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AMPARO DIRECTO, EFECTOS DE LA CONCESIÓN. SI APELA ÚNICAMENTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL AD QUEM MODIFICA SOLAMENTE ASPECTOS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN PERJUICIO DEL REO, POR SER LA MATERIA DEL RECURSO, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD DE APELACIÓN SE PRONUNCIE INTEGRALMENTE SOBRE LOS RESTANTES ASPECTOS DE LA SENTENCIA APELADA (ELEMENTOS DEL DELITO Y RESPONSABILIDAD) QUE SON PRESUPUESTOS DE AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 462/2009. · Registro digital (IUS): 22086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 2315.

AMPARO DIRECTO 462/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Dado el sentido de la presente resolución, se estima conveniente reseñar los antecedentes del caso.

1. Mediante sentencia de diecisiete de julio de dos mil nueve, la Juez Trigésimo Cuarto de Paz Penal del Distrito Federal condenó al quejoso **********, por considerarlo penalmente responsable en la comisión del delito de daño a la propiedad culposo, previsto y sancionado por el artículo 239, párrafo inicial (al que deteriore una cosa ajena en perjuicio de otro), del Código Penal para el Distrito Federal y, atendiendo al grado de culpabilidad mínimo, le impuso pena de multa de un día de salario, equivalente a la cantidad de cuarenta y ocho pesos con sesenta y siete centavos, que calculó con base en el salario mínimo vigente en la época de los hechos; lo condenó a la reparación del daño material consistente en el pago en efectivo de la cantidad de doce mil pesos a la ofendida **********; suma en que fueron valuados los daños causados al inmueble ubicado en el número ********** de la calle **********, colonia barrio **********, delegación Xochimilco, propiedad de **********, según se desprende del dictamen pericial oficial, el cual no fue objetado por la representación social, ya que la prueba consistente en la ratificación y la ampliación del dictamen en materia de ingeniería y arquitectura a cargo del perito Julio Eduardo Cabrera Godínez adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de valuar los daños sufridos en el inmueble propiedad de **********, según consideró la juzgadora de primer grado, en manera alguna puede estimarse como una objeción, toda vez que durante el periodo probatorio no fue ofrecido algún otro dictamen pericial distinto, y aun cuando la querellante, en su calidad de coadyuvante, presentó un presupuesto respecto de los daños ocasionados en su inmueble, visible a foja 293 del sumario, no se especifican los nombres de quienes lo emitieron, no obstante que en el escrito presentado por **********, refiere que el presupuesto se encuentra firmado por el ********** e **********; consecuentemente con fundamento en los artículos 175 y 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la Juez de Paz estimó que el referido presupuesto carece de valor probatorio, al no reunir los requisitos que todo dictamen pericial debe tener, ya que no se tiene la certeza de que las personas que emitieron su opinión están capacitadas para emitirla, toda vez que el mismo no fue ratificado ante la referida autoridad jurisdiccional, aunado a que en la experticial de referencia no se hace alusión a los fundamentos teóricos y técnicos que conllevaron a determinar el avalúo de los daños, ni mucho menos se especifican las características del objeto de la pericial, al no establecerse el domicilio ni el estado del inmueble afectado, lo que sí acontece con el dictamen rendido por el perito en materia de ingeniería y arquitectura **********; pericial a la que se le concedió valor probatorio pleno en términos del artículo 254 de la invocada legislación adjetiva de la materia, por estar acorde con los daños causados al inmueble y con las declaraciones de la propia querellante **********. La instructora también precisó que en caso de renuncia de la ofendida ********** a la reparación del daño o no la reclame dentro del plazo legal al efecto establecido, su importe se aplicará en un cincuenta por ciento al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal, y el otro cincuenta por ciento al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal.

2. Contra la anterior resolución, el agente del Ministerio Público adscrito, así como la coadyuvancia, interpusieron recurso de apelación; inconformándose únicamente respecto del monto de la reparación del daño.

3. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso de apelación a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual, mediante resolución de seis de noviembre de dos mil nueve, declaró fundados los agravios de la representación social y la coadyuvante, dirigidos a demostrar que el sentenciado **********, propietario del inmueble ubicado en el número ********** de la calle **********, colonia barrio ********** de la delegación Xochimilco, construyó en contravención a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, es decir, sin dejar el espacio requerido entre su construcción y las construcciones vecinas que ya existían, provocando con ello el deterioro estructural del inmueble ubicado en el número **********, contiguo al del enjuiciado y propiedad de la ofendida **********; que partiendo de la base de que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, que entraña la obligación del delincuente de restablecer el status quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito, y que en el procedimiento penal que se instruyó en contra del enjuiciado de mérito se demostró la existencia del deterioro estructural del inmueble en cuestión, el a quo, con base en ello y en términos de lo dispuesto en el numeral 42 del Código Penal para el Distrito Federal, debió condenar al justiciable al restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de cometerse el delito, que implica no sólo la demolición de material de acabado en mal estado y la aplicación de otros nuevos, la apertura de fisuras y la aplicación de resinas epóxicas y la aplicación de pintura (pues con ello sólo se eliminarán temporalmente los daños causados en áreas visibles del inmueble de la ofendida), sino además, que subsane el deterioro estructural que causó al inmueble de la agraviada, pues tal como lo afirma la representación social, presenta una inclinación que se acentuará con el paso del tiempo si no se corrige o elimina la causa generadora de dichos daños, como se constata con el dictamen pericial emitido por el perito tercero en discordia **********; en consecuencia, la autoridad responsable modificó la sentencia apelada en perjuicio del promovente de la acción constitucional al determinar que es procedente condenar al enjuiciado ********** a la reparación del daño consistente en el restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito; por lo tanto, deberá pagar a la ofendida ********** la cantidad de doce mil pesos, que es el costo de los daños visibles en el inmueble ubicado en el número ********** de la calle **********, colonia barrio ********** de la delegación Xochimilco; corregir el daño estructural que le causó al aludido inmueble, cuyas obras necesarias para ello, así como su quántum, podrán ser cuantificadas en la ejecución de la sentencia, y así estar en posibilidad de ordenar la realización de las obras indispensables para la reparación del daño estructural del citado inmueble o el pago de las mismas, a fin de que quede en el estado en que se encontraba hasta antes de que el justiciable causara su deterioro; con independencia de lo anterior, quedan a salvo los derechos de la ofendida ********** para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente a ejercitar la acción correspondiente, para el caso de que se estime necesaria la demolición total o parcial del inmueble propiedad del sentenciado.

4. Por lo anterior, el quejoso ********** promovió el presente juicio de amparo.

De los anteriores antecedentes, se desprende que pareciera que la materia de la litis en el presente juicio de amparo sería únicamente la sentencia de segunda instancia y, específicamente, el apartado de la reparación del daño material proveniente del delito de daño en propiedad ajena culposo que se le atribuye al quejoso, ya que el agente del Ministerio Público y la coadyuvante fueron los únicos que interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, planteando inconformidad en ese punto; que al considerarse eficaces los agravios formulados se modificó la sentencia de primer grado, dejándose intocado lo relativo a los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad penal (que tuvo por acreditados).

Sin embargo, lo anterior aun cuando pareciera correcto desde un punto de vista procesal, pues la materia de la litis en la apelación se constriñe a lo que se expone en el recurso, por ser el Ministerio Público el apelante, implica también que, en el proceso penal instruido contra el quejoso, existan dos sentencias definitivas que regirán su estatus jurídico, una de primera instancia en todo aquello que se dejó intocado en el recurso de apelación, como es la acreditación del tipo penal, la responsabilidad penal, y una parte de la individualización judicial de la pena, y otra de segunda instancia, respecto de ampliar la condena de la reparación del daño material.

Ahora bien, en el juicio de amparo directo en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, el objeto de estudio lo es la sentencia definitiva; entendiéndose por ésta, aquella que decide el juicio en lo principal, conforme a lo previsto en el artículo 46 de la propia ley.

