CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA QUE OPERE CUANDO SE APLICA SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PREVISTOS EN OTRAS LEGISLACIONES.
AMPARO DIRECTO 83/2009. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El primer concepto de violación expuesto por la quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por las razones que a continuación se expresan:
En el concepto de violación que se estudia, considera la peticionaria de garantías, que la autoridad responsable hace una interpretación subjetiva y equivocada de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que no obstante reconocer que entre la fecha en que la tercero perjudicada levantó el acta de verificación y la en que notificó la multa impugnada transcurrió un lapso de diecinueve meses, a su vez asegura que emitió la misma dentro del término de treinta días hábiles que establece el citado numeral.
Que en el procedimiento administrativo operó la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad sancionadora, ya que si el procedimiento inició de oficio desde el día diecisiete de marzo de dos mil cinco, fecha en que se notificó a la quejosa el comienzo del mismo, y la resolución emanada de dicho procedimiento fue notificada hasta el veintiséis de octubre de dos mil seis, entonces ésta fue emitida y notificada de manera extemporánea, cuando ya había operado la caducidad.
Que una vez que el Estado notifica al particular su voluntad de ejercitar sus facultades de comprobación, es a partir de este momento en que deben empezar a computarse los plazos legales.
Este tribunal considera fundado el anterior concepto de disenso que hace valer la quejosa, ya que en el caso particular no se acataron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de donde derivan las multas que se le pretenden imponer, lo que redunda en la afectación a su esfera jurídica, pues trastoca en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 16 constitucional.
Para dar claridad a los razonamientos en que se basa la presente ejecutoria, es necesario reproducir a continuación el texto de los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como los diversos 96 y 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales rezan al tenor siguiente:
"Artículo 60. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la administración pública le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración pública federal acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente ley.
"La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de la administración pública federal, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.
"Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución."
"Artículo 61. En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta ley, respetando en todo caso las garantías individuales."
"Artículo 96. La procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.
"Para la verificación y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior, la procuraduría actuará de oficio conforme a lo dispuesto en esta ley y en los términos del procedimiento previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y tratándose de la verificación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización."
"Artículo 123. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la procuraduría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la procuraduría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.
"Cuando la procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas normas, notificará también al fabricante, productor o importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La procuraduría determinará las sanciones que procedan una vez concluidos los procedimientos en cuestión.
"La procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias.
"Concluido el desahogo de las pruebas, la procuraduría notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes.
"La procuraduría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes."
Cabe hacer mención que el artículo 124 Bis de Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que para la sustanciación del procedimiento por infracciones a dicha ley se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no obstante ello, cuando existe disposición especial respecto de una institución jurídica ésta prevalecerá frente a la genérica, por tanto, la figura de la caducidad aplica de manera supletoria en los procedimientos por infracciones como el primigenio del cual deriva este juicio, empero, no sucede lo mismo respecto a los plazos que deben seguirse en la tramitación del procedimiento por infracciones, dado que dichas figuras están expresamente reguladas por la ley de la materia, salvo alguno, que como se verá más adelante, no esté previsto en tal apartado, caso en el cual será de igual manera aplicada la ley supletoria.
Una vez sentado lo anterior, de lo consignado en el artículo 60 se colige que prevé la figura jurídica de la caducidad en los procedimientos iniciados de oficio en los que hubiere transcurrido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, es decir, la caducidad que es la forma anormal por la cual pueden terminar los procedimientos como lo dispone la fracción IV del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, opera también ante la inactividad procesal de la autoridad administrativa, excepción hecha de los supuestos previstos en el artículo 61, esto es, cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento.
Por procedimientos iniciados de oficio, se entienden aquellos que se inician sin instancia de parte, es decir, los que las autoridades instauran por iniciativa propia y de acuerdo a las facultades que les han sido conferidas previamente por una ley, como acontece con el previsto en el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de donde emanan las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, pues se inicia con motivo de un procedimiento de verificación por infracciones a la citada ley.
Por otra parte, del imperativo legal 123 que se estudia, se derivan tres momentos procesales, a saber: un primer momento en que, para determinar el incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en su caso, para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la autoridad notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas; así, en un segundo momento, y concluido el desahogo de las pruebas, se notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes; y por último, la autoridad tiene la obligación de resolver dentro de los quince días hábiles siguientes al concluir el término para presentar alegatos.
