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Modo: Corpus Pro

RECTIFICACIÓN DE ACTA DEL ESTADO CIVIL. ES IMPROCEDENTE, CUANDO TRAMITADA EN VÍA SUMARIA TENGA COMO EFECTO VARIAR LA FILIACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 842/2009. · Registro digital (IUS): 22105
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 2496.

AMPARO DIRECTO 842/2009. **********.

CONSIDERANDO:

VII. Los conceptos de violación transcritos resultan infundados, los que por cuestión de técnica jurídica se estudiarán en orden distinto al propuesto por el quejoso.

Previo a abordar el estudio del presente asunto y a fin de tener una mejor comprensión del mismo, resulta pertinente reseñar los antecedentes del acto reclamado.

A) Mediante solicitud presentada el veintiuno de noviembre de dos mil ocho ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles con residencia en Irapuato, Guanajuato, el quejoso promovió juicio sumario civil sobre rectificación de acta de nacimiento, aduciendo que la finalidad de ello, era adecuar dicho documento a su realidad social, pues en él se asentó su nombre como ********** y, en su vida diaria, se ha conducido como **********, y a fin de acreditar su dicho, anexó a su solicitud diversos documentos, tanto públicos como privados.

B) De dicha solicitud correspondió su conocimiento al Juez Cuarto Civil de Partido con residencia en aquella ciudad en donde, el veinticuatro del citado mes y año, la admitió a trámite, asignándole el número de expediente ********** y ordenó correr traslado al oficial del Registro Civil ********** y al agente del Ministerio Público adscrito, concediéndoles el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés y representación conviniera, respectivamente.

C) Por oficio presentado el uno de diciembre de dos mil ocho, la representante social manifestó su conformidad con la solicitud del promovente, en cambio, el oficial del Registro Civil fue omiso en hacer manifestación alguna al respecto.

D) El diecisiete de diciembre del citado año, a petición del promovente, el Juez del conocimiento tuvo por conforme al referido registrador con la solicitud planteada y abrió una dilación probatorio por el término de diez días, sin que ninguna de las partes hubiera ofrecido prueba alguna en ese periodo.

E) El veintiocho de enero de dos mil nueve, a petición del promovente, el Juez de los autos señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos, misma que se celebró sin la asistencia de las partes.

F) Llegado el momento de resolver, el Juez de origen determinó que el promovente no acreditó la procedencia de su acción, por lo que negó la rectificación de acta solicitada, sirviendo como argumentos medulares los siguientes:

a) Que de la documental aportada ciertamente se derivan actos de derecho de una persona de nombre **********, pero de los mismos no se advierte que se trate de la misma persona que compareció a solicitar la rectificación, y

b) Que al pretender sustituir el apellido ********** por el de ********** implica una cuestión de filiación.

c) Inconforme con dicha determinación, el promovente interpuso recurso de apelación, del cual correspondió su conocimiento al Magistrado que integra la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien por resolución de veintinueve de mayo de dos mil nueve declaró infundados los agravios expuestos y, en consecuencia, determinó confirmar la resolución impugnada, siendo ésta la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

Por cuestión de técnica se analizará en primer término el segundo de los conceptos de violación.

Aduce el quejoso que el Magistrado responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, en razón de que ni el Código Civil ni el de Procedimientos Civiles exigen como requisito puntual y formal para la procedencia de la rectificación de acta, que el actor sea la misma persona que aparece en los documentos en los que funda su acción, y que es obvio que al haber dado trámite a su solicitud, tácitamente le reconoció su personalidad e identidad.

No asiste razón al peticionario del amparo, toda vez que el hecho de que se haya dado trámite a su solicitud de rectificación de acta, no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, pues el derecho que le asiste para instar al órgano jurisdiccional no conlleva el derecho a que se resuelva favorablemente a sus intereses.