Sin embargo, en el caso, la sentencia de segunda instancia no decidió el juicio en lo principal, pues los temas de elementos del tipo penal, responsabilidad penal, e individualización judicial de la pena en el capítulo de la punición, quedaron intocados y, precisamente, éstos son los presupuestos para pronunciarse en relación con la reparación del daño material que correspondiera establecer; aspecto este último en el que se pronunció la autoridad responsable por ser la materia de la apelación, sin verificar previamente sobre los aspectos antes mencionados.

En el caso, se reclama la sentencia de segunda instancia, y para efectos del juicio de amparo directo en materia penal, no se podría dividir el acto reclamado en dos partes, como si el capítulo de la individualización de la pena (con todos sus efectos y consecuencias, y específicamente el relativo a la condena a la reparación del daño material) fuera una cuestión que se pudiera desvincular del acto mismo, que es la sentencia reclamada, en la cual, para arribar a la conclusión de que es procedente pagar a la ofendida ********** la cantidad de doce mil pesos, que fue el costo de los daños visibles en el inmueble ubicado en el número ********** de la calle **********, colonia barrio ********** de la delegación Xochimilco; corregir el daño estructural que el quejoso causó al aludido inmueble, cuyas obras necesarias y su quántum podrán ser cuantificadas en la ejecución de la sentencia, para estar en posibilidad de ordenar la realización de las obras indispensables para la reparación del daño estructural del citado inmueble o el pago de las mismas, a fin de que quede en el estado en que se encontraba hasta antes de que el justiciable causara su deterioro; y con independencia de lo anterior, dejar a salvo los derechos de la ofendida ********** para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente a ejercitar la acción correspondiente, para el caso de que se estime necesaria la demolición total o parcial del inmueble propiedad del sentenciado; necesariamente el juzgador debe apoyarse en el presupuesto de que se acreditaron todos y cada uno de los elementos del tipo penal, así como que se demostró la plena responsabilidad, de manera tal, que el capítulo de la individualización de la pena en el que se decide condenar al sentenciado a la reparación del daño material, al restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de cometerse el delito, en los aspectos precisados, no es una cuestión aislada, sino que es producto de los aspectos antes señalados, pues si no se acreditan aquéllos no se podría imponer pena alguna y tampoco, como consecuencia de ello, pronunciarse respecto de la procedencia o no de la condena al pago de la reparación del daño material proveniente del delito de daño a la propiedad culposo.

Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis número 1a. CLVIII/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, página 425, cuyos rubro y texto dicen:

"PENAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO ESTABLEZCAN, PARA EFECTOS DE SU IMPOSICIÓN, QUE DEBEN ESTAR ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, NO LOS TORNA INCONSTITUCIONALES. Los citados preceptos establecen las reglas a las que el juzgador debe ceñir su actuación para efectos de aplicación de las sanciones, de manera que su facultad para imponer o individualizar las penas no se traduce en el uso de una atribución irrestricta o caprichosa, en tanto que al ejercerla debe observar dichas reglas. Ahora bien, para que el juzgador esté en condiciones de aplicar una pena, por cuestiones de orden sistemático debe analizar, dentro del procedimiento penal, si quedaron acreditados el cuerpo del delito y la plena responsabilidad de la persona a quien se le atribuye la comisión del evento criminoso, ya que de no ser así no podría ejercer la facultad que le confieren los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal. En consecuencia, la circunstancia de que dichos preceptos no establezcan expresamente que para efectos de la imposición de las sanciones deben estar acreditados el cuerpo del delito y la plena responsabilidad del inculpado, no significa que sean violatorios de los derechos fundamentales que en el ámbito penal consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

También resulta aplicable al respecto, lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIX, página 2685, que dice:

"CUERPO DEL DELITO, LA COMPROBACIÓN DEL, ES LA BASE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y SIN ELLA NO PUEDE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. La comprobación del cuerpo del delito constituye la base del procedimiento judicial, y sin ella no puede declararse la responsabilidad del acusado ni imponerle pena. Ahora bien, por cuerpo del delito, debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que lo constituyen, es decir, la realidad del mismo, y comprobarlo no es más que demostrar la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley, al considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente. El artículo 465 del Código de Justicia Militar previene que en caso de homicidio o lesiones, además de la descripción que de las lesiones hagan el Juez o el agente de la Policía Judicial Militar, que intervenga en las diligencias, es de gran importancia el informe de dos peritos y aun de uno solo, si no hubiere otro disponible, y el curso rápido de las actuaciones no permitiere separar. Los peritos darán por medio de certificados que ratificarán personalmente ante el Juez respectivo, la esencia de las lesiones, dentro de 48 horas, después de haberse encargado de la curación de un herido. Al cumplirse con este precepto, tomarán siempre en consideración el arma empleada para inferir las lesiones, la región en que éstas están situadas, sus dimensiones, los órganos interesados, y, en resumen, harán la clasificación con toda la claridad posible a fin de que pueda conocerse fácilmente en cuál precepto del libro segundo de dicho código, está comprendido el acto; y si de las constancias de autos aparece que ni la Policía Judicial Militar ni el Juez de la causa, dieron fe de las lesiones que sufrió el ofendido, y existe únicamente el certificado médico provisional, que no fue ratificado ante la presencia judicial, y no se rindió el certificado de sanidad, para poder saber en definitiva, la clasificación de las lesiones, no se acreditó el cuerpo del delito de lesiones; máxime, si el ofendido niega rotundamente haber sufrido la lesión a que se refiere el dictamen pericial; y debe concederse el amparo contra la sentencia definitiva que impuso pena al quejoso."

Y lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIX, página 2955, que dice:

"CUERPO DEL DELITO, COMPROBACIÓN DEL. Si no está comprobado el cuerpo del delito que se imputa al acusado, es violatoria de garantías la sentencia de segunda instancia que le impone pena."

En este sentido, debe estimarse que fragmentar la sentencia penal en dos partes para su estudio en el juicio de amparo directo, respecto del capítulo de la individualización judicial de la pena y, específicamente, lo relativo a la condena al pago de la reparación del daño material proveniente del delito de daño a la propiedad culposo, implicaría dividir la continencia de la causa e infringir el principio de unidad que debe guardar toda sentencia.

Así, se estima que cuando se reclama en amparo directo una sentencia definitiva en materia penal y el quejoso es el reo, por las consideraciones anteriores y, además, en aplicación de la figura jurídica de la suplencia de la queja establecida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, el examen de la constitucionalidad de dicho acto reclamado debe ser en su integridad, esto es, con relación a los elementos del tipo, la responsabilidad penal y sus consecuencias, como sería la condena al pago de la reparación del daño material; imposición de la pena que dio origen al pronunciamiento del pago de la reparación del daño material, pues de lo contrario, en la ejecución de una sentencia de amparo se daría lugar a la coexistencia de dos sentencias respecto de la misma causa y sentenciado, y que, en el caso, con sentido contradictorio, implicaría que se tuviera que examinar la sentencia de primera instancia con relación a los temas de la reparación del daño material que se dejaron intocados en el recurso de apelación, y también que se analizara la sentencia de segunda instancia en lo que fue materia del recurso, con la consecuencia que eventualmente y, aun sin haber sido señalada como responsable la autoridad judicial de primera instancia; tuviera que cumplir con una concesión del amparo simultáneamente con la autoridad judicial de segunda instancia, lo que incluso, no sólo para efectos del juicio de amparo, sino también para con el proceso penal, podría crear situaciones confusas y eventualmente la existencia de dos sentencias penales contradictorias, afectando con lo anterior, los principios de continencia de la causa, congruencia y unidad que debe guardar toda sentencia.

