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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR SERVICIOS. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES CUYA OBLIGACIÓN DE PAGO ESTÁ VINCULADA CON UN DETERMINADO ACTO DEL ESTADO, ES NECESARIO ANALIZAR LA RELACIÓN JURÍDICA DE LA CUAL SURGE LA REFERIDA OBLIGACIÓN. DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER COMO CUOTA ÚNICA EL 4% SOBRE EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL OBTENIDO POR EL CONTRIBUYENTE COMO PAGO DE AQUÉLLOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER COMO CUOTA ÚNICA EL 4% SOBRE EL MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL OBTENIDO POR EL CONTRIBUYENTE COMO PAGO DE AQUÉLLOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE EN LAS PROPIAS DISPOSICIONES EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN ESTÍMULOS FISCALES O EN SUS REGLAS DE APLICACIÓN SE SEÑALARÁ SU FORMA Y LUGAR DE PAGO, RESPETA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA QUE LOS ESTABLECE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES DERIVAN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS FISCALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES. DERECHOS DE VIGILANCIA. LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA DEBEN MEDIRSE A PARTIR DEL ESTÍMULO FISCAL RECIBIDO POR LOS BENEFICIARIOS. DERECHOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL EXCLUIR DE LA BASE PARA CALCULAR EL PAGO DEL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA PROPIA LEY EL IMPORTE DE LOS ESTÍMULOS CONCEDIDOS CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 158/2009. · Registro digital (IUS): 22079
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 954.

AMPARO EN REVISIÓN 158/2009. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos y, si bien subsiste el problema de constitucionalidad, no se requiere de la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. No se analizará la temporalidad del recurso de revisión interpuesto por la quejosa así como de la adhesión al mismo presentada por el presidente de la República, toda vez que el Tribunal Colegiado que antecedió en su conocimiento, en el tercer considerando de su resolución, ya se pronunció al respecto.

TERCERO. Las consideraciones necesarias para resolver el presente asunto, son las siguientes:

I. En sus conceptos de violación referidos al tema de constitucionalidad, la quejosa argumentó, en síntesis, lo siguiente:

a) El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el concepto por el cual se realiza el pago de la cuota del 4% no se encuentra definido en la ley, esto es, no existe en la Ley Federal de Derechos, ni en ningún ordenamiento legal, reglamento, circular o publicación el concepto de "derechos de vigilancia", dejando así a la quejosa en un evidente estado de inseguridad jurídica; luego, tenemos que el fisco federal realiza el cobro contenido en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos bajo un concepto que no existe jurídica ni materialmente; en consecuencia, el supuesto derecho de vigilancia no tiene la naturaleza de derecho como se demostrará con posterioridad.

Los contribuyentes que se acojan a los beneficios de un estímulo fiscal deben pagar una cuota del 4% sobre el monto del beneficio concedido por concepto de "derecho de vigilancia", el cual se desconoce por no encontrarse señalado o definido en la propia Ley Federal de Derechos o en ordenamiento legal alguno, sin que exista una remisión a disposición alguna que lo defina, por lo que no se cumple con el principio de legalidad tributaria, pues el hecho de que no exista una definición del "derecho de vigilancia", ni alguna remisión a otros elementos que lo delimiten, genera un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades.

Lo anterior es así, toda vez que como puede desprenderse del numeral tildado de inconstitucional existe un cobro por concepto de "derechos de vigilancia", es decir, se obliga al contribuyente a un pago por una supuesta función que el Estado realiza, la cual resulta inexistente, sin que se dé una definición ni exista una remisión a disposición alguna que lo delimite, y sin que se tenga conocimiento de cuál es la actividad que la autoridad realiza, en qué consiste y si realmente presta un servicio público a fin de que encuentre justificación su cobro, pues hasta donde se tiene conocimiento, bien pudiese estar realizándose una erogación a favor del fisco federal por una acción inexistente por parte del Estado.