No obstante lo anterior, las obligaciones procesales de la autoridad no concluyen con la emisión del acto, pues para que suceda así, debe notificárselo al interesado, lo que a su vez implica que para el caso de que la autoridad omita llevar a cabo cualquiera de esas obligaciones, puede originarse la caducidad del procedimiento.
Ello es así, puesto que la obligación de notificarle al interesado la resolución que dicte en el procedimiento o cualquier acto que deba ser notificado, implica la intención de respetar la garantía de seguridad jurídica a favor del particular, pues la resolución será existente en términos jurídicos, cuando éste lo conoce, ya que es a partir de ese momento en que se materializan sus efectos en virtud de que es cuando el interesado está en aptitud de conocer la forma en que la determinación de la autoridad incidirá en su esfera jurídica.
Respecto del plazo que tiene la autoridad administrativa para notificar al interesado la resolución que dicte o cualquier acto que deba ser notificado, el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que es de diez días como máximo, contados a partir de la emisión de la resolución; dicho artículo textualmente reza:
"Artículo 39. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición."
Del precepto anterior, se colige que la práctica de la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo o actos que deban ser notificados no queda al libre arbitrio de la autoridad administrativa, pues ésta queda sujeta a que se realice dentro del plazo expresamente conferido para ello.
Consecuentemente, si la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo o acto que deba ser notificado adquieren existencia a partir del momento en que le son dados a conocer al particular, y la notificación respectiva debe practicarse dentro de los diez días siguientes al en que sean dictados, la fecha cierta de la realización de dichos actos será precisamente la de su notificación, por lo que si se llega a practicar ésta fuera de ese término, debe considerarse ilegal al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, y en consecuencia, el plazo para que opere la caducidad no será interrumpido.
Cabe precisar que para el cómputo de los términos debe estarse a lo ordenado por los artículos 28 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los que textualmente disponen:
"Artículo 28. Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.
"En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento del público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
"Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente.
"La autoridad podrá de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto."
"Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.
"Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.
"En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional."
Ahora bien, la Sala responsable al pronunciarse sobre el tema en cuestión, dentro del acto reclamado, tuvo en cuenta lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el cuarto y quinto párrafos del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin tomar en consideración lo estipulado por el primer párrafo del mencionado numeral 123, y erróneamente empezó a computar el plazo para la caducidad de las facultades de comprobación a partir de que se le concede al particular el plazo de dos días para formular alegatos y no a partir de que se le notifica al presunto infractor los hechos motivo del procedimiento, en el cual le debió otorgar un término de diez días hábiles para que rindiera pruebas y manifestara lo que a su derecho conviniera.
En consecuencia, la responsable no tomó en cuenta los plazos establecidos en la ley, ya que los mismos deben empezar a computarse a partir del momento en que le son dados a conocer al particular los hechos que motivan la visita de verificación por infracciones y el acta levantada de la misma, que en el caso ocurrió el diecisiete de marzo de dos mil cinco, siendo a partir de este momento en que deben empezar a computarse los plazos establecidos en el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en concordancia con los artículos 28, 39 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Atento a lo anterior y en relación con la orden de verificación ordinaria y la consecuente acta levantada por la visita ahí prescrita, documentos que constan de las fojas ciento diecisiete a ciento diecinueve de autos, se desprende que la visita de verificación y vigilancia a que se refiere el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor fue practicada el diecisiete de marzo de dos mil cinco, siendo este momento en que se dan a conocer los hechos que motivan la misma y que además tiene como finalidad notificar al particular el inicio del procedimiento administrativo; en dicho acto se le debió otorgar al particular un plazo de diez días para ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho conviniera, como lo establece el primer párrafo del artículo 123, plazo que atendiendo a los artículos 28 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, comenzó el dieciocho de marzo de dos mil cinco y feneció el siete de abril del mismo año.
