CONTRATO DE OBRA PUBLICA. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO SUSCITADO POR SU RESCISION, PROVENIENTE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIDAD, CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
COMPETENCIA 104/93. ENTRE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS EN EL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Previamente al estudio del conflicto competencial de que se trata, debe destacarse que en la especie el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, planteó de oficio su incompetencia legal para conocer del referido juicio federal, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 34, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que, en ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia. Sin embargo, aun cuando existe dicha irregularidad, lo cierto es que existe hasta el momento realmente una contienda competencial, ya que en tanto que el Juez Quinto del Distrito Federal en Materia Civil en el Distrito Federal considera que el competente para conocer del juicio ordinario civil lo es la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en esta capital, esta última estima que no es competente, por lo que en atención a los principios procesales de economía y de celeridad, es necesario resolver desde ahora dicha controversia competencial, sin esperar a que previamente se subsane la irregularidad observada, pues tal dilación resulta ociosa y sólo retardaría la decisión que sobre el particular debe emitirse, máxime que en el caso resulta que la competencia se surte en favor de uno de los Jueces que compiten.
TERCERO.-Para una mejor comprensión de la solución del presente conflicto, conviene precisar diversos hechos y consideraciones que dieron lugar a la demanda que originó la controversia competencial.
1. El día seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, Construcciones Industriales Duma, Sociedad Anónima, celebró con Administradora Inmobiliaria, Sociedad Anónima, hoy denominada Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistente en "la separación de salida de aguas jabonosas", ubicada en la unidad habitacional "Presidente Adolfo López Mateos de Tlatelolco", de esta ciudad, con un monto total de N$265,650.00 (doscientos sesenta y cinco mil, seiscientos cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente, y con plazo de ejecución del siete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, al veintiocho de abril de mil novecientos noventa. Dicho contrato se identifica con el número GREO/OM/037/89.
2. Administradora Inmobiliaria, Sociedad Anónima, hoy Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), es un fideicomiso creado por el Ejecutivo Federal por acuerdo de primero de abril de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dos de abril siguiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2o. y 9o. de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal.
3. Las partes contratantes expresamente se sujetaron en la cláusula III del referido contrato, para la ejecución de la obra y objeto del mismo, a las normas relativas de la Ley de Obras Públicas y su reglamento, así como a las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas. Dicha cláusula dice: "III. Las partes declaran que: se obligan en los términos de este contrato y del contenido de las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, expedida por SEDUE, las que se tienen por reproducidas, formando parte integrante de este contrato. Por consiguiente, el multicitado contrato administrativo de obra pública, en los términos del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas, se debe considerar de derecho público".
En el contrato de obra pública, como sucede en el caso, una parte es la administración y la otra, denominada contratista, una persona física o moral, que se obliga a construir, modificar, demoler o conservar una obra pública en las condiciones que fueron establecidas, mediante un precio a cargo de dicha administración. El contrato de obra pública tiene como presupuesto lógico que el bien u obra no existe en el momento de la celebración y por tanto la obligación del contratista es realizarlo o construirlo mediante el pago de un precio. Es en consecuencia, un contrato bilateral, pues de su celebración surgen obligaciones para las dos partes y, se insiste, es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley de Obras Públicas y por las propias cláusulas del acuerdo de voluntades, cláusulas que en algunas de ellas reflejan una subordinación jurídica del administrado o particular a la administración y que por ello la doctrina afirma que su contenido "es exorbitante en relación al derecho común", y de naturaleza diversa a la civil.
En el caso, basta dar lectura a la cláusula III transcrita del contrato para concluir que se está ante la situación apuntada, pues remite a las disposiciones legales y reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y al respecto el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas dispone:
"ARTICULO 43. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos de obra por razones de interés general o por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de esta ley."