Para efecto de que se considere que se respetó el principio de legalidad tributaria, debe existir una definición de "derecho de vigilancia" y, más aún, debe existir una o unas acciones por parte del Estado encaminadas a justificar tal definición, situación que en la especie no acontece, toda vez que en ningún lugar de la Ley Federal de Derechos se desprende la existencia de la mencionada definición y menos la remisión a alguna otra disposición aplicable, y no se tiene conocimiento, en consecuencia, si se presta o no un servicio público, por lo que se está violentando el principio de legalidad tributaria al generarse un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades de la autoridad, desvirtuándose la finalidad del mencionado principio.

El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos vulnera el principio de legalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues contiene conceptos que no se encuentran definidos en la ley de la materia y no consta remisión expresa a disposición que delimite tal concepto, sin que se den para ello actos por parte de la autoridad hacendaria tendientes a evidenciar la existencia de dicho "derecho de vigilancia", por lo que se genera un estado de incertidumbre jurídica que puede devenir en arbitrariedades de la autoridad.

b) El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos vigente es inconstitucional, al obligar al quejoso a pagar un derecho por un supuesto servicio que el Estado le prestará, cuando en realidad dicho servicio no es más que parte de la actividad propia del Estado, resultando violatorio de la garantía de justicia tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que el Estado es el órgano social encargado de establecer las normas jurídicas que deberán cumplir los individuos para fomentar y permitir la sana convivencia social, de tal forma que son funciones inherentes y van encaminadas al beneficio de la colectividad.

En tal virtud, no puede ser sufragado por algunos mexicanos, como es el caso de las instituciones de crédito, sino que debe ser sufragado por todos los gobernados a través de los impuestos que recauda la Federación, ya que se trata de un servicio inherente a las funciones propias del Estado. Aceptar que el derecho regulado por el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos es apegado a lo dispuesto por la Constitución, podría llevar al absurdo de aceptar que el legislador puede establecer derechos por fiscalizar a los contribuyentes. De tal manera, es evidente la inconstitucionalidad planteada, pues sin que a los contribuyentes que reciben un estímulo fiscal se les otorgue algún servicio por parte del Estado, de cualquier forma se les obliga a pagar un derecho por concepto de vigilancia.

Es importante destacar que los estímulos fiscales no constituyen una concesión graciosa otorgada por la autoridad, sino que obedece a ciertos fines que el Estado persigue en aras de proteger o promover determinados sectores o industrias; al respecto, son ilustrativas dos tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son del tenor siguiente: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN." (se transcribe) y "MEDIDAS DE EXONERACIÓN EN MATERIA FISCAL. SU PROPÓSITO DEBE RESPONDER A UN RELEVANTE INTERÉS SOCIAL O ECONÓMICO NACIONAL, Y ATENDER AL PRINCIPIO DE IGUALDAD." (se transcribe); así, no existe razón para justificar que el Estado pueda cobrar derechos por vigilancia, ya que los contribuyentes no reciben algún servicio en particular.

La vigilancia de la correcta aplicación de las disposiciones fiscales es una función inherente al Estado, en particular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, plasmada dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que no resulta en beneficio de un número limitado de contribuyentes a los que pudiera cobrarse dicho servicio, sino que se presta en aras del interés común de la sociedad, de tal manera que resulta inconstitucional el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, pues otorga la naturaleza de un derecho a un servicio que en realidad no lo es.

c) Es evidente que los actos de vigilancia que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, no se refieren a las facultades de comprobación que puede ejercer la autoridad, ya que el precepto tildado de inconstitucional se refiere únicamente a la revisión que la autoridad efectúa de la diversa información que se encuentran obligados a proporcionar los beneficiarios de los estímulos fiscales, a fin de determinar su correcta aplicación.

En tal virtud, la vigilancia que ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, consiste precisamente en verificar que los beneficiarios de los estímulos fiscales estén cumpliendo con los requisitos necesarios para ser sujetos de dichos estímulos, y que su monto no exceda de lo establecido en las disposiciones aplicables, o sea una mera revisión de la información que se le aporta a la que legalmente tiene acceso, para que determine la correcta aplicación de dichos estímulos.

