COSTAS. SU CONDENA CON BASE EN EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN SUPUESTO OBJETIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 345/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que la contradicción deriva de asuntos del orden civil materia de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunciante, se encuentra facultado para tal efecto.
TERCERO. Para efectos de determinar si existe o no una contradicción de tesis, es necesario analizar en primer lugar los criterios de las ejecutorias que participan en esta contradicción de tesis.
I. En primer lugar, se analizará el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:
a) En el juicio de amparo directo número **********, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un asunto en el que una persona física demandó de otra persona física el cumplimiento de diversos contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre la parte actora y la parte demandada, así como el pago de los honorarios que fueron pactados.
La sentencia dictada por la Sala responsable en segunda instancia, resolvió que el actor había acreditado parcialmente su acción respecto de uno de los contratos de prestación de servicios, cuyo cumplimiento demandó, y que la parte demandada acreditó sus excepciones y defensas en relación con los tres restantes contratos cuyo cumplimiento fue demandado.
En consecuencia, condenó a la parte demandada al cumplimiento de uno de los contratos de prestación de servicios, y al pago de los honorarios respectivos, y la absolvió del pago de las demás prestaciones, resolviendo no hacer especial condena en costas, en virtud de no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La parte actora promovió un juicio de amparo en contra de dicha resolución, al cual le fue asignado el número de expediente 332/2004, y del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. De dicho asunto surgió la tesis siguiente:
"No. Registro: 180,673
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XX, septiembre de 2004
"Tesis: I.8o.C.259 C
"Página: 1750
"COSTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, siguiendo en este punto el texto del artículo 2118 del Código Civil estatuye que el pago de las costas será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación. Ahora bien, estas disposiciones no deben interpretarse aisladamente, sino en armonía y congruencia con el sistema ideado por el legislador y con la naturaleza de la institución. Las costas tienen un carácter eminentemente procesal, originándose en la sentencia que es su único título; por ello, el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, para efectos de la condena en costas, atiende primordialmente a la actuación de las partes en el juicio y al sentido de la resolución de que se trate; luego, no basta la falta de cumplimiento de una obligación para estimar que automáticamente procede dicha condena, debiendo tomarse en cuenta el sentido de la sentencia respectiva o la conducta o actuación de las partes dentro del juicio, en concordancia con lo que establece el artículo 140 del mencionado ordenamiento procesal.
"Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
"Amparo directo 332/2004. Armando Mario Franco Rivera. 2 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretario: Francisco Banda Jiménez.
"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIV, página 530, tesis de rubro: ‘COSTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.’
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 345/2009 en la Primera Sala."
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo el mismo criterio en los juicios de amparo directo civil **********, que versaron sobre lo siguiente:
b) En el juicio de amparo **********, dicho Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el que una persona física demandó de otra persona física la rescisión de un contrato de asociación, la devolución de una suma de dinero entregada a la parte demandada, el pago de una pena convencional, el reembolso de diversos gastos incurridos por la parte actora y el pago de los gastos y costas.
La parte demandada contestó la demanda y reconvino al actor. Le reconvino la declaración judicial de rescisión del contrato base de la acción principal, la liberación de la parte demandada en la acción principal a sus obligaciones contraídas en el contrato, el pago de una pena convencional, y el pago de gastos y costas.
La Sala responsable, en segunda instancia, resolvió que la parte actora en el principal no acreditó sus pretensiones, que se abstuvo de oponer excepciones y defensas en la acción reconvencional; y que la parte demandada en el principal acreditó parcialmente sus pretensiones. En consecuencia rescindió el contrato, condenó a la parte demandada en el principal a reintegrar a la parte actora las cantidades que recibió más los intereses legales, y condenó a la actora en el principal al pago de una pena convencional a favor de la parte demandada. No hizo especial condena en costas.
La parte demandada en el principal interpuso un amparo directo en contra de dicha resolución. En sus conceptos de violación adujo, entre otras cosas, que debió haber procedido la condena en costas en contra de la parte actora por el incumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato rescindido. El Tribunal Colegiado clasificó dicho concepto de violación como infundado, con base en el criterio que ya fue reproducido.
c) En el juicio de amparo **********, dicho Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el que una persona física demandó, en la vía de controversia en materia de arrendamiento inmobiliario, de otra persona física la declaración de terminación de un contrato de arrendamiento, la rescisión de dicho contrato, la desocupación y entrega del inmueble, el pago de las rentas adeudadas, el pago de una pena convencional y el pago de los gastos y costas.
