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Modo: Corpus Pro

NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 7/2000. · Registro digital (IUS): 2839
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 505.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 7/2000.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIOS: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO Y MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los agravios que se hacen valer en el recurso son, en síntesis, los siguientes:

1. Indebida reclasificación de la aparente falta cometida.

En el dictamen de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el consejero Mario Melgar Adalid realizó una especie de reclasificación dentro de la denuncia 6/98, por considerar que los hechos materia de ese procedimiento pudieran ser constitutivos de la falta administrativa grave, prevista por la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al estimar que el rezago advertido en el tribunal y la dilación en el dictado de las sentencias pudiera ser consecuencia de un "notorio descuido" en el desempeño de la función del Magistrado.

En el dictamen no se citó precepto legal alguno que sirviera de base para tal reclasificación, y el Pleno del Consejo de la Judicatura mucho menos fundó y motivó el acuerdo por el que aprobó el dictamen, pues sólo se limitó a señalar: "Por unanimidad de siete votos el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen presentado por el consejero Mario Melgar Adalid ...", con lo que incuestionablemente se cometió una violación al principio de legalidad.

Además, no existe disposición legal alguna que pudiera servir de fundamento para tal reclasificación, pues la fracción IV del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla una hipótesis que no se surte en la especie.

2. Indebido desahogo de la audiencia de ley, en la que se pretendió acumular los dos procedimientos instaurados.

El veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con respecto a las denuncias 6/98 y 14/98; lo que se traduce en una violación en mi perjuicio, porque la diligencia se realizó como si se tratara de un solo procedimiento, cuando lo correcto es que se me citara mediante un oficio en cada una de las denuncias y a una hora determinada para cada una de las audiencias.

3. Infundada suspensión temporal en el cargo de Magistrado de Circuito.

La suspensión temporal del cargo de Magistrado de Circuito decretada en sesión de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho carece de la adecuada fundamentación y motivación exigidas por el artículo 16 constitucional.

4. Violación al artículo 23 constitucional, por haberse juzgado en dos ocasiones la misma conducta.

El procedimiento instaurado es violatorio del artículo 23 de la Ley Suprema, debido a que en él se me juzgó dos veces por la misma conducta, pues los hechos investigados en la denuncia 6/98 fueron tomados en cuenta no sólo en ese procedimiento, sino que sirvieron de base para resolver la diversa denuncia 14/98.

Lo que podía haber hecho el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que tuvo en sus manos los resultados de la visita extraordinaria de inspección número 324/98, era proceder a la ampliación de la denuncia administrativa 6/98, para que la investigación a que ésta se refería abarcara hasta ese mayor número de asuntos acumulados dentro de ese mayor periodo, pero en modo alguno le era posible jurídicamente el ordenar la integración de una diferente denuncia administrativa, en este caso, la 14/98, y al hacerlo, realizó una indebida recalificación al sujetarme a otro procedimiento administrativo por esa conducta relativa a los 501 asuntos pendientes de resolver que ya eran materia de la inicial denuncia 6/98, error en el que igualmente incurrió al determinar, en el punto resolutivo segundo de la determinación que impugno, que "se acreditan las causas de responsabilidad administrativa a cargo del Magistrado ...", e imponiéndome la sanción correspondiente, vulnerando así en mi perjuicio lo previsto por el artículo 23 constitucional, que prohíbe que una persona sea juzgada y sancionada dos veces por una misma conducta.

5. Indebido análisis de las objeciones hechas valer al acta de visita extraordinaria 324/98, particularmente con respecto a la identificación del visitador.

En la resolución reclamada se responden de manera incorrecta las objeciones que oportunamente se hicieron valer en torno a los vicios contenidos en el acta de visita, como es la circunstancia de que el visitador designado no se haya identificado al momento de iniciar la visita.

