REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEL CONTENIDO DEL ACTA FINAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 14/2000.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios expresados por el recurrente, en síntesis, se refieren a lo siguiente:
I. Que la designación de Jueces de Distrito vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque no se señaló haber elaborado un acta final del concurso, en la cual se establecieran con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para concluir que el inconforme no alcanzó calificaciones para ser designado Juez de Distrito.
Añade que en el caso de que dicha acta existiera, se le debió comunicar su contenido a efecto de no dejarlo indefenso y pudiera estar en aptitud de controvertir adecuadamente los criterios de valoración invocados.
II. Que las calificaciones de las evaluaciones no fueron asentadas en ningún documento que preliminarmente se hicieran de su conocimiento.
Aduce que por tal motivo se provocó su indefensión, pues cualquier asignación menor que se diga obtuvo es una apreciación subjetiva, porque no se mencionó qué interrogantes no fueron respondidas cabalmente respecto del examen oral, ni en qué deficiencias incurrió en los proyectos elaborados y, por último, por qué son mejores los realizados por los vencedores.
III. Que la información confidencial que se haya solicitado respecto de aspectos que le puedan causar perjuicios, lesiona su garantía de audiencia y, por ello, cualquier documento que se hubiese tomado en cuenta para desacreditarlo o que contenga una imputación carece de validez, actuando de manera unilateral.
IV. Que existe infracción al principio de objetividad que regula a la carrera judicial, porque no basta que en los puntos octavo a décimo del acuerdo controvertido, se asiente que los comités y jurados realizaron la evaluación final, presentando a la Comisión de Carrera Judicial la lista de personas que tuvieron las más altas asignaciones; que la citada comisión analizó la lista de que se trata, en la cual valoró y determinó los méritos de tales personas; y que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal valoró a los candidatos propuestos, teniendo en consideración los mismos elementos, pues era imperativo que el propio órgano administrativo comunicara, personalmente, el contenido del acta final.
V. Alega, de manera cautelar, que el Consejo de la Judicatura Federal no valoró su antigüedad, capacitación y grado académico como se encontraba obligado a realizarlo, ya que ello forma parte de la estimación.
Ahora bien, con objeto de hacerse cargo del argumento propuesto en el numeral I por el recurrente, previamente es necesario tener en consideración la normatividad que regulan los procedimientos de oposición para la designación de Jueces de Distrito.
Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sobre el particular, dice:
"Artículo 112. El ingreso y promoción para las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre. Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley se requerirá el acreditamiento de un examen de aptitud. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado."
"Artículo 113. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ..."
"Artículo 114. Los concursos de oposición libre e internos de oposición para el ingreso a las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se sujetarán al siguiente procedimiento: I. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada publicación. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de oposición libre o de concurso interno de oposición. La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios; II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa. De entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones; III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de las respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado a que se refiere el artículo 117 de esta ley, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, según corresponda. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante. Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto, y IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resultado vencedores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos respectivos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación."
"Artículo 116. Los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá, por un Magistrado de Circuito o un Juez de Distrito, dependiendo de la categoría para la cual se concursa, y por un miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura. La designación de los miembros del comité se hará en los términos que establezca el reglamento respectivo."
"Artículo 117. El jurado encargado de los exámenes orales se integrará por: I. Un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien lo presidirá; II. Un Magistrado de Circuito ratificado, si la categoría para la cual se concursa es la de Magistrado o un Juez de Distrito ratificado, si la categoría es la de Juez, y III. Una persona designada por el Instituto de la Judicatura, de entre los integrantes de su comité académico. Por cada miembro titular se nombrará un suplente designado en los términos que señale el reglamento correspondiente. A los miembros del jurado les serán aplicables los impedimentos establecidos en el artículo 146 de esta ley, los cuales serán calificados por el propio jurado."
Las disposiciones reseñadas establecen los mecanismos para poder acceder, entre otras, a la categoría de Juez de Distrito; concede facultades de verificación de la información proporcionada por los aspirantes a favor del Consejo de la Judicatura Federal; señala los requisitos necesarios para designar Jueces de Distrito; prevé el procedimiento a que deben sujetarse los concursos internos y libres de oposición; y prevé la forma de integración de un comité para formular los cuestionarios y casos prácticos, así como la conformación de los jurados para la práctica de los exámenes orales y las reglas de evaluación.