La Sala responsable, en segunda instancia, resolvió que la parte actora probó su acción de terminación de contrato, y que la parte demandada acreditó parcialmente sus excepciones y defensas, declarando terminado el contrato de arrendamiento y condenando a la parte demandada al pago de las rentas adeudadas y al pago de la pena convencional. Asimismo, condenó a la parte demandada al pago de los gastos y costas en ambas instancias en los términos del artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En este asunto, la parte demandada interpuso una demanda de amparo directo en contra de dicha resolución, de la que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En sus conceptos de violación, la quejosa aducía que fue incorrecta la condena en costas que se le impuso, porque la quejosa no incumplió con las obligaciones a su cargo, ya que fue la arrendadora quien dejó de acudir al domicilio arrendado a recibir los pagos de las rentas para evadir el procedimiento penal relacionado con el supuesto despojo del inmueble arrendado, y que por tanto, el caso no se situaba en lo dispuesto por los artículos 2118 del Código Civil del Distrito Federal y 139 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
El Tribunal Colegiado desestimó su argumento aduciendo que la condena en costas no se hizo con base en dichos artículos, y agregó: "además de que, como ya lo ha sostenido este tribunal, no basta el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de que se trata para justificar la condena en costas" y a continuación citó la tesis que ya fue reproducida y que contiende en esta contradicción de tesis.
d) En el juicio de amparo **********, dicho Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el que una persona física demandó, en la vía ordinaria civil, de varias personas físicas, la regularización de un inmueble y la constitución del régimen de propiedad en condominio relativo a dicho inmueble, el pago de daños y perjuicios, el pago de daño moral y el pago de los gastos y costas.
La Sala responsable, en segunda instancia, resolvió que la parte actora había acreditado parcialmente su acción, y que una de las partes demandadas acreditó sus excepciones y defensas, y las otras se constituyeron en rebeldía. En consecuencia, condenó a una de las partes demandadas a la regularización del inmueble y al otorgamiento del régimen de propiedad en condominio sobre dicho inmueble. No hizo condena en costas por considerar que el caso no se encontraba en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La parte actora promovió un juicio de amparo en contra de dicha resolución, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Dicho tribunal declaró infundado el concepto de violación en el que la quejosa aducía que procedía la condena en costas con base en el artículo 2118 del Código Civil del Distrito Federal, con base en el criterio que ya fue reproducido, y agregó lo siguiente:
"El argumento sintetizado es infundado, atento a lo siguiente:
"El artículo 2118 del Código Civil para el Distrito Federal, establece: (lo transcribe).
"Los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, respectivamente, previenen: (los transcribe).
"Ahora bien, el artículo 2118 del Código Civil establece que el pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, pero debe tenerse en cuenta que las costas tienen un carácter eminentemente procesal, originándose en la sentencia, que es su único título, siendo por este motivo que a continuación el mismo precepto añade que: se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles, es decir, de manera terminante remite a este último ordenamiento y, por tanto, conforme a éste debe hacerse la condenación, sin que, por consiguiente, pueda establecerse la condena en costas basada exclusivamente en la falta de cumplimiento de la obligación, puesto que el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al que hace alusión el mencionado 2118 del Código Civil, toma en cuenta primordialmente la actuación o conducta de las partes en el juicio y el sentido de la resolución en cuanto al fondo, lo que es congruente con la naturaleza de las costas, que, como se dijo, se originan en la sentencia, que es su único título.
"...
"Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis I.8o.C.259 C, sustentada por este tribunal, consultable en la página 1750, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, que dice: ‘COSTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe)."
e) En el juicio de amparo **********, dicho Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el que una sociedad anónima de capital variable demandó, ante los Juzgados de Paz, de una persona física el pago de una cantidad por concepto de suerte principal relativo al pago de mantenimiento de un departamento perteneciente a un condominio, el pago de intereses moratorios, el pago de una pena convencional y el pago de los gastos y costas.
El Juez de Paz resolvió que la parte actora acreditó su acción y que el demandado no justificó sus excepciones, condenando a la parte demandada al pago del monto de suerte principal que le fue requerido, al pago de los intereses moratorios, y absolviéndolo del pago de la pena convencional. No hizo condena en costas.