En concepto del consejo, el visitador general y los visitadores judiciales, ni tienen el carácter de autoridad ni realizan actos de autoridad en relación con sus visitados cuando practican las visitas ordinarias, extraordinarias y especiales de inspección que les encomienda, para verificar que los Jueces y Magistrados estén cumpliendo adecuadamente con las obligaciones que la ley les impone en el ejercicio de su cargo. El Magistrado, por ser Magistrado, no alcanza siquiera el carácter de particular gobernado, ni tiene garantías individuales a tutelar en contra de la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, del visitador general y de los visitadores judiciales.

De acuerdo con el criterio sostenido en la resolución, el consejo y los visitadores judiciales no tienen la obligación de apegarse a las disposiciones legales aplicables en su actuación, frente a Jueces y Magistrados, y esa actuación puede estar fuera de los marcos legales y contener todo tipo de arbitrariedades en su contra, porque se trata de "actos de verificación interna del Poder Judicial Federal respecto del desempeño de un servidor judicial".

En lo que a esto se refiere, es de señalarse que el Consejo de la Judicatura Federal pasa por alto el brillante estudio y contraría el criterio jurídico sustentado por ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de revisión administrativa número 8/96, promovido por el entonces Magistrado ... en el que se concluye que el Consejo de la Judicatura Federal tiene el carácter de un órgano administrativo y que, por lo mismo, tiene a su cargo funciones eminentemente de carácter administrativo, sus actos son verdaderos actos de autoridad y las visitas que practican no pueden sino constituir visitas de carácter administrativo.

6. Indebida aplicación analógica de la ley.

Que la resolución recurrida viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 131, fracciones III y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta última en relación con el diverso 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por aplicación analógica de la ley, en virtud de que ni en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encuentra previsto el rezago o la dilación en el dictado de las sentencias, por sí solos, como una falta administrativa y, en consecuencia, menos aún puede otorgársele un calificativo de grave o no grave.

Esto es, de considerar que el rezago y la correlativa dilación en el dictado de las sentencias es causa de responsabilidad administrativa, se estaría aplicando analógicamente la ley, pero además en forma totalmente arbitraria, pues no encontrándose regulado este aspecto en la ley y no existiendo parámetro alguno del que pudiera desprenderse a partir de qué número de asuntos rezagados pudiera incurrirse en falta administrativa, resulta que cualquier cantidad que al efecto se tome, sería definitivamente arbitraria.

Que el rezago de 613 asuntos que acumuló el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, durante el tiempo en que fue titular el recurrente, no se debió a un notorio descuido, sino que fue una consecuencia del incremento de los asuntos que ingresaron al tribunal durante ese tiempo.

7. Incorrecta valoración de la prueba confesional desahogada.

Contrariamente a lo expresado en la resolución que se impugna, la prueba confesional no contiene reconocimiento alguno sobre responsabilidad por la existencia de un rezago.

Si bien es cierto que se reconoció la existencia del rezago y que se señaló que ni con diez secretarios se hubiera podido evitar, y aun cuando es falso que hubiese manifestado que el retraso se debía a la serie de actividades que realizaba por las mañanas, con motivo del trámite de los asuntos, lo cierto es que de dichas expresiones no puede desprenderse que yo haya confesado que el rezago existente era producto de un "notorio descuido" en el desempeño de la función de Magistrado, o que era producto de no haber observado la "máxima diligencia" en el desempeño de las funciones que tenía encomendadas, según la descripción que de dichas faltas administrativas hacen los preceptos legales, lo que sí hubiese constituido una confesión de mi parte.

El Consejo de la Judicatura Federal parte de una premisa falsa, consistente en pensar que por el hecho de haberse reconocido la existencia de ese rezago, se está reconociendo la responsabilidad en la comisión de esa falta administrativa tipificada como "notorio descuido" en el desempeño de la función, cosa que nunca se ha aceptado, pues hay causas que no sólo explican sino hasta justifican el rezago en cuestión.