Sobre estos temas debe considerarse lo decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 33/2005, en la parte que interesa sobre la función de decir el derecho en los conflictos que se someten a la potestad de la autoridad jurisdiccional, en donde sostuvo lo siguiente:

"... QUINTO. Con el fin de resolver el punto de contradicción, conviene tener presente algunas ideas generales respecto de los lineamientos que debe observar la Junta responsable al emitir un nuevo laudo en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, mismas que se extraen de la resolución emitida en la inconformidad 87/2003, por esta Segunda Sala, el treinta de abril de dos mil tres, de la cual se obtienen los siguientes principios:

"Que el cumplimiento que dé lugar a tener por acatada una sentencia de amparo, cuando se trate de actos de naturaleza judicial o jurisdiccional, como los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe ser total, pues su pronunciamiento debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia que establece, entre otros, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y al de exhaustividad que la obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las relativas a la ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria de garantías, las que deben ser reiteradas en la resolución de cumplimiento.

"Que la función de decidir el derecho, por su propia naturaleza, implica que el laudo debe emitirse en un solo acto, adquiriendo así el carácter de inmutable desde el punto de vista jurídico, debe contener y dar respuesta a todos los puntos de la litis, lo cual significa que basta que algunas de las prestaciones no hayan sido dilucidadas en el nuevo laudo, para que no pueda decretarse el cumplimiento, pues ello implicaría aceptar la división o fraccionamiento de la función de decidir el derecho a cargo de las Juntas laborales, hasta el punto en el que coexistan dos laudos con resolutivos ejecutables, lo que no es posible conforme a los principios de unidad que rigen al laudo, cuyo cumplimiento debe efectuarse necesaria e indefectiblemente en un solo momento o acto jurídico, como ocurre cuando un órgano con funciones jurisdiccionales debe emitir una resolución para decidir un conflicto de intereses, pues ese acto decisorio no puede constar en varios actos, ni emitirse sucesivamente, sino en uno solo y en un mismo momento por la obligación que pesa sobre la Junta de resolver todos los puntos de la litis, en atención al principio de congruencia y la vinculación tanto de las prestaciones como de las pruebas, que no deben resolverse ni valorarse separada e incompletamente.

"Que cuando el cumplimiento de una ejecutoria de garantías implica el pronunciamiento de un laudo o sentencia, éstos deben dirimir en su integridad la controversia jurídica, de modo que la ejecución del fallo constitucional no puede evaluarse en función del mayor o menor número de pretensiones resueltas, dado que el cumplimiento no implica resolver la mayoría de los puntos litigiosos, sino acotarlos todos.

"Que si el cumplimiento de la ejecutoria implicó dejar sin efecto el laudo reclamado y dictar otro que dirimiera todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por tanto, si la responsable, en el nuevo laudo decide únicamente los puntos litigiosos señalados en forma destacada en la ejecutoria de garantías, pero nada resuelve sobre los otros puntos litigiosos ya definidos o intocados por la sentencia de amparo, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo o sentencia reclamados, tal proceder genera la coexistencia de dos laudos que impide declarar cumplida la ejecutoria, en virtud de que el laudo como acto jurídico de decisión con que culmina la contestación, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión, tanto más si el laudo que declaró subsistente en forma parcial contiene resolutivos ejecutables, lo cual adquiere mayor relevancia por la obligación de resolver todos los puntos litigiosos en acatamiento del principio de congruencia.

"Los argumentos contenidos en la resolución previamente referida, originaron la creación de las siguientes tesis:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XVII, mayo de 2003

"‘Tesis: 2a. LXVII/2003

"‘Página: 301

"‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA RECLAMADOS Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL NUEVO LAUDO O SENTENCIA, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS. Si se otorga el amparo en contra de un laudo o sentencia definitiva, el cumplimiento de la ejecutoria implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por lo tanto, si la responsable, en el nuevo laudo o sentencia decide únicamente los puntos litigiosos señalados en forma destacada en la ejecutoria de garantías, pero nada resuelve sobre los otros puntos litigiosos ya definidos o intocados por la sentencia de amparo, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo o sentencia reclamados, tal proceder genera la coexistencia de dos resoluciones, lo que impedirá declarar cumplida la ejecutoria, en virtud de que el laudo o sentencia definitiva, como acto jurídico de decisión con que culmina la contestación, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión, tanto más si las resoluciones que constan en diversos actos contienen resolutivos ejecutables, lo cual adquiere mayor relevancia por la obligación de resolver todos los puntos litigiosos en acatamiento del principio de congruencia, así como por la vinculación entre las prestaciones y las pruebas, que no deben resolverse ni valorarse de manera separada e incompleta, pues al hacerlo así, existiría el riesgo de obtener un resultado diverso al de su valoración conjunta.’