Ahora bien, del análisis de los elementos de convicción aportados por el Consejo de la Judicatura Federal, se aprecia lo siguiente:
a) Mediante Acuerdo General 2/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecisiete de enero de dos mil, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho del mismo mes y año, se fijaron las Bases del Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito.
b) Convocatoria para el Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos mil.
c) Acta relativa a la sesión de veintitrés de marzo de dos mil, celebrada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se propuso la integración de los comités y jurados encargados de evaluar la segunda y tercera etapas del Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito.
d) Acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se aprobó la propuesta presentada para integrar los comités y jurados encargados de evaluar la segunda y tercera etapas del concurso.
e) Actas de primero y dos de junio de dos mil, elaboradas por los comités de evaluación de casos prácticos, con la relación de las calificaciones que en la segunda etapa se otorgaron a los participantes.
f) Actas de once de junio dos mil, realizadas por los jurados que practicaron los exámenes orales, con el registro de las calificaciones que otorgaron a los concursantes.
g) Relación general de las calificaciones obtenidas por los doscientos cincuenta aspirantes que participaron en la segunda y tercera etapas del concurso.
h) Relación de los setenta y dos concursantes que obtuvieron las mejores calificaciones, elaborada por los comités de evaluación de casos prácticos y los jurados que realizaron los exámenes orales.
i) Acta de quince de junio de dos mil, relativa a la reunión conjunta de los comités de evaluación de casos prácticos y jurados de exámenes orales, en la que se determinó poner a consideración de la Comisión de Carrera Judicial, la lista mencionada en el punto anterior.
j) Acta de veintidós de junio de dos mil, correspondiente a la sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
k) Acta de veintitrés de junio de dos mil, elaborada con motivo de la celebración de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la designación de los participantes vencedores en el Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito.
l) Lista de aspirantes vencedores del Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de junio de dos mil.
De los documentos que anteceden, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para la celebración del Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, previamente se dictó el acuerdo correspondiente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la convocatoria respectiva, los cuales se publicaron en los medios de difusión oficial y nacionales de mayor circulación, en los que se precisó la categoría y número de plazas, se fijaron los requisitos, lugares y fechas para la realización de los exámenes y se señaló plazo y lugar para las inscripciones; se recibieron los documentos de los interesados; previo el análisis correspondiente se publicó el nombre de las personas admitidas al concurso; tuvo verificativo la aplicación del examen correspondiente al cuestionario escrito, que versó sobre las materias relacionadas con la función que desempeña un Juez de Distrito y, asimismo, en dicha etapa, se aplicó el examen psicométrico; previa evaluación se divulgó la lista de aspirantes que aprobaron la primera etapa del concurso; posteriormente, se desarrolló la segunda etapa, en la cual los participantes elaboraron dos proyectos de sentencia sobre las materias que por sorteo les correspondieron; dichos proyectos fueron calificados por los comités de evaluación respectivos; se efectuó la etapa relativa a los exámenes orales practicados a los participantes; después, se reunieron los comités de evaluación de casos prácticos y los jurados de los exámenes orales, evaluaron a los participantes y presentaron a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal una lista de setenta y dos concursantes que obtuvieron las calificaciones más altas; la citada Comisión de Carrera Judicial analizó la lista de que se trata y después de valorar los diversos elementos a que se refiere el punto décimo del citado Acuerdo 2/2000, elaboró la lista de los cincuenta candidatos que resultaron triunfadores, misma que fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, finalmente, se difundió el resultado a través del medio informativo oficial.
Es aplicable, en cuanto a la invocación supletoria de la legislación adjetiva civil federal, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, plasmado en la tesis P. LXX/97, publicada en la página 172, del Tomo V, correspondiente a mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EN SU TRAMITACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es la que prevé el recurso de revisión administrativa y no establece las reglas de sustanciación, debe estimarse supletoriamente aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, con fundamento en el hecho de que si en derecho sustantivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, a falta de disposición expresa de la ley del acto, debe también acudirse a la legislación civil, en todo lo que no contraríe los principios en que se sustenta la ley en que se va a efectuar la suplencia. Ahora bien, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es una ley federal, entonces habrá que aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles."