La parte actora promovió un juicio de amparo en contra de dicha resolución, aduciendo en sus conceptos de violación, entre otras cuestiones, que la Sala debió haber aplicado el artículo 2118 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró como infundado dicho concepto de violación con base en las consideraciones derivadas de la tesis que ya ha sido transcrita.
f) En el juicio de amparo **********, dicho Tribunal Colegiado conoció de un asunto en el que una persona física demandó, ante los Juzgados de Paz, de dos personas físicas el pago de una cantidad por concepto de suerte principal, el pago de intereses ordinarios y moratorios, y el pago de gastos y costas.
El Juez de Paz resolvió que la parte actora acreditó su acción, y condenó a la parte demandada a pagar el monto de suerte principal que le fue reclamado, el pago de los intereses ordinarios y moratorios, y absolvió a la parte demandada del pago de gastos y costas por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles.
Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió un juicio de amparo, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien en lo que interesa resolvió:
"SÉPTIMO. El artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece lo siguiente: (lo transcribe).
"Como puede verse, el anterior precepto establece dos supuestos para la condena en costas; uno de carácter subjetivo (cuando se haya actuado con temeridad o mala fe) y uno objetivo (en las hipótesis contenidas en el propio precepto).
"Dentro de las hipótesis objetivas para la condena en costas, se encuentra el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; el que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; el que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable; el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas; el que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes; y, el que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites, y así lo declarará dicha resolución definitiva.
"Ahora, la parte quejosa pretende a través de sus conceptos de violación, sostener una violación a sus garantías individuales, porque según su dicho, no se le condenó al demandado al pago de costas, cuando el precepto en mención establece la condena cuando se falte al cumplimiento de la obligación, cuestión que en el presente caso aconteció porque el demandado no comprobó pago alguno.
"El anterior concepto de violación resulta infundado, pues la parte quejosa parte de una interpretación equívoca del contenido del artículo 140 en relación con el 142 de la ley procesal civil del Distrito Federal.
"En efecto, no por el hecho de que resulte procedente una acción, debe existir condena en costas, pues la hipótesis normativa es clara al señalar los dos criterios a seguir para dicha condena; esto es la temeridad y mala fe y cuando así lo disponga la ley.
"Dentro de los supuestos descritos en el artículo 140 antes transcrito, la hipótesis de condena en costas, para cuando una parte pierda el juicio, es en tratándose de la fracción III, esto es para el que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente estos juicios si no obtiene sentencia favorable.
"En el presente caso, no se ejercitó una acción ejecutiva, hipotecaria o un interdicto de retener la posesión, sino el objeto de la acción según los hechos expresados en la demanda es el pago de la cantidad de cuarenta y siete mil pesos, por virtud del reconocimiento de adeudo que celebró el demandado el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro con la **********, cuyos derechos fueron cedidos finalmente a la parte aquí quejosa.
"Así, a pesar de que el artículo 142 de la ley procesal civil del Distrito Federal, establece los montos máximos de costas para quienes fueron condenados en los juicios seguidos ante los Juzgados de Paz, no debe perderse de vista, que dicho precepto no está desvinculado del ordinal 140, de modo que, si no se actualizan las hipótesis contenidas en dicho precepto, aun y cuando exista condena en el procedimiento respectivo, no procederá la condena en costas.
"Por tanto, si la quejosa parte de una interpretación equívoca de los numerales 140 y 142 de la ley procesal civil antes referida, las manifestaciones vertidas en los conceptos de violación son infundados.
"Infundado a su vez resulta el concepto de violación expuesto, en el sentido de que, en términos del artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debió condenársele en costas, por no haber cumplido con su obligación.
"Lo anterior es así, pues este órgano colegiado en la tesis I.8o.C.259 C, que se publicó en la foja 1750, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al cual se reitera para efectos del artículo 193 de la Ley de Amparo sostuvo el siguiente criterio: ‘COSTAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).
"Como puede verse, este tribunal ha considerado que las costas tienen un carácter eminentemente procesal en relación con la conducta o actuación de las partes en el juicio, por lo que, el artículo 139 de la ley procesal civil del Distrito Federal, debe interpretarse de manera sistemática con el artículo 140 del mismo cuerpo de leyes, de ahí que, a pesar de que se demuestre la falta de cumplimiento de una obligación, ello no es suficiente para condenar al pago de costas, dada la naturaleza procesal de éstas, lo que hace infundado el concepto de violación en estudio.