"‘Novena Época

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XVII, junio de 2003

"‘Tesis: 2a. LXXXIII/2003

"‘Página: 303

"‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE NATURALEZA JUDICIAL O JURISDICCIONAL. El cumplimiento que dé lugar a tener por acatada una sentencia de amparo, cuando se trate de actos de naturaleza judicial o jurisdiccional, como los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe ser total, sin que pueda admitirse la realización de actos que trasciendan al núcleo esencial de las obligaciones exigidas, pues esta figura peculiar de cumplimiento no puede operar en el caso de sentencias o laudos, pues su pronunciamiento debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia que establece, entre otros, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y al de exhaustividad que la obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las relativas a la ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria de garantías, las que deben ser reiteradas en la resolución de cumplimiento.’

"Ahora bien, en primer lugar, es preciso señalar que respecto al presente asunto, la materia de la contradicción versa sobre el hecho de que si un Tribunal Colegiado (ante la oscuridad de la demanda del actor sobre las prestaciones desvinculadas con la principal), puede ordenar a la Junta responsable que efectúe la reposición del procedimiento para que sean subsanadas las omisiones respectivas, y emitir un nuevo laudo en el que se resuelva por todas las prestaciones reclamadas; o si, atendiendo al principio de economía procesal, se puede dividir la continencia de la causa, para que por un lado, la responsable emita un laudo en el que deje subsistente lo ya analizado y decidido, y por el otro, emita laudo diverso en el que previa reposición, decida sobre las prestaciones materia de la aclaración.

"Es cierto que el problema sobre el cual versó la inconformidad 87/2003 antes mencionada, se refirió al correcto cumplimiento que debe dar la Junta a la sentencia concesoria del amparo, en la que el Tribunal Colegiado (ante la omisión en el estudio de determinadas prestaciones reclamadas por el actor) ordenó a dicha responsable que emitiera un nuevo laudo, tomando en cuenta los lineamientos de la ejecutoria de mérito.

"No obstante que la materia de la inconformidad referida es distinta al de la presente contradicción, de la primera destacan los principios que debe observar la Junta responsable al emitir el nuevo laudo, en virtud de la concesión del amparo, mismos que ya han quedado precisados y que servirán de base para determinar el criterio que debe prevalecer.

"Hecha la precisión anterior, y trasladando los principios anteriores a la materia de la presente contradicción de tesis, se obtiene lo siguiente:

"1. El laudo, como acto de naturaleza judicial o jurisdiccional, debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, conforme al principio de congruencia establecido, entre otros, por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, y al de exhaustividad que la obliga a dirimir todas las cuestiones litigiosas; asimismo, la función de decidir el derecho implica que el laudo debe emitirse en un solo acto, que contenga y dé respuesta a todos los puntos de la litis, por lo que si algunas de las prestaciones no fueron dilucidadas en el nuevo laudo, implicaría aceptar la división o fraccionamiento de la función de decidir el derecho a cargo de las Juntas laborales, llegando al grado de que coexistan dos laudos con resolutivos ejecutables, lo que no es posible conforme a los principios de unidad que rigen al laudo.

"Para mayor ilustración sobre los principios mencionados en este punto, conviene establecer qué se entiende por congruencia y por exhaustividad.

"En primer lugar, gramaticalmente se entiende por congruencia a la ‘conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio’ (Voz ‘congruencia’, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, t. I, 21a. ed., Madrid, Espasa Calpe, 2000, p. 541). Así el principio de congruencia consiste en que las sentencias deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, en su caso; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos.

"Ilustran la anterior idea, los siguientes criterios:

"‘Séptima Época

"‘Instancia: Tercera Sala

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte

"‘Página: 77

"‘CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22086-9e8f6ac7/amparo-directo-efectos-de-la-concesion-si-apela · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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