En efecto, el artículo 139 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, dispone:

"Artículo 139. Pueden pedir la rectificación o modificación judicial o administrativa de un acta del estado civil:

"I. Las personas de cuyo estado se trata;

"II. Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno;

"III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores;

"IV. Los que según los artículos 404, 405 y 406 pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se trata;

"V. Aquellos cuyo carácter de herederos de las personas a que se refieren las fracciones I y II, depende de la rectificación del acta."

De la lectura de dicho precepto, se advierte una serie de supuestos en los cuales, diversas personas pueden solicitar la rectificación de un acta del estado civil y concretamente, la fracción I de dicho precepto establece que podrán solicitarla las personas de cuyo estado se trata, es decir, el interesado a quien se refiere el acta; esto es, establece diversos supuestos en los cuales reconoce la legitimación activa en la causa que les asiste para instar la rectificación de acta.

Lo anterior, con independencia del sentido de la resolución que en su momento se dicte, pues a fin de que la petición se declare procedente, el solicitante deberá acreditar los extremos de su acción.

Así las cosas, la doctrina ha diferenciado entre legitimación en el proceso y legitimación en la causa, la primera se refiere al presupuesto procesal concerniente a la capacidad para comparecer a juicio, en cambio, la segunda se refiere al derecho que le asiste al promovente para obtener sentencia favorable, esto es, mientras la primera figura atañe al procedimiento y a las cuestiones de personalidad, la segunda de ellas al fondo del asunto.

Tiene puntual aplicación la jurisprudencia VI.3o.C. J/67, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva."

Así como la diversa I.11o.C. J/12, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página dos mil sesenta y seis, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes."

Por tanto, resulta desacertada la afirmación realizada por el quejoso, en el sentido de que al haber dado trámite a su demanda, tácitamente se le reconoció su personalidad e identidad pues, como ya quedó asentado, la admisión de la demanda y el dictado de la resolución son estadios diferentes y, al respecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece el procedimiento que debe agotarse en ese tipo de procedimientos.

Así las cosas, y una vez puntualizados los diversos estadios procesales, debe precisarse que con independencia de que se haya admitido a trámite la solicitud de rectificación de acta, a fin de obtener una resolución favorable, debió acreditarse la acción intentada, en el caso concreto, la identidad entre la persona que promueve la rectificación de acta y aquella a que refieren los documentos que se anexaron a la solicitud, a fin de que la autoridad del conocimiento tuviera plena convicción de que la persona a que se refieren dichos documentos y el promovente son una misma; esto es, que existe identidad en la persona del solicitante y aquella a que se refieren los documentos con los que pretende acreditar que siempre se ha conducido con un nombre diverso.

En ese orden, si el promovente pretendió acreditar que toda su vida y en todos su actos se ha conducido como **********, y a fin de demostrar su dicho exhibió diversos documentos que aparecen a nombre de **********, obvio resulta que debió acreditar plenamente que la persona a que se refieren dichos documentos y él son una misma pues, de lo contrario, no se estarían colmando los extremos de su acción.

Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 139-144, julio-diciembre de 1980, Cuarta Parte, en la página 126, que es de los siguientes rubro y texto: "REGISTRO CIVIL, RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL. SI EL ACTOR SOSTIENE QUE EL ACTA POR RECTIFICAR ES LA SUYA, REQUIERE PROBAR SU IDENTIDAD CON EL TITULAR DE LA MISMA. Si una persona demanda la rectificación de un acta de nacimiento que dice ser la suya, se requiere que acredite como elemento indispensable de su legitimación a la causa, su identidad con la persona que por medio de dicha acta aparece registrada, a fin de adecuarse al supuesto de legitimación que consagra la fracción I del artículo 136 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone: ‘Artículo 136. Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil; I. Las personas de cuyo estado se trata’."

