor en una lista que fue inscrita y dejada en depósito del Registro Agrario Nacional, y el sobre que la contenía fue abierto, pues así se lee en la foja 3 del juicio agrario, donde está la constancia de vigencia de derechos signada por el titular del Registro Agrario Nacional de la delegación Guanajuato, que contiene esta leyenda: ‘Observaciones: sucesión registrada, según apertura de fecha 24/06/2004 del sobre No. 494: **********.’. No obstante, no hay evidencia del cumplimiento de los pasos d), e) y f), pues no consta que ********** se haya presentado ante el Registro Agrario Nacional, que se hayan asentado los datos en el folio correspondiente y que se hayan expedido los certificados respectivos, debidamente firmados. Por ello, se concluye que la transmisión de derechos agrarios de ********** a ********** no fue formalizada conforme al artículo 17 de la Ley Agraria y a su reglamento, lo que de suyo impide que, al fallecer éste, se dejen a salvo los derechos de sus posibles sucesores para heredar los bienes de los que aquélla era titular originalmente, como lo expone la autoridad responsable. Asimismo, dado que en materia agraria, como se vio, existe una serie de etapas que hay que cumplir para que se transmitan los derechos agrarios por sucesión testamentaria, previstas tanto en la Ley Agraria como en su reglamento, no aplica la supletoriedad del Código Civil para afirmar, como lo hace la responsable, que la sucesión de derechos se transmite en el momento mismo de la muerte del titular y que, por tanto, como ********** vivía cuando falleció ********** en ese momento se actualizó su derecho de sucesión. Lo que se puede decir es que esa transmisión de derechos no fue formalizada y, por tanto, no llegó a consolidarse, lo que provoca que no se pueda desviar la línea de sucesión hacia quienes acrediten ser herederos de **********, como lo implica la decisión de la responsable de dejarles a salvo sus derechos, sino que, con motivo de la falta de tal formalización, lo que procedería, de no haber un obstáculo adicional para ello, es la apertura de la sucesión legítima, o intestamentaria ejidal, de ********** en términos del artículo 18 de la ley de la materia. Por ello, es acertada la manifestación de la quejosa en el sentido de que la lista de sucesores a que se refiere el artículo 17 de la Ley Agraria tiene el objeto de que al fallecer el ejidatario sus bienes se transmitan de acuerdo a la preferencia establecida y que el hecho de que una persona se encuentre enlistada como sucesora, constituye una expectativa de derecho, que se encuentra sujeta a que el titular fallezca, que no sea modificada dicha lista en términos de lo dispuesto por el artículo en estudio y que una vez hecho lo anterior se haga el trámite administrativo correspondiente ante el órgano registral, lo que -dice- no sucede en el caso. Además, en virtud del incumplimiento de la totalidad de las etapas para considerar transmitidos los derechos agrarios por sucesión testamentaria, las tesis que cita la autoridad responsable no son aplicables, dado que la jurisprudencia de rubro: ‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LA DESIGNACIÓN DE SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS NO SE AFECTA POR LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DE AQUÉL.’ se refiere a la designación de sucesores y a la consecuencia de que su falta de inscripción, pero no de la transmisión de derechos, en tanto que el criterio de rubro: ‘SUCESIONES EN MATERIA AGRARIA. LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS OPERA A FAVOR DEL SUCESOR PREFERENTE DESIGNADO POR EL TITULAR, DESDE EL MOMENTO DE LA MUERTE DE ÉSTE.’ no es obligatorio para este tribunal, por haber sido emitido por un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Amparo, además de que es anterior a la jurisprudencia que se cita en esta sentencia."

CUARTO. Ahora, para decidir en relación con la existencia o no de la contradicción de tesis, es necesario considerar detenidamente si los tribunales a que se ha hecho referencia, resolvieron situaciones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posturas discrepantes, ya sea en las consideraciones, en los razonamientos o en las interpretaciones de derecho que efectuaron en las resoluciones que nos ocupan, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo.

En este sentido se expresa la jurisprudencia 1a./J. 47/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 241, Novena Época, cuya sinopsis es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que: ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ... La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias ...’ La fracción VIII, último párrafo y la fracción IX del artículo 107 constitucional establecen, como regla general, la inimpugnabilidad de las resoluciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de excepción, en los supuestos que la propia Constitución y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una forma o sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten los mencionados órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios."