Fenecido el plazo anterior y atendiendo al tercer párrafo del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y al numeral 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad administrativa contaba con diez días a partir del siete de abril de dos mil cinco, para notificar el auto que le diera a conocer al particular que contaba con el término de dos días para ofrecer alegatos, por lo que éste concluyó el veintiuno del mes y año en cita, ya que como ya se ha hecho mención, el mismo es el plazo que otorga la ley como máximo para notificar los actos que deban ser notificados, pues no puede dejarse al libre arbitrio de la autoridad el notificar los actos que emite.
En esos términos, y suponiendo que la autoridad se haya esperado hasta el último día para notificar el auto en el cual se le otorgaba un plazo a la empresa para ofrecer alegatos, esto es, hasta el veintiuno de abril de dos mil cinco, la notificación surtiría sus efectos el veintidós, y el plazo de los dos días correrían del veinticinco de abril de dos mil cinco al veintiséis del mismo mes y año, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cerrándose así la instrucción del procedimiento para ceder su lugar al de resolución.
En ese orden de ideas, la autoridad contaba con un plazo de quince días hábiles siguientes al fenecido el término para ofrecer alegatos, para dictar la resolución definitiva correspondiente, atendiendo al último párrafo del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; transcurriendo dicho plazo del veintisiete de abril de dos mil cinco al dieciocho de mayo del mismo año, siendo esta última fecha el momento a partir del cual debe empezar a computarse el plazo de treinta días a que hace referencia el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para no caducar las facultades de comprobación de la autoridad.
Así que, si el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados en el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, siendo que esto último ocurrió el dieciocho de mayo de dos mil cinco, el plazo para que se entiendan caducadas las facultades de comprobación de la autoridad, transcurrió del diecinueve de mayo de dos mil cinco al veintinueve de junio del mismo año; por tanto, si ésta se dictó hasta el doce de octubre de dos mil seis, y se notificó hasta el veintiséis del mismo mes y año, como consta a fojas cincuenta y cinco a sesenta de autos; se concluye que la resolución que resolvió el expediente ********** es ilegal al no haberse acatado las formalidades del procedimiento.
En conclusión, en la especie operó en contra de la autoridad la caducidad del procedimiento prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que como se advierte, no atendió a los plazos que se encontraba obligada a seguir para el dictado de la resolución definitiva, previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor así como los relativos de la ley supletoria.
Cobra aplicación al presente asunto, aunque por analogía, la tesis I.7o.A.190 A, de la Novena Época, de este órgano colegiado, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, página 1737, cuyos texto y rubro versan:
"CADUCIDAD. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD NO EMITE O NO NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO, DENTRO DE LOS PLAZOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 60, 61 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se colige que en los procedimientos iniciados de oficio opera la caducidad de éstos ante la inactividad procesal en que incurra la autoridad administrativa, una vez que la etapa de instrucción hubiere concluido, pues de conformidad con el artículo citado en último lugar, las cargas procesales siguientes, como son la emisión y notificación de la resolución, le corresponden sólo a ésta; de ahí que si esos actos son llevados a cabo fuera de los plazos previamente establecidos tanto en el artículo 39 como en el 74, el relativo a la caducidad previsto en el 60 no se interrumpirá y, en consecuencia, producirá sus efectos; excepción hecha cuando medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, circunstancias ante las cuales la autoridad no está obligada a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento como lo consigna el referido artículo 61."
Atento a lo expuesto con antelación, resulta ser fundado el argumento esgrimido por la accionante del juicio de garantías y por ende, las determinaciones combatidas en el juicio de nulidad de origen que han quedado precisadas en los párrafos inmediatos anteriores, deben ser declaradas nulas.
Debido a lo anterior, resulta innecesario analizar el segundo concepto de violación expresado por la quejosa.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia número 168, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, página 113, que textualmente reza:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado el primer concepto de violación vertido por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se deje sin efectos la resolución combatida, y en su lugar, la responsable dicte otra en la que atendiendo a los razonamientos expresados en la presente ejecutoria declare su nulidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la resolución de fecha **********, dictada en el juicio de nulidad número **********.
Notifíquese; con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen; regístrese la resolución en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados: presidente, F. Javier Mijangos Navarro, Alberto Pérez Dayán y Adela Domínguez Salazar, siendo relator el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22331-772af17a/caducidad-de-los-procedimientos-administrativos-iniciados-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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