Así como la diversa VI.2o.C.211 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1217 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de dos mil uno, Novena Época, que dice: "REGISTRO CIVIL. LA RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO PUEDE PROMOVERSE CON EL NOMBRE UTILIZADO O EL QUE SE PRETENDA RECTIFICAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 935, fracción I, del Código Civil para el Estado de Puebla, señala que pueden pedir la rectificación de un acta de estado civil las personas de cuyo estado se trate. De lo anterior se infiere que dicha disposición legal no dice que quien promueva deba hacerlo con un nombre determinado, esto es, el utilizado o el que se pretenda rectificar. Por tanto, si consta que la parte quejosa promovió con el nombre que pretende rectificar, fue con el objeto de demostrar su personalidad, pues nada impide hacerlo así; antes bien, si en el acta de nacimiento que exhibió obra asentado el nombre con el que promovió la acción, es claro que se acredita su identidad y por ello su legitimación para promover."

En ese orden, resulta irrelevante que, como aduce el peticionario de garantías, el oficial del Registro Civil no haya objetado la documental por él exhibida pues, en ese sentido, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su artículo 748, es muy claro en establecer que aun cuando el Ministerio Público y el oficial del Registro Civil no expresen su opinión en el plazo establecido en el artículo 747 del propio ordenamiento, se les tendrá por conformes con la rectificación solicitada, pero dicha conformidad no obliga al Juez a decretarla cuando a su juicio no haya prueba suficiente para ello; de ahí que el sólo hecho de que el oficial del Registro Civil no haya objetado la documental que se acompañó a su solicitud de rectificación de acta, no implica necesariamente que su petición resulte procedente.

En diverso concepto de violación (primero) aduce el quejoso que la responsable ordenadora viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que no observó las formalidades esenciales del procedimiento pues, según su dicho, al sostener el Magistrado responsable el argumento del Juez a quo, en el sentido que de ajustar el apellido materno implicaría una cuestión de filiación, introduce un elemento que no fue planteado en su demanda de origen, violando con ello lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y que la autoridad responsable sin sustento legal afirmó que de conceder el cambio de apellido, éste sería incongruente con el de la madre, ya que serían distintos y que, a fin de justificar su resolución, introdujo términos jurídicos inexistentes, tales como la "verdad física" desconociendo el significado del mismo.

No asiste razón al peticionario del amparo en razón de que, tal como se advierte de la resolución impugnada, en esta instancia constitucional la responsable no introdujo cuestiones novedosas a la litis, ni tampoco realizó afirmaciones ajenas a ella y sin sustento legal; de ahí que no transgredió lo dispuesto en el artículo 358 del código procesal civil para el Estado de Guanajuato, sino que los argumentos y razonamientos en ella plasmados obedecen a la respuesta que dio a los agravios formulados en el recurso de apelación, como enseguida se verá.

En efecto, el artículo 236 del código adjetivo civil para el Estado de Guanajuato, establece:

"Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. ..."

De una interpretación gramatical del precepto transcrito se infiere que el tribunal superior, al resolver el recurso de apelación sometido a su conocimiento, tendrá la obligación de analizar los agravios formulados y, con base en ellos, confirmar, revocar o modificar la sentencia o el auto recurrido.

En ese orden, el tribunal de apelación tendrá la ineludible obligación de dar respuesta a todos y cada uno de los agravios que le fueron planteados; de ahí que si el Magistrado responsable, en la resolución que constituye el acto reclamado, sostuvo que de concederse el cambio del segundo apellido, conllevaría una incongruencia porque en la misma acta la madre aparecería con un apellido y el hijo que ella registró con uno diverso lo que, desde luego, redundaría en la filiación, con ello, el Magistrado responsable dio repuesta al primero de los agravios planteados por el aquí quejoso en el que, precisamente, atribuyó al Juez natural que introdujo cuestiones novedosas por haber manejado el término "apellido de la madre" cuando él no lo hizo.

De lo anterior, se tiene que lo expresado por la autoridad responsable, no implica la introducción de cuestiones o elementos nuevos a la litis, sino que sólo dio repuesta a los planteamientos expuestos por el recurrente, pero en torno al mismo tema, que es el análisis de la rectificación del acta en relación al cambio de apellido de ********** a **********.