"En mérito de lo anterior, al ser infundados los conceptos de violación y al no advertir este tribunal violación manifiesta de la ley para suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados."
II. Por otra parte, en el juicio de amparo directo número **********, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de un asunto en el que una sociedad civil demandó de una sociedad anónima de capital variable el cumplimiento forzoso de un contrato de prestación de servicios profesionales, el pago de honorarios, el pago de los intereses devengados sobre la cantidad reclamada, el pago de daños y perjuicios, el pago del impuesto al valor agregado, y el pago de los gastos y costas del juicio.
La sentencia de segunda instancia, que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo, condenó a la sociedad mercantil demandada al pago de los honorarios, intereses legales, e impuesto al valor agregado, así como al pago de las costas en sólo una de las instancias, por estimar que no se actualizaban ninguna de las hipótesis del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y la absolvió del pago de daños y perjuicios.
La parte demandada interpuso un juicio de amparo directo en contra de dicha resolución, la cual fue admitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y a la cual le fue asignado el expediente número **********. En lo que interesa, dicho Tribunal Colegiado sostuvo en el juicio de amparo lo siguiente:
"Por otro lado, son infundados los argumentos reseñados, pues, a juicio de este tribunal, resultó correcta y apegada a derecho la determinación de la responsable de condenar a la demandada, hoy quejosa, al pago de las costas generadas en la primera instancia, precisamente por haberse actualizado en la especie el supuesto contemplado en los artículos 2118 del Código Civil y 139 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, porque al incumplir la quejosa con la obligación que corría a su cargo, al haber dejado de pagar en su oportunidad las cantidades que le adeudaba a su contraria por concepto de honorarios profesionales, en los términos ya precisados, es evidente que, conforme a los mencionados dispositivos legales, era a ella a quien le correspondía pagar las costas generadas en el juicio, con independencia de la conducta que en el mismo hubiere desplegado.
"En efecto, el referido artículo 2118 del código civil vigente, a la letra reza:
"‘Artículo 2118. El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.’
"Por su parte, el numeral 139 del código adjetivo de la materia, a la letra dispone:
"‘Artículo 139. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva. El pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación. Cuando las leyes utilicen solamente las palabras gastos, o solamente costas, se incluyen ambos conceptos de gastos y costas, y la condenación abarcará los dos. La condenación no comprenderá la remuneración del abogado patrono, ni la del procurador, sino cuando estuvieran legalmente autorizados para ejercer la abogacía. Los abogados extranjeros no podrán cobrar gastos, sino cuando estén autorizados legalmente para ejercer la abogacía.’
"Como se ve, los numerales transcritos son claros y categóricos al establecer que el pago de los gastos y costas del juicio correrá a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, de tal suerte que, si al resolverse en definitiva el juicio la autoridad determina que alguna de las partes incumplió con las obligaciones a su cargo, es inconcuso que de conformidad con las disposiciones legales citadas, la resolutora debe igualmente condenar a aquélla a pagar las costas del juicio, en observancia de los principios de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley que rigen su actuar conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, precisamente por encontrarse establecido así de manera expresa y categórica en la ley.
"En ese sentido, al constituir una premisa firme e incontrovertible en el presente estudio que la quejosa incumplió con la obligación de pago de honorarios desprendida a su cargo del contrato basal, con independencia de la conducta que hubiere desplegado en el juicio, es evidente que, conforme a los artículos 2118 del Código Civil y 139 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Distrito Federal, la responsable se encontraba constreñida a decretar condena a su cargo respecto de las costas generadas en el juicio, al no admitir tales dispositivos alguna otra interpretación distinta, precisamente por ser claros y categóricos en tal sentido.
