REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 5/2000.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El examen comparativo de los agravios y consideraciones expuestos con anterioridad, permite advertir que las razones que motivaron la imposición de la sanción de destitución a la recurrente se centran, específicamente, en que al existir una amistad estrecha con uno de los litigantes que llevan causas penales en el juzgado en donde la recurrente fungía como Juez de Distrito, no debió conocer de los mismos, habiendo omitido hacer valer dicho impedimento; por mostrar notoria ineptitud, que se traduce en el error inexcusable de no tener la capacidad suficiente para resolver los problemas que se suscitaron entre el Juzgado de Distrito y la Delegación de la Procuraduría General de la República; por no poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores, como lo son las de prevenir e impedir las acciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación; que no haya tomado las medidas cuando se presentaban detenidos visiblemente golpeados, dado que no se realizó ninguna certificación para deslindar responsabilidades y, sobre todo, que el Poder Judicial de la Federación no se viera involucrado en una situación de derechos humanos; que se haya exhibido en convites con abogados que litigaban asuntos en su juzgado, al grado de que su conducta fue objeto de publicaciones, lo que afecta la imagen de respeto, honorabilidad y prestigio del Poder Judicial de la Federación, lo que de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal denota que la recurrente no es apta para desempeñar el cargo de Juez de Distrito.
Como una cuestión previa, cabe precisar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir el presente recurso de revisión administrativa, tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, marzo de 1996
"Tesis: P. XXI/96
"Página: 468
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma.
"Recurso de revisión administrativa 2/95. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro González Bernabé."
SÉPTIMO. En los agravios que se hacen valer respecto a las consideraciones de la sentencia recurrida, relativas a la causa de responsabilidad prevista en la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se exponen diversos argumentos relativos a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal violó las formalidades esenciales del procedimiento; dichos agravios en esencia dicen:
a) Afirma la recurrente que la resolución recurrida carece de debida fundamentación y motivación que le sirva de sustento para apoyar sus conclusiones y, tampoco se encuentra fundada en preceptos aplicables al caso, toda vez que no existe una valoración de pruebas y los argumentos esgrimidos carecen de consistencia lógica y jurídica, porque son vertidos de una manera dogmática, genérica y ambigua.
b) Aduce que la primera prueba a que se refiere la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un escrito que está signado por Rosa María Ríos González de Van Wormer, administradora única de Operadora de Recreación de Vehículos Plaza Dorada, S.A. de C.V., al cual afirma que se le anexaron tres fotografías en las que aparece en compañía de la licenciada ... y el licenciado Víctor Manuel Ramírez Lorenzana. Al respecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es en franca violación a su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, ya que según afirma, nunca se le informó de la existencia de tal escrito y fotografías, de las cuales sólo se enteró hasta leer la resolución que recurre, además de que con ello existe violación al artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, porque en ese aspecto no estuvo informada y no se le dio oportunidad de conocer las imputaciones de que fue objeto, por lo que ante la evidente falta de audiencia no pueden considerarse como parte de la litis; sin que sea dable suponer siquiera que por el solo hecho de que no exista un procedimiento ya preestablecido, el Consejo de la Judicatura Federal pueda omitir el respeto a esta garantía, de ahí que el consejo no puede ahora, válidamente, apoyar su resolución en el escrito y fotografías a que se refiere, porque nunca las incluyó formal ni materialmente en la litis.
c) Que le agravia el valor que el Pleno del consejo otorga a lo que denomina declaración rendida por la recurrente, ante la entonces consejera Concepción Martín Argumosa, de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, al no tomar en consideración lo previsto en la fracción II del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece como requisito de una confesión, que quien la haga esté debidamente informado del procedimiento y del proceso. Alude a que si bien fue notificada de su suspensión el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, también lo es que no se le informó cuáles eran las causas de esa suspensión, pues sólo le leyeron una serie de artículos contenidos en el documento denominado "PLE/0032, proyecto de dictamen que presenta ...", mismos que se transcribieron en el acta denominada "dictamen"; agrega en este sentido, motivo por el cual ante la total falta de motivación de ambos documentos, la recurrente no pudo conocer el porqué de su suspensión.
d) En relación a lo anterior, manifiesta que cuando se entrevistó con la exconsejera Concepción Martín Argumosa, no sabía cuáles eran las causas específicas de su suspensión, por ende, no podía rendir declaración alguna relacionada con la misma, ni lo que conversó con ella puede ser catalogado, y menos aún valorado como una comparecencia para declarar en relación con los hechos relacionados con la suspensión, porque es evidente que la recurrente no estaba en condiciones de combatir la resolución de dos de septiembre ya citada, porque la desconocía.
