Corpus
Modo: Corpus Pro

PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 165/2009. · Registro digital (IUS): 21969
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, , Pág. 2691.

AMPARO EN REVISIÓN 165/2009. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No se habrán de analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, ni el agravio formulado en su contra, a pesar de haberse transcrito, toda vez que este tribunal colegiado advierte que en el caso la jueza de distrito incurrió en una omisión que pudiera influir en la sentencia que ha de dictarse en definitiva y que, por ende, es susceptible de trascender al resultado del fallo ante un beneficio práctico, por lo que en el caso deberá reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.

Antes de realizar el estudio respectivo, a fin de determinar la omisión que en el caso a estudio conlleva a la reposición del procedimiento, inicialmente conviene precisar que en tratándose de un juicio de amparo que se promueve por violación al derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha garantía prevista en el artículo 8º constitucional, se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.

Así se desprende, en lo conducente, de la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de dicho órgano colegiado, publicada en la página 207, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido."

Al caso se cita también, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 203, Tomo XII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia."

Asimismo, la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País ha sostenido que si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede optar por promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, puesto que aun cuando la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que puede analizarse en el mismo juicio, lo que resulta conveniente por razones de concentración y economía procesal en cumplimiento al artículo 17 constitucional.

Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla."

En la ejecutoria que dio origen a dicho criterio jurisprudencial, cuya parte conducente se transcribirá más adelante, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País analizó los distintos elementos procesales de la figura de la ampliación de la demanda de amparo, en relación con los aspectos sustantivos que el derecho constitucional de petición conlleva para los gobernados y autoridades ante quienes se formule, concluyendo al respecto que atendiendo al contenido del artículo 17 de la Ley Fundamental relativo a la impartición de una justicia completa, pronta e imparcial, y a la capacidad de defensa del quejoso, es procedente la ampliación de demanda en el juicio de amparo para impugnar la respuesta dada por la autoridad responsable durante un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, aun cuando la respuesta extinga el acto omisivo o negativo originalmente reclamado.

Lo anterior se advierte de las consideraciones de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 110/2006-SS, sustentada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a partir de la página 593, Tomo XXIV, noviembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente señala:

"QUINTO. ...Ahora bien, por lo que hace al derecho de petición, el artículo 8o. de la Constitución General de la República establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán su ejercicio, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esto es, el derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término. Así, el juicio de amparo instaurado en contra de la omisión de la autoridad en atender la petición del quejoso, tiene por objeto, precisamente, que las autoridades responsables den contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud. Ahora bien, cuando la autoridad señalada como responsable hace del conocimiento del quejoso el acuerdo emitido en respuesta a la petición que le fue solicitada durante la secuela procedimental del juicio, la ampliación de la demanda es procedente en contra de tal respuesta. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de garantías, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo que puede ser analizado por el propio Juez de Distrito y que en cierto sentido puede ser analizado por economía procesal, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República. En efecto, como anteriormente se ha hecho patente, el artículo 17 de la Constitución establece como garantía individual la impartición de justicia completa, pronta e imparcial; precepto cuyo contenido ha adoptado este Alto Tribunal en el análisis y mejora del sistema procesal del juicio de garantías. En este sentido, si este Alto Tribunal, a la luz de dicho precepto, ha establecido que la ampliación de demanda es procedente, entre otros supuestos, cuando se advierta la existencia de un acto nuevo, debe considerarse, por mayoría de razón, que no existe obstáculo para considerar que es procedente la ampliación de demanda interpuesta ante la respuesta de la autoridad responsable que ha abandonado su actitud omisa, aunque esta situación, que atenta contra el artículo 8o. constitucional, desaparezca al generarse un acto de naturaleza diversa. Lo anterior no irroga perjuicio alguno al sistema dispuesto en la Ley de Amparo para efecto de la procedencia de la demanda de garantías pues, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el acuerdo de la responsable como corresponda y estime conveniente y, si el quejoso opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, por razones de economía procesal, el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede y debe ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación o no, lo cual, de hecho, acontecería si el quejoso impugnara el acuerdo de la responsable a través de una nueva acción de amparo, con la sola particularidad de que se tendrían dos expedientes diversos. A mayor abundamiento, es de advertir que el desechamiento de la ampliación de la demanda puede dejar en estado de indefensión al quejoso, ya que para el momento en que este tema se cuestione mediante la interposición del recurso de queja ante el Tribunal Colegiado correspondiente, seguramente ya habrá transcurrido el plazo para la interposición de un diverso juicio de garantías y, ante esta eventualidad, indudablemente es preferible optar por admitir la ampliación de la demanda (páginas 614 y 615 del referido Tomo del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

De todo lo antes expuesto, se constata inicialmente que el derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.

De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables que conforman en su totalidad el derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido.

Las variables fundamentales a que se alude, en tratándose de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, son enunciativamente las siguientes:

1. Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso.

En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias:

1.1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión de amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

1.2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo.

2. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación.

3. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce.

En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias:

3.1. Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión de amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante.

3.2. Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo.

En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso.

Precisado lo anterior, en el caso a estudio de los autos de origen se advierte que **********, por derecho propio, promovió juicio de garantías en el que reclamó del Órgano de Fiscalización Superior del Gobierno del Estado de Puebla, el siguiente acto:

"IV. Reclamo de la autoridad la falta de respuesta a la solicitud de prórroga para presentar documentación que hice, por escrito y de manera pacífica y respetuosa, el pasado veinticuatro de los corrientes." (foja 2).

