CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, ya que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la realizó el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional del que proviene uno de los criterios en posible contradicción, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Al resolver el amparo en revisión 439/2002, el dieciséis de enero de dos mil tres, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito se pronunció en el sentido de que un contrato privado de compraventa, cuyas firmas fueron ratificadas ante notario, pero que no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, sí acredita el interés jurídico necesario para la procedencia del amparo, pero no demuestra la inconstitucionalidad de la instauración y tramitación del juicio de origen, pues al no estar inscrito, el actor desconocía la existencia del contrato y el mismo no le es oponible.
"TERCERO. Son fundados los agravios antes transcritos.
"En la sentencia recurrida el Juez de Distrito a quo, estableció que a fin de acreditar su interés jurídico el quejoso aportó la documental privada consistente en la copia certificada ante el notario público número uno del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, del contrato de compraventa ... pero que dicho documento era ineficaz para acreditar la propiedad y la posesión de dicho bien en favor del quejoso por carecer de fecha cierta porque tal acto jurídico no fue ratificado ante funcionario investido de fe pública o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y que aun cuando con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se ratificaron las firmas de ese acuerdo de voluntades, dicho contrato fue certificado por el notario público hasta el veinticuatro de octubre de dos mil uno, y que por ende esta última fecha es la que debe considerarse como cierta, y que por ser posterior a la iniciación del juicio el quejoso resulta causahabiente del vendedor a través de quien fue oído y vencido en el juicio generador ...
"En contra de lo considerado por el Juez de distrito a quo, y como bien lo aduce el recurrente, debe decirse que ... es incorrecto lo establecido en la sentencia recurrida en el sentido de que tal ratificación de firmas ante el funcionario correspondiente no dé certeza de haberse celebrado dicho acto jurídico, y que por ende sea insuficiente para acreditar el interés jurídico ... esto es así, tomando en consideración que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a los documentos privados se les cataloga de fecha cierta no sólo cuando se hacen llegar para su inscripción a un registro público, sino también cuando son presentados ante un funcionario que en razón de su oficio tiene fe pública, o en última instancia a partir de la fecha de la muerte de alguna de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve ... que dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS ...’ Así también, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, sostuvo la jurisprudencia ... que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ ...
"Bajo ese tenor, es factible concluir que conforme a esta última jurisprudencia, el documento que contiene el contrato privado de compraventa a que alude el quejoso, hoy recurrente, por haber sido ratificado ante notario público ... es de fecha cierta y por ende suficiente para acreditar el interés jurídico de ********** ********** ********** ********** **********, como propietario del inmueble materia del juicio generador de los actos reclamados. ...
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación. ...
"Así también, conviene mencionar que el artículo 1713 del cuerpo legal en cita, contenido en la sección tercera del capítulo décimo tercero, titulada ‘transmisión de derechos reales’, establece que: ‘El acto jurídico por el cual se transmitan o cedan derechos reales, debe celebrarse con las formalidades que establece la ley y para que sea oponible a tercero, deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, si se trata de derechos registrables’.
"De lo antes señalado se deduce que aun cuando es verdad que la compraventa es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, ello sólo es aplicable tratándose justamente de las partes contratantes o que intervinieron en ese acto jurídico; por lo cual, a fin de que dicha compraventa sea oponible a terceros, es menester que sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1713 citado. ..."
De dichas consideraciones derivó la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, abril de 2003
"Tesis: VI.2o.C.287 C
"Página: 1064
"COMPRAVENTA, CONTRATO PRIVADO DE. AUNQUE SEA DE FECHA CIERTA DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS. Si bien es cierto que el contrato privado de compraventa adquiere fecha cierta cuando se presenta para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, o se presenta ante un fedatario público o funcionario en razón de su oficio, o cuando muere cualquiera de sus firmantes, también lo es que el hecho de que tenga fecha cierta no significa que ello le otorgue la publicidad que la operación adquiere al inscribirse en la oficina pública en cita, de manera que si los contratantes ratificaron el contrato privado de compraventa ante notario público, adquiriendo por ello fecha cierta, pero no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, dicha operación no puede surtir efectos contra terceros, ya que la falta de publicidad de la compraventa impide al actor de un juicio reivindicatorio tener conocimiento de que el quejoso adquirió el bien materia de la litis de uno de los demandados antes de la instauración de la demanda y, por tanto, enderezarla en su contra.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
"Amparo en revisión 439/2002. **********. 16 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna."