En relación con el supuesto de divergencia de criterios es pertinente destacar que no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis ya publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata.

De esta manera se dispone en la tesis P. L/94 del Pleno de este Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, página 35, Octava Época, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

De igual forma es aplicable la jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala, que con el número 2a./J. 94/2000 se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

En este orden de ideas, procede sintetizar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes en la presente denuncia de contradicción de tesis.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo administrativo número 53/2008, examinó el caso en que la ejidataria designó como sucesor a su esposo, en la lista dejada en el Registro Agrario Nacional; sin embargo, éste falleció posteriormente, sin haber formalizado esa transmisión; y, la hija de ambos, solicitó se abriera la sucesión legítima. Para resolver estimó:

Que en términos del artículo 17 de la Ley Agraria el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual basta que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia, así como que esa lista se deposite en el Registro Agrario Nacional, o en su caso, que se haya manifestado esa voluntad ante notario público.

Que en esas condiciones, teniendo en cuenta lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 20/2002 y 21/2002, para estimar que los bienes de un ejidatario han sido transmitidos por designación sucesoria, basta que quede demostrado a través de la constancia relativa, que el autor de la sucesión manifestó su voluntad de que una persona determinada le suceda en los bienes de los que es titular.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 1649 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, que dispone que la sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente, razón por la que la transmisión de los derechos se retrotraen a esa fecha, con independencia del momento en que se conozca cuál fue la voluntad del autor de la sucesión y, en este orden de ideas, el sucesor designado por la ejidataria, y fallecido sin haber formalizado la transmisión de los derechos sucesorios, puede considerarse titular de los mismos.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región al resolver el amparo directo administrativo número 81/2009, examinó el caso de que la ejidataria designó como sucesor a su hijo en la lista depositada en el Registro Agrario Nacional; sin embargo, éste falleció con posterioridad, sin haber formalizado la transmisión; y, la hija de la de cujus solicitó se abriera la sucesión legítima. Para resolver consideró:

Que en términos del artículo 17 de la Ley Agraria, en la sucesión testamentaria, el ejidatario designa a quien desea que le suceda en los derechos agrarios, en una lista que deberá depositar en el Registro Agrario Nacional, pero que con ello no concluye el procedimiento para consolidar la transmisión de los derechos agrarios, pues para ello es necesario cumplir con los requisitos que derivan de la Ley Agraria y su reglamento, indicadas en la jurisprudencia 20/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL."; y que en el caso solamente se cumplieron las etapas a), b) y c), referidas en la citada jurisprudencia, pero no los pasos d), e) y f), que se mencionan en la misma.

Que, por tanto, la designación de sucesor en una lista inscrita y dejada en depósito en el Registro Agrario Nacional, y que el sobre que la contenía haya sido abierto, no lleva a considerar que se formalizara la transmisión de derechos agrarios, al no cumplirse la totalidad de los requisitos exigidos por la jurisprudencia de mérito, por no constar que el sucesor designado se haya presentado ante el Registro Agrario Nacional, que se hubieren asentado los datos en el folio correspondiente y que se hayan expedido los certificados respectivos, debidamente firmados.

En esas condiciones -señala-, no aplica la supletoriedad del Código Civil, para afirmar que la sucesión de derechos se transmite en el momento mismo de la muerte del titular, dado que en materia agraria existe una serie de etapas que deben cumplirse para que se transmitan los derechos agrarios por sucesión testamentaria y el hecho de que una persona se encuentre enlistada como sucesora sólo constituye una expectativa de derecho que se encuentra sujeta a que el titular fallezca, que no sea modificada dicha lista y, sucedido lo anterior, se realice el trámite administrativo correspondiente.

Finaliza diciendo, que la falta de formalización de esa transmisión implica que no llegó a consolidarse y, en consecuencia, procede la apertura de la sucesión legítima o intestamentaria ejidal en términos del artículo 18 de la Ley Agraria.

Ahora bien, no existe duda que las posturas jurídicas sinte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22152-f4de1c48/derechos-agrarios-el-sucesor-designado-por-el-ejidatario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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