"No resultando óbice para considerarlo así, la circunstancia de que el referido artículo 2118 en cita, igualmente disponga: ‘... y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.’, ya que, a juicio de este tribunal, la remisión que el dispositivo en comento hace a la legislación procesal aplicable, se refiere únicamente a los términos en que habrán de liquidarse las costas que el propio numeral contempla, pero desde luego, una vez establecida la premisa de que la condena relativa procederá en contra del que faltare al cumplimiento de la obligación, pues basta remitirnos nuevamente al contenido del citado numeral, que a la letra reza: ‘... El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.’, para advertir que, conforme a la literalidad del texto transcrito, es evidente que lo que habrá de regularse por la ley adjetiva aplicable es el pago o liquidación misma de las costas, no así el supuesto ante el cual dicha condena procederá, porque el mismo ya se encuentra expresamente previsto en el propio dispositivo en comento, lo que por sí mismo excluye la necesidad de remitir en lo atinente al interprete a un diverso ordenamiento legal, porque ni siquiera existe alguna deficiencia o laguna que al respecto deba ser suplida, se insiste, únicamente en lo que respecta al supuesto ante el cual procederá la condena en costas, porque respecto a su cuantificación y ejecución es evidente que ello no se encuentra regulado en el dispositivo de marras, ni siquiera en el ordenamiento sustantivo al cual pertenece, por lo que en este caso la remisión al código de procedimientos civiles se encuentra plenamente justificada.
"Máxime, si el propio artículo 139 del código adjetivo en cita, reitera el mencionado supuesto previsto en el multirreferido artículo 2118, al disponer expresamente que el pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, por lo que debe decirse que aun y cuando se estimara que la remisión que hace el mencionado artículo 2118 a la legislación procesal aplicable, tiene igualmente por objeto definir la hipótesis relativa ante la cual procede la condena en costas, ello no alteraría de cualquier forma la conclusión a la que aquí se ha arribado, porque en el propio código procesal civil de marras, precisamente en el artículo 139 en comento, se establece categóricamente que el pago de las costas será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación.
"Además, aun en el caso de que se estimara aplicable en la especie el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para determinar si procede o no en la especie condenar a la quejosa al pago de las costas generadas en el juicio, debe decirse que ello no llevaría de cualquier manera a sostener, como lo pretende la quejosa en el concepto de violación que se atiende, que la condena decretada por la responsable en el acto reclamado resultó ilegal porque la impetrante de garantías no actuó en el juicio con temeridad o mala fe, porque no hizo valer excepciones o defensas ociosas o notoriamente improcedentes, ya que, a juicio de este tribunal, el comentado dispositivo no limita la procedencia de la referida condena en costas a los casos en que se hubiera procedido con temeridad o mala fe, como pareciera lo interpreta la quejosa, sino que también reconoce y establece que dicha condenación se hará cuando así lo prevenga la ley, tal y como se desprende del contenido literal de su primer párrafo, que a la letra reza: ... La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.
"De tal manera que, si como se vio, tanto el artículo 2118 del código civil como el 139 del código de procedimientos civiles, establecen clara y categóricamente que el pago de las costas correrá a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, es evidente que incluso conforme al artículo 140 en comento, en el caso resultó legal y procedente la condena en costas decretada en contra de la quejosa en el acto reclamado, precisamente al haber incumplido con las obligaciones a su cargo y con independencia total de que hubiere o no actuado en el juicio con temeridad o mala fe, pues, contrario a lo afirmado por la impetrante de garantías, para la procedencia de la referida condena, en términos de este último artículo, no resulta indispensable que ambos supuestos se actualicen de manera conjunta e incluso simultánea, es decir, que exista un incumplimiento de la obligación y además un actuar temerario o de mala fe de la parte incumplida en el juicio, sino que, en términos del artículo 140 en comento, la referida condena procede en cualquiera de los dos casos.
"Apoya la anterior conclusión, el criterio que informa la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 3020 del Tomo LXXX del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente:
"‘COSTAS, CONDENA AL PAGO DE LAS, CONTRA QUIEN FALTE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. El artículo 2118 del Código Civil del Distrito Federal, establece que: El pago de los gastos judiciales será a cargo del que falte al cumplimiento de las obligaciones, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.; y según el artículo 140 de este último código, La condenación en costas se hará cuando lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró que el tercero perjudicado faltó al cumplimiento de las obligaciones que contrajo, en virtud del contrato de arrendamiento que celebró con el quejoso, debe estimarse que de conformidad con las disposiciones legales citadas, debió condenar a aquél a pagar las costas del juicio, y s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22175-d986d80b/costas-su-condena-con-base-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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