8. Indebida consideración y valoración, como pruebas en mi contra, de los informes rendidos por los secretarios, en el procedimiento que se les instauró.

El hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal tome en consideración en mi contra los informes rendidos por los secretarios del tribunal dentro de la denuncia 15/98, resulta violatorio en mi perjuicio del principio de la contradicción de la prueba, por tratarse de documentos elaborados por ellos de manera unilateral, sin que el suscrito hubiese tenido oportunidad de cuestionarlos al respecto, o de hacerles las preguntas y repreguntas que se hubiesen estimado pertinentes.

Sobre este particular, es de señalarse que en el dictamen formulado por el entonces secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la visita extraordinaria de inspección número 324/98, practicada al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito los días del veinte de mayo al diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, y que fuera aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el día treinta de septiembre del propio año, se determinó la existencia de irregularidades posiblemente constitutivas de falta administrativa, tanto para el suscrito Magistrado, como para los secretarios de tribunal licenciados Felipe Cerecedo Díaz, Patricia Gómez García, Susana Paczka Carmona, Priscila Patricia Orrín Urista, Ramiro Rodríguez Reynoso, Arturo García Gil y Elisa Jiménez Aguilar, ordenándose tramitar por separado los expedientes de denuncia, para seguir el procedimiento al suscrito Magistrado y a los mencionados secretarios, los que se siguieron por cuerda separada, razón por la cual el suscrito Magistrado no tuvo el carácter de parte en el otro procedimiento, y si bien es cierto que mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve se determinó que la denuncia administrativa número 15/98, seguida en contra de los que habían sido mis secretarios en el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, se acumulara a las denuncias administrativas 6/98 y 14/98, seguidas en mi contra, por encontrarse estrechamente vinculadas, también lo es que ya para esas alturas dichas denuncias se encontraban en estado de dictar resolución, de tal manera que ya no había forma de objetar en manera alguna los mencionados informes, ni de probar, ni de alegar en su contra, puesto que los procedimientos se encontraban concluidos, razón por la cual esos informes no pueden ser utilizados válidamente en mi contra, pues ello resulta violatorio de la garantía de audiencia y defensa que en mi favor consagra el artículo 14 constitucional.

9. Interpretación incorrecta de la garantía de celeridad en la impartición de justicia, prevista en el artículo 17 de la Ley Suprema.

Es incorrecto el alcance que se da a la garantía de celeridad en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Ley Suprema.

Es precisamente al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien corresponde tomar las medidas administrativas necesarias para evitar la formación de esos rezagos que por diferentes motivos se pueden suscitar en juzgados y tribunales, y para propugnar porque la justicia que éstos administran, además de completa e imparcial, sea pronta, en lo posible dentro de los plazos y términos que establecen las leyes.

Cierto es que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que la justicia que se imparta a los gobernados por los tribunales a través de sus resoluciones debe ser de manera pronta, completa e imparcial. De estas tres exigencias, las relativas a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, corresponden en todo y por todo, son de la absoluta responsabilidad de los Jueces de Distrito y de los Magistrados de Circuito, ya sean unitarios o colegiados.

Sin embargo, la otra exigencia, la de que la justicia debe ser de manera pronta, en lo posible dentro de los plazos y términos que establece la ley, ya no corresponde a la exclusiva responsabilidad de los Jueces y Magistrados, sino que compete al Consejo de la Judicatura Federal el tomar las medidas administrativas necesarias para evitar que esos rezagos se formen y para proporcionar a Jueces y Magistrados las condiciones necesarias para que la impartición de justicia pueda ser pronta, con la celeridad que exige el artículo 17 constitucional y las disposiciones secundarias aplicables, a través de la creación de los órganos jurisdiccionales necesarios para atender adecuadamente el incremento en el número de ingresos que se vaya teniendo, el proporcionar los apoyos técnicos y de personal que se requieran para atender los asuntos de mejor manera, el tener una equitativa distribución de las cargas de trabajo, la especialización de los tribunales, en la medida en que se considere necesario, o cualquier otra acción que se estime pertinente.