De lo hasta aquí destacado, es dable estimar que el agravio expresado por el recurrente, en el sentido de que en la designación de Jueces de Distrito se incumplió con lo establecido por el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al no haber elaborado el acta final del concurso, es infundado, en virtud de que dicha actuación tuvo verificativo el quince de junio de dos mil, tal y como se aprecia de las pruebas documentales reseñadas.
De igual manera, carece de consistencia jurídica lo alegado en relación a que en dicha acta se debieron establecer con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y circunstancias inmediatas que se tuvieron en consideración para concluir que el recurrente no alcanzó la calificación necesaria para ser designado Juez de Distrito.
Contrariamente a lo aducido, dicho documento se encuentra debidamente motivado, en virtud de que en él se reflejaron los resultados del procedimiento de selección en su conjunto, en el cual se plasmó el nombre de los setenta y dos concursantes que obtuvieron las mayores calificaciones y que, en su caso, se estimaron aptos para ser designados en la categoría de Jueces de Distrito, conforme al porcentaje establecido en la reunión conjunta de los comités de evaluación y los jurados de exámenes orales, celebrada el quince de junio de dos mil, en la que se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
"... El director general del Instituto de la Judicatura puso a consideración de los miembros de los comités y jurados la lista de los doscientos cincuenta concursantes, ordenada progresivamente de la más alta calificación a la más baja, sin identificación de nombres, la cual fue evaluada y aprobada, para después determinarse que la lista final de los aspirantes con las mejores calificaciones se integrara con los setenta y dos que obtuvieron un puntaje de ochenta o más puntos, considerando que dicha calificación permite una apreciación objetiva de la calidad de los concursantes. Se acordó que el director general del Instituto de la Judicatura se encargara de elaborar la lista de los setenta y dos concursantes finalistas identificados por su nombre y ordenados progresivamente del de mayor calificación al de menor, que se entregará el lunes diecinueve de junio siguiente. ..."
Luego, es evidente que si el objetivo primordial de un concurso de oposición, en el caso de que se trata de carácter libre, es el de evaluar a los aspirantes a acceder a la categoría de Jueces de Distrito para elegir a los más aptos para el cargo de entre los que obtengan las calificaciones más altas, para lo cual se fijó por parte de los comités de evaluación y jurados de examen oral, reunidos de manera conjunta, un promedio mínimo a obtener, que en el caso fue de ochenta puntos, resulta lógico que una vez logrado dicho objetivo, el cual inclusive fue superado por el número de sustentantes que lo obtuvieron (setenta y dos personas para cincuenta plazas), era innecesario que los comités de evaluación de proyectos de sentencia y los jurados que practicaron los exámenes orales, al reunirse tuvieran que ponderar todos y cada uno de los casos de las personas que no alcanzaron dicha puntuación, precisando las razones, causas y motivos por los cuales no lo obtuvieron los restantes participantes, pues esa no fue la finalidad del concurso de que se trata.
De idéntica manera, es inconducente lo expresado por el recurrente respecto a que se le negó la posibilidad de audiencia, al omitir notificarle el contenido del acta final, para estar en posibilidad de alegar lo que a sus intereses conviniera.
En principio, conviene precisar que, tal y como anteriormente se estableció, el procedimiento de selección para la designación de Jueces de Distrito a través de un concurso de oposición libre, constituye una unidad indivisible y, por lo tanto, no es factible comunicar a los interesados todas y cada una de las etapas de evaluación para que hagan valer sus derechos, porque, por una parte, tal circunstancia retardaría en exceso el dictado del acuerdo correspondiente, en detrimento del artículo 17 constitucional, ya que ello produciría que diversos Juzgados de Distrito carecieran de titulares, lo cual perjudicaría la administración de Justicia Federal; y, por la otra, que a partir de la notificación del acuerdo de designación de Jueces de Distrito, el recurrente se encontró en la posibilidad de controvertir tanto la citada determinación como las diversas fases que integraron el concurso de oposición libre a través del medio de defensa procedente, tal y como lo hizo, formulando los agravios y presentando las pruebas que a sus intereses convengan.