e) Que aproximadamente dos meses después se enteró del motivo de su suspensión, lo que contraviene el artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, situación que evidentemente la mantuvo en un total estado de indefensión, puesto que no tenía la menor sospecha de cuál era el giro que al parecer le estaban dando a la investigación que la propia recurrente había iniciado con su solicitud de apoyo. Al respecto, dice que es por eso que con las documentales que exhibe acredita que cuando se entrevistó con la entonces consejera, no tenía idea de qué imputaciones hacían en su contra y mucho menos sabía que estaba declarando, por lo que esa acta no puede tener el valor probatorio que le otorga el Pleno del consejo.
f) Que es temeraria y falsa la afirmación de que continuó asistiendo a fiestas con el litigante, de ahí que tal afirmación le causa agravio al constituir una consideración ilegal, gratuita y sin pruebas. Al respecto, la recurrente, entre otras cosas, manifiesta que la versión que dio la consejera obra en la resolución de suspensión de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que le fue notificada el diecinueve de octubre siguiente; sin embargo, aduce, sólo se le solicitó rendir informe por resolución de dieciocho de noviembre, en el cual el Pleno del consejo dejó fuera de la litis este aspecto y sólo se le solicitó rendir informe sobre los puntos contenidos en esta última resolución; por lo que si el propio consejo había dejado fuera cualquier cosa que se refiriera con ese cassette (en el cual se basan para señalar que la recurrente asistía a fiestas con el litigante) y, por ende, no lo mencionaba en la resolución de dieciocho de noviembre, única sobre la cual se le solicitó rendir informe, entonces ya no hubo oportunidad para que informara de manera oficial sobre ese aspecto; además, no tuvo conocimiento de la existencia del informe que al respecto rindió la consejera, pues nunca se le dio a conocer. Agrega, que no obstante que en la resolución que ahora recurre se glosa el informe que al efecto rindió la consejera, que reitera no obra como constancia en la resolución de dieciocho de noviembre, no se le dio a conocer, ni se le solicitó informe al respecto, por lo tanto no se le puede atribuir tal confesión.
g) Que le causa agravio el que si bien fue sometida a una investigación que inició por resolución de primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, de la que tuvo cabal conocimiento hasta el diecinueve de octubre siguiente, investigación que en teoría finalizó con resolución de dieciocho de noviembre del mismo año, donde se le fincaron posibles causas de responsabilidad; sin embargo, de autos se advierte que en realidad nunca existió investigación alguna por parte del Consejo de la Judicatura, pues se limitaron a levantar un acta de tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se parte de premisas falsas, y a oficializar una conversación que tuvo con la señora consejera el veintisiete de septiembre siguiente, desconociendo aun las causas de su suspensión, agregaron los listados que ella entregó y las constancias que su personal y ella anexaron a la primera acta señalada y allí terminó toda la investigación.
h) Que a lo que a foja 189 se denomina su confesión ante la consejera Concepción Martín Argumosa en comparecencia de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, donde se afirma que narró la asistencia al espectáculo nocturno, donde acepta haber bailado una pieza con el citado litigante, manifiesta la recurrente que el día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho se encontraba trabajando en la ciudad de La Paz, que entonces está ante una flagrante mentira porque, reitera, en esa fecha se encontraba trabajando en la ciudad de La Paz; considera, que quizás la consejera en ese informe pretendió referirse a su conversación con la recurrente durante la segunda quincena de julio de ese año, cuando ambas se encontraban de vacaciones, pero dice que no es válido que a un mes de distancia de esa plática informal, la oficialice mediante un informe unilateral en el que sólo obra su dicho y su versión respecto a una plática sostenida un mes antes.
Agrega que, más aún, ni en la resolución de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho ni en la de dieciocho de noviembre de ese mismo año, se refieren a ese informe de dieciocho de agosto, por lo que sólo tuvo conocimiento de él hasta ser notificada de la resolución que ahora recurre, lo que constituye una violación más en su detrimento, porque se le imposibilitó controvertirlo, dejándola en total estado de indefensión, máxime que no debe olvidarse que para que se integre cualquier litis se necesita una pretensión y una excepción o contestación, por lo que si ella nunca fue informada de ese informe, no puede considerarse que forma parte de la litis, al no existir una clara fijación de los hechos.