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que ni en el actual párrafo séptimo del artículo 100 constitucional, ni en su correlativo, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece entre los principios rectores de la carrera judicial el de la prontitud, rapidez o celeridad en el dictado de las resoluciones. En estos preceptos solamente se señalan como tales los relativos a la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en el desarrollo de la función, lo que nos proporciona una idea de la importancia que a estos aspectos otorga el Constituyente Permanente y el legislador ordinario en la actuación de cualquier juzgador, ya sea Juez o Magistrado, en detrimento de cualquier otro que pudiera considerarse.

Éste es el sentido en el que esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende lo que debe ser la administración de justicia de cara a este siglo XXI, y la forma como debe ponderarse el rezago en juzgados y tribunales. Así se dice, según se puede advertir de la nota que apareció publicada el día lunes cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve en el periódico Reforma, y que adjunto al presente en apoyo de mi aseveración (anexo cinco), que el señor Ministro don Mariano Azuela Güitrón define al rezago como: "la imposibilidad, o seria dificultad, de la Suprema Corte de resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos legales y con la calidad propia de esos órganos jurisdiccionales"; que el señor Ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia señaló que: "la lucha contra el rezago debe ocupar un segundo término respecto de la calidad en la impartición de justicia; es decir, la calidad debe estar por encima de la cantidad"; que el señor Ministro presidente, don Genaro David Góngora Pimentel, dijo: "prefiero un asunto discutido, que diez sin discusión ... ojalá podamos implementar una organización en la que exista un desplazamiento de músculo (cantidad), por el cerebro (calidad)", y que en torno al problema del rezago "los señores Ministros consideraron que era importante continuar juzgando con calidad aunque esto tomara tiempo"; o sea, que lo único que he tratado de hacer a lo largo de los nueve años de juzgador federal es tratar de cumplir con el modelo de justicia que ese honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima debe prevalecer en el Poder Judicial de la Federación.

Luego entonces, a los Jueces y a los Magistrados nos corresponde impartir justicia con excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, aspectos por los que el suscrito siempre se preocupó en el ejercicio de su cargo, pues se encuentra plenamente probado en autos el especial cuidado y atención que ponía en la emisión de las resoluciones de los asuntos que se ventilaban en el tribunal, pero al Consejo de la Judicatura compete el tomar las medidas administrativas que correspondan para proporcionar a los Jueces y Magistrados las condiciones necesarias para que esa justicia que imparten, además de completa e imparcial, sea pronta y, en lo posible, dentro de los términos legales.

10. No existe la reincidencia que el Consejo de la Judicatura consideró al momento de resolver.

El Consejo de la Judicatura señala que el hecho de que el suscrito Magistrado ya hubiese sido sancionado por dilación en la resolución de los expedientes materia de las quejas administrativas números 407/96, 97/97, 340/97 y 383/97, me obligaba a "... tomar las medidas necesarias para no incurrir en la misma conducta y así evitar el rezago de los asuntos a su cargo ..."; aspecto que después retoma en las hojas 319, 320, 323 y 324 de la resolución, para tener por acreditada la reincidencia a que se refiere el artículo 233 del Acuerdo General Número 48/1998, tomando en consideración que ya con anterioridad había sido sancionado en dichos procedimientos administrativos por una conducta "específica e idéntica" a la analizada en la resolución recurrida, determinación que obviamente me causa agravio por violación directa a lo dispuesto por el artículo 23 constitucional, aplicable por identidad jurídica en el presente procedimiento, y de acuerdo con el cual ninguna persona podrá ser sancionada más de una vez por una misma conducta, toda vez que la circunstancia de que haya sido sancionado con anterioridad, hasta en cuatro ocasiones, por dilación en el dictado de una resolución, lejos de constituir una "reincidencia", implica que se me esté sancionando dos y tres y cuatro, y ahora cinco veces por la misma conducta, pues todas esas dilaciones forman parte del mismo problema relativo al rezago por el que se me pretende sancionar en la resolución recurrida.