La mecánica prevista en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, para determinar el monto del derecho de vigilancia que tendrán que cubrir los beneficiarios de estímulos fiscales, atenta contra la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, toda vez que impide reconocer el costo real que le representa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la prestación del servicio de vigilancia sobre la aplicación de los estímulos fiscales, al introducir elementos ajenos en el cálculo, como lo es el monto de los beneficios obtenidos por los contribuyentes. Esto es, el costo de los servicios prestados a los beneficiarios de estímulos fiscales, debiera corresponder sólo a lo que realmente representa su prestación; son aplicables las tesis emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor siguiente: "TELEVISIÓN POR CABLE. EL ARTÍCULO 91, APARTADO A, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIOLA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER EL CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RECTORA RESPECTIVA." (se transcribe) y "DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA." (se transcribe). De tal forma, al haberse establecido el citado derecho sin tomar en consideración la debida correspondencia entre el costo del servicio y el monto a pagar, resulta violatorio de las garantías tributarias consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

d) El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional, en virtud de que transgrede la garantía de equidad tributaria, toda vez que ante un mismo servicio prestado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los beneficiarios de estímulos fiscales tienen que pagar una cuota distinta, dependiendo del monto del beneficio fiscal que cada uno hubiera recibido.

Para que dicho precepto respetara la garantía de equidad tributaria, era necesario que todos aquellos que fueran beneficiarios de estímulos fiscales pagaran una misma cuota o al menos una similar por recibir los servicios de vigilancia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que el servicio de vigilancia que presta a los beneficiarios de estímulos fiscales es similar en todos los casos, pues se trata de una mera revisión a la documentación que le es proporcionada a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que hubiera establecido el Ejecutivo Federal para el otorgamiento de dichos estímulos. Sobre este punto, es necesario precisar que el servicio de vigilancia por el cual se cobra el derecho en comento, no se encuentra dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales según el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues se trata de una facultad inherente a la función del Estado.

En cuanto a la cuota que tienen que pagar por recibir los servicios de vigilancia, se determina considerando el monto total del beneficio que se hubiera concedido, al que se le aplica una cuota equivalente al 4%, dando con ello lugar al derecho que tiene que ser enterado, el que bajo ninguna circunstancia será acorde con el costo real en que incurrió el Estado, y que ocasionará que los beneficiarios de estímulos fiscales enteren cuotas completamente distintas por la prestación de un mismo servicio. De tal manera, se puede apreciar la inconstitucionalidad que se plantea, pues no obstante que los beneficiarios de estímulos fiscales reciben un mismo servicio por parte de dicha secretaría, al aplicar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos se ocasiona que tengan que enterar cuotas totalmente distintas. Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial que es del rubro siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES." (se transcribe).

Por otra parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Derechos resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues sin que exista justificación alguna, exenta del pago del derecho de vigilancia a los beneficiarios de estímulos fiscales que se concedan de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que no sucede lo mismo en el caso de los demás beneficiarios de estímulos fiscales, quienes sí tendrán que pagar por los derechos respectivos en términos del artículo 27 de la ley que nos ocupa. Es decir, por la sola circunstancia de que el estímulo hubiera sido concedido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el legislador exentó del pago de los derechos de vigilancia a ese tipo de contribuyentes, aun cuando unos y otros reciben un mismo tipo de servicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso, se establece una prerrogativa para no tener que enterar cantidad alguna por concepto de derechos de vigilancia para un limitado grupo de contribuyentes, mientras que el resto, a pesar de también ser beneficiarios de estímulos fiscales y realizar el mismo supuesto de causación del derecho, sí tendrán que hacer el entero respectivo, provocando un tratamiento desigual.

e) El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional, pues desconoce por completo el principio tributario relativo al lugar y forma en que habrá de cubrirse el derecho que consigna dicho precepto; en otras palabras, la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria establecida en el artículo en comento, está sujeta a lo dispuesto en ordenamientos emitidos por una autoridad administrativa, que será la que determine cuándo, cómo y en dónde habrá de realizarse el pago de los derechos de vigilancia respectivo, situación que deja a los contribuyentes en un estado de incertidumbre jurídica, en contravención del principio de legalidad tributaria, el cual exige que no quede al libre arbitrio de las autoridades el establecimiento de ningún elemento esencial de las contribuciones, pues de lo contrario se impide a los contribuyentes conocer la forma cierta de cumplir con las obligaciones fiscales.