Reitera que eso no fue lo que dijo ante la consejera, ni puede dársele el valor de una confesión porque no se satisficieron los requisitos de una declaración, nunca tuvo conocimiento de ese informe, el Pleno del consejo lo dejó fuera de la litis en su resolución de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y porque nunca se le pidió informe respecto a esa llamada y a la asistencia a esa boda, lo que le impidió controvertirla.
i) Señala que el Consejo de la Judicatura, sin prueba alguna y con base en apreciaciones subjetivas, arriba a la conclusión de que con las pruebas que reseña se acredita su amistad estrecha con el litigante citado, consideraciones y conclusiones que carecen de sustento jurídico alguno, porque se basan en su propias y personales creencias y se fundan en medias verdades, en documentos y actuaciones que sólo ellos conocían y manejaron.
j) Que no obra prueba alguna de que la recurrente haya dicho que fue a una boda con dicho litigante, eso es sólo el informe de la exconsejera, que es unilateral y que no se le dio a conocer. Señala que resulta frustrante el estado de indefensión en el que se le coloca, porque por el simple hecho de que un consejero informe de determinados hechos, éstos necesariamente y sin discusión se tengan como la verdad absoluta, al grado que ni siquiera se le dan a conocer, y no se le otorga la oportunidad para controvertirlos, tal parece que por su sola jerarquía su dicho es verdad absoluta e incontrovertible.
k) Que en todo caso, si es que en verdad hubo una investigación, entonces debió obrar en autos y debió de reflejarse en las consideraciones de la resolución. Si no existe más que ese escrito que ella desconocía de esa señora Rosa María Ríos González de Van Wormer, en su carácter de administradora única de una empresa a la que se le negó el amparo y que promovió queja administrativa que le fue declarada improcedente, expediente varios 651/98, y que evidentemente al ver frustradas sus pretensiones decidió mandar el ocurso a que se refiere el consejo, sin que se le pidiera informe en momento alguno, lo que significa que tenía motivos viscerales para hacerlo a manera de desquite, y si ese escrito sólo se pudo adminicular con lo asentado por el editor de una revista sin registro oficial, entonces es por demás cuestionable la ética profesional y moral de esa persona. Más adelante señala la recurrente, que si el consejo no cuenta con evidencia de otras revistas, con otras fotografías publicadas en esas supuestas otras revistas, ni existen otras fotografías en las que aparezcan la licenciada ... y ella con otros abogados litigantes, constituye una grave violación al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución, es muy grave que en una resolución de la magnitud como la que ahora impugna, se hagan tales afirmaciones a manera de conclusiones, porque además, le hacen más patente todavía esa sensación de estar en absoluto estado de indefensión ante la forma como se desarrolló la investigación y el procedimiento.
OCTAVO. Lo que argumenta la recurrente en los agravios que se sintetizaron en el considerando que antecede, relativo a violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, conduce a este Tribunal Pleno a considerar que debe declararse la nulidad de la resolución recurrida, en atención a las siguientes consideraciones:
Previo al estudio de los agravios que se hacen valer, conviene precisar que este Tribunal Pleno ha establecido que en las revisiones administrativas, como la que ahora ocupa nuestra atención, no procede la suplencia de la queja deficiente, criterio que se encuentra plasmado en la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, febrero de 1999
"Tesis: P. XII/99
"Página: 43
" El objetivo de este tipo de medio de defensa es que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal a que se refieren los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pueden ser sometidas a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se considere que la designación, adscripción o remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito no se realizaron con estricto apego a las disposiciones que los rigen. Ahora bien, si el Consejo de la Judicatura tiene que decidir sobre la designación, adscripción o remoción de los citados servidores públicos, es evidente que en su resolución tiene, esencialmente, que ponderar y calificar la actuación y capacidad de éstos, entre otras cuestiones. Consecuentemente, en la revisión administrativa habrán de analizarse las consideraciones y fundamentos dados por la autoridad sobre tales aspectos. Por lo tanto, tratándose de estos funcionarios cuyo encargo los obliga a conocer de la función jurisdiccional, de las instituciones procesales y de los medios de defensa instituidos en las leyes, debe concluirse que no debe regir en estos casos la suplencia de los agravios, por no existir disposición expresa que así lo permita y porque sería contrario a la propia y especial naturaleza de este medio de defensa, y a los fines que persigue, en cuanto que en éste debe valorarse, precisamente, la actuación y capacidad del servidor público y, de aceptarse, implicaría un reconocimiento tácito de ineptitud e ineficiencia.
"Revisión administrativa (Consejo) 8/97. 7 de diciembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."
También debe destacarse que este cuerpo colegiado ha emitido criterio, en el sentido de que al formularse los agravios basta con que en el escrito respectivo se exprese la causa de pedir, criterio que si bien surgió dentro del ámbito del juicio de amparo, es aplicable por mayoría de razón sustancial jurídica al presente recurso de revisión administrativa.
