DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA VÍA TELEGRÁFICA. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE Y REQUISITOS QUE DEBE CONTENER.
AMPARO EN REVISIÓN 185/2009. **********.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es innecesaria la transcripción de las consideraciones que rigen la sentencia impugnada, así como de los agravios que se hicieron valer en su contra, toda vez que al analizar las constancias del juicio de amparo indirecto **********, se advierte actualizada la causal de improcedencia de tipo legal, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 116, 118 y 119 de la Ley de Amparo, la cual fue inadvertida por el Juez de primer grado en el amparo, sin embargo, este Tribunal Colegiado, en esta segunda instancia, asume su estudio, debido a que el examen de las causales de improcedencia es de orden público y de estudio oficioso, de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del citado artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
A este respecto, debe señalarse que existen tres momentos en los que las causales de improcedencia pueden ser aplicadas: a) Cuando se advierten desde el escrito de demanda, y sean manifiestas e indudables, caso en el cual el Juez de Distrito desecha de plano la demanda, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo; b) Cuando se aprecia después de admitir la demanda pero antes de que se dicte sentencia; en este caso no da lugar al desechamiento sino al sobreseimiento del juicio; y c) En la sentencia de primera o segunda instancia.
En el caso, la improcedencia del juicio de amparo se presenta justamente en esta segunda instancia, al conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de primer grado, cuando aún no ha causado ejecutoria dicha resolución, razón por la cual, es válido traer al caso dicho tópico, dada la obligación legal que tienen los tribunales constitucionales de examinar oficiosamente y de modo preferente al fondo del asunto las causales de improcedencia del juicio de garantías; sin que esto implique vulneración alguna al principio de non reformatio in peius, toda vez que tratándose de la improcedencia del juicio no opera dicho principio, debido a que dicha institución jurídica es de orden público y debe examinarse incondicionalmente, esto es, sin atender al hecho de quién sea la parte recurrente y el sentido de la sentencia sujeta a revisión.
Tiene aplicación a lo considerado, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 262, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."
Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 137, que dispone:
"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."
La causal de improcedencia actualizada se encuentra íntimamente vinculada con las formas legales establecidas para la presentación de la demanda en los juicios de amparo. A este respecto, el artículo 116 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: ..."
Este precepto señala claramente que las demandas de amparo, ineludiblemente, deben formularse por escrito, observándose los requisitos que señalan sus diversas fracciones; enunciado que constituye una regla general en cuanto a la forma de presentación de las demandas.
Dicha regla, como toda condición general, presenta excepciones, las cuales se encuentran contenidas en los artículos 117 a 119 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que al efecto disponen:
"Artículo 117. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el Juez."
"Artículo 118. En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al Juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo."
"Artículo 119. Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma."
Las disposiciones transcritas revelan que cuando el acto reclamado se hace consistir en alguno de los que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal), se surte un caso de excepción a la regla general, ya que en ese caso no es necesario que la demanda se formule por escrito ni que se satisfagan los requisitos consignados en el numeral 116 de la ley en cita, debido a que el ordinal 117 de la ley de la materia faculta al gobernado para formular la demanda por comparecencia ante el Juez de Distrito, bastando con precisar el acto reclamado, la autoridad que lo hubiese ordenado, el lugar en que se encuentre el agraviado y la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto.
La otra excepción se presenta cuando se promueve juicio de amparo y se solicita la suspensión respecto de actos que no admiten demora, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, pues en estos casos se establece la posibilidad de formularla por medio de telégrafo.
De acuerdo con esta composición normativa, se desprende que una de las formalidades que rige en el juicio de amparo, de conformidad con el normativo 116 de la ley de la materia, es que la demanda se debe presentar, forzosamente, por escrito, regla general que admite dos excepciones, a saber: a) Cuando el acto reclamado se hace consistir en alguno de los que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal), ya que en estos casos el gobernado puede formular la demanda por comparecencia ante el Juez de Distrito; y, b) Cuando la petición del juicio de amparo y de la suspensión sea respecto de actos que no admitan demora, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, pues en estos supuestos se establece la posibilidad de formularla por medio de telégrafo.
La primera regla excepcional es suficientemente clara, puesto que basta que lo reclamado sea un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para que la demanda de amparo pueda presentarse por comparecencia ante el Juez de Distrito. Sin embargo, la segunda nota de excepción no se explica por sí sola del contenido de los preceptos que la prevén, ya que la presentación de la demanda de amparo se puede realizar por medio de telégrafo, siempre y cuando el juicio y la suspensión se promuevan contra actos que no admitan demora y siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local.