II. El Tribunal Colegiado que conoció en primer término del recurso, en cuanto al sobreseimiento decretado sostuvo lo siguiente:

1. Asiste la razón a la inconforme, toda vez que no se actualizó la improcedencia del juicio de amparo por actos consentidos expresamente, como erróneamente lo sostuvo el Juez de Distrito, pues el hecho de que la quejosa haya optado por aprovechar el estímulo establecido en el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos no implica que consintió lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos.

2. La quejosa no estuvo en posibilidad de acudir al juicio de amparo para plantear la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos con anterioridad al momento en que lo hace, pues en dicho "decreto" no se establecía como requisito indispensable, para acogerse al beneficio de mérito, que se pagaran los derechos de vigilancia correspondientes, sino simplemente que las personas morales participaran como fideicomitentes en la constitución de un fideicomiso.

Además, el acto de aplicación de la ley empezó a correr a partir de que la quejosa realizó el pago de los derechos de vigilancia por la aplicación de estímulos fiscales en términos de lo dispuesto por los artículos impugnados, por lo que resultaron fundados los agravios expuestos por la recurrente.

III. Por su parte, en la adhesión a la revisión, la autoridad aduce:

a) Es correcta la determinación del Juez de Distrito en virtud de que la quejosa manifestó su consentimiento respecto de los artículos impugnados, en el momento en que se sujetó a los beneficios del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas que se indican, ya que aceptó instalar sin costo alguno terminales electrónicas en diversos puntos de venta y hacer efectivos los estímulos fiscales, por lo que al momento de presentar su demanda de garantías se actualizaba la causal contenida en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo.

La quejosa acata los artículos impugnados al momento que decide, por así favorecer a sus intereses, adherirse como fideicomitente al fideicomiso irrevocable que tiene como objetivo la instalación, sin costo alguno, de terminales punto de venta para procesar pagos a través de medios electrónicos, el que es generador de derechos y obligaciones de manera particular, por lo que todos aquellos que resulten beneficiados por un estímulo fiscal, pagarán en un 4% por el servicio de vigilancia, sobre el total del beneficio otorgado, excepto cuando el propio decreto por el que se otorgue tal beneficio establezca una tasa diferente a la señalada en el precepto legal en estudio, esto es, todos aquellos que se amparen bajo un estímulo fiscal otorgado, deberán pagar un derecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de servicio de vigilancia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercerá; por tanto, como lo señala el Juez Federal, existe un consentimiento expreso de la quejosa, por lo que es improcedente el juicio de amparo.

Además, los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos establecen obligaciones que están íntimamente vinculadas al decreto y, por tanto, los estímulos con la ley; así, al ser un sistema legal, deben interpretarse en forma sistémica, por lo que la quejosa consintió los artículos controvertidos en el momento de adherirse como fideicomitente al fideicomiso irrevocable; al acreditar los montos de los costos generados y las inversiones efectuadas por la quejosa contra las contribuciones federales, a efecto de dar cumplimiento a los fines del fideicomiso que nació con el decreto, la quejosa se adhirió por voluntad propia al estímulo fiscal contenido en dicho decreto; máxime si dicho estímulo ya fue acogido por la quejosa, es decir, pudo acreditar contra el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo, o bien, al impuesto al valor agregado.

Consecuentemente, si la peticionaria de garantías se acogió a dicho trato preferencial o de beneficio, sin que existiera norma legal que así la obligara, entonces, para efectos del juicio de amparo, consintió expresamente las normas tributarias que regulan el régimen fiscal que rige a los decretos que otorgan estímulos.

b) No se transgrede el principio de justicia tributaria, en virtud de que el Estado no está obligado a otorgar estímulos fiscales y, por tanto, tampoco a prestar el servicio de vigilancia contenido en los artículos impugnados, ya que éste es considerado como un servicio extra, puesto que implica afectar las funciones a las que se encuentra obligado el Estado, para que el fideicomiso en el que la quejosa es parte prosiga con el objetivo para el cual fue creado.