Al respecto, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo el impetrante expresó lo siguiente:

"ANTECEDENTES... PRIMERO. Que, con fecha con veinticuatro de marzo del presente año, mediante escrito solicité de manera pacífica y respetuosa al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que me concediera prórroga para presentar la documentación que me fue requerida mediante oficio número **********, mismo que me fue notificado el día veintitrés del mismo mes y año, como lo demuestro con las copias simples marcadas con los anexos uno y dos. SEGUNDO. El motivo de la solicitud es cumplir debidamente con el requerimiento en plazo razonable, ya que en ocasiones anteriores, por los mismos motivos y sin mediar petición alguna, la autoridad me dio un término de hasta veintiocho días para presentar la documentación, como lo demuestro con las copias marcadas como anexos tres y cuatro. TERCERO. A la fecha no ha recaído ningún acuerdo, por escrito, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado a mi petición pacífica y respetuosa y sí en cambio, a través del oficio número ********** de fecha treinta marzo, notificado un día después, se me hace un segundo citatorio y se me apercibe con iniciar acciones legales en mi contra de no cumplir con el requerimiento inicial, como lo demuestro con las copias simples marcada como anexos cinco y seis. CUARTO. Con fecha dos de abril del presente año, di contestación al Órgano de Fiscalización Superior del Estado al oficio señalado en el punto anterior, solicitando contestación a mi escrito, pacífico y respetuoso, en que solicité prórroga para cumplir con el requerimiento, como lo demuestro con la copia simple marcada como anexo siete." (fojas 2 y 3).

Asimismo, el quejoso expresó como conceptos de violación lo que se transcribe:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ... El Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, viola en mi perjuicio la garantía de petición consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque a la fecha no ha recaído ningún acuerdo a mi escrito de petición de prórroga de fecha veinticuatro de marzo del presente año y sí en cambio me apercibe de iniciar acciones legales en mi contra, por lo que me encuentro en incertidumbre jurídica e imposibilitado para cumplir adecuadamente con el requerimiento. Por tanto demando el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla dicte acuerdo, por escrito, a mi petición de fecha veinticuatro de marzo en que pido, en forma pacífica y respetuosa, prórroga para presentar la documentación requerida." (foja 3).

Por su parte, en la sentencia que se revisa la jueza de distrito tuvo como acto reclamado únicamente al señalado en forma destacada por el quejoso en el capítulo respectivo, pues así lo sostuvo en el fallo en revisión al señalar:

"...El acto combatido en el presente juicio de garantías consiste en la negativa u omisión de la responsable de acordar lo procedente a la petición del quejoso presentada a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, con número de folio **********, en la que medularmente solicitó una prórroga para la revisión de los papeles de trabajo de dos mil ocho, que le fueron requeridos mediante oficio ********** de dieciocho de marzo pasado, argumentando la dificultad para preparar dichos documentos." (fojas 56 vuelta y 57 frente).

En relación con dicho acto negativo reclamado por el quejoso (que en los términos de las variables del derecho de petición antes descritas se ubicaría en el número 1), la jueza de distrito sobreseyó en el juicio ante su inexistencia con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues consideró que la responsable sí respondió la solicitud respectiva y la notificó con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (fojas 54 a 59).

Sin embargo, este tribunal colegiado estima que ante la imprecisión del acto reclamado, en relación con lo expresado en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo y frente a los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, en la especie es necesario realizar un examen integral de la demanda de amparo, a fin de determinar con exactitud cuáles son los actos que se reclaman, atendiendo a la pretensión real del quejoso.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."

Asimismo, es aplicable la tesis P. VI/2004 del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.-El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

Precisado lo anterior, cabe señalar que, como ya se dijo, en el caso, existe una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento.

En efecto, los artículos 91, fracción IV, y 146 de la Ley de Amparo establecen:

"Artículo 91.- El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas: ... IV.- Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley."

"Artículo 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.-Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.-Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente".

De los dispositivos legales transcritos se desprende que cuando la demanda sea irregular o deficiente por alguna de las causas que prevé el último de los artículos transcritos, y en concreto cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, es obligación del juez de distrito prevenir al quejoso para que si lo estima pertinente la subsane o la aclare dentro del término de tres días, con el apercibimiento correspondiente; y de omitirse esa prevención se incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, lo que llevaría a ordenar, en su caso, la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 183/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 190/2005-SS, publicada en la página 778, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento."

De lo hasta aquí expuesto se colige que existe una violación a las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, pues si bien por una parte el quejoso reclamó como acto destacado la omisión del Órgano de Fiscalización Superior del Gobierno del Estado de Puebla, de dar respuesta a la solicitud de prórroga para presentar documentación que formuló mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, lo que constituye un acto de naturaleza negativa que se refiere a la omisión formal de la autoridad de dar contestación a una solicitud formulada en los términos del artículo 8º constitucional; se estima que en el tercer punto del capítulo de antecedentes de los actos reclamados, en relación con el contenido de los argumentos formulados a manera de conceptos de violación, el impetrante también adujo la ilegalidad del oficio **

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21969-2c2525d9/peticion-modalidades-de-los-actos-reclamados-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.