Desde otra perspectiva, en lo relativo al argumento del quejoso en el sentido de que la autoridad responsable introdujo términos jurídicos inexistentes, tales como la "verdad física" el mismo resulta intrascendente, porque por sí solo es insuficiente para tener por acreditada la ilegalidad de la resolución combatida y, por tanto, para obtener el amparo y protección de la Justicia Federal ya que, para ello, resulta necesario atacar aspectos medulares que hayan regido el sentido de la sentencia que aquí se combate y no sólo frases o afirmaciones aisladas.

En el tercero de los conceptos de violación manifiesta el quejoso que sí probó en juicio que fue registrado con un nombre y que ha utilizado uno diverso, aduce, además, que es errónea la afirmación de la responsable en el sentido de que la modificación de su segundo apellido implica una modificación a la filiación.

El anterior motivo de disenso resulta infundado.

No asiste razón al quejoso en razón de que, en el caso concreto, de modificar el apellido ********** por el de **********, sí implica cuestiones de filiación que no pueden ventilarse en un procedimiento de rectificación de acta, de tal manera que intentarlo por este medio conlleva la improcedencia de dicha acción.

En la especie, el quejoso arguye que la variación que solicita no importa una alteración en la filiación, sino que solamente pretende adecuar a la realidad social el contenido de su acta de nacimiento.

Ahora bien, de los artículos 137, 138 y 139 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se advierte que la rectificación de acta tiene por objeto variar algún nombre, apellido u otra circunstancia que sea esencial y podrá intentarse en la vía jurisdiccional o en la vía administrativa cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en el último de los ordinales en cita.

Los numerales de referencia son del tenor siguiente:

"Artículo 137. La rectificación o modificación de un acta del estado civil, no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste, salvo en los casos que a continuación se señalan, los que se tramitarán ante la Dirección General del Registro Civil o ante el oficial del Registro Civil, y se resolverán ante la dirección referida, siendo éstos los siguientes: I. En las actas de nacimiento cuando el registrado, ha usado un nombre diverso al asentado en el acta y solicite ajustarlo a la realidad social, sin que se afecte su filiación y no se trate de los apellidos. II. Errores de fechas o lugares de nacimiento, así como del nombre que se adviertan del cotejo efectuado a los libros o apéndices de los archivos del Registro Civil o en su caso, mediante documental pública consistente en las actas del estado civil de donde se transcribieron los datos, siempre y cuando no se trate de los apellidos; III. La corrección de las actas del estado civil de los descendientes, cuando sus ascendientes hayan rectificado o aclarado sus actas respectivas. El reconocimiento que voluntariamente haga un progenitor de su hijo, se sujetará a las prescripciones de este código."

"Artículo 138. Ha lugar a pedir la rectificación cuando se solicite variar algún nombre, apellido u otra circunstancia que sea esencial."

"Artículo 139. Pueden pedir la rectificación o modificación judicial o administrativa de un acta del estado civil:

"I. Las personas de cuyo estado se trata;

"II. Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno;

"III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores;

"IV. Los que según los artículos 404, 405 y 406 pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se trata;

"V. Aquellos cuyo carácter de herederos de las personas a que se refieren las fracciones I y II, depende de la rectificación del acta."

Como se advierte de los ordinales antes insertos, sí es posible rectificar los apellidos de un acta del registro civil, siempre y cuando, como ya se dijo, no conlleve una modificación en el estado civil o la filiación, ello por virtud de que el fundamento fáctico de la acción es la existencia de un error, una omisión o el hecho de que ante la comunidad el nombre o apellido empleado para identificar al sujeto y para celebrar diversos actos jurídicos no corresponde al asentado en el acta, lo que origina una discordancia entre la realidad social y los datos consignados en la inscripción; de ahí que sea en cada caso concreto que debe analizarse si la rectificación tendrá como consecuencia sólo la de adecuar el acta a la realidad social, solventar un error o una omisión y no la de afectar la filiación o el estado civil del gobernado.