De ahí que, en el caso de que se trata, no existe la alegada transgresión al derecho de audiencia del recurrente, porque ésta se respeta con la notificación del acuerdo relativo y con la oportunidad de impugnarlo.
Es aplicable al caso, la tesis P. XXXVIII/2000, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que puede ser consultada en la página 106, del Tomo XI, correspondiente a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO DE. EL DESCONOCIMIENTO DEL ACTA DE VISITA QUE SE TOMA EN CUENTA EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL RECURRENTE, PUES ÉSTA SE RESPETA CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y CON LA OPORTUNIDAD QUE TIENE PARA IMPUGNARLA. Con motivo de la notificación de la resolución que resuelve la no ratificación del funcionario judicial, se respeta su garantía de audiencia, ya que, a partir de este momento, toma conocimiento del contenido y sentido de la resolución, y a través del recurso de revisión administrativa está en aptitud de controvertirla y de presentar sus pruebas y alegatos. Por lo tanto, el desconocimiento de la existencia del acta de visita levantada con anterioridad a la emisión de la resolución recurrida y en que ésta se sustenta, no afecta su garantía de audiencia, ya que a través de este recurso podrá controvertirla."
Finalmente, respecto al argumento que vierte el quejoso en relación a que conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debió notificársele personalmente el contenido del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil, cabe destacar lo siguiente:
En primer término, la disposición invocada dice:
"Artículo 72. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos, y notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las mismas, deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo de la Judicatura Federal o del Juzgado de Distrito que actúe en auxilio de éste. Cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estime que sus reglamentos, acuerdos o resoluciones o los de las comisiones pudieran resultar de interés general, deberá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
El precepto relativo prevé que las determinaciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal deben constar en actas y ser firmadas por su presidente y el secretario ejecutivo que corresponda, las cuales deben ser notificadas personalmente a los interesados; que tal diligencia será realizada por los órganos de dicha institución o por quienes tengan que auxiliarlo; y, por último, que en el caso en que se estime revistan interés general, se ordenará su publicación en el medio de difusión oficial.
Ahora bien, en el caso es necesario establecer que la notificación a que se refiere el dispositivo de que se trata prevé dos supuestos, a saber: a) la emisión de una determinación a una persona que tiene un interés particular en la cuestión que se ventile, la cual, desde luego, debe notificarse en forma personal al afectado; y, b) el dictado de una resolución de carácter general, respecto de la cual se ignora quién pueda resentir un perjuicio de carácter personal, la cual debe difundirse a través del medio informativo oficial.
En ese orden de ideas, en el caso de que se trata se refiere a un concurso libre de oposición para la designación de Jueces de Distrito, el cual tuvo su origen en el Acuerdo General 2/2000, del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de enero de dos mil, el que, entre otras cosas, en el punto décimo, parte final, estableció lo siguiente:
"DÉCIMO. ... El resultado se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en cuatro diarios de circulación nacional, asignándose a la primera de las publicaciones el carácter de notificación para todos los participantes."
De igual manera, en la convocatoria para el primer concurso de oposición abierto para la designación de Jueces de Distrito, aprobada el diecisiete de enero de dos mil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la base novena en lo que interesa, estableció lo siguiente:
"NOVENA. De la designación y notificación del resultado. ... El resultado se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en cuatro diarios de circulación nacional, asignándose a la primera de las publicaciones el carácter de notificación para todos los participantes. ..."
Así, se aprecia que dentro de las reglas y las bases del acuerdo y la convocatoria relacionados se estableció que la notificación de los resultados se llevaría a cabo mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación; luego, es evidente que lo que podría irrogar perjuicios al recurrente, en su caso, no es propiamente la publicación de la lista de participantes vencedores, pues ésta se ajustó a los términos ordenados en el acuerdo y convocatoria, respectivamente, resultando que serían los últimos, precisamente, los que en todo caso no atendieron el contenido de la disposición que se cita como infringida, respecto de los cuales el recurrente debió haber formulado los agravios que procedieran, como parte integrante del procedimiento del concurso de oposición cuyo resultado se controvierte, cuestión que omitió hacer y, por ello, resulta que este Alto Tribunal carece de facultades para analizar y resolver de oficio sobre su legalidad.