4. El día tres de junio de mil novecientos noventa y uno, el apoderado legal de Administradora Inmobiliaria, Sociedad Anónima, hoy Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en resolución contenida en el oficio sin número, con apoyo en el citado artículo 43 de la Ley de Obras Públicas, 58 de su reglamento y en los incisos 3.3.16 y artículos 4 y 12 y 3.3.17 de las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con los mismos unilateralmente rescindió administrativamente el contrato número GREO/OM/037/89, relativo a los trabajos de "separación de salidas de aguas jabonosas", ya que según se dice la contratista no dio cumplimiento al programa de ejecución de las obras, conforme a las obligaciones y términos estipulados.
5. Construcciones Industriales Duma, Sociedad Anónima, señala en su demanda diversos hechos de los cuales se desprende, según ella, que no incurrió en algún retraso o dilación a ella imputable, en el programa de ejecución de las obras, ya que no se le puso a su disposición oportunamente el tramo para ejecución de obra en que debía efectuarse aquélla. Finalmente, en el capítulo de "Derecho", de su demanda, la parte actora estima aplicables para decidir la controversia planteada, diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; de la Ley de Obras Públicas y su reglamento.
Precisado lo anterior, corresponde ahora dilucidar, si el Juzgado de Distrito en materia civil o el especializado en materia administrativa, es el competente para conocer del juicio ordinario federal planteado.
Para ello, es preciso analizar primeramente dicha competencia, en lo que concierne a la prestación principal reclamada, consistente en la declaración de que es nula y carente de efecto alguno la rescisión administrativa contenida en el oficio de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, dictada por la dependencia administrativa indicada.
Pues bien, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente:
"ARTICULO 54. Los Jueces de Distrito en materia civil conocerán":
"I. De las controversias del orden civil que se susciten entre particulares con motivo de la aplicación de leyes federales, cuando el actor elija la jurisdicción federal, en los términos del artículo 104, fracción I de la Constitución";
"II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional";
"III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del Juez";
"IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular";
"V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promueven en materia federal";
"VI. De las controversias en que la Federación fuere parte, salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 11 de esta ley, en cuyo caso el Juez de autos, de oficio o a petición fundada de cualquiera de las partes, enviará el expediente al Pleno de la Corte";
"VII. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal";
"VIII. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil en los términos de la Ley de Amparo"; y
"IX. De todos los demás asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, conforme a la ley, y que no estén enumerados en los tres artículos que preceden."
A su vez, el artículo 52 del mismo ordenamiento legal, dispone:
"ARTICULO 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán":
"I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o de subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas";
"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden";
"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo";
"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II y III, en lo conducente, del artículo anterior, y fracción I del artículo 27 de esta ley"; y
"V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio."
En lo que se refiere al artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de los Jueces de Distrito en materia civil, este Tribunal Pleno estima que el caso concreto no se ubica en alguna de las hipótesis que contempla, puesto que no se está ante una controversia suscitada entre particulares; no se trata de juicios que afecten bienes de propiedad nacional; que se susciten entre una entidad federativa y vecinos de otra; tampoco se está ante un asunto civil que concierna a miembros del cuerpo diplomático y consular; ni diligencias de jurisdicción voluntaria; así como tampoco se está ante una controversia de naturaleza civil, sino administrativa, atento a las consideraciones expuestas sobre este aspecto anteriormente.
En cambio, se estima que se actualiza el supuesto competencial previsto por la fracción I del artículo 52 de la Ley de Amparo, a favor de un Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa, por las razones que en seguida se exponen:
Para que se actualice la hipótesis que menciona la citada fracción I, resulta indispensable que concurran los siguientes requisitos: a) que se trate de una controversia suscitada con motivo de la aplicación de una ley federal; b) que deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento administrativo; y, c) que ese acto de autoridad sea de carácter administrativo o bien que dicho procedimiento se hubiere seguido ante autoridades administrativas.
Pues bien, en lo que se refiere a la prestación principal solicitada, concurren dichos requisitos.