En idéntico sentido se pronunció el Colegiado en mención, al resolver el amparo en revisión 261/2006, el treinta y uno de agosto de dos mil seis.
Por otro lado, al resolver el amparo en revisión 10/2006, por sentencia del dieciséis de febrero de dos mil seis, el colegiado de referencia sustentó el criterio según el cual, el documento de fecha cierta no es suficiente para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, si no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, por no ser oponible a terceros.
La parte considerativa de dicha ejecutoria, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente:
"TERCERO. ...
"Ahora bien, de las actuaciones concernientes al juicio natural, remitidas en copia certificada como anexo al informe justificado rendido por la autoridad jurisdiccional responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se desprende que ********** ********** **********, promovió juicio reivindicatorio en contra de ********** ********** y **********, **********, sustentando su demanda respectiva en el contrato de compraventa celebrado el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, entre ********** **********, como vendedora, y la aludida ********** ********** **********, como compradora, del predio urbano ubicado en **********, del **********, perteneciente al Distrito Judicial de ********** **********, con las siguientes medidas y ********** ********** **********, ********** ********** **********, colinda con ********** **********; al oriente, ********** ********** ********** **********; y al poniente, ********** ********** **********, colinda con propiedad de ********** ********** y ********** **********; el cual fue consignado en el instrumento público número ********** ********** **********, expedido por la Notaría Pública ********** del Distrito Judicial de ********** **********, y presentado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Distrito Judicial de ********** ********** ********** **********, a las **********, ********** **********, del ********** ********** del día siguiente, con el ********** ********** ********** **********, a fojas ********** ********** , tomo uno, del libro **********. (fojas **********)
"Asimismo, la sentencia que culminó el debate primigenio, declaró probada la acción ejercida por ********** ********** **********, y en consecuencia la declaró dueña del inmueble materia de esa litis natural. (fojas ********** ********** ********** ********** **********). En este entorno, con independencia de la validez que como acto jurídico pudiera tener el contrato de compraventa privado, ratificado ante notario público, que exhibe el amparista, lo cual no es materia del juicio constitucional, por lo que ve al presente juicio de garantías, tal documento no es idóneo para justificar el interés jurídico del promovente, en función de que pretende hacerlo valer frente a terceros, sin que esto sea factible, en la medida que no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en tanto que el presentado por la parte actora en el juicio natural, sí lo está; sin que obste la circunstancia de que el referido contrato privado de compraventa que el peticionario del amparo exhibe en la causa constitucional sea de fecha cierta, al haber sido presentado para su ratificación ante un notario público, porque el motivo por el que el citado documento no es útil para sustentar el mencionado presupuesto procesal, es que no puede ser opuesto frente a cualquier persona que no sean las que intervinieron en dicho acto, como en el caso sucede respecto de los actores en el debate primigenio e inclusive, de los ahí demandados.
"Esto es, admitir el referido contrato privado de compraventa, como elemento idóneo para acreditar el interés jurídico de la quejosa, implicaría desconocer las prescripciones legales transcritas, de las que únicamente puede nacer dicho presupuesto procesal, en la medida que esas disposiciones señalan con toda claridad que para que un contrato traslativo de dominio de inmuebles o derechos reales, pueda ser oponible y surta efectos frente a terceros, es indispensable que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, de modo que si el impetrante no se ubica en tal condición normativa, en razón de que el documento que exhibe carece del indicado requisito, entonces, no justifica su interés jurídico en el juicio de amparo, porque se insiste, la pretensión del quejoso es que el documento que presenta sea oponible frente a terceros, sin satisfacer las condiciones legales para tal finalidad. ...
"Por último, es necesario insistir y aclarar que las precedentes consideraciones sólo versan sobre el examen del interés jurídico del quejoso en el presente juicio de garantías, sin que involucren declaración alguna fuera de tal finalidad respecto del contrato privado de compraventa ratificado ante notario público que dicho impetrante exhibe con la demanda de amparo.
"Por consiguiente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, acorde a lo señalado en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia; sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos reclamados de las autoridades señaladas como ejecutoras, por no haberse impugnado por vicios propios, en razón de que en la sentencia recurrida se omitió hacer dicho pronunciamiento y este Tribunal Colegiado se encuentra obligado a corregir tal deficiencia. ..."