En relación con lo anterior resulta aplicable la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en los Volúmenes 169-174, enero-junio de 1983, Cuarta Parte, página 162 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "REGISTRO CIVIL, RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL, INOPERANTE, CUANDO IMPLICA CAMBIO DE FILIACIÓN DEL REGISTRADO.-No procede la rectificación del acta de nacimiento de una persona en cuanto a su apellido, cuando a pesar de que aduce que con ello pretende adecuar dicha acta a su realidad jurídica y social, de las constancias de autos se desprende que la mencionada rectificación implica la consolidación tácita de una filiación que no ha acreditado le corresponda."

En ese orden de ideas, es claro que, por una parte, no es a través del apellido que se establece la filiación, sino que sólo la identifica y no es el único mecanismo para hacerlo, por ello, la variación del apellido no implica por sí misma una mutación en la filiación cuando permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; sin embargo, en la especie, no es así, pues de la propia documental pública que allegó el quejoso al procedimiento de origen, consistente en su acta de nacimiento, se advierte que el nombre de la madre es ********** de tal manera que como bien lo expuso la autoridad responsable, de modificar el segundo apellido del quejoso de ********** a **********, si implicaría una alteración a la filiación, ya que no se encontraría justificada esa modificación con el acta civil que se pretende rectificar, haciendo notar que no existen otras pruebas que soporten su pretensión como sería el acta de la madre.

En relación con lo anteriormente concluido, resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo 157-162, Cuarta Parte, enero-junio de 1982, página 10 del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "ACTAS DE NACIMIENTO, RECTIFICACIÓN DE LAS. NO PROCEDE CUANDO IMPLICA ESTABLECIMIENTO DE FILIACIÓN PATERNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).-Aun cuando la rectificación de un acta de nacimiento se solicite para el solo efecto de que se asiente el apellido paterno (sin revelar el nombre del progenitor), por haber sido registrada una persona como nacida fuera de matrimonio, aduciendo como fundamento de su petición que en todos sus actos sociales y jurídicos ha usado el apellido que pretende se asiente en su acta de nacimiento, tal petición no implicaría, por sí sola establecer su filiación con persona alguna, sino únicamente la modificación del nombre en cuanto a los apellidos; pero si de las pruebas aportadas consistentes en copias certificadas de su acta de matrimonio y de las de nacimiento de sus hijos aparece que se ostenta como hija de la persona a quien considera su progenitor y éste como abuelo paterno de los hijos de aquélla, tal situación lleva a la conclusión de que no obstante que en la demanda no se haya mencionado el nombre del padre de la demandante, éste quedó revelado con la documental aportada, lo que prueba plenamente la pretensión de consolidar la filiación que indebidamente ostenta, la cual no puede ser materia del juicio natural de rectificación de acta de nacimiento."

Asimismo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Tomo IV, Materia Civil, Parte TCC, página 278 del Apéndice de 1917-1995, que es del rubro y texto siguientes: "ACTA DE NACIMIENTO, RECTIFICACIÓN DE LA.-Si bien es verdad que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha exteriorizado el criterio de que procede rectificar una acta de nacimiento con la finalidad de ajustarla a la realidad social, como es el caso en que una persona ha usado constantemente nombre diverso al asentado en dicha acta, no es menos cierto que esa modificación no procede cuando se pretende registrar el apellido de su padre y relegar a segundo término el de su madre, que ostenta únicamente su referida acta; lo cual no es permisible, porque en esa hipótesis la respectiva acción de rectificación de acta, en realidad encierra una cuestión de filiación que no se puede ventilar a través del ejercicio de dicha acción."