En efecto, como se precisó en párrafos anteriores, del contenido de la resolución administrativa de rescisión de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, se aprecia que el apoderado legal de Administradora Inmobiliaria, Sociedad Anónima, hoy Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) rescindió el contrato administrativo número GREO/OM/037/89, con apoyo legal en los artículos 43 de la Ley de Obras Públicas y 58 de su reglamento, así como en los incisos 3.3.16, artículos 4 y 12 y 3.3.17 de las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las entidades y dependencias de Administración Pública Federal.
Por otra parte, debe tenerse en consideración que en el caso, dicha rescisión administrativa constituye un acto de una dependencia que forma parte de la administración pública en los términos del artículo 90 de la Constitución Federal y de la Ley de la Administración Pública Federal, que de hecho ha realizado o llevado al cabo actos unilaterales e imperativos con el carácter de autoridad, que culminaron con una resolución dictada en un procedimiento administrativo regulado por la Ley de Obras Públicas, respecto a cuestiones relacionadas con las funciones esenciales y necesarias para lograr el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponden.
En consecuencia, como se está ante una controversia suscitada con motivo de la aplicación de ordenamientos federales, como lo son la Ley de Obras Públicas y su reglamento, en lo que deberá decidirse sobre la legalidad de una determinación de una dependencia de la administración pública, que ha realizado actos de autoridad; es decir, actos que se traducen en una declaración unilateral de voluntad, imperativa y coercible que, como se dijo, lo constituye la rescisión administrativa contenida en la resolución de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno; y finalmente que dicho acto, tomando en cuenta quien lo emite o dicta, y sus características intrínsecas, es de naturaleza administrativa, debe concluirse que el conocimiento de la referida controversia compete al Juez de Distrito especializado en materia administrativa.
En cuanto a las demás prestaciones reclamadas, consistentes en el pago de diversas cantidades y la cancelación de la fianza número 270302 E/R-9111-1306, expedida por Fianzas México, por diversos conceptos, como todas estas prestaciones son de naturaleza accesoria, por ende, su conocimiento compete de igual manera al mismo Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa, atento el principio en ese sentido.
Ciertamente, dichas prestaciones son de carácter accesorio, en virtud de que el estudio de su procedencia dependerá de que, en su caso, proceda la de carácter principal consistente en la declaración de nulidad y de que es carente de efecto alguno la rescisión administrativa contenida en el oficio de tres de junio de mil novecientos noventa y uno, y por tanto, su análisis es inherente a la de carácter principal.
Atento a todo lo anterior, se concluye, que deberá ser el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el que deberá conocer y decidir acerca de la procedencia o no de las prestaciones que se reclaman, tanto de la de carácter principal consistente en la declaración de nulidad de la resolución de rescisión administrativa, emitida el tres de junio de mil novecientos noventa y uno, respecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número GREO/OM/037/89, como en relación a la procedencia de las prestaciones de carácter accesorio.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Pleno al resolver el conflicto competencial número 144/90, sustentado entre los Jueces de Distrito Cuarto en Materia Civil y Segundo en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal, por mayoría de catorce votos, de los señores Ministros: Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez. Sesión pública de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres. Ponencia del Ministro Sergio Chapital Gutiérrez.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 de la Ley de Amparo y 26, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara que la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal es competente para conocer del juicio ordinario federal, mediante el cual Construcciones Industriales Duma, Sociedad Anónima, demandó las prestaciones que quedaron especificadas en el resultando primero de esta resolución.
SEGUNDO.-Remítase testimonio de esta resolución al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.
Notifíquese; y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por mayoría de quince votos de los señores Ministros Magaña Cárdenas, Castañón León, Fernández Doblado, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez, García Domínguez y presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros de Silva Nava, Sempé Minvielle, Llanos Duarte y Adato Green votaron en contra. Durante la votación de este asunto estuvo ausente el señor Ministro Felipe López Contreras. El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril actual. No asistió el señor Ministro José Trinidad Lanz Cárdenas, por estar disfrutando de vacaciones. Fue ponente el señor Ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.
Firman los CC. Presidente y Ministro ponente, con el C. Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22-6af0d150/contrato-de-obra-publica-la-competencia-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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