De lo anterior se desprende que el colegiado en mención, al resolver el juicio de amparo en revisión **********, el dieciséis de enero de dos mil tres, sostuvo el criterio según el cual, para acreditar el interés jurídico mediante un acto traslativo de dominio, bastaba con que el mismo fuera de fecha cierta, sin ser necesario que estuviera inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Posteriormente, al resolver el juicio de amparo en revisión 10/2006, por sentencia del dieciséis de febrero de dos mil seis, abandonó dicho criterio y sostuvo el criterio contrario, en el sentido de que para acreditar el interés jurídico, no bastaba con que el acto traslativo fuera de fecha cierta, sino que además debía estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Y por último, al resolver el amparo en revisión **********, el treinta y uno de agosto de dos mil seis, dicho colegiado volvió a abandonar su criterio y retomó el criterio anterior, esto es, sostuvo que para acreditar el interés jurídico, basta con que el acto traslativo sea de fecha cierta, aunque no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad; por lo que el juicio de amparo es procedente, aunque deba negarse el amparo. En consecuencia, debe tomarse ésta como tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por ser la última que adoptó.
CUARTO. Por otra parte, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito se sustentó al resolver el amparo en revisión **********, el veinticinco de febrero de dos mil cinco, en donde consideró que no basta que se demuestre la existencia del contrato de compraventa, para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que ello únicamente surte efectos entre las partes, y no contra terceros, por lo que es indispensable que el contrato de compraventa de un bien inmueble esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo.
El citado razonamiento se desprende de la siguiente transcripción de la ejecutoria de referencia:
"QUINTO. Son ineficaces los agravios expresados.
"...
"Es de expresar, que en el juicio de garantías el juzgador previamente a decidir el fondo del asunto planteado, debe, de oficio, examinar si el promovente del amparo justifica o no su interés para demandar la protección federal, esto es, si es titular de un derecho legítimamente tutelado, contra los actos que reclama, y por consiguiente si existe el perjuicio base del amparo, lo que fue el motivo para que atendiera a la copia certificada de la escritura de compra venta que aportó el recurrente con su demanda de amparo, y con la que pretendió justificar ese interés; de manera que es la ley de la materia, la que exige en el artículo 73, último párrafo, examinar si existe alguna causa de improcedencia, lo que condujo al juzgador a considerar demostrada la causal que prevé la fracción V, del numeral en consulta.
"Ahora, los artículos 2124 y 2125 del Código Civil del Estado, a que se refiere el recurrente, establecen:
"‘Artículo 2124. Habrá compraventa, cuando uno de los contratantes se obliga a transferir un derecho o la propiedad de una cosa y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero.’
"‘Artículo 2125. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.’
"De esos numerales, si bien, como se aduce, se advierte que basta para que se dé la compra venta, que se fije la cosa y el precio, esto es, no se requieren más formalidades para que el acto jurídico surta efectos entre las partes; sin embargo, en la especie no se examinó por el a quo la validez del pacto entre los contratantes, por lo que no se pronunció al respecto; sino que decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, porque consideró que no resulta eficaz la escritura del quejoso para oponerla a terceros, en el caso, a la parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado, en tanto que la apuntada escritura no se inscribió en el Registro Público de la Propiedad, de manera que la misma en términos de los artículos 2197, 2883, fracción I, y 2884, del Código Civil del Estado, no resulta eficaz para demostrar un interés legítimamente tutelado frente a terceros, en el caso, frente a la parte actora en el juicio sumario hipotecario **********, y por ende, para impetrar el juicio de garantías. ..."
De la anterior ejecutoria de amparo se redactó la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, enero de 2006
"Tesis: XIII.3o.5 C
"Página: 2389
"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA ESCRITURA DE PROPIEDAD NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, AL NO SER OPONIBLE FRENTE A TERCEROS, TITULARES DE UN DERECHO REAL, CARECE DE EFICACIA PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). El contrato de compraventa, conforme a los artículos 2197, 2883, fracción I y 2884 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad a efecto de que pueda surtir efectos ante terceros, dada la publicidad que la inscripción otorga a tales actos jurídicos; por tanto, si la escritura presentada para acreditar el interés jurídico en el amparo, no se encuentra inscrita, sólo surte efectos entre las partes, pero no es oponible a terceros que deducen un derecho real, por lo que con ella, no se justifica el interés jurídico; en la medida en que la publicidad que adquiere el título a través de la inscripción, satisface la necesidad de que cualquier persona sepa de la existencia de los derechos que se inscriben, evitando los fraudes, los abusos, la ocultación de gravámenes, pues pone de manifiesto la condición de los inmuebles y hace seguros los hechos y actos jurídicos traslativos de la propiedad.
"Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.
"Amparo en revisión 14/2005. **********. 25 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: Ruth Ramírez Núñez."
Dicho Tribunal de Circuito aplicó el criterio en cita al resolver el amparo en revisión **********, el diez de marzo de dos mil nueve.
Por otro lado, al resolver el amparo en revisión número **********, el colegiado de referencia confirmó una sentencia de amparo en la que se concedió el amparo a la quejosa, por considerar que justificó su interés jurídico mediante un documento de fecha cierta, aunque no hubiere sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, el Colegiado confirmó dicha sentencia por considerar que los agravios eran inoperantes, al no combatir todas las consideraciones del Juez de Distrito. De ello se deriva, que dicho colegiado no abandonó el criterio plasmado en la tesis transcrita.
QUINTO. La postura del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, contenida en la ejecutoria del diecinueve de febrero de dos mil nueve, dictada en el amparo en revisión **********, derivó de la consideración según la cual, para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, es suficiente que el contrato privado de compraventa sea de fecha cierta, ratificado ante un notario público. Asimismo, dicho Colegiado señaló no estar de acuerdo con la tesis según la cual, además de ser de fecha cierta, el documento en cuestión tendría que haber sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad.
La parte considerativa de la ejecutoria del Tribunal Colegiado de Circuito en cita que interesa, es la que a continuación se transcribe:
"... Por otra parte, en el presente caso se soslayó ponderar que de acuerdo con el criterio sustentado y reiterado por nuestro Máximo Órgano de Justicia, un documento privado de fecha cierta adquiere plena eficacia probatoria y, por ende, resulta idóneo para acreditar, dentro del juicio de garantías relativo, la causa generadora de la posesión argüida por la parte quejosa, revelándose así el interés jurídico que le asiste para reclamar el acto de desposeimiento respectivo, certeza de temporalidad que se adquiere a partir de la fecha del fallecimiento de cualquiera de las partes involucradas en el acto jurídico que le dio origen o de la fecha en que sea presentado ante un funcionario legalmente facultado para dar fe de su existencia.
"Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia dirimente de contradicción de tesis que con el número P./J. 1/2002 ...
"‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.’
"Asimismo, tienen aplicación al caso las diversas jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que con los números 1a./J. 96/2007 y 1a./J. 44/2005 ... a la letra, rezan:
"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional.’
"‘DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades.’
"Con base en lo precedentemente razonado y tomando en consideración que el referido contrato privado de compraventa resulta de fecha cierta, dado que, según se ve, en la misma ocasión de su celebración (**********), comparecieron los contratantes a ratificar su contenido y sus firmas ante el notario público número ********** (folios ********** del cuaderno de amparo) y, atendiendo, además, que no existe prueba de la declaración judicial que determinara su insubsistencia legal, debe concluirse entonces que dicho documento resulta suficiente para tener por demostrada la compraventa aducida por la parte quejosa como causa generadora de la posesión que dijo ejercer sobre el inmueble afecto, debiendo agregarse a lo anterior que la fecha en que fue ratificado el multicitado consensual resulta anterior al embargo practicado dentro del juicio natural sobre el inmueble afecto, pues, de acuerdo con las constancias de autos, las cuales merecen plena eficacia, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que el secuestro judicial del referido bien raíz se realizó el veintiséis de abril del año en cita, mientras que su traba real tuvo verificativo el doce de mayo siguiente (folios ********** del cuaderno de pruebas). ...
"VI. Son esencialmente fundados los transcritos conceptos de violación, cuyo estudio también se realizará de manera global, dada su estrecha vinculación y reiteración. ...
"En las apuntadas condiciones, demostrada la ilegalidad tanto de la sentencia recurrida como del acto reclamado, lo procedente será revocar aquel fallo y otorgar el amparo impetrado a efecto de que se restituya al quejoso en el goce y disfrute del inmueble afecto al juicio de origen, en razón de haber acreditado en el presente juicio de garantías que con relación al mismo venía ejerciendo su detentación legal, merced al contrato privado de compraventa que aquí exhibió.
"La medida anterior deberá hacerse extens
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22173-587086cc/contrato-de-compraventa-no-se-requiere-su-inscripcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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