De este modo, en el caso particular, se tiene que de las documentales aportadas al sumario por el propio quejoso, su pretensión es la modificación del apellido materno sin que para ello hubiera allegado a la causa el acta de nacimiento de su madre, de donde pudiera advertirse que en el acta de nacimiento del quejoso se asentó incorrectamente y, al no haberlo hecho así, esa sola circunstancia implica la improcedencia de la vía por la que encausó el procedimiento.

A mayor abundamiento, debe decirse que como se advierte del título cuarto, capítulo XI, título sexto, capítulo I, así como del título séptimo del libro primero del Código Civil de la entidad federativa en cita, la rectificación o modificación de las actas de estado civil de las personas, pueden ser incoadas en dos diversas vías, una administrativa y otra jurisdiccional, la sumaria civil; empero, cuando en un juicio ordinario se plantean cuestiones de filiación, como consecuencia del ejercicio de esa acción, se ordena la rectificación del acta de estado civil correspondiente, por lo cual pudiere comprenderse que es ésta una tercera vía para lograr la modificación de las actas del estado civil. La administrativa procede cuando se pretende variar el nombre o nombres para adecuarlo a la realidad social, errores en las fechas que no interesen la capacidad de ejercicio, lugares de nacimiento o adecuar las actas de los descendientes cuando los ascendientes han rectificado las propias y se tramita ante la Dirección General del Registro Civil o el oficial del Registro Civil. La jurisdiccional, en vía sumaria civil, que procede conforme al artículo 138 del código sustantivo de la materia, cuando se endereza para modificar algún nombre, apellido u otra circunstancia que sea esencial sin alterar la filiación de las personas. De tal modo, si el juicio se tramitó en la vía sumaria civil a efecto de rectificar una acta de estado civil y la pretensión encausada por el actor implica asentar nombres o apellidos de los ascendientes, descendientes o cónyuges que por su naturaleza o deficiencia en la prueba, sólo puede entenderse como una variación, construcción o destrucción de lazos de parentesco que importen la filiación del interesado con sus ascendientes, descendientes o cónyuge, es inconcuso que la rectificación de acta resulta improcedente, pues la misma debió incoarse en la vía ordinaria, a través de las acciones previstas en el propio estatuto legal, donde se llama a juicio a los sujetos que verán modificada su filiación, lo que no ocurre en los juicios sumarios de rectificación de acta.

Por consiguiente, al no haberse demostrado en el caso la ilegalidad de la sentencia combatida, a través de los conceptos de violación examinados, ni la consecuente transgresión a las garantías individuales en perjuicio del aquí quejoso, procede negar el amparo. La negativa se hace extensiva al acto de ejecución que reclama del Juzgado Cuarto Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato.

Igual criterio se sostuvo por este órgano colegiado al resolverse el juicio de amparo directo civil 130/2008, promovido por **********, aprobado por unanimidad de votos de los señores Magistrados que lo integraban José Juan Trejo Orduña, José Castro Aguilar y Juan Manuel Arredondo Elías, siendo ponente el último de los nombrados, en sesión de veintitrés de junio de dos mil ocho.

Así como en el juicio de amparo directo civil 1235/2008, promovido por **********, aprobado por unanimidad de votos en sesión de los señores Magistrados que lo integraban Juan Manuel Arredondo Elías y José Castro Aguilar, así como el licenciado Arturo González Padrón, secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6534/2008, de once de noviembre de dos mil ocho, para desempeñar funciones de Magistrado de Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados, en sesión de ocho de mayo de dos mil nueve.

Igual criterio ha sostenido este órgano de control constitucional al resolver los juicios de amparo directo siguientes:

Juicio de amparo directo civil 296/2009, promovido por **********, en sesión de veintiuno de agosto de dos mil nueve por unanimidad de votos de los de los Magistrados Juan Manuel Arredondo Elías, José Castro Aguilar, así como el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2535/2009, de dieciséis de junio de dos mil nueve, para desempeñar funciones de Magistrado de Circuito, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Juicio de amparo directo ci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22105-eb94cd67/rectificacion-de-acta-del-estado-civil-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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