SÉPTIMO. Respecto de lo expuesto por el recurrente, en relación a que las calificaciones no fueron plasmadas en ningún documento que se le hiciera de su conocimiento, cabe estimar lo siguiente.
El argumento relativo es inoperante, en virtud de que, tal y como se precisó en el considerando que antecede, no es factible jurídicamente que se dieran a conocer a las partes todas y cada una de las actuaciones realizadas por los comités de evaluación y jurados de exámenes orales, porque ello no se encuentra previsto en la ley de la materia, en primer lugar; además, se retardaría injustificadamente la designación de Jueces de Distrito en detrimento de la administración de la Justicia Federal, en segundo lugar; y, finalmente, el recurrente tuvo la oportunidad de controvertir la legalidad del acuerdo respectivo a través del medio de defensa correspondiente, como así lo hizo, de lo que resulta que no se le privó de ningún derecho en su perjuicio.
Ahora bien, respecto de lo aducido por el recurrente, en el sentido de que cualquier calificación minoritaria es subjetiva porque no se precisó qué preguntas no respondió cabalmente en el examen oral, de igual manera debe estimarse inoperante, toda vez que del análisis de los cuadros generales de calificaciones de los concursantes, la cual merece eficacia probatoria plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se aprecia que en dicho listado el recurrente aparece ubicado en el lugar noventa y cuatro y que como resultado del examen oral, de manera conjunta, los jurados le atribuyeron un promedio global de 95 puntos, la cual es muy cercana a los 100 tantos, que conforme a la regla octava de la convocatoria es la mayor puntuación que podía otorgarse; así, es evidente que el resultado no le es perjudicial, ya que es una puntuación casi perfecta respecto de la cual es obvio que pudo derivar no precisamente de omitir contestar la totalidad de las preguntas, sino del desarrollo parcial de un concepto, lo cual no es posible determinar porque no existen grabaciones o transcripciones de versiones taquigráficas del examen de que se trata, ya que ello no fue previsto ni ordenado, ya sea en el acuerdo o en la convocatoria respectiva.
De la propia manera, es necesario distinguir que el recurrente de manera global controvierte el resultado de la segunda etapa, al referir que no se señalaron los errores en que incurrió al realizar los proyectos de sentencia relativos, sin tomar en consideración que dicha etapa se dividió en dos fases, es decir, la relativa a la evaluación que se realizó el sábado veinte y la segunda que correspondió al domingo veintiuno, ambos de mayo de dos mil, las cuales fueron calificadas por distintos comités y, por lo tanto, al no hacer separación de ninguna especie, es claro que se omitió especificar cuál de dichas fases es la que le irroga perjuicios.
No obstante lo anterior, es necesario precisar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estima que sólo será motivo de estudio la evaluación correspondiente a la primera fase de la etapa correspondiente a la formulación de proyectos de sentencia, en virtud de que la segunda fase propiamente no le causa perjuicio, dado que en la clasificación general de concursantes con las calificaciones otorgadas se aprecia que el recurrente aparece en el lugar noventa y cuatro, en el cual aparece con una puntuación de 85 de 100 a otorgar como máximo, la cual se considera como un promedio sumamente aceptable y que, en su caso, dependiendo de las restantes calificaciones, pudiera llevar a otorgar un promedio suficiente para estar en aptitud de ser seleccionado dentro de la categoría sujeta a concurso.
Por otra parte, en el aspecto concerniente a que no se señaló cuáles fueron las deficiencias en que incurrió en los proyectos de sentencia elaborados, debe considerarse que, como antes se dijo, se refiere a la diversa calificación otorgada en la elaboración del proyecto correspondiente al sábado veinte de mayo de dos mil, el cual resulta infundado, en virtud de que de los cuadros de evaluación realizados por el comité de evaluación dos, que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 de la ley adjetiva civil federal, de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se aprecia que al participante número noventa y cuatro, correspondió resolver el asunto marcado con el número ciento treinta y siete, el que a través de medios electrónicos se identifica como el realizado por el recurrente, en un asunto de materia civil, en el cual se le atribuyó, de manera coincidente por los tres integrantes del comité dos de evaluación, el siguiente resultado: a) comprensión de la materia: di
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6978-6e9283b3/revision-administrativa-contra-la-designacion-de-jueces-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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