A este respecto, conviene establecer qué ha de entenderse por actos que no admiten demora y qué debe de entenderse por inconveniente en la justicia local. Para ello, debe acudirse al contenido de los artículos 23, 38, 39 y 40 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:
"Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.
"Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.
"Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el código penal aplicable en materia federal señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.
"La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales, ante el secretario, y en casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los Jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo."
"Artículo 38. En los lugares en que no resida Juez de Distrito, los Jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residencia del Juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, el Juez de primera instancia remitirá al de distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos."
"Artículo 39. La facultad que el artículo anterior reconoce a los Jueces de primera instancia para suspender provisionalmente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal."
"Artículo 40. Cuando el amparo se promueva contra un Juez de primera instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, o cuando reclamándose contra diversas autoridades, no resida en el lugar Juez de primera instancia o no pudiere ser habido y siempre que se trate de alguno de los actos enunciados en el artículo anterior, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de las autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que en él reside la autoridad ejecutora. El Juez recibirá la demanda y procederá conforme a los dos artículos precedentes."
Interpretadas sistemáticamente las disposiciones legales transcritas, se obtiene que en el juicio de amparo existen actos que son susceptibles a la tramitación ordinaria establecida en la Ley de Amparo en sus artículos 145 a 157, los cuales no requieren apremio en su tramitación, ni siquiera sobre la suspensión del acto reclamado. En cambio, hay otros actos que por su trascendencia y los efectos que pueden producir en la esfera jurídica del agraviado no admiten demora, en este caso, los preceptos normativos analizados dejan patente que los actos de tramitación urgente sobre los cuales no cabe la tardanza, son aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.
Esto es así, debido a que los numerales 23 y 39 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establecen como actos susceptibles de providencia urgente, justamente los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, facultando a quien se vea agraviado con dichos actos, a promover el juicio de amparo y la suspensión en cualquier día y hora, pues de no permitirse así, se causarían notorios perjuicios al gobernado.
De no entenderse así, ningún sentido tendría admitir que la promoción de los juicios de amparo debe hacerse a través de la forma general y específica establecida en el artículo 116 de la Ley de Amparo, esto es, por escrito, ya que se dejaría al arbitrio del agraviado la clasificación de los actos que no admiten demora, para promover juicios de diversas materias a través de la vía telegráfica, lo cual resulta inconducente e incompatible con la finalidad para la que fue creado este esquema de promoción del juicio constitucional.
Mientras que en lo referente a la inconveniencia de acudir a la justicia local, sugiere que en el lugar donde tenga ejecución el acto comprendido como de aquellos que no admiten demora, no existan autoridades judiciales locales o que, existiendo se nieguen a recibir la demanda a pesar de que respecto del asunto planteado se surta la competencia auxiliar en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, o bien, que por cualquier motivo, a juicio del quejoso, estimare que existe inconveniente en la justicia local para pedir el amparo y la suspensión del acto reclamado, motivo que el quejoso debe externar en su petición de amparo telegráfico.
Lo anterior es así, pues en el supuesto de no existir inconveniente en la justicia local, el quejoso debe acudir ante la jurisdicción auxiliar prevista en los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo; esto es, al no actualizarse la condición de que el peticionario tenga algún inconveniente en presentar su demanda ante la justicia local, éste debe recurrir a las autoridades que en jurisdicción auxiliar están facultadas para recibir la demanda de amparo y proveer sobre la suspensión del acto reclamado, en los casos y términos establecidos en los numerales citados.
Apoya lo considerado, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLI, página 3402, de rubro y texto siguientes:
"PROMOCIONES POR TELÉGRAFO, IMPROCEDENCIA DE LAS. La Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, determina que en éste, la demanda y las demás promociones del quejoso, deberán hacerse forzosamente por escrito, excepto cuando se trate de ataques a la libertad personal, a la vida o a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, en los cuales podrá promoverse por comparecencia; por lo que, si tal forma de promoción exige la ley, tratándose del agraviado, a quien es lógico y jurídico suponer que el legislador trató de proporcionar las mayores facilidades para la defensa de las garantías individuales que estime violadas, no existe razón alguna para eximir de ese requisito, o sea, la promoción por escrito, a la parte tercera perjudicada; sin que en contrario pueda argumentarse que la ley no prohíbe hacer peticiones por la vía telegráfica, y que especialmente las establece para el juicio de amparo; porque si bien es verdad que el artículo 22 de la ley reglamentaria, establece la facultad para el quejoso, de promover, mediante comparecencia, en los casos que indica, y el artículo 48 del propio ordenamiento, faculta a la parte agraviada para promover el amparo y la suspensión del acto reclamado, por la vía telegráfica, cuando el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local, para que ésta pueda empezar a conocer del juicio, también lo es que esos casos de excepción consignados en los preceptos citados, vienen a confirmar la regla general de la forma forzosa escrita en que deben hacerse las promociones respectivas en el juicio de garantías, con tanta más razón, cuanto que la segunda de las disposiciones legales mencionadas, agrega que el peticionario deberá ratificar por escrito la promoción que haya hecho por la vía telegráfica."