Por lo que, el pago de derechos por concepto de vigilancia es una función que el Estado realiza de manera extraordinaria y que representa una inversión mayor; esto es, un gasto que probablemente se encuentre fuera de lo estipulado en el presupuesto de egresos del ejercicio anual de que se trate, ya que dentro de las funciones del Estado, no se encuentra el otorgar beneficios fiscales, como lo es un estímulo para el uso de medios de pago electrónicos sin afectar las funciones que realiza. Así que el Servicio de Administración Tributaria al ser quien presta el servicio de vigilancia, lo hace para lograr los objetivos establecidos en el fideicomiso que fue creado en términos del decreto.

c) No existe una violación al principio de proporcionalidad tributaria en virtud de que el pago efectuado por una sola ocasión, en términos de los artículos impugnados, es acorde al servicio de vigilancia prestado en forma periódica y constante a los beneficiarios de estímulos fiscales.

El pago del 4% sobre el total del estímulo otorgado a los beneficiarios se encuentra justificado, en virtud de que el servicio de vigilancia que presta el Estado no es sencillo al ir enfocado a la persecución de los fines del fideicomiso creado por el Estado a través de un decreto, lo cual no se limita a la ejecución de una sola función. Las actividades de vigilancia no son una revisión que se haya realizado en una sola ocasión, sino que se trata de una actividad periódica y constante del Estado como lo es la observancia de un fideicomiso para que los fideicomitentes cumplan con los fines para los cuales fue creado, a través del otorgamiento de un estímulo fiscal, por lo que tal servicio otorgado por el Estado debe ser cubierto con el pago de un derecho, tal como lo señala el artículo impugnado.

d) No se transgrede el principio de equidad tributaria toda vez que a mayor beneficio obtenido por el subsidio, mayor será el pago que se realice, respetándose así dicha garantía. El estímulo aplicable es del 100% independientemente del monto que se haya aportado, lo que permite ver que a situaciones idénticas, el trato es igual, por lo que tal monto aportado será acreditable en el ejercicio fiscal en el que se obtenga el estímulo.

e) No se transgrede la garantía de legalidad tributaria, ya que los elementos esenciales sí se encuentran establecidos en ley, por lo que no se permite que la autoridad actúe de manera arbitraria; respecto del pago, a partir de que el Ejecutivo Federal dicta el decreto a través del cual se otorgarán estímulos fiscales, se actualizará hasta que dichos estímulos fiscales se apliquen; será entonces cuando el contribuyente se encontrará obligado a cubrir el derecho por concepto de vigilancia, por lo que no es factible que dentro del precepto legal en análisis se estipule el momento específico en el que ha de hacerse el pago, ya que éste variaría dependiendo del momento en que se establezca un estímulo fiscal, por tanto, dicho artículo respeta el principio de legalidad tributaria.

IV. En cuanto a la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad, el Tribunal Colegiado señaló:

1. Debe desestimarse el argumento hecho valer por la autoridad responsable presidente de la República en su primer agravio, ya que es donde sostiene que la quejosa consintió los preceptos legales reclamados en el momento en que se sujetó a los beneficios del decreto.

2. Resulta infundada la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, hecha valer por la autoridad responsable al señalar que la parte quejosa no acreditó el perjuicio que le ocasionan los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, ya que el interés jurídico de la parte quejosa para reclamar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, se demostró con los pagos mencionados; por lo que resultaba obvia la procedencia del juicio de garantías en contra de la discusión, votación y aprobación de la norma legal tildada de inconstitucional.

3. Por otra parte, el presidente de la República afirma que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no era jurídicamente factible concretar los efectos de la concesión del amparo, ya que tendría que dejarse sin efectos lo dispuesto en los preceptos legales reclamados; tal argumento resulta infundado, porque si se concediera el amparo, el efecto de la sentencia consistiría en que dichas disposiciones no se apliquen a la quejosa, lo cual implica que la autoridad devuelva las cantidades enteradas en acatamiento a dicha norma.