11. La sanción decretada constituye la imposición de una pena infamante, inusitada y trascendental.

Al haber emitido un comunicado de prensa en el que informa a los medios de comunicación el dictado de la resolución que mediante esta vía se recurre, con el objeto evidente de que la hicieran del conocimiento público, y con el consecuente desprestigio y descrédito de la persona del suscrito Magistrado, evidentemente se me aplica una pena inusitada y trascendental.

En efecto, de manera totalmente infamante, con una saña inaudita, con un afán protagónico digno de mejores causas, y a sabiendas de que la resolución dictada en mi contra, y que mediante esta vía recurro, no tiene el carácter de definitiva hasta en tanto no transcurra el término que el afectado tiene para impugnarla en los términos de ley, o hasta que ese Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la confirme en el caso de que hubiese sido recurrida, el día veintidós de marzo del presente año, tengo entendido que mediante comunicado de prensa número 2000/030, el Consejo de la Judicatura hizo del conocimiento de los medios de comunicación, quienes tuvieron noticia de ella incluso antes de que le hubiese sido notificada al suscrito Magistrado, según se puede desprender de las notas que aparecieron en los diferentes periódicos matutinos de circulación nacional el día veintitrés de marzo del presente año (yo fui notificado de la resolución a las once horas de esa fecha, en las oficinas del propio Consejo de la Judicatura Federal, a donde acudí en busca de esa notificación).

SEXTO. Por razón de técnica se estudiarán, en primer lugar, los agravios en los que se hacen valer violaciones formales que corresponden a los identificados con los números 1, 2, 5 y 8 en el considerando anterior y, en segundo término, aquellos en los que se hacen valer violaciones de fondo.

SÉPTIMO. Es infundado el agravio que se identifica con el número 1 en el considerando quinto de la presente resolución, relativo a la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento que debían seguirse en la sustanciación de la denuncia administrativa 6/98, en atención a las siguientes consideraciones:

El recurrente sostiene, en esencia, que la denuncia administrativa 6/98 se inició con motivo de la visita ordinaria de inspección 257/97 practicada al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, del que fue titular, por la falta administrativa no grave prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; pero que, sin fundamento legal alguno, con motivo de un dictamen presentado por uno de los consejeros y aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se continuó por la falta administrativa grave prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que se traduce en una violación a la garantía de debido proceso legal.

Para un mejor análisis del agravio propuesto es conveniente narrar cronológicamente los principales hechos que tuvieron lugar en la sustanciación de la denuncia administrativa 6/98:

a) Del veintisiete al veintinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, se practicó visita ordinaria de inspección al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, la cual quedó registrada con el número 257/97, levantándose al efecto el acta administrativa correspondiente (fojas 1 a 85 del tomo I de la denuncia 6/98).

b) El secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la visita ordinaria de inspección 257/97, formuló el dictamen correspondiente (fojas 86 a 93 del tomo I de la denuncia 6/98), en el cual señaló:

"Primero. Del análisis del acta de visita practicada al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, se advierte probable falta administrativa, prevista en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que probablemente el titular dejó de observar la máxima diligencia en el desempeño de su función, ello en términos del considerando segundo del presente dictamen.