El criterio aludido se encuentra contenido en la jurisprudencia que es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Tesis: P./J. 69/2000
"Página: 5
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.
"Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.
"Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.
"Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.
"Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza."
En esta tesitura, sin que implique suplir la queja deficiente de los agravios que hace valer la recurrente, sino tomando como base la causa de pedir, se considera que los mismos resultan ser fundados.
En efecto, de los agravios que hace valer la recurrente destacan, entre otras cosas, el que alude a que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, dado que no se le dio a conocer el escrito signado por Rosa María Ríos González de Van Wormer, al cual se le anexaron tres fotografías en la que aquélla aparece en compañía de la que entonces era su secretaria de Acuerdos y de un abogado postulante, y que en franca violación a su garantía de audiencia no tuvo la oportunidad de conocer las imputaciones de que fue objeto; agrega, que por el solo hecho de que no exista un procedimiento ya preestablecido, el Consejo de la Judicatura Federal pueda omitir el respeto a esta garantía, por lo que la resolución no se puede apoyar en dicho escrito y fotografías, ya que no se incluyeron formal ni materialmente en la litis; que en cuanto a lo que se denomina su declaración de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, con ello se viola lo dispuesto por el artículo 287, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que no estuvo debidamente informada del procedimiento y del proceso; que estuvo en estado de indefensión, puesto que no tenía la menor sospecha de cuál era el giro que al parecer le estaban dando a la investigación que ella había iniciado con su solicitud de apoyo; que es temeraria y falsa la afirmación de que continuó asistiendo a fiestas con el litigante (se relaciona con un cassette), ya que, entre otras cosas, dice que sólo se le solicitó rendir informe por resolución de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el cual el Pleno del consejo dejó fuera de la litis este aspecto y sólo se le solicitó rendir informe sobre los puntos contenidos en esta última resolución; que si bien fue sometida a una investigación que inició por resolución de primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, de autos se advierte que nunca existió investigación alguna, pues se limitaron a levantar un acta el tres de julio de ese año, en la que se parte de premisas falsas, y a oficializar una conversación que sostuvo con la señora consejera el veintisiete de septiembre siguiente; que a lo que se denomina su confesión de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, que ese día estuvo laborando en la ciudad de La Paz, agrega que ni en la resolución de dos de septiembre ni en la de dieciocho de noviembre del año precitado, se refieren a dicho informe, lo que constituye una violación más en su detrimento, porque se le imposibilitó controvertirlo, por lo que si no se hizo de su conocimiento ese informe, no puede considerarse que forma parte de la litis al no existir una clara fijación de los hechos; que el Consejo de la Judicatura arriba a la conclusión de que se demostró la amistad estrecha, consideraciones y conclusiones que carecen de sustento jurídico porque se basan en sus propias y personales creencias y se fundan en medias verdades, en documentos y actuaciones que sólo ellos conocían y manejaron; que no obra prueba alguna de que la recurrente haya dicho que fue a una boda con dicho litigante, resultando frustrante el estado de indefensión en el que se le coloca, porque por el simple hecho de que un consejero informe de determinados hechos, éstos se tengan como la verdad absoluta, al grado que ni siquiera se le dan a conocer, y no se le otorga la oportunidad de controvertirlos; concluye la recurrente, que las afirmaciones a manera de conclusiones del consejo, le hacen más patente todavía esa sensación de estar en absoluto estado de indefensión, ante la forma como se desarrolló la investigación y el procedimiento.
De los argumentos hechos valer por la recurrente, puede advertirse, que por lo que respecta a la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en detrimento de su garantía de audiencia.
Para establecer lo fundado de los argumentos que en este sentido viene planteando la recurrente, resulta conveniente realizar el estudio de la investigación y procedimiento administrativo que al respecto se llevó a cabo, los que culminaron con la resolución en la que se impuso como sanción, a la recurrente, la destitución en el cargo que desempeñaba en el Estado de Baja California Sur como Juez de Distrito.
En este punto es pertinente precisar que si bien en la resolución recurrida también se sanciona a la licenciada ... destituyéndola de su puesto de secretaria de Acuerdos del juzgado a que se ha hecho referencia, en este recurso sólo se revisará tal determinación respecto de la licenciada ...
El artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:
"Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este título deberá seguirse el siguiente procedimiento:
"I. Se enviará una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, sin admitirse prueba en contrario. La confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho del denunciante;
"II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en las fracciones II y IV del artículo anterior;
"III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I y III del artículo anterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en su caso, el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, remitirán el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura Federal, para que cite al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor.
"Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;
"IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso; y
"V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7263-8b21852b/revision-administrativa-no-procede-suplir-la-deficiencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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