4. Posteriormente, el Tribunal Colegiado declaró su incompetencia para examinar los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, al ser un tópico aún no resuelto en jurisprudencia por la Suprema Corte, toda vez que la quejosa aduce en sus conceptos de violación que los artículos impugnados son violatorios de los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

CUARTO. Se procede a delimitar la materia de estudio en el presente fallo.

Como quedó precisado anteriormente, el Tribunal Colegiado del conocimiento revocó el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Derechos, y dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para el conocimiento de la constitucionalidad de dichos numerales, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de dichos argumentos.

En virtud de que los cuestionamientos mediante los cuales se invoca violación a la garantía de legalidad tributaria son de estudio preferente, se procede al estudio de los conceptos de violación relativos.(1)

Es importante precisar que el principio de legalidad establecido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, se refiere a que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Atendiendo a este principio, se requiere de una ley formal o material para el establecimiento de los tributos, en la que se establezcan las cargas fiscales de los contribuyentes y la posibilidad de que éstos conozcan el alcance de sus obligaciones, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de la autoridad.(2)

Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para conocer el alcance del principio de legalidad tributaria, es útil acudir al de la reserva de ley, que puede ser absoluta, cuando la regulación de alguna materia queda acotada en forma exclusiva a una ley formal; y, relativa, cuando es factible que otras fuentes de la ley regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, siempre que la ley sea la que fije expresa y limitativamente las directrices a las que hay que ajustarse.

Estas consideraciones encuentran apoyo en la tesis de rubro y datos de publicación: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY." (Novena Época, Pleno Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 78, Pleno, tesis P. CXLVIII/97).(3)

De ese criterio destaca, en lo que interesa al presente estudio, que en materia tributaria la reserva de ley en comento sólo es de carácter relativa por no poder regularse en su totalidad en una ley formal, sino que es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en ella, para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía; de esta manera, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre que se ajusten a la ley y la complementen.

Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que el principio tributario de reserva de ley, que es de carácter relativo, sólo aplica tratándose de los elementos cuantitativos del tributo (tasa o base), con el objetivo de realizar operaciones o acudir a aspectos técnicos, no así respecto de los elementos cualitativos de las contribuciones (sujetos y objeto), que no pueden desarrollarse en un reglamento, sino en una ley formal (sea federal o local).(4)

En estas condiciones, es menester conocer el texto de la disposición legal reclamada, a saber:

Ley Federal de Derechos.

"Artículo 27. Los beneficiarios de estímulos fiscales, pagarán por concepto de derechos de vigilancia una cuota equivalente al 4% sobre el monto del beneficio concedido, excepto cuando en las disposiciones en las que se concedan dichos estímulos se establezca una tasa diferente, la cual no excederá del por ciento antes mencionado.

"...

"Para los efectos de este artículo, no se considerarán estímulos fiscales, las devoluciones de impuestos indirectos y a la importación, incluyendo los certificados de devolución de impuestos a las exportaciones de productos manufacturados en el país."

El precepto legal reproducido establece la obligación de los beneficiarios de estímulos fiscales, de pagar derechos por concepto de vigilancia por una cuota equivalente al 4% sobre el monto del beneficio concedido, salvo que se establezca una cuota diversa, no mayor a ésta, en las disposiciones que concedan estímulos.

También prevé que en esas disposiciones o en sus reglas de aplicación, se señalará la forma y el lugar en que los beneficiarios de los estímulos fiscales harán el pago de los derechos correspondientes.

El precepto legal concluye que las devoluciones de impuestos indirectos y a la importación, incluyendo los certificados de devolución de impuestos a las exportaciones de productos manufacturados en el país, no se consideran estímulos fiscales.

Importa aclarar, que los estímulos fiscales a que se refiere la disposición legal en comento, son para el uso de medios de pago electrónicos en las empresas prestadoras del servicio de adquirente de tarjetas de crédito y de débito así como eventualmente de monedero electrónico, que manifiesten su intención de prestar dichos servicios a las pequeñas y medianas empresas, y que participen como fideicomitentes en la constitución de un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22079-db9d2374/derechos-por-servicios-para-determinar-si-tienen-esa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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