Y la diversa tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIII, página 570, que dispone:
"DEMANDA DE AMPARO TELEGRÁFICA, REQUISITOS, DE LA. Si la demanda telegráfica interpuesta no reúne las condiciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo y no fue interpuesta en su nombre por persona distinta del agraviado ni existen las circunstancias a que se refiere dicho precepto, se está en lo justo al aplicar lo dispuesto en el artículo 119 del citado ordenamiento, teniendo por no interpuesta la demanda, toda vez que la misma no fue ratificada por el quejoso."
Sentado lo anterior, tenemos que en el juicio de amparo origen de este recurso, no se actualiza ninguna de las hipótesis que señala el artículo 118 de la Ley de Amparo para que se justifique la promoción de la demanda de amparo a través de la vía telegráfica, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional de amparo se planteó sobre un proveído dictado en el juicio laboral **********, en el que se dio por cumplido el laudo y se ordenó el archivo del expediente; acto que no se comprende dentro de los considerados como que no admiten demora, pues no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, mas bien, es un acto de ejecución del laudo que da por concluida dicha fase procesal.
Tampoco se esbozaron razones por parte del quejoso para demostrar que tuvo inconveniente en acudir a la justicia local a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, a través de la jurisdicción auxiliar que se comprende en los artículos 38, 39, 40 y 144 de la Ley de Amparo, pues en ninguna parte de la demanda telegráfica el quejoso manifestó que no se le quiso recibir su demanda o alegó alguna otra razón por la que le resultaba inconveniente acudir a la justicia local, a pesar de ser ésta una condición inexorable exigida por el numeral 118 de la ley de la materia; máxime que en **********, donde se promovió el juicio, sí existen Jueces de primera instancia, de conformidad con los normativos 7, fracción II y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche.
Consecuentemente, al no acreditarse los requisitos exigidos por el artículo 118 de la Ley de Amparo para presentar las demandas de amparo a través del medio telegráfico, el quejoso ********** estaba obligado a presentar su demanda ciñéndose a la regla general establecida en el diverso precepto legal 116 de la ley en consulta, esto es, por escrito; lo que pone de manifiesto la vigencia de la causa de improcedencia invocada, toda vez que el juicio no se promovió con base en las formas establecidas en la Ley de Amparo.
Sin que repercuta el hecho de que en autos del juicio de amparo indirecto **********, conste que la demanda presentada vía telegráfica se mandó ratificar y ésta fuera ratificada por su solicitante, toda vez que, como se ha sostenido a lo largo de la presente sentencia, no existen los elementos para considerar procedente la promoción del juicio a través de telégrafo, ya que al no atacarse actos que no admiten demora y no exponerse las causas por las que fue inconveniente acudir a la justicia local, el agraviado estaba constreñido a presentar su demanda por escrito.
No obstante, debe significarse que aunque haya sido ratificada la demanda presentada por telégrafo y se hayan aportado diversas copias de ésta, para la fecha en que dicha actuación ocurrió, esto es, el cinco de junio de dos mil ocho, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de amparo, tomando en cuenta que el acto reclamado, de acuerdo con lo manifestado por el quejoso, le fue notificado el veintiuno de febrero de dos mil ocho; consecuentemente, se actualiza la figura del consentimiento tácito del acto reclamado, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término de quince días y, por tanto, se surte también la causal de improcedencia de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
En este contexto, al encontrarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 116, 118 y 119 de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y, con fundamento en el ordinal 74, fracción III, de la mencionada ley, sobreseer en el juicio de garantías promovido por **********, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero de esta ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 90, 91 y 184 de la Ley de Amparo; 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra de los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
TERCERO.-Publíquese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese a la recurrente, al quejoso y al agente del Ministerio Público Federal adscrito, por medio de lista que se fije en este tribunal; anótese en el libro de gobierno correspondiente; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvase los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente toca, como asunto totalmente concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados David Alberto Barredo Villanueva, como presidente, José Atanacio Alpuche Marrufo y Mayra González Solís; siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22391-0a45191c/demanda-de-amparo-promovida-via-telegrafica-supuestos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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