"En consecuencia, se solicita el informe correspondiente al licenciado ... titular del órgano visitado."

c) Mediante oficio número 1761, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se requirió al ahora promovente rindiera el informe a que alude la fracción I del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las conclusiones relatadas en el dictamen presentado con motivo de la visita ordinaria de inspección 257/97 (fojas 94 a 103 del tomo I de la denuncia 6/98).

d) Por escrito presentado el diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, el ahora recurrente rindió el informe que le fue requerido (fojas 106 a 112 del tomo I de la denuncia 6/98).

e) Por auto de veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, dictado por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se turnó el expediente de la denuncia 6/98 al consejero Mario Melgar Adalid, a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente (foja 480 del tomo I de la denuncia 6/98).

f) Mediante dictamen presentado por el consejero Mario Melgar Adalid y aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (fojas 1 a 8 del tomo II de la denuncia 6/98), se determinó lo siguiente:

"Por todo lo expuesto en los puntos a) y b) antes referidos, relativos al rezago de asuntos y a la dilación para emitir la sentencia respectiva, es dable concluir que probablemente existe falta administrativa prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al suponer probable descuido en el desempeño de las funciones de Magistrado del licenciado ... y en virtud de que dicha falta es considerada grave por el artículo 136, párrafo segundo, de la citada ley orgánica, procede citarlo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, ibídem, en la que tendrá derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor, en la inteligencia de que dicha audiencia tendrá verificativo en un plazo no menor de cinco días y no mayor de quince, contados a partir de la fecha de citación. Lo anterior por ser un requisito indispensable para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente."

g) Por oficio número 7510, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se citó al ahora recurrente a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para las doce horas del veinte de octubre del mismo año (foja 9 del tomo II de la denuncia 6/98).

h) Mediante escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el licenciado ... manifestó que al citarlo para la audiencia no se le remitió copia ni se le transcribió el acuerdo de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el cual se aprobó el dictamen formulado por el consejero Mario Melgar Adalid, en relación con la denuncia 6/98, por lo que no tenía noticia de su contenido y, por ende, no estaba en posibilidad de impugnarlo; razón por la cual solicitó el diferimiento de la audiencia, hasta en tanto se impusiera del contenido del acuerdo antes referido (fojas 14 a 17 del tomo II de la denuncia 6/98).

i) El veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal dictó un acuerdo en relación a la solicitud de diferimiento de la audiencia, en el que determinó que en virtud de que el procedimiento relativo es de orden público, no es susceptible de suspenderse la audiencia por cuanto que las argumentaciones contenidas en el escrito respectivo no constituyen causas que justifiquen la no comparecencia del investigado (fojas 18 a 20 del tomo II de la denuncia 6/98).

j) El veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho se celebró la audiencia prevista en la fracción III del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dentro de la denuncia administrativa 6/98, según consta en el acta al efecto levantada, que obra a fojas 22 a 35 del tomo II.

k) Por acuerdo de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal ordenó devolver el expediente de la denuncia 6/98 al consejero Mario Melgar Adalid, a efecto de que formulara el proyecto de resolución (foja 735 del tomo II de la denuncia 6/98).

l) Mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se ordenó la acumulación del expediente de denuncia 14/98 al diverso 6/98, instruidos en contra del Magistrado ... en su actuación como Magistrado titular del Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito (fojas 772 a 774 del tomo II de la denuncia 6/98).

m) Mediante acuerdo del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se ordenó la acumulación del expediente de denuncia 15/98 a los expedientes 6/98 y 14/98 (foja 780 del tomo II de la denuncia 6/98).

n) Por acuerdo del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se ordenó turnar los expedientes de denuncias acumuladas 6/98, 14/98 y 15/98 al consejero Manuel Barquín Álvarez (foja 802 del tomo II de la denuncia 6/98).

ñ) Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de febrero de dos mil, se resolvió la denuncia administrativa 6/98 y sus acumuladas 14/98 y 15/98 (fojas 857 a 1022 del tomo II de la denuncia 6/98).

De la lectura de la resolución recurrida, en relación con el agravio que se analiza, se destaca lo siguiente:

1. En el resultando primero se señala que en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el secretario ejecutivo de Disciplina del consejo presentó dictamen en relación con la visita ordinaria de inspección practicada del veintiséis al veintinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, al Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, mediante el cual advirtió que posiblemente existía la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2839-e38c110b/notoria-ineptitud-o-descuido-como-causa-de-responsabilidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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